Un aumento de la deuda de cerca del 50% en los últimos dos años de la EPS Savia Salud a los hospitales públicos de Antioquia genera preocupación en el departamento, pues, aunque se esperaba que las cifras cambiaran para bien a propósito de la intervención del Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Salud, ha dejado a la fecha un déficit mensual de 50.000 millones de pesos.El director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), Luis Hernán Sánchez, expresó que, aunque se esperaba una mejoría financiera, la deuda pasó de 266.000 millones de pesos en el inicio de la intervención, a 394.000 millones de pesos a este año, ahogando las finanzas de los hospitales.El aumento se debe principalmente a pagos retrasados por servicios prestados bajo la modalidad de “pago por evento”, que representan casi la totalidad de la deuda, ya que los pagos por cápita han sido cumplidos de forma oportuna."Los recursos que recibe Savia Salud no alcanzan para cubrir todo lo que nosotros le facturamos por evento a la EPS, entonces en una reunión que tuvimos con el agente interventor de Savia y la junta directiva de la EPS, él nos informaba que los recursos que llegan cada mes son insuficientes para pagar todo lo que facturamos los hospitales públicos y clínicas privadas de Antioquia", destacóSánchez explicó que el problema se agrava porque los recursos que Savia Salud recibe mensualmente son insuficientes para cubrir la facturación de hospitales. Esta situación ha limitado la liquidez del sistema hospitalario público, especialmente en Medellín, donde la presión por servicios de alta complejidad y tecnología encarece significativamente la atención."Uno cuando presta un servicio en salud esperaría que por lo menos se le pague al hospital por lo menos entre el 80% y el 85% de lo que facturó, pero en este momento esa situación no se está presentando porque lo que están pagando ahorita no alcanza a llegar al 30 por ciento de lo que facturamos los hospitales. Se está colocando en grave riesgo la prestación del servicio porque hay desventaja en los hospitales que facturan 100 pesos y le pagan 30 o 25 pesos".Entre los factores que explican este aumento en la deuda, el director de Aesa destacó el encarecimiento de los medicamentos, algunos de ellos únicos y de alto costo, y el uso creciente de tecnología médica avanzada, pues, según indicó, “casi 25 % de los recursos que recibe el sistema de salud se destinan exclusivamente a medicamentos”.
Las autoridades en Antioquia continúan con su hipótesis de que cada vez más las bandas delincuenciales “se están matando entre ellas” en barrios y pueblos donde buscan ejercer el control, como ocurre en Medellín, donde, incluso, se ha cuestionado su voluntad de paz.De acuerdo con la Policía Antioquia, este año van 47 casos más de homicidios si se compara con el 2024, año en el que a esta misma fecha iban 383, es decir, un incremento del 12%. Del total, 258 corresponden a ajuste de cuentas (el 59%) relacionados con la venta y tráfico de estupefacientes, rentas criminales ilegales y expansión territorial ilegal, según confirmó el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia."La causa principal de todos estos casos, 258, se deben a ajustes de cuentas que están relacionados con la venta y tráfico de estupefacientes, rentas criminales ilegales y expansión territorial ilegal", declaró el uniformado.Pese al aumento frente al 2024, el coronel destacó que más de un centenar de los casos ya han sido esclarecidos y también se han identificado las armas de fuego utilizadas en una treintena, teniendo en cuenta que ese método es el usado en la gran mayoría de los casos (79%), frente a un 15% de los que se presentan con arma blanca y 3% con objeto contundente."Gracias a ese trabajo, Policía Judicial se ha logrado esclarecer 105 casos de homicidio con vigencia 2025 y más de 450 armas incautadas este año, 30 de esas armas han participado de acuerdo al dictamen técnico científico en esclarecimiento de estos 30 casos de homicidios", reportó.Las autoridades destacaron que, por casos de homicidio, han sido capturadas 84 personas, de las cuales 16 fueron en flagrancia y 68 por orden judicial. Otros datos relevantes son que el 78% de los homicidios se registraron en zona rural, 22% en cascos urbanos.En lo corrido del 2025, la Policía de Antioquia reporta la incautación de 452 armas de fuego, superando en 52 las decomisadas durante el año anterior. También se han recuperado 585 vehículos y se registran 53 allanamientos más en comparación con 2024, lo que, según las autoridades, podría reflejar una mayor efectividad en las operaciones contra el crimen.De acuerdo con cifras oficiales, los hechos delictivos también muestran una reducción frente al año anterior, mientras que en 2024 se reportaron 6.551 casos, en lo que va de este año se han presentado 5.278, lo que representa una disminución de más de 1.200 delitos en el departamento.
En la noche de este domingo, 1 de junio, se levantó el paro transportador que tenía bloqueada la vía Quibdó - Medellín en el sector El Siete. Según la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, llegaron a un acuerdo con las alcaldías de Carmen de Atrato y el gremio, en el que además instalarán mesas de diálogo el próximo martes para garantizar la movilidad en las carreteras del departamento. Sin embargo, la gobernadora no descarta cierres preventivos sobre la carretera por problemas meteorológicos.“Se buscarán fórmulas de acuerdo mediante mesa de trabajo este martes para garantizar que la movilidad y el aprovisionamiento del departamento no sean interrumpidas. La vía queda habilitada”, escribió la gobernadora.Cabe recordar que la vía estaba bloqueada desde las horas de la mañana, ya que los transportadores manifestaban que las restricciones de movilidad impuestas por Invías, para evitar contratiempos en la vía, los perjudicaban a la hora de entregar las cargas.Entre tanto, como lo adelantó la gobernadora e Invías, la vía está sujeta a cierres preventivos por problemas en las vías relacionados con fenómenos meteorológicos como derrumbes, caídas de banca o fuertes lluvias que impidan el paso sobre el sector.
El operativo se llevó a cabo en el barrio Villa Sofía, en la comuna de Robledo, ubicada en el municipio de Medellín, donde las autoridades lograron ubicar lo que sería un centro de almacenamiento de sustancias ilícitas.En la intervención fueron incautados 154 kilogramos de marihuana prensada en el interior de una vivienda en estado de abandono. La droga estaba camuflada en costales, lista para su distribución, y en su forma dosificada tendría un valor comercial superior a los 900 millones de pesos.El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que durante el procedimiento fue capturado en flagrancia un hombre de 25 años, conocido con el alias de ‘El Costeño’, quien presuntamente sería integrante del grupo delincuencial ‘la 260’."Este sujeto custodiaba un cargamento valorado en más de 920 millones de pesos. Era señalado como presunto integrante del grupo delincuencial común organizado 'La 260' y era el encargado de dinamizar las rentas ilícitas de esa estructura en sectores como Robledo Kennedy, El Diamante y Alfonso López", destacó el funcionarioEsta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes junto a la sustancia incautada, y se encuentra a la espera de las diligencias judiciales correspondientes.Vale la pena recalcar que en lo que va del 2025, se han capturado a más de 3 mil personas por delitos relacionados con drogas y se han incautado más de 4.300 kilogramos de estupefacientes.
Andrés Felipe Contreras, de 26 años, alias ‘El Peluquero’, es señalado de haber participado en cinco homicidios selectivos reportados en el municipio de Caucasia, Antioquia.Los hechos investigados ocurrieron entre el 1 y el 8 de marzo de 2025, cuando supuestos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias ‘El Peluquero’, cometieron estos crímenes en el Bajo Cauca antioqueño por disputas que tenían con otras estructuras criminales por el control territorial.Entre las víctimas se encuentra Sheik Oliveros Quintana, un integrante de la comunidad LGBTIQ+, cuyo nombre identitario era Sheika. Esta mujer fue asesinada en la madrugada del 1 de marzo en su vivienda ubicada en la invasión La Colombianita.Luego de avalar el material probatorio recopilado por la Fiscalía, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.Vale la pena recalcar que este hombre fue capturado por la Policía Nacional en el centro de Medellín y durante las audiencias concentradas no se allanó a los cargos imputados por las autoridades.
Para revisar casos de explotación sexual y sostener reuniones estratégicas con agencias federales, el alcalde Federico Gutiérrez viajará a Estados Unidos para presenciar las audiencias que se tendrán contra extranjeros implicados en casos que han tenido como epicentro la ciudad de Medellín.Entre los casos que se abordarán está el de alias ‘Liliana’, quien fue condenada a 21 años de prisión por explotar sexualmente a su prima de 11 años. En este caso está implicado Stefan Andrés Correa, un ciudadano ecuatoriano-estadounidense, detenido en Miami, y quien contactaba a alias ‘Liliana’ para sostener encuentros sexuales con su familiar. La audiencia y sentencia contra este extranjero se llevarán a cabo en Miami en los próximos días.Adicionalmente, el alcalde Federico Gutiérrez reveló que se revisarán otros procesos, incluyendo el de Timothy Alan Livingston, caso que actualmente avanza y se aborda en el estado de Ohio. De igual manera, también se abarcarán otros casos como el de Hamzeh Mohammad Anasweh, cuya audiencia está prevista para los próximos días y afirmó que la pena que le impondrá la justicia norteamericana será dura."Nosotros vamos a estar en la audiencia y en la revisión de todos los casos, incluyendo el de Livingston. La pena que van a pedir por ellos es brutal, es que por eso que nos están diciendo que vayamos", afirmó.Estos casos hacen parte de una estrategia de cooperación judicial conocida como investigación espejo, desarrollada entre autoridades colombianas y norteamericanas. Gracias a alianzas con entidades como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Distrito ha tenido acceso a bases de datos de agresores sexuales en EE. UU. y ha facilitado la judicialización binacional de estos delitos. Entre estos avances, se encuentra el de alias ‘El Mexicano’, quien ya fue extraditado a México, y quien recordemos, fue capturado saliendo de un gimnasio en Medellín.Durante este tiempo, la agenda del alcalde también incluirá reuniones con representantes del Departamento de Seguridad Nacional, así como con agencias de investigación y justicia de alto nivel, con el objetivo de reforzar las rutas de cooperación y fortalecer la prevención de este tipo de crímenes en Medellín.
Rocas lanzadas a vehículos en movimiento para hurtar a sus conductores y pasajeros en diferentes vías de Medellín, se ha convertido en los últimos meses en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y las autoridades que reportaron una reciente captura por este tipo de acciones.Según el reporte oficial, se trata de un ciudadano en situación de calle identificado como John Jairo Agudelo, quien, a través de cámaras de seguridad, fue detectado por la policía cuando lanzó uno de estos objetos contundentes desde un puente en la calle Colombia.Inicialmente el hombre, de 31 años, fue llevado a un centro de traslado por protección, mientras se formalizaba la denuncia por parte de las personas afectadas, pero tras verificar plenamente su identidad se percataron que tenía cinco anotaciones judiciales, además de un requerimiento vigente por hurto calificado y agravado.El secretario de Seguridad del distrito, Manuel Villa, indicó que además se trataba de una persona reincidente en este tipo de conductas que ponen en riesgo la integridad de los usuarios de las vías."John Jairo Agudelo presenta un comportamiento reiterativo. Desde el año 2023 se tienen varios registros de hechos similares, principalmente del lanzamiento de objetos desde puentes hacia el vacío, poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos y a los vehículos que transitan por los lugares", destacó el funcionario.Este tipo de agresiones que buscan que los vehículos se detengan para así hurtar a sus ocupantes tuvo su momento más grave en el último trimestre del 2024 donde en cuestión de meses se registraron 10 casos y perdieron la vida al menos dos personas: James Orlando Gutiérrez, de 33 años, y Laura López, de 24 años.
Las alertas que ha venido haciendo recientemente la Personería de Medellín sobre la alta ocupación de urgencias en la ciudad no se ha superado, e incluso, está llegando a niveles históricos por varios factores, por lo que hay preocupación por parte de las autoridades.Según detalló la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, la cifra de estos servicios ronda el 130 %, mientras abundan por ejemplo pacientes que finalmente acuden a urgencias con descompensación de patologías crónicas porque no reciben los medicamentos a tiempo o no los reciben de manera completa, como lo son quienes padecen diabetes, hipertensión, enfermedad renal o pulmonar.La preocupación se centra también en que son los centros asistenciales de mayor nivel los que estén tan llenos de pacientes, dijo la funcionaria."Rondando ya el 130 %, especialmente en las instituciones de alta complejidad. Y eso es más delicado aún, porque estas instituciones deben tener una capacidad para responder ante emergencias críticas, por ejemplo, un paciente con un infarto, un paciente con un derrame cerebral, una gestante que tenga una hemorragia", explicó López.Afiliados de EPS intervenidas por el Gobierno nacional como lo son la Nueva EPS y Coosalud serían algunos de quienes están sufriendo las consecuencias, al no tener una red de baja complejidad o básica de atención, por lo que acuden directamente a clínicas y hospitales, aportando a la saturación de los servicios. De momento, no hay pico respiratorio o saturación a causa de emergencias por las lluvias, pero los accidentes de tránsito siguen siendo otra de las causales de gran cantidad de heridos atendidos en hospitales de la ciudad."En el marco también de la emergencia que tenemos por las lluvias, un alistamiento en nuestros hospitales que deberían tener una capacidad reservada para atender a la emergencia. Además, el incremento también y la cantidad de accidentes de tránsito que se presentan todos los días en la ciudad y en el área metropolitana que terminan siendo atendidos en nuestra red hospitalaria".Otro de los factores que explican desde la Alcaldía de Medellín es que la ciudad es receptora y concentra una capacidad resolutiva muy alta del sistema de salud, no solo de Antioquia, sino de la región andina. Por ello, es frecuente encontrar pacientes del departamento del Chocó, Córdoba y municipios del área metropolitana, como lo son Bello, Girardota, Copacabana, Sabaneta y Envigado.En los casos de mujeres embarazadas que se atienden en la capital antioqueña, el 40 por ciento no residen en la ciudad y provienen desde esos mismos puntos.
La Alcaldía de Medellín inició la demolición de un ecoparque del corregimiento de San Cristóbal que fue construido de manera ilegal cerca a La Escombrera de la comuna 13. En este sitio un individuo desvió la quebrada La Hueso, construyó piscinas y cobraba el ingreso para quienes iban a recrearse.La orden judicial que permitió la demolición fue emitida por el Juzgado 36 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, decisión en la que se fijaron tres días para que la Alcaldía proceda a demoler las estructuras construidas ilegalmente dentro del cauce de la quebrada. "Se están desmontando cinco kioscos construidos artesanalmente, tres diques que represaban el agua, una edificación de dos pisos donde funcionaba un restaurante y una zona de baños construida con materiales sólidos que impedían el flujo hídrico natural", dijo el subsecretario operativo de Medellín, Pablo Ruiz.La alerta por este ecoparque ilegal data de octubre de 2023, pero el 11 de septiembre de 2024, cuando Corantioquia hizo una visita para verificar una medida preventiva, donde detectaron tres piscinas o estanques revestidos en concreto dentro de la quebrada y un sistema de compuertas en el lecho de la quebrada para retener el agua y conformar las estructuras donde los visitantes se sumergían.Estas acciones ocasionaron daños ambientales y se afectó de manera severa el recurso hídrico, además está el agravante de que el lugar está identificado como zona de amenaza por inundaciones y movimientos en masa. De acuerdo con el DAGRD, es un sitio de alto riesgo para ocupantes y comunidades aguas abajo. Por ello la Alcaldía demandará penalmente al responsable.
Como parte del plan de mantenimientos anuales en el Sistema Metro, la empresa de transporte indicó que desde este 31 de mayo inician estas labores para las seis líneas de metrocable.Estos trabajos programados hacen necesaria la suspensión del servicio comercial durante algunos días en cada una de las líneas intervenidas con el fin de realizar en condiciones de seguridad todos los procedimientos, pruebas y controles.Estos mantenimientos son adelantados por un externo que certifica los requisitos de seguridad basado en la normatividad internacional. Pedro Buitrago, jefe de Cables Aéreos, se refirió a los componentes que se revisan durante las diferentes inspecciones."Vamos a estar acompañados por un experto internacional y vamos a revisar sistemas de frenado, sistemas de aceleración y desaceleración. Revisamos el cable portador tractor y revisamos toda nuestra infraestructura", destacó.Por lo pronto la primera línea en ser intervenida, hasta el próximo 8 de junio, será la J que presta servicio entre las estaciones San Javier y La Aurora en el occidente de Medellín.Como alternativa de movilidad ante la suspensión del servicio, el Metro manifestó que los usuarios de esta zona pueden tomar las rutas 255 ie San Cristóbal (parque de San Cristóbal – estación Estadio) y la ruta 255 id (Nuevo Occidente, cabecera del cable Aurora - estación Estadio), ambas de la empresa transportadora Rápido San Cristóbal.Posterior a este primer mantenimiento vendrán los de las líneas H y M en el centroccidente de la ciudad que se llevarán a cabo entre el 7 y el 14 de junio.
Graves afectaciones para la movilidad en medio del primer puente festivo de junio se han registrado en las últimas horas en la vía que comunica a Medellín con Caucasia por bloqueos adelantados por mineros del Bajo Cauca en jurisdicción del municipio de Cáceres.La situación se reportó sobre el kilómetro 26, en el sector conocido como Pampas, donde los manifestantes atravesaron algunos árboles y vehículos de carga para impedir el paso, expresando el inconformismo frente a recientes operativos contra la minería ilegal adelantados por el Ejército.El teniente coronel Andrés Felipe Villegas, comandante del Batallón Rifles, reportó que en la más reciente intervención y que produjo estas vías de hecho se destruyeron 56 motores y 14 drogas con las que venían realizando actividades mineras que a su vez estaban afectando el cauce del río Cauca."Inmediatamente entonces la población salió del sector y bloqueó la vía hacia la parte sur y en el sector de El Guarumo, como tal entonces las tropas respetaron en todo momento el derecho a la protesta, pero hay alteración de orden público por intimidaciones a transportadores en plena vía para que detengan los vehículos", señaló.Según el militar en la zona ya hacen presencia diferentes entidades para garantizar la seguridad e intentar habilitar el corredor lo más pronto posible."Ya se encuentran tropas haciendo un acompañamiento, se encuentra Defensoría y también se encuentra obviamente gobernanza por parte del municipio de Cáceres, hablando con ellos y diciéndoles que lo que están haciendo no es el deber ser y que las operaciones como tal de minería van a continuar", advirtió Villegas.Estas manifestaciones se producen en medio de las preocupaciones manifestadas por parte de la Federación Agrominera Industrial de esta región, quienes aseguraron que en un reciente encuentro con el Ministerio de Defensa y la Gobernación de Antioquia les aseguraron que no era posible darle una pronta solución a sus problemáticas y necesidades.“Nos preocupa profundamente el enfoque que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa están dando a la problemática minera: como un tema de orden público y no de derechos ni soluciones sociales”, manifestaron en un comunicado tras la reunión sostenida el pasado 22 de mayo.
Una reciente decisión del Ministerio de Salud prolongó la intervención de la Superintendencia de Salud a Savia Salud EPS hasta junio de 2026, algo que no cayó bien en la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, como socios de la mano de Comfama en la creación de esta entidad.Según expuso la secretaria de Salud del departamento, Marta Ramírez, lejos de mejorar la situación de la entidad, la medida ha generado un deterioro progresivo en la red de prestación de servicios. La falta de liquidez para pagar a los hospitales ha impactado negativamente en los indicadores de atención, como las consultas médicas y de citología.Pese los reiterados llamados de las autoridades regionales, no se ha logrado establecer una mesa de concertación con la Superintendencia para implementar planes efectivos de rescate, según indicó la secretaria."Nuevamente hay que decirle al Gobierno nacional que la asfixia que le está generando a las EPS realmente está asfixiando la posibilidad de vida de los pacientes y la posibilidad de que los hospitales mantengan sus puertas abiertas y ya tocar un fondo. Eso es insostenible", dijo la funcionaria.Metrosalud es una de las entidades más afectadas por esta crisis. La red cerró el año 2024 con pasivos superiores al billón de pesos, mientras que hace apenas dos años estos ascendían a 800.000 millones, según indicó la Secretaría Seccional de Salud. Desde la intervención, los gastos y otros pasivos han aumentado entre un 20 % y un 30 %. Por ello, el alcalde Federico Gutiérrez también mostró su descontento con la medida."Es un desastre absoluto que desde que intervino el Gobierno a Savia Salud las condiciones son peores. Para la EPS, la cartera que tienen hoy, por ejemplo, Hospital General, Metrosalud y Hospital Concejo de Medellín, más del 94% en algunas es cartera que adeuda Savia", declaró el mandatario.Esta situación ha derivado en la restricción del ingreso a centros asistenciales de pacientes afiliados a Savia Salud, debido a la imposibilidad de cubrir pagos de personal y medicamentos, lo que a su vez deteriora la calidad y oportunidad de la atención médica, exponen las autoridades.La preocupación es creciente, especialmente porque Savia Salud atiende a la población más vulnerable del departamento, pues en su mayoría son del régimen subsidiado y en total son 1.683.382 personas.
Blu 4.0 reúne tecnología, educación, economía digital y propuestas legislativas en una conversación sobre cómo la innovación puede impactar la vida cotidiana y el rumbo del país.Olga Lucía Velásquez, candidata al Senado, impulsa la regulación de la inteligencia artificial con enfoque humano y una agenda de salud mental. Propone restringir el uso de celulares en colegios y establecer reglas claras en mercados digitales como las rentas cortas.Mauricio Toro, candidato a la Cámara, plantea el uso de blockchain para combatir la corrupción y regular activos digitales. Defiende una banca más flexible que fortalezca el ecosistema fintech y beneficie al usuario.Javier Alberto Ayala, rector de la Universidad Militar, expuso la modernización académica con maestrías en IA y formación virtual para ampliar el acceso a la educación superior.David Balleno, candidato al Senado, propuso una reforma a la salud con giro directo de recursos y educación pública apoyada en tecnología.Doménico Barbato, líder de Mercado Libre, destacó ingresos récord y estrategias para democratizar el comercio y fortalecer a las pymes.
En las primeras horas de una operación que combinó inteligencia, allanamientos y maniobras terrestres en zona rural y urbana, las autoridades asestaron uno de los golpes más significativos contra las estructuras del autodenominado Estado Mayor Central en el sur del Tolima. El capturado: Arley Persiga Aguilar, conocido en el mundo criminal como alias 'Granadillo'.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, confirmó el resultado a través de sus redes sociales, calificándolo como un “golpe contundente” contra las estructuras que delinquen bajo la órbita de alias 'Iván Mordisco'.“Este delincuente era un engranaje estratégico del Bloque Central Isaías Pardo. Señalado como presunto enlace de inteligencia, coordinaba y suministraba información clave para facilitar acciones criminales en el territorio. Su captura desarticula redes de apoyo y debilita de manera directa la capacidad operativa de esta estructura ilegal”, agregó la gobernadora Matiz.Según la investigación, “Granadillo”, de 42 años, sería una pieza estratégica dentro del engranaje criminal. Las autoridades lo identifican como hombre de confianza de alias 'El Enfermero', cabecilla principal del GAO-r frente Gerónimo Galeano, y enlace directo con alias 'Darwin', señalado jefe financiero de la misma estructura. Su captura, explican fuentes oficiales, impacta de manera directa la Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER) del Frente Ismael Ruiz, adscrito al Bloque Central Comandante Isaías Pardo.El coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, detalló que la operación se desarrolló en el municipio de San Antonio, donde fue ubicado el presunto cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo del GAO-r Comisión Gerónimo Galeano.Las acusaciones en su contra son amplias. De acuerdo con inteligencia militar, 'Granadillo' habría participado en acciones contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en Chaparral, y sería responsable de realizar señalamientos a comerciantes, ganaderos y distintos gremios productivos del sur del departamento para presionarlos al pago de extorsiones.Los municipios de San Antonio, Chaparral y Roncesvalles aparecen en el mapa de su presunta influencia. Allí, según las autoridades, se dedicaba a intimidar a transportadores, propietarios de fincas y habitantes del sector rural para garantizar el recaudo de exigencias económicas ilegales.Pero su rol no se limitaba al cobro. También habría articulado la logística criminal: abastecimiento, almacenamiento de armas, municiones y explosivos, distribución de panfletos citatorios y extorsivos, e incluso labores de inteligencia delictiva sobre movimientos de la fuerza pública.Información de inteligencia señala que, en coordinación con alias 'El Enfermero', habría adelantado posibles actividades de espionaje para planear ataques con artefactos explosivos y drones contra unidades oficiales en la región. Además, presuntamente suministraba vehículos para facilitar la movilidad de los cabecillas de la comisión Gerónimo Galeano.Al momento de la captura, Persiga Aguilar tenía una orden judicial vigente expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cunday por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión agravada. En el procedimiento le fue incautado un teléfono celular que ahora hace parte del material probatorio.Tras su judicialización en Ibagué, quedó a disposición de la Fiscalía 263 Especializada Gaula Decoc. En audiencia virtual, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.La gobernadora Matiz destacó el trabajo articulado entre la Policía Nacional, el Ejército y los organismos de inteligencia, y envió un mensaje directo a las estructuras criminales que operan en la región: “La seguridad de los tolimenses no se negocia, se defiende con autoridad, decisión y resultados”.En el sur del Tolima, donde la sombra de las disidencias ha intentado reconfigurar viejas rutas de intimidación y control territorial, la caída de “Granadillo” representa más que una captura: es un mensaje de presión sobre las redes logísticas que sostienen la operación criminal en la zona.
Desoladas estuvieron este sábado las calles del municipio de El Carmen de Bolívar, en Bolívar, debido a las amenazas en un panfleto difundido por las redes sociales, en el que la banda Los Patriotas del Dique, al parecer, declaraba como objetivo militar a toda persona que estuviera en la calle o abriera su negocio después de las 7:00 de la noche este fin de semana.“Comunicado a la opinión pública de El Carmen de Bolívar, corregimientos y sus veredas. Primero se le informa a todo el comercio que el día de mañana, sábado, y el día domingo, no queremos ningún establecimiento de comercio abierto al público a partir de las 7:00 de la noche. Billares, discotecas, estaderos, bares, restaurantes, puestos de comida rápida, etc. El que no acate esta orden será declarado objetivo militar. Segundo, no queremos a ninguna persona en las calles estos dos días a partir de las 7:30 de la noche. Solo se permitirá la circulación de personas o vehículos que transporten personas con urgencias de salud; personas o vehículos que se sorprendan circulando estos dos días después de este horario, no respondemos”, se puede leer.Aunque hubo una respuesta inmediata de la Policía, en la que indicaron que adelantan investigaciones para dar con los responsables y que no se trataría de un mensaje de esta estructura, sino de perfiles de redes ya identificados, la ciudadanía prefirió obedecer y cerrar las puertas de sus casas desde temprano.Las autoridades destacaron que tienen todas las capacidades institucionales desplegadas y que, solo en los últimos siete días, ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo han sido capturados.“Nuestros equipos de inteligencia e investigación criminal han logrado identificar varios perfiles en redes sociales desde donde se estarían difundiendo estos mensajes intimidatorios. Este hallazgo desvirtúa el proceder propio de una estructura criminal consolidada y reconocida, lo que permitiría inferir que se trataría de actores individuales que buscan generar zozobra y desinformación, y no de una modalidad estructurada dentro del accionar criminal de organizaciones al margen de la ley”, escribió la institución armada en un comunicado.“De manera articulada con la Armada Nacional, a través de la Infantería de Marina, se mantienen todas las capacidades institucionales desplegadas en el territorio, desarrollando planes de control, prevención y acompañamiento comunitario, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los carmeros”, agregaron.“Invitamos a la ciudadanía a no dar crédito a este tipo de publicaciones y a abstenerse de replicar información sin verificar su autenticidad por los canales oficiales. Asimismo, extendemos un mensaje de tranquilidad al sector comercio y a la comunidad en general para que continúen desarrollando sus actividades con normalidad, reiterando que todas las capacidades institucionales han sido destinadas para acompañarlos y reafirmar la seguridad y la confianza en el municipio”, finalizaron.
La ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, anunció este domingo 1 de marzo que un hangar de una base naval gala en Abu Dabi, contigua a otra de Emiratos Árabes Unidos (EAU), sufrió daños materiales "limitados" como consecuencia de un ataque iraní."Un hangar de nuestra base naval contigua a la de Emiratos Árabes Unidos ha sido alcanzado en un ataque con drones dirigido contra el puerto de Abu Dabi", indicó en su cuenta de la red social X."Los daños son solo materiales y limitados. No hay que lamentar ningún herido. Nuestras fuerzas mantienen la máxima vigilancia ante una situación que evoluciona hora a hora", agregó la ministra.De acuerdo a lo que ya había avanzado la prensa francesa durante la jornada, la base afectada es la denominada Camp de la Paix (Campo de la Paz), una de las tres que Francia tiene en EAU, donde en total hay unos 900 soldados franceses desplegados.El gobierno emiratí ya había confirmado también el ataque en su base naval, llamada Al Salam, que sufrió un incendio que no dejó víctimas.
Hay buenas noticias desde Córdoba, pues la hidroeléctrica Urrá informó que se redujeron las descargas al río Sinú gracias a la disminución de lluvias en la cuenca alta. En otras palabras, el embalse no está copado en su capacidad y cada vez es menos el agua que llega al afluente y posteriormente a las poblaciones afectadas.Siendo las 11:00 de la mañana de este domingo, sólo están siendo descargados 532 metros cúbicos por segundo, en comparación con los 700 m³/s que se realizan normalmente para temporadas de lluvias.Por eso, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, describió la noticia como alentadora y confirmó la llegada para este lunes de una segunda retroexcavadora anfibia para el drenaje y limpieza de los barrios afectados.“Hay unos barrios que todavía están inundados, que son los puntos más bajos o más cercanos a la zona de protección del humedal. Ejemplo de ello son las calles del barrio Vallejo, Poblado o El Dorado. Estamos tratando rápidamente de desaguar con bombas que hemos llevado a cada uno de estos sectores. En la Comuna 2 sistema de alcantarillado y el agua se metió. Estamos haciendo limpieza”, dijo a los medios de comunicación.Dice el alcalde Kerguelén que cada descenso de las aguas los acerca a la recuperación y que seguirán trabajando hasta que cada familia vuelva a la normalidad.Elecciones legislativas En contrarreloj trabajan funcionarios de la Registraduría Nacional para garantizar las elecciones legislativas y consultas presidenciales del próximo 8 de marzo en Córdoba, debido a que gran parte de este departamento sigue sufriendo por las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias.Así las cosas, se tomó la decisión de trasladar 18 puestos de votación en Montería y en los municipios de Cereté, Chinú, San Antero, Lorica y Tierralta, luego de una evaluación exhaustiva de condiciones de acceso, seguridad y operatividad en estos lugares.En la mayoría de los sitios escogidos había afectaciones o, en su defecto, presencia de damnificados al ser utilizados como albergues. Del mismo modo, dos puntos tenían problemas de infraestructura no relacionados con el frente frío, lo que ponía en peligro a los votantes.En el caso de Montería, inicialmente se había previsto el traslado de un mayor número de puestos (22), no obstante, tras la disminución de los niveles de agua y una nueva verificación técnica, se estableció que varios de ellos cuentan actualmente con condiciones adecuadas para el proceso electoral.
