Panamá confirmó este miércoles que cerró algunos pasos irregulares usados por migrantes para cruzar por la selva del Darién, fronteriza con Colombia, con el fin de preservar la seguridad en esa inhóspita zona donde operan bandas criminales.Las autoridades colombianas han criticado el cierre de estos pasos, afirmando que afecta "los derechos fundamentales" de los migrantes que transitan por esta peligrosa selva en su marcha hacia Estados Unidos."Lo que hemos tratado de establecer, precisamente para el respeto de los derechos humanos y garantizar su vida, fue la creación de un paso humanitario" que deben usar los migrantes, indicó el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Ábrego.Este "paso humanitario" conduce a los viajeros hasta la zona de Lajas Blancas, "donde son atendidos por organismos como Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Nacional, Unicef, Acnur y otros", añadió el ministro.En diálogo con Mañanas Blu, Gustavo Azócar, presidente de la ONG MIVED (Comité de Familiares y Amigos de Migrantes Venezolanos Desaparecidos), habló sobre las consecuencias de la medida tomada por Panamá. La ONG ha logrado documentar la desaparición de al menos 77 migrantes venezolanos en 3 lanchas que desaparecieron entre 2022 y 2023 entre la isla de San Andrés y la Isla del Maíz en Nicaragua.MIVED fue creada hace un año para ayudar a los familiares de los migrantes venezolanos desaparecidos en aguas marítimas cercanas a la Isla de San Andrés, pero ahora se extendió a investigar la desaparición de Migrantes no solamente en Colombia, sino también en otros países de América Latina."No puede ser abordado de manera unilateral si el Gobierno de Panamá toma medidas de forma unilateral, como lo está haciendo. Esto no va a ayudar en nada a aminorar la presencia de migrantes, ya no solamente venezolanos, porque esto ya dejó de ser un problema venezolano", dijo.En ese sentido, agregó que el Gobierno de Panamá es totalmente autónomo para tomar sus decisiones y es soberano para tomar sus decisiones. "Este tipo de decisiones no ayudan a resolver el problema. Todo lo contrario. Lo agravan porque ahora tienes una crisis migratoria allí donde instalarse las barricadas de alambre de púas. Allí tienes en este momento un grave problema migratorio y un grave problema de violación de derechos humanos", finalizó.En una aparente respuesta a las críticas colombianas, Ábrego expresó que "en la zona fronteriza no existe un puesto de migración conjunto entre Panamá y Colombia. En consecuencia, para cerrar los pasos de migrantes, no hay que consultarle al vecino país".Estados Unidos, que se encamina a unas elecciones en las que la migración es un tema clave, anunció en junio que enviará al Darién una unidad especializada en el combate al tráfico de personas.Escuche aquí la entrevista:
Andrew Seele, presidente del Migration Policy Institute, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre la decisión de Panamá de cerrar pasos fronterizos para evitar el movimiento irregular de migrantes.Según Seele, el presidente Gustavo Petro ha señalado que los alambres de púas y los cierres de fronteras no solucionarán el problema, y que la única solución es levantar el bloqueo económico a Venezuela. "Yo creo que todo país tiene su derecho a controlar sus fronteras, pero no es tan claro la una forma de hacerlo en el DariénDarién, como él está proponiendo. La idea de un alambre de púas simplemente, en una selva tan larga y tan vasta, es más simbólico que real, porque la gente va a encontrar forma de darle vuelta. Podría ser que decidan deportar a algunas personas, están en su derecho a hacerlo, pero hay que hacerlo por derecho internacional y también con leyes de Panamá. Hay que hacer un proceso de revisión de casos de protección, si la gente pide asilo, entonces se pueden construir algunas formas de control migratorio, si así lo desean, pero tiene que ser con apego al derecho y la ley", indicó Seele. Asamblea de Antioquia abordará crisis migratoria en el Darién en audiencia públicaEn cuanto a la migración desde Venezuela, Seel destacó que el principal factor detrás de la salida de un gran número de personas es el conflicto político y el mal manejo de la economía por parte del gobierno venezolano. Si bien las sanciones económicas han tenido un impacto, el factor principal es la situación interna del país."Al final de cuentas, el gran responsable de la salida de una cuarta parte de la población de Venezuela son las mismas autoridades venezolanas. Desde luego, el embargo y las sanciones no ayudan. Yo también creo que es un factor que también incide en las condiciones en el país, pero el factor principal fue el conflicto generado por el mismo Gobierno y la mala administración de la economía", explicó.Escuche la entrevista completa aquí:
El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo Gustavo Petro, dialogaron este lunes sobre la crisis migratoria en el Darién, la selva fronteriza entre ambos países usada a diario por centenares de transeúntes en su camino hacia Norteamérica.La reunión entre ambos presidentes se celebró poco antes del acto de investidura de Mulino como mandatario de ese país centroamericano, informó el equipo de prensa del Gobierno entrante.Petro dijo que si se frena la migración venezolana, el problema sería mínimo, según la información oficial."Mis dos países vecinos son vitales, no importa lo que pase. No hay problema que una buena amistad no pueda solventar", destacó Mulino, que insistió en que su país siempre ha tenido una cercana relación con Colombia, por lo que su gobierno estará abierto a estrechar la integración.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, habló sobre las medidas y la situación en esta frontera. "Nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar actores armados. La función de Migración Colombia es, de una parte, garantizar el control de la gente que sale y entra del país", explicó. Agregó, "en lo que venimos avanzando es en fortalecer la presencia de Migración Colombia en toda el área del Darién". En ese sentido, explicó que el Gobierno nacional actual está aumentando de una parte el pie de fuerza, porque es y ha sido insuficiente. "Seguramente muchos funcionarios que están acá en Migración Colombia desde el Gobierno Duque y antes te lo pueden responder porque ellos han vivido todos estos años trabajando en migración Colombia tema de fondo no es ese. Nosotros seguimos siendo el primer país a nivel mundial, digamos, como con un liderazgo frente al tema de integra, de integración de corrientes migratorias". El nuevo gobernante de Panamá ha planteado repatriar de manera masiva a los migrantes irregulares que atraviesan desde Colombia la selva, y ha pedido además a Estados Unidos un acuerdo de cooperación para que lo financie.Petro y Mulino también exploraron la posibilidad de retomar el proyecto de interconexión eléctrica, un asunto en que el presidente colombiano manifestó su interés por reactivarlo al señalar que en su país se ha podido superar algunos de los obstáculos que paralizaron el proyecto en su momento, entre ellos el paso por las comunidades originarias.Escuche aquí la entrevista:
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) presentó un informe desgarrador sobre la situación de los migrantes en Colombia. El título es: “De la ausencia gubernamental al control criminal". Por otra parte, Nicolás Maduro prometió que Venezuela será potencia y que el país está listo para que se devuelvan los migrantes.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la directora para Venezuela de la WOLA, Laura Dib, analizó la situación de los migrantes venezolanos en territorio colombiano y las falencias del Estado en su protección. Según señaló, esto obedece a diferentes factores, entre ellos la falta de rutas para la regularización migratoria.Mencionó que, aunque Colombia implementó el estatuto temporal de protección a migrantes venezolanos, esta política “positiva” tenía fechas específicas y no permitía la regularización de aquellos que ingresaron al país de manera irregular a partir del 31 de enero de 2021.La directora Dib también se refirió a la ausencia de presencia estatal en la frontera entre Colombia y Venezuela, lo cual expone a los migrantes a mayores riesgos, incluyendo la violencia de grupos armados. Además, aseveró la falta de coordinación entre los gobiernos de la región y la necesidad de una política migratoria integral.En cuanto a las mujeres migrantes, Dib lamentó su situación de vulnerabilidad, especialmente en relación con la violencia sexual. Contó que, durante su visita al Golfo de Urabá, pudo conocer de cerca las condiciones en las que se encuentran y el abuso del que son víctimas. Por eso, también hizo hincapié en la importancia de proteger a las mujeres y de que exista mayor presencia de la cooperación internacional.Con respecto a las deportaciones, comentó que no son una solución viable debido a la cantidad de personas que migran y a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran. Además, recordó la existencia de otras rutas alternativas y resaltó la necesidad de proteger a todas las personas migrantes, independientemente de su nacionalidad.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
Andrew Seal, Presidente del Migration Policy Institute, habló en Mañanas Blu 10:30 A.M sobre las decisiones que tomó el presidente Donald Trump y que anunció desde su campaña sobre migrantes en EE.UU, tales como la negación de la ciudadanía incluso para los nacidos en territorio americano mientras no sean hijos de nacidos en ese país. "Los que son afectados de inmediato son los que estaban esperando una cita en la frontera con EE.UU. porque ayer quitaron el sistema de citas. Además de los venezolanos que iban por la vía especial que se creó especialmente para ellos. Los que ya están en el país, van a salir afectados poco a poco", afirmó el experto. Según Seal lo que vimos este lunes fue un esfuerzo de generar en el Gobierno de EE.UU. el involucramiento de las Fuerzas Armadas y de otras agencias en tarea de remover a migrantes indocumentados. Lo cual va a tardar unos meses, además lo que anunció ayer es que no adopta documentos federales como pasaportes y número de seguro social.Respecto a la Enmienda 14 Seal afirmó que "se hizo para terminar la esclavitud en EE.UU. ya que los esclavos e hijos de esclavos no eran considerados como ciudadanos. Entonces dice específicamente que cualquier niño nacido en EE.UU cuyos padres son sujetos a la jurisdicción de los EE.UU. son ciudadanos por nacimiento. Eso siempre se ha interpretado en las cortes hasta ahora, pero obviamente la jugada de la interpretación que tiene la administración Trump es que tampoco los indocumentados son sujetos a la jurisdicción porque no están legalmente en el país. Hasta ahora los pocos casos que han llegado a las cortes han decidido que ese término se refiere nada más a diplomáticos, pero no sabemos cuándo llega a las cortes de apelación". Por otra parte, "es claro que tiene una negociación en que podrían forzar a Venezuela a recibir a los migrantes indocumentados venezolanos, pero también hay otras partes de la administración, otros asesores de Donald Trump que quieren ser más duros con Venezuela, que quieren presionar hasta para una intervención militar", aseguró el experto en diálogo con Camila Zuluaga. Respecto al impacto económico Seal afirmó que "un 3 % de la población, o 5 % de la fuerza laboral de EE.UU. recibiría un impacto enorme al sacar a todos los migrantes del país, pero sería casi imposible también, en su momento de más atención con Bush y Obama, el intento era tratar de sacar a los indocumentados que eran 250000 al año y no fue posible".
La posible reactivación de políticas de deportación masiva en Estados Unidos ha generado preocupación entre la comunidad inmigrante, especialmente tras el reciente anuncio de Donald Trump, quien ha propuesto a Thomas Homan como "zar de la frontera". En este contexto, Ángel Leal, abogado de migración en Estados Unidos, compartió en Mañanas Blu 10AM algunas recomendaciones clave para los inmigrantes que podrían enfrentar esta situación.Leal destacó la importancia de que las personas se familiaricen con su condición migratoria. "Se vayan preparando. Que entiendan bien su condición inmigratoria", afirmó. Explicó que no es lo mismo haber entrado al país de forma ilegal que hacerlo de manera regular, ni es igual llevar años en territorio estadounidense sin antecedentes penales que tener un historial delictivo. Aconsejó que los inmigrantes establezcan un plan basado en sus circunstancias específicas.>>> Lea también: Donald Trump escogería a Marco Rubio como secretario de Estado, según medioEl abogado también brindó tranquilidad respecto al uso de ciertos servicios esenciales. "Pueden ir a los centros de salud. No corren ningún peligro, escuelas, centros de alabanza, a no ser que sea un fugitivo", aseguró. Leal aclaró que, para las personas sin antecedentes, estos lugares se consideran "centros sensibles" y, por lo general, no representan un riesgo de deportación.Leal advirtió sobre posibles operativos en lugares de trabajo y residencias. "Entendemos que va a haber redadas en sitios de empleo u hogares", mencionó. Sin embargo, señaló que cualquier acción de este tipo debe estar respaldada por una orden firmada por un magistrado. "Mantener calma, pedir un abogado y verificar que la orden esté firmada por un magistrado", enfatizó, instando a la comunidad a no entrar en pánico y buscar asesoría legal.En cuanto a las empresas, especialmente las pequeñas, Leal recomendó verificar la documentación de sus empleados. "Lo mejor que pudieran hacer, si tienen recursos humanos, asegurarse de que la documentación del empleado esté en orden", señaló, sugiriendo que las empresas tomen precauciones para evitar problemas legales.
El Gobierno publicó un borrador de resolución que crea una nueva visa para los ciudadanos venezolanos que no pudieron acogerse al Estatuto Temporal de Protección, que estuvo vigente hasta noviembre del año pasado.La propuesta es una “visa de visitante especial”, con una duración de solo dos años, sin posibilidad de renovación. Por lo que alertan que representa un retroceso en la política migratoria en comparación con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), que ofrece 10 años de acceso a derechos sin imponer requisitos tan exigentes.Según el último censo, se estima que hay alrededor de dos millones ochocientos mil venezolanos viviendo en territorio colombiano. En diálogo con Mañanas Blu La experta en migración venezolana, María Gabriela Trompetero, señala que esta medida significaría un retroceso para lo que ya se había logrado en Colombia con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes de Venezuela, el cual otorga acceso a derechos durante diez años y busca una integración más exitosa de la población venezolana. "Esta es una medida plenamente regresiva a lo que ya había logrado Colombia", aseguró Sin embargo, con la nueva propuesta de visa de visitante especial, el nombre mismo niega la difícil situación que han enfrentado los venezolanos en su país de origen. Trompetero destaca que muchos de ellos han escapado no solo de una emergencia humanitaria compleja, sino también de la reciente represión y persecución política en Venezuela. Además, la nueva visa de visita especial reduce la vigencia de diez a dos años y endurece los requisitos. Trompetero alerta sobre el costo y la dificultad de obtener los documentos necesarios, como los antecedentes penales apostillados, en un contexto en el que el gobierno venezolano ha dificultado el acceso a estos trámites. También resalta que se requiere una carta de solicitud de visa en la que se debe manifestar la ocupación o actividad que realiza la persona venezolana, lo cual puede afectar a aquellos que se encuentran en trabajos informales o en situación de vulnerabilidad. El costo económico para los venezolanos que deseen regularizar su situación migratoria en Colombia también es un factor importante a considerar. Trompetero estima que, sumando el costo del pasaporte, las apostillas y otros posibles gastos, el monto total podría rondar los 450 dólares o más. De acuerdo con Trompetero, no se han implementado medidas efectivas de protección y que el régimen de refugio en Colombia "es lento y burocrático". Escuche aquí la entrevista:
Los ojos de las autoridades están puestos sobre la ruta VIP por San Andrés que retomaron los migrantes por el cierre del Darién para llegar hacia los Estados Unidos. Tito Perilla, asesor de derechos humanos sobre naufragio de la Procuraduría, dijo que ya se han hecho informes sobre el caso específico de San Andrés y confirmó que han detectado al menos cinco rutas en la isla. "Por San Andrés no hay sólo una sola ruta marítima, hemos identificado desde la Procuraduría cinco rutas. Nuestro informe tiene treinta recomendaciones. Evidenciamos 28 hallazgos y estas recomendaciones están dirigidas a 13 entidades del nivel nacional, entre las cuales se encuentran Migración Colombia, La Gobernación de San Andrés, Ministerio de Defensa, la Armada Nacional, porque constatamos una ausencia de presencia institucional para el control migratorio en la isla", indicó Perilla en Blu radio. Barco repleto de migrantes naufragó en San Andrés: hay 10 desaparecidosUn llamado a la población migrantePerilla hizo un llamado a la población migrante que quiere llegar a Estados Unidos pasando por la isla de San Andrés."Lo que sí es cierto es que este es el momento de hacer un llamado a la población migrante a que tengan conciencia de los riesgos que implica utilizar esta ruta por San Andrés. Muchas veces son en lanchas dedicadas a la pesca que no cuentan con los requisitos mínimos que debe contar la embarcación para asegurar un traspaso seguro a un transbordo. Los chalecos, muchas veces, no hay o ya están dañados. Las embarcaciones tampoco cuentan con el mejor estado", enfatizó. Finalmente, Perilla pidió un fortalecimiento de Migración Colombia en la isla. "Pedimos un fortalecimiento, por lo menos en términos de capacidades humanas y técnicas de Migración Colombia en la isla para tener un control de ingreso en el aeropuerto y poder empezar a mirar quién está llegando. Aparte de eso, también hemos solicitado a entidades como la Dimar y la Armada Nacional que se realicen los controles necesarios para evitar el zarpe de estas embarcaciones de manera irregular y violando todas las normas para el transporte marítimo desde el archipiélago de San Andrés. Esto no solo es un esfuerzo que tiene que venir desde el Gobierno nacional", aseveró.Escuche la entrevista completa aquí:
El alcalde de Bucaramanga, Javier Augusto Sarmiento Olarte, envió una carta a los integrantes de la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), en la que cuestiona la reciente reelección del gerente general de la entidad y solicita una revisión integral del proceso, así como la convocatoria urgente a una asamblea extraordinaria.En la comunicación, fechada el 4 de diciembre de 2025, el mandatario aseguró que la decisión se tomó “a espaldas” de la Alcaldía, pese a que el Municipio de Bucaramanga es el accionista mayoritario del AMB con el 78,6 %. Sarmiento afirmó que no fue informado del inicio del procedimiento de reelección, los criterios utilizados ni los resultados de las evaluaciones al actual gerente.“Me siento asaltado en mi buena fe”, expresó el alcalde al denunciar que los delegados del Municipio ante la Junta Directiva, Sergio Andrés Galíndez y Gustavo Andrés Avellaneda, no le comunicaron ningún avance del proceso, pese a ser funcionarios públicos y estar obligados, según él, a informar y garantizar transparencia.Sarmiento advirtió que la opacidad en la reelección podría constituir incumplimientos de deberes legales y estatutarios por parte de algunos miembros de la Junta Directiva.Además, reveló que la administración municipal recibió quejas ciudadanas sobre un presunto programa de cambio masivo de medidores adelantado por el Acueducto, supuestamente sin autorización previa, expresa e informada de los usuarios. De confirmarse, dijo, podría tratarse de una posible afectación a los derechos de los usuarios y un eventual incumplimiento del régimen regulatorio de servicios públicos.En su carta, el mandatario formuló dos solicitudes a la Junta Directiva del AMB realizar una evaluación integral e inmediata del proceso de reelección del gerente general y entregar toda la documentación al accionista mayoritario y a los entes de control, al igual que, presentar un informe técnico, jurídico y operativo sobre el programa de cambio de medidores, detallando:Sustento legal de la iniciativa.Criterios técnicos y fechas de creación y aprobación.Certificaciones y desempeño de los medidores.Segmentación de usuarios, procesos de autorización, impacto tarifario y mecanismos de quejas.Mientras que a la Asamblea General de Accionistas le pidió convocar una Asamblea Extraordinaria para revisar el informe del proceso de selección del gerente y el programa de cambio de medidores, el cumplimiento de la Política de Propiedad, de Gobierno Corporativo y del reglamento de la Junta Directiva y eventuales medidas correctivas, incluida la revisión de la composición de la Junta.Sarmiento enfatizó que su intención no es reversar la decisión tomada, sino garantizar la defensa del patrimonio público y el respeto por las normas de buen gobierno corporativo: “No obrar por fuera del interés general ni en detrimento público”, afirmó.
El partido político Cambio Radical ha generado un giro inesperado en el panorama electoral del Atlántico al apostar por un rostro prominente de las redes sociales para fortalecer su lista a la Cámara de Representantes. Esta decisión evidencia cómo la política colombiana continúa adaptándose a los nuevos tiempos, obligando a los partidos tradicionales a renovar sus estrategias para conectar con un electorado que se informa cada vez más a través de plataformas digitales.Se ha conocido que el partido ha incluido al influencer Felipe Saruma como uno de sus nuevos perfiles para la próxima contienda legislativa. Saruma se destaca por tener más de 5 millones de seguidores y un alcance que supera las fronteras. Su figura se convierte en una pieza clave dentro de una estrategia que busca específicamente capturar la atención de las audiencias jóvenes que consumen contenido político en el ecosistema digital.La movida de Cambio Radical se suma a una tendencia que ha tomado fuerza en comicios anteriores, cuando el Pacto Histórico incorporó a creadores de contenido que lograron movilizar a miles de seguidores hacia las urnas. Al integrar a Saruma, el partido busca dinamizar su lista, refrescar su imagen y conectar con ciudadanos que están más familiarizados con los contenidos virales que con las tradicionales tarimas políticas.La incorporación de este liderazgo digital representa una apuesta por integrar voces jóvenes y formatos contemporáneos a un escenario electoral que demanda comunicación directa, creatividad y presencia constante en las redes sociales. Esta jugada política confirma que la contienda de 2026 estará inevitablemente marcada por la influencia, las audiencias digitales y la capacidad de los partidos para conquistar votantes desde el mundo virtual.
Cada año, millones de compradores en todo el mundo consultan estudios de confiabilidad y desempeño antes de decidir qué carro comprar, estudios en los que ciertas marcas ya tienen una presencia definida como lo es Toyota, Lexus, Honda y demás fabricantes. Entre esas mediciones, una de las más influyentes es la que publica Consumer Reports, organización que prueba vehículos adquiridos por cuenta propia y recopila fallas reales reportadas por sus usuarios.Con la mezcla de datos de confiabilidad y el desempeño en las pruebas realizadas por el equipo técnico de Consumer Reports, se elaboró el más reciente Report Card de marcas. Este año, la organización destacó nuevamente la solidez del grupo de fabricantes que históricamente encabezan la lista.Aunque Toyota, Lexus y Honda se mantienen dentro del top, los resultados muestran que otra marca volvió a ocupar la primera posición. Incluso, según los analistas de la organización, su liderazgo se explica por la combinación de fiabilidad, desempeño en situaciones de emergencia y uso de plataformas probadas.¿Cuál será la mejor marca de carros en 2026?De acuerdo con el informe más reciente de Consumer Reports, la marca que encabeza el ranking y se perfila como la mejor para 2026 es Subaru, que alcanzó 82 puntos y se ubicó como la firma con mejor desempeño general.Jake Fisher, director sénior de pruebas de automóviles de Consumer Reports, en declaraciones citadas por Forbes, explicó que la marca se destaca porque “sus modelos ofrecen buen rendimiento y comodidad, pero además comparten piezas probadas que garantizan una confiabilidad consistentemente alta”. También resaltó el comportamiento en pruebas de frenado y maniobras de emergencia, áreas donde los vehículos obtuvieron calificaciones destacadas.Top marcas de carros 2026Este es el cuadro completo entregado por Consumer Reports:Subaru – 82BMW – 82Porsche – 79Honda – 76Toyota – 75Lexus – 75Lincoln – 75Hyundai – 74Acura – 73Tesla – 72Mini – 72Kia – 72Nissan – 70Mazda – 69Genesis – 69Audi – 69Cadillac – 68Ford – 67Mitsubishi – 67Buick – 65Volvo – 65Volkswagen – 65Mercedes-Benz – 64Chevrolet – 62Chrysler – 61Rivian – 58Alfa Romeo – 55Dodge – 55GMC – 55Land Rover – 52Jeep – 48Por qué algunas marcas bajaronEl reporte también registró retrocesos. Consumer Reports señaló que Lexus, pese a su historial de liderazgo, descendió en esta edición debido a que el GX pasó a tener confiabilidad promedio y el sedán ES salió de la tabla mientras se renueva generacionalmente.Con estos resultados, también evidencia que las tecnologías híbridas tradicionales muestran un comportamiento superior frente a los eléctricos puros y los híbridos enchufables, que aún atraviesan una fase de ajustes.Cómo se construye el rankingConsumer Reports evalúa 20 áreas de fallas reportadas por propietarios. Estas van desde averías menores —como daños en acabados interiores o problemas de software— hasta fallos graves en motores, transmisiones, baterías de alto voltaje o sistemas eléctricos.Según explicó Fisher, este análisis permite comparar la confiabilidad entre tecnologías: motores de combustión, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.Los datos más recientes muestran diferencias marcadas entre los sistemas de propulsión. Fisher señaló que los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables presentan alrededor de 80 % más problemas que los modelos a gasolina, debido a que “son diseños más nuevos y todavía tienen aspectos por depurar”.En contraste, los híbridos tradicionales siguen mostrando estabilidad. Fisher recordó que esta tecnología “lleva casi tres décadas en el mercado”, lo que ha permitido una operación más depurada. En promedio, estos modelos registran 15% menos fallas que los vehículos de combustión.
La Contraloría General de la República advirtió que persisten fallas estructurales en la forma como el país protege sus páramos. Según los resultados de auditorías realizadas entre 2023 y 2024, el Ministerio de Ambiente y las autoridades regionales no han logrado coordinarse de manera efectiva para implementar los Planes de Manejo de Páramos ni para avanzar en el saneamiento predial, dos procesos esenciales para garantizar la conservación de estos ecosistemas estratégicos.“Estamos ad portas de lo que será una nueva posesión ya de Contralores Territoriales, en la cual nos vamos a estar convocando a una reunión para presentar y definir esta estrategia, de la cual deben formar parte, de igual manera, el Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, las corporaciones autónomas regionales y, de igual manera, el Congreso de la República”, indicó el Contralor.El organismo de control también hizo un seguimiento macrofiscal a los recursos destinados a la protección de páramos entre 2020 y 2024, encontrando brechas significativas entre lo asignado y lo ejecutado. Durante ese periodo se rastrearon USD 72.7 millones de cooperación internacional, $25.293 millones aportados por el Ministerio de Ambiente y más de $215.000 millones ejecutados por las CAR, pero los avances siguen siendo limitados.En este contexto, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, insistió en la necesidad de diseñar una política pública nacional que unifique criterios y establezca responsabilidades claras entre entidades como el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría, la Fiscalía y los entes de control territorial. La propuesta se enmarca en la estrategia “Páramos en la Cima del Control – Un Nuevo Ciclo”, que busca fortalecer la vigilancia sobre los recursos y acciones dirigidas a la protección de estos ecosistemas.Rodríguez recordó que los páramos son refugio de cientos de especies endémicas y hogar de más de 76.000 habitantes con profundos vínculos socioculturales con el territorio. “El 50% de los páramos a nivel mundial están en Colombia. Razón por la cual es urgente que Colombia diseñe una política pública dirigida exclusivamente a que exista una adecuada coordinación de carácter interinstitucional que nos permita proteger esa reserva que nos caracteriza a nivel mundial”, aseguró.Pese a su importancia, los páramos enfrentan amenazas crecientes como la expansión agrícola, la praderización, la ganadería intensiva, la introducción de especies exóticas y la minería. Estas presiones están transformando sus coberturas naturales y reduciendo su capacidad de regulación hídrica, lo que pone en riesgo su biodiversidad y su función como fábricas de agua del país.El Contralor insistió en que avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible debe ser una prioridad nacional. Según el ente de control, la protección de los páramos no solo es una necesidad ambiental: es una responsabilidad del Estado colombiano y un compromiso con las generaciones futuras.
El reciente borrador de decreto del Gobierno Nacional sobre el ajuste al deslizamiento del salario mínimo encendió las alarmas en el sistema pensional privado. Según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, la implementación de esta medida implicaría que los trabajadores colombianos tendrían que laborar hasta diez años adicionales para lograr una pensión de un salario mínimo, debido al aumento en el costo de las rentas vitalicias y la disminución del respaldo financiero por parte del Estado.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Velasco explicó con detalle los impactos fiscales y previsionales del borrador y advirtió que, en caso de aplicarse, “habría menos pensionados y se pondría en riesgo el aseguramiento previsional, que cubre invalidez, incapacidad y sobrevivencia”.Un descalce creciente por el deslizamiento del salario mínimoEl eje de la controversia está en la diferencia entre el aumento anual concertado del salario mínimo y las variables técnicas que deberían fundamentarlo —inflación y productividad—. Velasco detalló que esta brecha genera un descalce que debe ser compensado por el Gobierno a las aseguradoras que pagan rentas vitalicias.“El aumento del salario mínimo tiene un componente discrecional y político que genera un descalce en las bolsas de las aseguradoras. Eso debe ser compensado”, explicó. Pero el borrador de decreto busca reducir ese monto de compensación, lo que para Asofondos “pone en riesgo las promesas de pago a los pensionados”.Para este año, la compensación que debe girar el Gobierno asciende a 2 billones de pesos, cifra que se vería reducida si el decreto entra en vigor.Afectación a millones de afiliadosVelasco advirtió que la medida afectaría no solo a las aseguradoras y fondos privados, sino a la estabilidad futura de 18 a 20 millones de afiliados al régimen de ahorro individual.“Estamos hablando de los colombianos que han confiado en los administradores de fondos de pensiones… El decreto haría más difícil pensionarse”, señaló.De acuerdo con sus cálculos, mientras hoy una persona necesita ahorrar alrededor de 350 millones de pesos para financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo, con la medida el monto ascendería a 450 millones. En sus palabras: “Una persona tendría que acumular 100 millones adicionales. Eso significa cotizar diez años más”.El impacto también se traduciría en una reducción del 20% de las mesadas para quienes aspiran a una pensión superior al salario mínimo.Riesgo para las pensiones por invalidez y sobrevivenciaUno de los puntos más sensibles es el efecto sobre el seguro previsional, que cubre invalidez, incapacidad y muerte. Según Velasco, la prima necesaria para financiar este seguro se volvería impagable bajo el esquema propuesto:En tal escenario, el Gobierno tendría que asumir directamente estas coberturas, lo que implicaría un costo fiscal estimado de 2 billones de pesos anuales durante la próxima década.Además, Velasco recordó que en los últimos años se han pensionado alrededor de 141.000 colombianos bajo el sistema privado. Sin embargo, de haberse aplicado el decreto, “solo 6.000 habrían podido pensionarse”.Impacto indirecto en Colpensiones y en el pasivo pensionalAunque Colpensiones afirmó que el decreto no afecta directamente a los afiliados al régimen de prima media, Velasco aclaró que los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación impactan el pasivo pensional del Estado: “Colpensiones tiene un pasivo cercano al 100% del PIB, que crece cada vez que el salario mínimo sube por encima de criterios técnicos”.Por ello, si bien los pensionados de Colpensiones no sufrirían directamente los ajustes del decreto, sí lo harían los contribuyentes a través de mayores cargas fiscales a futuro.Una advertencia técnica y un llamado al diálogoPara Asofondos, los efectos potenciales del decreto justifican la apertura de una mesa técnica con el Gobierno Nacional. “Queremos mostrar nuestros números y que entiendan que esto tiene efectos”, insistió Velasco al cierre de la entrevista.
