La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización empresarial de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., una decisión que permitirá a la compañía continuar con sus operaciones y contar con un nuevo calendario para el pago de sus deudas. La determinación fue adoptada luego de las audiencias realizadas los días 3 y 10 de julio de 2026, dentro del proceso de insolvencia adelantado bajo la Ley 1116 de 2006, con el propósito de garantizar la estabilidad financiera de una de las empresas más importantes para el sector agrícola colombiano. Monómeros, dedicada a la producción y comercialización de materias primas para fertilizantes e insumos agropecuarios, desempeña un papel estratégico en la cadena de abastecimiento del país, puesto que es fundamental para asegurar el suministro de productos utilizados por miles de agricultores, lo que contribuye al desarrollo de la producción de alimentos y al funcionamiento del sector agropecuario nacional.El acuerdo fue respaldado por el 99,569 % de los votos emitidos por los acreedores, una aprobación casi unánime que superó ampliamente las mayorías exigidas por la ley. Gracias a este consenso se evitó un eventual cierre de la compañía y se abrió el camino para su recuperación financiera, tras la negociación adelantada con quienes le suministraron bienes, servicios y recursos económicos.La empresa enfrentaba un pasivo reorganizable cercano a los 647.346 millones de pesos, obligación que ahora será atendida mediante un esquema estructurado de pagos graduales. El plan acordado respeta la prelación legal de créditos y establece un cronograma que permitirá cumplir con las obligaciones sin afectar la continuidad de las actividades productivas de la compañía.El proceso de reorganización comenzó en marzo de 2025, cuando la Superintendencia de Sociedades inició una actuación de oficio al detectar una compleja situación financiera que hacía necesario preservar a Monómeros como unidad productiva y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias.Como parte de los compromisos adquiridos, Monómeros presentó un plan de negocios respaldado por proyecciones financieras y de flujo de caja que buscan garantizar su viabilidad. La Superintendencia explicó que durante la ejecución del acuerdo habrá un estricto seguimiento por parte de un Comité de Acreedores, además de controles especiales, disciplina financiera y restricciones para la distribución de utilidades, con el fin de verificar el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas.
La empresa Monómeros está muy cerca de llegar a un acuerdo con sus acreedores y superar la crisis por la que se necesitó una vigilancia especial de la Superintendencia de Sociedades, según informó desde Barranquilla el superintendente Billy Escobar.El funcionario indicó que aunque a su llegada Monómeros en diciembre de 2024 “no tenía orden en sus cuentas, hoy es una empresa con los estados financieros claros”. Por ello, cree que en junio alcanzarán un acuerdo que llevará al pago de deudas superiores a los 100 mil millones de pesos y volverán a la normalidad.“Ellos están en la etapa de reorganización, de presentar un acuerdo con sus acreedores que permita que se consolide el acuerdo de reorganización y salga adelante. En mis cuentas les quedan más o menos tres meses, es decir para el mes de junio se daría todo. Es viable, entre otras cosas porque el mayor acreedor son ellos mismos, osea sus contratistas venezolanas. Por eso, seguramente llegarán a un acuerdo que permita seguir la operación de sus servicios. Son una empresa colombiana con dueños venezolanos”, apuntó Escobar.Para Escobar Monómeros es una “empresa salvada y que cada día tendrá más valor social” debido a factores como su buena reputación, amplio mercado y que ya no cuenta con las restricciones a su licencia OFAC desde los Estados Unidos; palabras que van relación con las dichas desde el congreso de Naturgas en Cartagena por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, apuntando a que ya no hay ambiente para una posible venta por los “altos costos de fertilizantes”.Aunque manifiesta el Superintendente de Sociedades que “toda compañía en el país tiene la opción de ser vendida”, Monómeros puntualmente está haciendo las cosas bien, generando utilidades este año luego de un largo tiempo y beneficiando a más de 5.000 trabajadores directos.
Este año, Colombia se volvió parada frecuente para el Eugenia Gas. Por años, ese buque fue parte de la flotilla de cabotaje del régimen cubano, pero quedó en el limbo con las sanciones de Estados Unidos a la isla. Hoy, Eugenia Gas le estaría trayendo insumos a Monómeros Colombo Venezolanos en medio de la relajación de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro.Blu Radio revela los detalles de los cuatro viajes que ha hecho Eugenia Gas a Colombia en menos de dos meses, con base en registros de Dimar y fuentes consultadas por este medio. Este medio buscó a la compañía, pero se abstuvo de hacer comentarios.El Eugenia Gas no había venido a Colombia en al menos diez años, pero todo cambió este 2026 en un contexto en el que Estados Unidos le apretó las cuerdas a Cuba y amenazó con aranceles a quien le vendiera petróleo. Pero también en un contexto en el que Estados Unidos le cambió las reglas de juego a Venezuela.El mismo día en que Trump hizo su anuncio sobre Cuba, otro buque, el Ocean Mariner, estaba cargando petróleo en la terminal de Palermo, en Colombia. Dos semanas después, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó al Mariner al detectar que se estaba ‘desviando’ de su ruta y lo escoltó a República Dominicana. Fue después de esta operación que Eugenia Gas se volvió un asiduo visitante de las aguas colombianas.En los cuatro viajes aparece el puerto de José, en Venezuela, como punto de partida y, en todos, Eugenia Gas llegó a la terminal de Monómeros. José es el puerto de referencia de PDVSA para gran parte de sus operaciones de exportación de petróleo, pero allí también funciona el complejo petroquímico de Pequiven (la casa matriz de Monómeros).A finales de enero, la OFAC expidió la licencia 46B, que habilita la salida de productos refinados de Venezuela. Hoy en día, Pequiven puede exportar amoniaco, nitrato de potasio, entre otros.Las rutas del Eugenia GasEl primer viajeSegún fuentes de Blu Radio, el Eugenia Gas partió desde Venezuela hacia Cuba y, desde allí, se encaminó hacia Colombia con 5 mil toneladas de granel líquido declarado. Los registros de la Dimar muestran que llegó a la terminal de Monómeros el 24 de febrero y, de allí, partió hacia el puerto de José, en Venezuela.Blu Radio no logró establecer la razón por la cual el barco fue primero a Cuba antes de salir hacia Colombia.Segundo viajeEugenia Gas volvió a la terminal de Monómeros Colombo Venezolanos el 7 de marzo (11 días después de su primera parada), procedente de Venezuela, y regresó hacia el puerto de José, en Venezuela.Tercer viajeLa tercera parada de Eugenia Gas en Monómeros Colombo Venezolanos fue el 18 de marzo y, según las fuentes de Blu Radio, declaró 3.200 toneladas de granel líquido. Sin embargo, esta vez no partió rumbo a Venezuela, sino rumbo a Aruba; luego de eso, llegó finalmente al puerto de José.Cuarto viajeLa cuarta parada de Eugenia Gas en Colombia fue el Jueves Santo. Ese día llegó desde José, en Venezuela, y el Viernes Santo, un día en el que la mayoría de comercios y empresas están cerrados en Colombia, partió desde la terminal con rumbo a Venezuela. En ese viaje no habrían llegado más de 5 mil toneladas.¿Qué llevaba el Eugenia Gas?Los manifiestos de carga no son públicos, pero dos fuentes diferentes coinciden en que lo que está transportando este buque es amoniaco con destino a la producción de fertilizantes. Una versión que coincide con la licencia de la OFAC a Pequiven, que produce ese material en su complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui.Sin embargo, el barco se va del país vacío. Diferentes fuentes consultadas por Blu Radio coinciden en que la compañía no exporta nada desde hace más de 20 años, a pesar de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en sus discursos. Esa también es la visión oficial de la empresa."Pequiven ha garantizado el suministro sostenido de materia prima estratégica, incluyendo el envío de más de 156 mil toneladas de urea a Colombia, así como miles de toneladas de amoníaco, en condiciones preferenciales que han significado aproximadamente un 20% de descuento frente a los precios internacionales, contribuyendo de manera directa a la estabilidad del sector agrícola colombiano", indicó Monómeros en un comunicado.
Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara durante su alocución presidencial del pasado martes que impondrá altos aranceles a las exportaciones de fertilizantes que se producen en Colombia, y cuya operación estaría a cargo de Monómeros, la compañía Colombo- Venezolana negó cualquier envío de mercancía al extranjero. "En consecuencia, no corresponde a la realidad señalar que exista un cambio de política orientado a privilegiar mercados extrarregionales en detrimento de Colombia, ni que se haya afectado el compromiso histórico con el abastecimiento del agro nacional", expresó la compañía.Blu Radio conoció que hace más de 20 años desde el muelle de Monómeros, ubicado en el puerto de Barranquilla, no se realizan actividades de exportación. En su momento, estas tenían a Venezuela como punto principal de recepción, aunque en algún momento se realizaron hacia Ecuardor. Para el caso, se trató principalmente exportación de un compuesto llamado Triple X. Aunque actualmente sigue disponible la infraestructura para hacer posible las operaciones de exportación, la compañía indicó que esto no lo realizan. "Monómeros Colombo Venezolanos S. A. reitera su disposición al diálogo constructivo, sobre la base de hechos verificables, con el propósito de seguir fortaleciendo la seguridad alimentaria de Colombia y la región", manifestó la compañía. Agregaron que sus entregas son exclusivas al agro colombiano. "Siempre se ha abastecido de fertilizantes de manera casi exclusiva al mercado colombiano con condiciones especiales, plenamente apegado a la política del gobierno de Venezuela, en aras de consolidar y profundiar la integración latinoamericana y caribeña", manifestó la empresa.
El Gobierno colombiano entregó un balance de la reciente reunión binacional con Venezuela y destacó avances en temas energéticos, comerciales y de seguridad en la frontera. El ministro de Minas y Energía aseguró que los diálogos podrían abrir nuevas oportunidades para la seguridad energética de ambos países y para el desarrollo de regiones históricamente rezagadas.A través de su cuenta de X, el jefe de la cartera calificó el encuentro como “supremamente exitoso” y señaló que una de las principales apuestas es fortalecer la integración energética entre Colombia y Venezuela.Uno de los proyectos analizados durante la reunión fue la posibilidad de que la empresa ISA Intercolombia lidere inversiones para una nueva interconexión eléctrica entre ambos países a través de La Guajira. Según el ministro, esta región tiene actualmente uno de los mayores potenciales de exportación de energías limpias en Colombia.En esta iniciativa también han manifestado interés en participar compañías públicas como Grupo Energía Bogotá y EPM, que podrían intervenir en la rehabilitación y ampliación de la infraestructura energética entre los dos países.Otro de los temas discutidos fue la posibilidad de reanudar la exportación de energía desde Venezuela hacia Puerto Carreño, en el departamento de Vichada. Según el Gobierno, esta región dejó de recibir electricidad a través de esa interconexión durante el gobierno de Iván Duque, lo que obligó a miles de familias a depender de plantas de generación con diésel, con mayores costos para los usuarios y mayores subsidios del Estado.También se revisó el estado de la interconexión eléctrica San Mateo–Corozo, ubicada en Norte de Santander. De acuerdo con el ministro, esta infraestructura se encuentra operativa y podría servir como respaldo energético para Venezuela durante épocas de sequía, siempre que se concreten los contratos de conexión correspondientes.En materia de gas natural, el ministro explicó que la petrolera estatal venezolana PDVSA manifestó su intención de terminar el contrato vigente con Ecopetrol debido a condiciones comerciales que actualmente no permiten recuperar las inversiones necesarias para rehabilitar el gasoducto Antonio Ricaurte.No obstante, ambas compañías habrían expresado voluntad política para revisar el acuerdo el próximo año, con ajustes en precios y plazos. Para avanzar en ese proceso, el Gobierno colombiano sostendrá una reunión con autoridades de Estados Unidos con el fin de analizar el levantamiento de sanciones que afectan las relaciones comerciales con Venezuela.El ministro aseguró que, aunque el país cuenta con más de 14 proyectos de infraestructura de regasificación, el gas venezolano podría convertirse en una alternativa de corto plazo para garantizar el abastecimiento y reducir costos para el país.Durante el encuentro también se anunció que ya se habilitaron permisos para la importación inicial de gas licuado de petróleo desde Venezuela por Cúcuta. Según el Ministerio, se prevé un volumen de más de 1,2 millones de galones mensuales que beneficiaría a más de 150.000 familias en la zona de frontera.Asimismo, se confirmó la llegada de los primeros 100.000 litros de gas, que ya estarían beneficiando a cerca de 800 hogares, muchos de los cuales aún cocinan con leña.En cuanto a la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, el Gobierno colombiano reiteró su interés en adquirir la compañía mediante un esquema público o mixto, una vez se levanten las sanciones internacionales. Mientras tanto, la empresa Gecelca avanza en el proceso de valoración de la compañía.Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que la reunión binacional fue exitosa y anunció que ambos países también avanzarán en una agenda de cooperación regional.Entre los temas mencionados por el mandatario están la coordinación militar para combatir el narcotráfico en la frontera, la integración energética y el impulso a la participación de Venezuela y Colombia como miembros plenos del Mercosur.De acuerdo con el Gobierno, estos diálogos buscan fortalecer la cooperación bilateral y convertir la integración energética en una herramienta para impulsar el desarrollo regional y garantizar mayor seguridad energética en ambos países.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, declaró este viernes desde Barranquilla que le solicitó a Ecopetrol e Indumil iniciar nuevamente la verificación de una posible compra de la empresa Monómeros; esto teniendo en cuenta la toma que Estados Unidos realizó en los primeros días del año sobre Venezuela.El jefe de esta cartera afirmó ante los medios de comunicación que el primer paso será determinar cuánto cuesta la importante petroquímica con sede en la capital del Atlántico."Le he pedido a Ecopetrol e Indumil, que eran las dos empresas públicas interesadas, iniciar nuevamente en este contexto el estudio de la valoración de lo que consideramos cuesta la compañía para mirar si transitamos, así como lo ha querido el presidente Gustavo Petro, a que Monómero sea adquirida por una empresa nacional", fueron sus palabras.Jocosamente el primero en contestarle fue el gobernador Eduardo Verano: “¿Y por qué no se la entrega a la Gobernación del Atlántico?”, a lo que Palma respondió entre risas que debían ir conversando.Recordemos que Monómeros siempre ha sido un deseo para el actual Gobierno nacional, aunque una eventual compra se ha dificultado a causa de las sanciones de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.En los últimos avances que se tuvieron, hubo gestiones con el embajador en Washington para que la administración estadounidense permitiera una extensión o reactivación de licencias especiales que diera pie a una compra sin violar normativas internacionales.De hecho, se alcanzó a hablar de una firma de acuerdo de confidencialidad, en el que se permitiría intercambiar información con la que actualmente es propiedad de Pequiven, filial de PDVSA (Venezuela), y cuyo valor estimado oscila entre los 70 y 350 millones de dólares.Monómeros ha sido vista como una empresa estratégica para Colombia, para el agro, para los alimentos y para los campesinos, al ser una de las principales proveedoras de fertilizantes del país.
Las negociaciones para la compra de la empresa Monómeros siguen en desarrollo, pero el Gobierno mantiene la confidencialidad del proceso. Pese a la reunión del martes en Caracas entre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, el negocio aún no se concreta.Palma destacó avances, pero evitó profundizar en detalles, limitándose a asegurar que continúa el proceso de valoración por parte de Colombia y Venezuela, sin dar indicios de un monto aproximado debido al acuerdo entre los dos países.Hasta ahora hay varios interesados en la transacción. “Hay ofertas de privados, públicos y empresas de economía mixta. Al final, serán los dos gobiernos los que se pongan de acuerdo en esa negociación”, comentó el ministro, dejando claro que él se limita a “generar las opciones” para que el presidente tome una decisión, pero hasta ahora no hay nada en firme.La empresa petroquímica ha sido noticia de manera constante, pero fue el pasado 23 de julio cuando Palma informó que se había firmado el acuerdo de confidencialidad para la adquisición de la mencionada compañía, que tiene sede en Barranquilla y es un jugador clave en el mercado de fertilizantes del país.No obstante, no solo se trata de un asunto económico y comercial; los aspectos jurídicos también son determinantes, ya que existen sanciones internacionales sobre la petrolera estatal venezolana PDVSA, de la cual Pequiven es filial y, a su vez, propietaria de Monómeros.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este martes con el ministro de Energía y Minas de Colombia, Edwin Palma, para revisar la "hoja de ruta" establecida por ambas naciones para la venta de la petroquímica estatal venezolana Monómeros."Conversamos sobre la hoja de ruta establecida y acordada entre ambos Gobiernos para la venta de Monómeros, compañía clave para el sector agrícola de Colombia", señaló Rodríguez en una publicación en Telegram, sin ofrecer mayores detalles sobre los alcances de esta futura venta de la empresa.Asimismo, dijo que evaluaron la agenda de cooperación en materia de petróleo, gas y energía eléctrica.En noviembre pasado, el Gobierno Petro anunció que inició una actuación administrativa para "someter al grado de supervisión denominado 'control'" a Monómeros, empresa estatal petroquímica venezolana, ante la "posible venta de sus acciones", según indicó entonces la Superintendencia de Sociedades en un comunicado.El organismo aclaró que "el grado de supervisión denominado 'control' no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar la Sociedad, quien conserva su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la Constitución y la ley, con plena garantía de sus derechos".El pasado 8 de noviembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó una carta en X dirigida a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en la que expresó su oposición a "la decisión" del ministro de Industria y Producción de Venezuela, el empresario colombiano Alex Saab -quien estuvo preso en Estados Unidos acusado de conspiración para lavado de dinero-, de "vender y privatizar" Monómeros.En la misiva señaló que durante más de cinco décadas la empresa ha beneficiado a campesinos de ambos países con producción y venta a "precio justo" de insumos agrícolas y, actualmente, garantiza a "millones de familias" la productividad de sus tierras, por lo que consideró que la privatización "implicará el encarecimiento de los productos".Hasta este momento, el Gobierno venezolano no había hecho pública su decisión de vender la empresa petroquímica con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla.
Avanzar en el proceso de compraventa de Monómeros fue el objetivo que aseguró haber cumplido el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, con su visita a la empresa colombo-venezolana de fertilizantes ubicada en la zona industrial de Barranquilla, donde estuvo reunido este viernes con el equipo directivo y con el sindicato de trabajadores.Palma, quien ha sido designado por el Gobierno para liderar estas negociaciones, sostuvo que vale la pena hacer de Monómeros una empresa pública, dado el importante trabajo que realiza esta compañía para el agro del país y su capacidad de generación de empleo."Por eso queremos insistir en la posibilidad de allanar el camino para que el Estado colombiano, por cualquier vía que sea, pueda adquirir esta compañía en beneficio del pueblo colombiano y de nuestras familias campesinas", dijo.La visita de Palma se da en medio de un ambiente de incertidumbre regional, luego de que Estados Unidos incluyó recientemente al presidente venezolano Nicolás Maduro en una lista de “terroristas mundiales”, lo que ha reavivado las dudas sobre el futuro de la empresa y su composición accionaria.Sin embargo, el ministro indicó que los 1.700 puestos de trabajo directos e indirectos que genera Monómeros son una de las varias cifras que demuestran, no solo la estabilidad del empleo, sino el potencial de crecimiento de esta compañía, contrario a los rumores de crisis que la rodean."Están operando aun teniendo adversidades, y cómo será si le ponemos todos los vientos a favor: si se puede acceder a créditos, si se puede acceder a otros mercados internacionales, a capitalización y a inversiones, esta sería una gran compañía de todos los colombianos", manifestó.
Tal y como había anticipado en los micrófonos de Mañanas Blu, el ministro de Energía, Edwin Palma, acaba de firmar un acuerdo de confidencialidad con las directivas de Pequiveb, concretamente con Román Manguilia, quien es el presidente de esta compañía casa matriz de Monómeros Colombovenezolanos.El objetivo del acuerdo es que se intercambie información en medio de las intenciones del Gobierno colombiano de comprarle esa compañía al régimen de Nicolás Maduro.“Será el señor presidente quien al final tome la decisión política, pero es importante destacar que hoy el Gobierno de Venezuela ha manifestado también su voluntad política de querer darle prioridad a una empresa pública colombiana, al Gobierno colombiano, antes de otras ofertas que han señalado tener del sector privado, también como sector público de otros países”, dijo el ministro Palma sobre la idea inicial que es hacer una compra a través de Ecopetrol.Panorama Monómeros: empresario perdió más de 80.000 millones en 2024Aunque Palma dijo en la entrevista con Mañanas Blu que Monómeros está dando ganancias, pese a todos los vientos en contra, la realidad es que no. El estado de pérdidas y ganancias reportado por la propia compañía apunta a que hay más de 80.000 millones en pérdidas para el año pasado.Eso, sin contar con que la semana pasada la Supersociedades pidió varias correcciones a los inventarios de la compañía, que hoy está buscando un acuerdo de reorganización que le permita pagar deudas a sus acreedores y evitar una quiebra. Un informe de la compañía resalta cómo, antes de las compensaciones por impuestos, las pérdidas de Monómeros para el año pasado superaron los 123.000 millones de pesos.Otro detalle no menos importante. El Gobierno dice que está confiado en la posibilidad de una licencia de la OFAC (la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos) para la compra de la compañía; sin embargo, desde el 26 de diciembre de 2024, Monómeros realizó la aplicación para la renovación de la licencia OFAC con la que operó hasta mitad de año y hasta el momento, más de seis meses después, no le han dado ninguna respuesta.Acuerdos con otros paísesEl gobierno colombiano también aprovechó la séptima reunión ministerial de Energía de la CELAC para firmar otros dos convenios, uno con Ecuador y otro con Panamá, ambos enfocados en fomentar la cooperación y el intercambio en materia de energía eléctrica.El Gobierno insiste en que quiere avanzar en la interconexión de electricidad a lo largo de todo el continente, lo que incluye establecer la conexión con Panamá.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.