Luego de 14 horas de diligencia judicial a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, tres funcionarios más de esa entidad y a Juan Esteban Arellano, la juez 24 aplazó la audiencia de medida de aseguramiento para este martes a las 9 de la mañana para que la Fiscalía siga argumentando por qué los acusados deben ir a la cárcel. Durante el día el fiscal Ever Merchan aclaró las dudas sobre la imputación de cargos a Luz Mary Guerrero de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir y administración desleal. Guerrero, después de la pregunta de la juez 24 de si aceptaba o no cargos, se levantó de su puesto, tomó el micrófono sin apuros y dijo enfáticamente: “no los acepto". Lea también: Luz Mary Guerrero no aceptó los siete cargos que le imputa la Fiscalía La estafa agravada se debería a que Guerrero fue coautora, bajo el verbo rector, de obtener provecho estafando a los socios de Efectivo y Circulante sin que ellos se enteraran de las actividades ilegales a la que se dedicaba. Por su parte, el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante de Mossack Fonseca, no aceptó los delitos de falsedad ideológica en documento privado, lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Tampoco Martha Moreno, contadora de la organización; Sara Guavita, representante suplente de Servientrega y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal, aceptaron las imputaciones de la Fiscalía. Los cinco acusados, en el momento de la no aceptación de cargos, manifestaron estar confundidos por los delitos de los que se les acusa.
En medio de la audiencia ante la juez 24 de control de garantías, Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por estar relacionada con el escándalo de Panama Papers. El fiscal había imputado a Guerrero los cargos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir y administración desleal. Luego de cuatro horas ante la juez 24 de control de garantías, el fiscal Ever Merchán, aclaró las dudas sobre la imputación de cargos a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efectivo Limitada. La estafa agravada se debe a que Guerrero habría sido coautora bajo el verbo rector de obtener provecho para sí estafando a los socios de Efectivo y Circulante sin que ellos se enteraran de las actividades ilegales a la que se dedicaba. Por su parte, el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante de Mossack Fonseca, no aceptó los delitos de documento privado, lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Tampoco aceptaron los cargos Martha Moreno, contadora de la organización; Sara Guavita, representante suplente de Servientrega, y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal. Los cinco acusados manifestaron no aceptar los cargos al estar confundidos por los delitos de los que se les acusa. Además, en la audiencia, el fiscal Merchán reveló uno de los cientos de correos interceptados a Martha Inés Moreno, contadora de Efectivo y Circulante, en el que acordaba con Juan Esteban Arellano refacturar 8 millones de dólares, de los cuales solo se hicieron efectivos cerca 4.5 millones de dólares. Lea también: Luz Mary Guerrero buscó refacturar USD 8 millones por Mossack Fonseca: Fiscalía. "Estimada Martha, le envió un saludo cordial. De acuerdo a la última reunión como grupo empresarial Mossack Fonseca tenemos toda la capacidad y experiencia para manejar la transacción por los 8 millones dólares como lo habíamos acordado", dice Arellano, según el fiscal Merchán. Señala el correo que Arellan le dice a Martha Moreno que Mossack Fonseca tiene la capacidad de usar dos o cuatro compañías en jurisdicciones de Panamá o Reino Unido y que Efectivo y Circulante serán los que definan cuál es la mejor alternativa. "Recomendamos estas dos jurisdicciones porque están aptas para manejar este tipo de transacciones. En Panamá 2.5 por ciento y Reino Unido 3.5 por ciento", explica. El fiscal Merchán, en su narración, dice que las cooperativas tienen operatividad mundial de manejar grandes cantidades de dinero para facturación, por lo que dice Arellan que garantizan las compañías que les estaban ofreciendo. "Esa es la refacturación y los reembolsos y es triangulación de cómo se iba el dinero a partir de los contratos y las facturas falsas que se registraba la contabilidad por intermedio del mercado cambiario", explicó el fiscal. Dijo, además, que Mossack Fonseca ofrecía sus servicios para asesoramiento, acompañamiento y soporte en torno a lo jurídico y tributario "Pondríamos a disposición los mejores expertos de la fiduciaria para que lideren esta operación y nos garanticen que sea un éxito", explica en otro aparte el representante del ente acusador. Con esto, la Fiscalía señala que con los correos se demuestra que el ecuatoriano Arellan sí sabía de la refacturación.
Un tribunal panameño ordenó la excarcelación bajo fianza de los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, detenidos desde febrero pasado por su presunta implicación en el caso "Lava Jato" de Brasil, informó a Efe una fuente judicial. El Segundo Tribunal Superior de la capital de Panamá, que falló a favor de los socios principales del bufete Mossack Fonseca, emitió una prohibición de salida del país para ambos y pidió una fianza de 500.000 dólares a cada uno, la cual está en proceso de consignación, de acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial (OJ). Los magistrados Eda Gutiérrez de Jiménez y José Hoo Justiniani, del Segunto Tribunal, argumentaron que la "situación jurídico-penal" de los imputados permite darles el beneficio de la excarcelación, "aunque se les imputa la comisión de un delito grave, que conlleva una posible pena mínima de cinco años de prisión", indicó el OJ. Mossack y Fonseca fueron implicados en el escándalo "Lava Jato" por la abogada María Mercedes Riaño, quien alega haber sido empleada de la firma en Brasil y supuestamente recibió órdenes de destruir documentos sobre el uso fraudulento de compañías investigadas en el mayor caso de corrupción del país suramericano. La defensa de Mossack y Fonseca, cuyo bufete es el epicentro de los denominados papeles de Panamá, ha asegurado públicamente que en el expediente de la Fiscalía no hay pruebas que vinculen a sus defendidos con la investigación en Brasil, que sí incluye a Riaño. Aunque la abogada panameña dice haber recibido órdenes directas de Mossack y Fonseca para sus labores, estos argumentan que solo tenían con ella un acuerdo comercial para que representara a la marca en el país suramericano y que no existe vinculación legal con los servicios que ella ofrecía, sobre todo relacionados a sociedades "offshore". Mossack, Fonseca, Riaño y el abogado Edison Teano, emplado de la firma, están detenidos en Panamá desde el pasado 9 de febrero acusados por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) de blanqueo de capitales, y señalados como una "organización criminal" que ayudaba a lavar dinero en la trama "Lava Jato". La defensa de Mossack y Fonseca había solicitado antes la fianza de excarcelación, pero un tribunal la denegó el pasado 23 de febrero en una resolución que este viernes revocó el Segundo Tribunal Superior del primer distrito judicial de Panamá, de acuerdo con el documento del Órgano Judicial entregado a Efe. En el caso de Teano, su libertad se había concedido en primera instancia pero fue objeto de una apelación, por lo que está estancada, indicó hoy una fuente del bufete a Efe. La esposa de Mossack, la jurista Leydelises de Mossack, declaró ayer a Efe que "no ha habido una respuesta que sea suficientemente convincente de las autoridades para mantener a mi esposo, al licenciado (Ramón) Fonseca y al licenciado (Edison) Teano en detención preventiva". "Nos parece completamente fuera de todo contexto, tanto jurídico como personal, que se les haya decretado la más severa de las medidas cautelares sin que hubiese para ello una acusación en el país (Brasil) donde inició toda esta investigación", cuestionó. "Hay muchas situaciones que constan dentro del expediente que realmente ponen en tela de duda cómo las autoridades están manejando el tema", añadió, y expresó su "preocupación" porque en Panamá "hay una justicia selectiva". En el fallo emitido este viernes, el tribunal indicó que "los imputados no pueden desvincularse al proceso, teniendo como garante a su fiador", y que el monto de la fianza podrá ser aumentado, disminuido o cancelado, conforme avance la investigación.
La fiscal general del país, Kenia Porcell, dijo este jueves en una conferencia de prensa que se formularon los cargos contra Ramón Fonseca Mora, Jürgen Mossack y otras dos personas, que no identificó. "La información recabada identifica a la firma panameña presuntamente como una organización criminal que se dedica a ocultar activos, dineros, de orígenes sospechosos creando estructuras corporativas y financieras", declaró la fiscal.
"Allanamiento a oficinas de socios de firma que creó Sociedades Anónimas en Brasil vinculadas a #LavaJato #PanamaPapers", indicó en su cuenta de Twitter el Ministerio Público de Panamá. Ramón Fonseca, por su parte, escribió en la misma red social que su bufete no tiene "nada que ver con Odebrecht ni Lava Jato", y que él y su socio, Jürgen Mossack, se presentarán "voluntariamente y con gusto" en la Fiscalía "para aclarar cualquier tema" porque "el que no debe no la teme". Una fuente judicial dijo a Efe que existe una orden de conducción contra Mossack y Fonseca para que comparezcan en la Fiscalía, donde este jueves ya se presentaron sus abogados. "Hay más de 10 mil compañías relacionadas con esta investigación. Las pocas nuestras las hicimos a solicitud de bancos y abogados", indicó Fonseca en Twitter en referencia a la trama de corrupción en Brasil. El abogado en una cadena de mensajes en la red social añadió que "la investigación dirigida solo a nosotros, que nunca tuvimos relación directa con nadie, deja mucho que pensar". "Lava Jato" es el nombre con el que se conoce la operación que investiga los desvíos millonarios que durante décadas se dieron en el seno de la petrolera estatal Petrobras y que salpican a decenas de empresarios y políticos del país. Es la segunda vez que la Fiscalía de Panamá allana las oficinas de Mossack Fonseca, ubicadas en centro bancario de la capital panameña. La primera vez tuvo lugar en abril de 2016, diez días después de que estallar el escándalo de los papeles de Panamá, que desvelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de esta firma panameña para crear sociedades "offshore" en distintos paraísos fiscales.
El empleado, en detención provisional, es sospechoso de haber sustraído una gran cantidad de documentos de la delegación de Mossack Fonseca en la ciudad suiza, aseguró el diario, que cita una fuente cercana al caso.
Abogado y político conservador, nació en Bogotá en 1962. Fue jefe de debate de la campaña presidencial de 1986 de Álvaro Gómez Hurtado y secretario privado de Andrés Pastrana cuando este fue alcalde de Bogotá. Además, entre 1992 y 1994 fue Superintendente de Sociedades. (Lea también: Cuatro expolíticos y un senador: más colombianos en 'Panama Papers') En 1998, cuando Andrés Pastrana llegó a la presidencia, lo nombró secretario privado. En 2000, Camilo Gómez reemplazó como Alto Comisionado de Paz a Víctor G. Ricardo y encabezó las negociaciones con las Farc en el proceso de El Caguán. En las elecciones presidenciales de 2014, la conservadora Marta Lucía Ramírez lo invitó a que fuera su fórmula a la vicepresidencia. -Su relación con Mossack Fonseca Camilo Gómez es quién aparece como el fundador de Mossack Fonseca en Colombia. Según un documento de la Cámara de Comercio de Bogotá, los dos socios principales del bufete panameño, Ramón Fonseca y Jurgen Mossack, desde sendas empresas constituidas en Bahamas le dieron poder especial a Gomez para hacer la constitución y formalización de Mossack Fonseca & Co. Limitada. Esto sucedió el 21 de abril de 2009. Desde ese momento, Gómez quedó como suplente de la gerencia, actividad que formalmente duró hasta el pasado 7 de marzo de 2016, que en una reunión extraordinaria y “de conformidad con las actuales necesidades corporativas, comerciales y financieras de la compañía, es necesario sustituir al actual Suplente del Gerente”. Quien figura como gerente de la firma es Juan Esteban Arellano quien también montó la oficina de MF en Quito en 2007. Según el diario El Universo del vecino país, “para concretar la representación, Molina, Paredes y Dávalos constituyeron la empresa Representaciones Molpadar, cuyo nombre comercial fue Mossack Fonseca & Co Quito, de acuerdo con los registros del Servicio de Rentas Internas.” Gómez dijo a un periodista de Panama Papers que aparece en la constitución de la oficina en Colombia de Mossack Fonseca, pues como abogado ha tenido que asesorar a muchas compañías y personas naturales en este tipo de procedimientos administrativos. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -La Cámara de Representantes estaría evaluando la posibilidad de pedir la inmovilización de los vehículos que aún no han sido traspasados. -Sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo la Iglesia Cristiana calificó la decisión de la Corte como un atentado a la raza humana. -30 niños se intoxicaron en Tierralta, Córdoba luego de consumir alimentos suministrados en un CDI del ICBF. -En Barranquilla las madres comunitarias se instalaron con hamacas y colchonetas en las afueras del ICBF en una vigilia que durará toda la noche.
Dichos archivos, a los que ha tenido acceso El Confidencial y La Sexta a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelan que al menos siete jugadores extranjeros de aquella época utilizaron este sistema para cobrar de la Real Sociedad: Darko Kovacevic, Nihat Kahveci, Sander Westerveld, Tayfun Korkut, Valeri Karpin, Gabriel Schürrer y Mattias Asper. Esta práctica se utilizó en la Real durante los mandatos de José Luis Astiazarán, Miguel Fuentes, María de la Peña, Javier Larzabal e Iñaki Badiola. Según El Confidencial, las empresas se abrían a nombre de los jugadores pero eran gestionadas y controladas por el club txuriurdin, aunque en ellas no figuraba el nombre de la Real Sociedad. Sin embargo, el actual gerente del club y responsable de este área desde hace 30 años, Iñaki Otegi, era el encargado de ponerse en contacto con el despacho de Mossack Fonseca para tramitar la apertura de una sociedad "offshore" a nombre del jugador, sociedad que se cancelaba cuando finalizaba la relación del futbolista con la Real Sociedad. Cinco de estas compañías se registraron en Islas Vírgenes Británicas y las dos restantes, las vinculadas al centrocampista turco-alemán Tayfun Korkut y al portero sueco Mattias Asper, en Niue. Estas compañías abrían posteriormente una cuenta bancaria a su nombre en el BBVA Privanza de Suiza y Jersey, excepto en el caso de Sander Westerveld, que lo hizo en el F. van Lanschot Bankiers en Suiza. Los jugadores cedían a estas empresas radicadas en paraísos fiscales una parte de sus derechos federativos -el 53 % en el caso de Kovacevic- e ingresaban el dinero correspondiente por estos derechos en las cuentas abiertas en Suiza y Jersey. Por el momento, la Real Sociedad ha eludido hacer declaraciones sobre este asunto, mientras que la Hacienda foral de Gipuzkoa se ha remitido a un comunicado que espera hacer público en las próximas horas.
Huertas aseguró que Ríos es un empresario de gran cercanía con el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y con los hermanos Nule, protagonistas del desfalco a Bogotá a través del carrusel de contratos y en el que resultó involucrado el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno. (Lea también: Un nuevo escándalo de fraude fiscal golpea a Lionel Messi ) Así mismo, el representante de Connectas.org aclaró que el hecho de ser mencionado en este listado no significa que sus actividades sean ilegales y enfatizó en que Ríos siempre ha resaltado la transparencia se sus finanzas a través de sus “declaraciones de renta”, sin embargo, aseguró que sí aparece en algunas conversaciones que lo relacionan con el grupo de abogados Mossack Fonseca. Sobre este escándalo que ocupa las portadas de los medios internacionales, Huertas dijo que el imaginario que se tiene es que los involucrados en este tipo de operaciones son narcotraficantes, secuestradores o mafiosos, y aclaró que hasta el momento no se ha encontrado en ese listado a nadie con ese perfil y que por el contrario los nombres que aparecen allí corresponden a personalidades públicas y empresarios que gozan de gran reconocimiento. (Lea también: Más de 850 colombianos estarían involucrados en escándalo de ‘Papeles de Panamá’) “En Colombia tener empresas o transacciones ‘offshore’ no es un delito, el delito es que el dinero provenga de una actividad ilícita (…) Estamos haciendo una selección periodística de los nombres que se han presentado y se irán revelando en virtud de que sean personas públicas con cercanía al erario o que tengan alguna responsabilidad pública”, agregó Huertas.
Ramón Fonseca Mora, socio de la firma, dijo hoy que la compañía tiene 40 años de ejercicio legal y que tras haber creado 240.000 estructuras jurídicas en ese período, no ha enfrentado acusaciones formales ni condenas por ningún delito, porque su labor es legal y no se asocia con la actividad de sus clientes. Según publican hoy varios medios internacionales agrupados en el denominado Consorcio Internacional de Periodistas, entre los clientes del bufete señalados por delitos económicos figuran líderes internacionales como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y asistentes del mandatario ruso, Vladimir Putin. Fonseca Mora, ligado al partido de Gobierno en Panamá, aseguró que el "99 %" de sus clientes son intermediarios que revenden los productos de Mossack Fonseca a sus clientes finales, muchos de estos supuestamente involucrados en los delitos revelados por la filtración. "En esta trama han intentado hacer ver que los clientes finales, los actos finales, fueron fraguados por nosotros, lo cual es sumamente injusto, y diría yo, hasta ilegal", sostuvo. Para el abogado, quien es ministro consejero de la Presidencia de Panamá aunque el mes pasado pidió una licencia por un año, es altamente probable que de las miles de estructuras jurídicas creadas por el bufete alguna termine en sucesos delictivos. "Si un carro atropella a una persona, la fábrica del carro no es culpable", ejemplificó. Fonseca Mora pidió en marzo una licencia al presidente, Juan Carlos Varela, para defender a la firma de las acusaciones que la ligan a la trama de corrupción en la estatal brasileña Petrobras. El caso de Brasil es solo uno de los tantos que salpica ahora a esta firma. La filtración de sus archivos revela que ha prestado sus servicios a clientes de destinos tan diversos como Reino Unido, España, Rusia, Siria y Nigeria. El presidente argentino, Mauricio Macri; el primer ministro islandés, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson; un asistente del presidente ruso Vladimir Putin y primos del presidente sirio Bashar al-Assad aparecen en una lista de 140 políticos de 50 países del mundo vinculados a 21 paraísos fiscales, según la información del citado consorcio de periodistas que recibió la filtración.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, luego de recuperar más de 600 celulares, contactará a cada uno de los dueños de estos equipos móviles para regresárselos, eso sí, siempre que hayan realizado la respectiva denuncia“Con software y hardware maliciosos (que) los delincuentes modificaban la información de los equipos móviles, cambiando su número IMEI, y eliminaban la información que tenían los celulares”, confirmó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Estos delincuentes operaban en el 2 y el piso 16 de un edificio ubicado en el barrio Alarcón de la ciudad, utilizaban bloqueadores de frecuencia de señal para que la Policía no diera con el lugar evitando así el seguimiento y rastreo de estos equipos de telefonía móvil. Desde allí, "se hacían pasar como trabajadores de las empresas móviles y contactaban a los dueños y les decían que necesitaban su correo y el código enviado para bloquear definitivamente el celular, afirmó el comandante de Policía Henry Yesid Bello Cubides, quien dio un agradecimiento especial “a todas las personas que hicieron el proceso de denuncia ya que esto permitió que las autoridades realizaran la trazabilidad del caso.Una de las víctimas de estos delincuentes aseguró que su celular fue robado por un mototaxista en el barrio San francisco de Bucaramanga, y otro afectado manifestó que su celular le había costado $1.700.000 que tuvo que terminar de pagar sin poderlo utilizar.Una mujer de 26 años era la encargada del cosquilleo, otro hombre utilizaba la modalidad de raponazo conduciendo una motocicleta en la ciudad.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.