Luego de 14 horas de diligencia judicial a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, tres funcionarios más de esa entidad y a Juan Esteban Arellano, la juez 24 aplazó la audiencia de medida de aseguramiento para este martes a las 9 de la mañana para que la Fiscalía siga argumentando por qué los acusados deben ir a la cárcel. Durante el día el fiscal Ever Merchan aclaró las dudas sobre la imputación de cargos a Luz Mary Guerrero de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir y administración desleal. Guerrero, después de la pregunta de la juez 24 de si aceptaba o no cargos, se levantó de su puesto, tomó el micrófono sin apuros y dijo enfáticamente: “no los acepto". Lea también: Luz Mary Guerrero no aceptó los siete cargos que le imputa la Fiscalía La estafa agravada se debería a que Guerrero fue coautora, bajo el verbo rector, de obtener provecho estafando a los socios de Efectivo y Circulante sin que ellos se enteraran de las actividades ilegales a la que se dedicaba. Por su parte, el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante de Mossack Fonseca, no aceptó los delitos de falsedad ideológica en documento privado, lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Tampoco Martha Moreno, contadora de la organización; Sara Guavita, representante suplente de Servientrega y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal, aceptaron las imputaciones de la Fiscalía. Los cinco acusados, en el momento de la no aceptación de cargos, manifestaron estar confundidos por los delitos de los que se les acusa.
En medio de la audiencia ante la juez 24 de control de garantías, Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por estar relacionada con el escándalo de Panama Papers. El fiscal había imputado a Guerrero los cargos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir y administración desleal. Luego de cuatro horas ante la juez 24 de control de garantías, el fiscal Ever Merchán, aclaró las dudas sobre la imputación de cargos a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efectivo Limitada. La estafa agravada se debe a que Guerrero habría sido coautora bajo el verbo rector de obtener provecho para sí estafando a los socios de Efectivo y Circulante sin que ellos se enteraran de las actividades ilegales a la que se dedicaba. Por su parte, el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante de Mossack Fonseca, no aceptó los delitos de documento privado, lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Tampoco aceptaron los cargos Martha Moreno, contadora de la organización; Sara Guavita, representante suplente de Servientrega, y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal. Los cinco acusados manifestaron no aceptar los cargos al estar confundidos por los delitos de los que se les acusa. Además, en la audiencia, el fiscal Merchán reveló uno de los cientos de correos interceptados a Martha Inés Moreno, contadora de Efectivo y Circulante, en el que acordaba con Juan Esteban Arellano refacturar 8 millones de dólares, de los cuales solo se hicieron efectivos cerca 4.5 millones de dólares. Lea también: Luz Mary Guerrero buscó refacturar USD 8 millones por Mossack Fonseca: Fiscalía. "Estimada Martha, le envió un saludo cordial. De acuerdo a la última reunión como grupo empresarial Mossack Fonseca tenemos toda la capacidad y experiencia para manejar la transacción por los 8 millones dólares como lo habíamos acordado", dice Arellano, según el fiscal Merchán. Señala el correo que Arellan le dice a Martha Moreno que Mossack Fonseca tiene la capacidad de usar dos o cuatro compañías en jurisdicciones de Panamá o Reino Unido y que Efectivo y Circulante serán los que definan cuál es la mejor alternativa. "Recomendamos estas dos jurisdicciones porque están aptas para manejar este tipo de transacciones. En Panamá 2.5 por ciento y Reino Unido 3.5 por ciento", explica. El fiscal Merchán, en su narración, dice que las cooperativas tienen operatividad mundial de manejar grandes cantidades de dinero para facturación, por lo que dice Arellan que garantizan las compañías que les estaban ofreciendo. "Esa es la refacturación y los reembolsos y es triangulación de cómo se iba el dinero a partir de los contratos y las facturas falsas que se registraba la contabilidad por intermedio del mercado cambiario", explicó el fiscal. Dijo, además, que Mossack Fonseca ofrecía sus servicios para asesoramiento, acompañamiento y soporte en torno a lo jurídico y tributario "Pondríamos a disposición los mejores expertos de la fiduciaria para que lideren esta operación y nos garanticen que sea un éxito", explica en otro aparte el representante del ente acusador. Con esto, la Fiscalía señala que con los correos se demuestra que el ecuatoriano Arellan sí sabía de la refacturación.
Un tribunal panameño ordenó la excarcelación bajo fianza de los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, detenidos desde febrero pasado por su presunta implicación en el caso "Lava Jato" de Brasil, informó a Efe una fuente judicial. El Segundo Tribunal Superior de la capital de Panamá, que falló a favor de los socios principales del bufete Mossack Fonseca, emitió una prohibición de salida del país para ambos y pidió una fianza de 500.000 dólares a cada uno, la cual está en proceso de consignación, de acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial (OJ). Los magistrados Eda Gutiérrez de Jiménez y José Hoo Justiniani, del Segunto Tribunal, argumentaron que la "situación jurídico-penal" de los imputados permite darles el beneficio de la excarcelación, "aunque se les imputa la comisión de un delito grave, que conlleva una posible pena mínima de cinco años de prisión", indicó el OJ. Mossack y Fonseca fueron implicados en el escándalo "Lava Jato" por la abogada María Mercedes Riaño, quien alega haber sido empleada de la firma en Brasil y supuestamente recibió órdenes de destruir documentos sobre el uso fraudulento de compañías investigadas en el mayor caso de corrupción del país suramericano. La defensa de Mossack y Fonseca, cuyo bufete es el epicentro de los denominados papeles de Panamá, ha asegurado públicamente que en el expediente de la Fiscalía no hay pruebas que vinculen a sus defendidos con la investigación en Brasil, que sí incluye a Riaño. Aunque la abogada panameña dice haber recibido órdenes directas de Mossack y Fonseca para sus labores, estos argumentan que solo tenían con ella un acuerdo comercial para que representara a la marca en el país suramericano y que no existe vinculación legal con los servicios que ella ofrecía, sobre todo relacionados a sociedades "offshore". Mossack, Fonseca, Riaño y el abogado Edison Teano, emplado de la firma, están detenidos en Panamá desde el pasado 9 de febrero acusados por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) de blanqueo de capitales, y señalados como una "organización criminal" que ayudaba a lavar dinero en la trama "Lava Jato". La defensa de Mossack y Fonseca había solicitado antes la fianza de excarcelación, pero un tribunal la denegó el pasado 23 de febrero en una resolución que este viernes revocó el Segundo Tribunal Superior del primer distrito judicial de Panamá, de acuerdo con el documento del Órgano Judicial entregado a Efe. En el caso de Teano, su libertad se había concedido en primera instancia pero fue objeto de una apelación, por lo que está estancada, indicó hoy una fuente del bufete a Efe. La esposa de Mossack, la jurista Leydelises de Mossack, declaró ayer a Efe que "no ha habido una respuesta que sea suficientemente convincente de las autoridades para mantener a mi esposo, al licenciado (Ramón) Fonseca y al licenciado (Edison) Teano en detención preventiva". "Nos parece completamente fuera de todo contexto, tanto jurídico como personal, que se les haya decretado la más severa de las medidas cautelares sin que hubiese para ello una acusación en el país (Brasil) donde inició toda esta investigación", cuestionó. "Hay muchas situaciones que constan dentro del expediente que realmente ponen en tela de duda cómo las autoridades están manejando el tema", añadió, y expresó su "preocupación" porque en Panamá "hay una justicia selectiva". En el fallo emitido este viernes, el tribunal indicó que "los imputados no pueden desvincularse al proceso, teniendo como garante a su fiador", y que el monto de la fianza podrá ser aumentado, disminuido o cancelado, conforme avance la investigación.
La fiscal general del país, Kenia Porcell, dijo este jueves en una conferencia de prensa que se formularon los cargos contra Ramón Fonseca Mora, Jürgen Mossack y otras dos personas, que no identificó. "La información recabada identifica a la firma panameña presuntamente como una organización criminal que se dedica a ocultar activos, dineros, de orígenes sospechosos creando estructuras corporativas y financieras", declaró la fiscal.
"Allanamiento a oficinas de socios de firma que creó Sociedades Anónimas en Brasil vinculadas a #LavaJato #PanamaPapers", indicó en su cuenta de Twitter el Ministerio Público de Panamá. Ramón Fonseca, por su parte, escribió en la misma red social que su bufete no tiene "nada que ver con Odebrecht ni Lava Jato", y que él y su socio, Jürgen Mossack, se presentarán "voluntariamente y con gusto" en la Fiscalía "para aclarar cualquier tema" porque "el que no debe no la teme". Una fuente judicial dijo a Efe que existe una orden de conducción contra Mossack y Fonseca para que comparezcan en la Fiscalía, donde este jueves ya se presentaron sus abogados. "Hay más de 10 mil compañías relacionadas con esta investigación. Las pocas nuestras las hicimos a solicitud de bancos y abogados", indicó Fonseca en Twitter en referencia a la trama de corrupción en Brasil. El abogado en una cadena de mensajes en la red social añadió que "la investigación dirigida solo a nosotros, que nunca tuvimos relación directa con nadie, deja mucho que pensar". "Lava Jato" es el nombre con el que se conoce la operación que investiga los desvíos millonarios que durante décadas se dieron en el seno de la petrolera estatal Petrobras y que salpican a decenas de empresarios y políticos del país. Es la segunda vez que la Fiscalía de Panamá allana las oficinas de Mossack Fonseca, ubicadas en centro bancario de la capital panameña. La primera vez tuvo lugar en abril de 2016, diez días después de que estallar el escándalo de los papeles de Panamá, que desvelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de esta firma panameña para crear sociedades "offshore" en distintos paraísos fiscales.
El empleado, en detención provisional, es sospechoso de haber sustraído una gran cantidad de documentos de la delegación de Mossack Fonseca en la ciudad suiza, aseguró el diario, que cita una fuente cercana al caso.
Abogado y político conservador, nació en Bogotá en 1962. Fue jefe de debate de la campaña presidencial de 1986 de Álvaro Gómez Hurtado y secretario privado de Andrés Pastrana cuando este fue alcalde de Bogotá. Además, entre 1992 y 1994 fue Superintendente de Sociedades. (Lea también: Cuatro expolíticos y un senador: más colombianos en 'Panama Papers') En 1998, cuando Andrés Pastrana llegó a la presidencia, lo nombró secretario privado. En 2000, Camilo Gómez reemplazó como Alto Comisionado de Paz a Víctor G. Ricardo y encabezó las negociaciones con las Farc en el proceso de El Caguán. En las elecciones presidenciales de 2014, la conservadora Marta Lucía Ramírez lo invitó a que fuera su fórmula a la vicepresidencia. -Su relación con Mossack Fonseca Camilo Gómez es quién aparece como el fundador de Mossack Fonseca en Colombia. Según un documento de la Cámara de Comercio de Bogotá, los dos socios principales del bufete panameño, Ramón Fonseca y Jurgen Mossack, desde sendas empresas constituidas en Bahamas le dieron poder especial a Gomez para hacer la constitución y formalización de Mossack Fonseca & Co. Limitada. Esto sucedió el 21 de abril de 2009. Desde ese momento, Gómez quedó como suplente de la gerencia, actividad que formalmente duró hasta el pasado 7 de marzo de 2016, que en una reunión extraordinaria y “de conformidad con las actuales necesidades corporativas, comerciales y financieras de la compañía, es necesario sustituir al actual Suplente del Gerente”. Quien figura como gerente de la firma es Juan Esteban Arellano quien también montó la oficina de MF en Quito en 2007. Según el diario El Universo del vecino país, “para concretar la representación, Molina, Paredes y Dávalos constituyeron la empresa Representaciones Molpadar, cuyo nombre comercial fue Mossack Fonseca & Co Quito, de acuerdo con los registros del Servicio de Rentas Internas.” Gómez dijo a un periodista de Panama Papers que aparece en la constitución de la oficina en Colombia de Mossack Fonseca, pues como abogado ha tenido que asesorar a muchas compañías y personas naturales en este tipo de procedimientos administrativos. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -La Cámara de Representantes estaría evaluando la posibilidad de pedir la inmovilización de los vehículos que aún no han sido traspasados. -Sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo la Iglesia Cristiana calificó la decisión de la Corte como un atentado a la raza humana. -30 niños se intoxicaron en Tierralta, Córdoba luego de consumir alimentos suministrados en un CDI del ICBF. -En Barranquilla las madres comunitarias se instalaron con hamacas y colchonetas en las afueras del ICBF en una vigilia que durará toda la noche.
Dichos archivos, a los que ha tenido acceso El Confidencial y La Sexta a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelan que al menos siete jugadores extranjeros de aquella época utilizaron este sistema para cobrar de la Real Sociedad: Darko Kovacevic, Nihat Kahveci, Sander Westerveld, Tayfun Korkut, Valeri Karpin, Gabriel Schürrer y Mattias Asper. Esta práctica se utilizó en la Real durante los mandatos de José Luis Astiazarán, Miguel Fuentes, María de la Peña, Javier Larzabal e Iñaki Badiola. Según El Confidencial, las empresas se abrían a nombre de los jugadores pero eran gestionadas y controladas por el club txuriurdin, aunque en ellas no figuraba el nombre de la Real Sociedad. Sin embargo, el actual gerente del club y responsable de este área desde hace 30 años, Iñaki Otegi, era el encargado de ponerse en contacto con el despacho de Mossack Fonseca para tramitar la apertura de una sociedad "offshore" a nombre del jugador, sociedad que se cancelaba cuando finalizaba la relación del futbolista con la Real Sociedad. Cinco de estas compañías se registraron en Islas Vírgenes Británicas y las dos restantes, las vinculadas al centrocampista turco-alemán Tayfun Korkut y al portero sueco Mattias Asper, en Niue. Estas compañías abrían posteriormente una cuenta bancaria a su nombre en el BBVA Privanza de Suiza y Jersey, excepto en el caso de Sander Westerveld, que lo hizo en el F. van Lanschot Bankiers en Suiza. Los jugadores cedían a estas empresas radicadas en paraísos fiscales una parte de sus derechos federativos -el 53 % en el caso de Kovacevic- e ingresaban el dinero correspondiente por estos derechos en las cuentas abiertas en Suiza y Jersey. Por el momento, la Real Sociedad ha eludido hacer declaraciones sobre este asunto, mientras que la Hacienda foral de Gipuzkoa se ha remitido a un comunicado que espera hacer público en las próximas horas.
Huertas aseguró que Ríos es un empresario de gran cercanía con el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y con los hermanos Nule, protagonistas del desfalco a Bogotá a través del carrusel de contratos y en el que resultó involucrado el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno. (Lea también: Un nuevo escándalo de fraude fiscal golpea a Lionel Messi ) Así mismo, el representante de Connectas.org aclaró que el hecho de ser mencionado en este listado no significa que sus actividades sean ilegales y enfatizó en que Ríos siempre ha resaltado la transparencia se sus finanzas a través de sus “declaraciones de renta”, sin embargo, aseguró que sí aparece en algunas conversaciones que lo relacionan con el grupo de abogados Mossack Fonseca. Sobre este escándalo que ocupa las portadas de los medios internacionales, Huertas dijo que el imaginario que se tiene es que los involucrados en este tipo de operaciones son narcotraficantes, secuestradores o mafiosos, y aclaró que hasta el momento no se ha encontrado en ese listado a nadie con ese perfil y que por el contrario los nombres que aparecen allí corresponden a personalidades públicas y empresarios que gozan de gran reconocimiento. (Lea también: Más de 850 colombianos estarían involucrados en escándalo de ‘Papeles de Panamá’) “En Colombia tener empresas o transacciones ‘offshore’ no es un delito, el delito es que el dinero provenga de una actividad ilícita (…) Estamos haciendo una selección periodística de los nombres que se han presentado y se irán revelando en virtud de que sean personas públicas con cercanía al erario o que tengan alguna responsabilidad pública”, agregó Huertas.
Ramón Fonseca Mora, socio de la firma, dijo hoy que la compañía tiene 40 años de ejercicio legal y que tras haber creado 240.000 estructuras jurídicas en ese período, no ha enfrentado acusaciones formales ni condenas por ningún delito, porque su labor es legal y no se asocia con la actividad de sus clientes. Según publican hoy varios medios internacionales agrupados en el denominado Consorcio Internacional de Periodistas, entre los clientes del bufete señalados por delitos económicos figuran líderes internacionales como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y asistentes del mandatario ruso, Vladimir Putin. Fonseca Mora, ligado al partido de Gobierno en Panamá, aseguró que el "99 %" de sus clientes son intermediarios que revenden los productos de Mossack Fonseca a sus clientes finales, muchos de estos supuestamente involucrados en los delitos revelados por la filtración. "En esta trama han intentado hacer ver que los clientes finales, los actos finales, fueron fraguados por nosotros, lo cual es sumamente injusto, y diría yo, hasta ilegal", sostuvo. Para el abogado, quien es ministro consejero de la Presidencia de Panamá aunque el mes pasado pidió una licencia por un año, es altamente probable que de las miles de estructuras jurídicas creadas por el bufete alguna termine en sucesos delictivos. "Si un carro atropella a una persona, la fábrica del carro no es culpable", ejemplificó. Fonseca Mora pidió en marzo una licencia al presidente, Juan Carlos Varela, para defender a la firma de las acusaciones que la ligan a la trama de corrupción en la estatal brasileña Petrobras. El caso de Brasil es solo uno de los tantos que salpica ahora a esta firma. La filtración de sus archivos revela que ha prestado sus servicios a clientes de destinos tan diversos como Reino Unido, España, Rusia, Siria y Nigeria. El presidente argentino, Mauricio Macri; el primer ministro islandés, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson; un asistente del presidente ruso Vladimir Putin y primos del presidente sirio Bashar al-Assad aparecen en una lista de 140 políticos de 50 países del mundo vinculados a 21 paraísos fiscales, según la información del citado consorcio de periodistas que recibió la filtración.
El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este domingo que firmó un indulto a favor de su hijo Hunter Biden, que en junio fue hallado culpable de tres delitos relacionados con posesión de armas, al ocultar en la compra su adición a las drogas, por considerar que sus problemas judiciales fueron instigados por sus rivales políticos."Ninguna persona razonable que mire a los hechos en los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión de que Hunter fue puesto en la mira solo porque es mi hijo y eso está mal", indicó Biden en un comunicado, en el que asegura que su hijo fue "imputado de manera selectiva e injusta".El presidente Biden había reiterado en varias ocasiones que no utilizaría la prerrogativa del perdón presidencial para resolver los problemas legales de su único hijo vivo, que también se había declarado culpable de evasión fiscal en un tribunal federal de California.Hunter Biden había sido declarado culpable de haber mentido en un formulario para obtener un arma en el estado de Delaware al asegurar que no era consumidor de drogas y haber poseído ese arma durante solo 11 días y sin que fuera usada en un delito, algo que el mandatario dijo hoy que "casi nunca es llevado a juicio con cargos penales"."Los cargos en su caso solo surgieron después de varios de mis oponentes políticos en el Congreso instigaran ataques contra mí y en oposición a mi elección", indicó el presidente Biden."Ha sido un intento de romper a Hunter, que lleva cinco años y medio sobrio, incluso enfrentándose a ataques sin descanso y persecución selectiva. Al intentar quebrar a Hunter también intentaban romperme a mí", lamentó el mandatario estadounidense.El caso más serio para Hunter Biden era el de los nueve cargos de los que se declaró culpable en septiembre por evasión fiscal, ya que al tener antecedentes penales por su caso de tenencia de armas en Delaware podía enfrentar hasta 17 años en prisión.Los problemas legales de Hunter Biden pusieron ante la opinión pública un oscuro período de la vida del hijo del presidente por su profunda adicción a las drogas, sobre todo tras la muerte en 2015 de su hermano y primogénito del presidente por un cáncer.Esa tragedia afectó profundamente también a Joe Biden, que ya había pasado por otro episodio duro tras la muerte de su primera mujer y de su hija de tan solo un año en un accidente de tráfico en 1972, en el que resultaron heridos Beau y Hunter Biden.El perdón llega en un momento sin riesgo político para el presidente, que tras renunciar a su reelección este verano y a sus 82 años de edad abandonará la vida política el 20 de enero, cuando asuma el presidente electo Donald Trump.
El sector inmobiliario colombiano enfrenta un desafío importante: la digitalización de sus procesos. Según datos de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), el 57 % de los contratos de arrendamiento son verbales, lo que incrementa los costos y prolonga los tiempos de gestión. Esta situación no solo afecta la eficiencia del sector, sino que también genera inseguridad y riesgos para las partes involucradas.Solución para disminuir contratos verbalesEn respuesta a esta situación, AutenTIC y Fedelonjas han unido esfuerzos para implementar la firma digital en los trámites inmobiliarios. Este acuerdo tiene como objetivo modernizar y optimizar las operaciones del sector, reduciendo hasta en un 40 % los tiempos de gestión y mejorando la seguridad jurídica de las transacciones. La implementación de la firma digital permitirá que trámites como contratos de arrendamiento y compraventas puedan realizarse completamente en línea, eliminando la necesidad de desplazamientos físicos y asegurando la integridad de los documentos en cada etapa.La alianza entre AutenTIC y Fedelonjas responde a la necesidad de innovar y transformar el sector inmobiliario colombiano. La firma digital se proyecta como un elemento clave para mejorar la competitividad y la confianza en el mercado. Además, representa un gran paso hacia la sostenibilidad del sector, ya que reduce el uso de papeles para contratos y otros trámites. Con este acuerdo, AutenTIC y Fedelonjas reafirman su compromiso con la innovación tecnológica y la transformación digital, contribuyendo al desarrollo de uno de los sectores más representativos de la economía nacional.
La inseguridad parece no tener límites en Bogotá. La Policía y la Secretaría de Seguridad de la capital dieron a conocer la nueva modalidad de hurto contra los conductores de vehículos.En esta oportunidad, en San Victorino, quedó captado en cámaras de seguridad cómo un hombre usa una piedra para robar un celular.Con una piedra, la nueva forma de robar en BogotáEn las imágenes se puede observar cómo el hombre fijó su objetivo para cometer el delito, aprovechando que el tráfico se detuvo por el semáforo en rojo. En cuestión de segundos, corre hacia un taxi para arrojarle una piedra y así romper una de las ventajas del vehículo de transporte público.Después, se mete al carro para robarse un celular que estaba en el mismo y se retira caminando de la vía con tranquilidad.Capturan al responsable del hurtoPor fortuna, las autoridades estaban siguiendo a través de las cámaras C4 lo que sucedía en el centro de la ciudad. Una vez identificaron al delincuente, avisaron a los policías del CAI San Victoriano que estaban realizando patrullajes en el sector. Estos miembros de la institución lo interceptaron y, tras realizarle la requisa, recuperaron el dispositivo hurtadoDe acuerdo con la Secretaría de Seguridad, los hurtos de celulares en Bogotá ha disminuido 33 % en lo que va del 2024.Tiroteo en reconocida panadería de BogotáUn intento de robo en la panadería Masa, ubicada en el barrio Nogal de Bogotá, generó pánico entre los comensales y empleados el sábado 30 de noviembre. Dos sujetos ingresaron al establecimiento con la intención de despojar a una víctima de un reloj de alta gama.Según informes preliminares, los delincuentes habían seguido a su objetivo desde otro punto de la ciudad y aprovecharon el momento para intentar el atraco. Sin embargo, un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quien estaba presente en el lugar, reaccionó rápidamente y utilizó su arma de dotación para frustrar el robo.El funcionario disparó en cinco oportunidades, forzando a los delincuentes a huir del lugar en una motocicleta. Aunque no se reportaron heridos entre los clientes ni empleados del establecimiento, se presume que uno de los asaltantes podría haber resultado lesionado. Los delincuentes lograron llevarse dos celulares antes de escapar.
Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 1 de diciembre de 2024:María Paula Rodríguez, escritora colombiana, se refirió a su nuevo libro, con el que pretende enseñar a las personas de qué manera gestionar las emociones.Adriana Lizcano, directora de Afidi, se refirió a que se dedica en la inmobiliaria a la que hace parte. Además, explicó de qué se trata el sector inmobiliario.Miriam, directora de la asociación colombiana de bipolaridad, habló sobre cómo se le debe dar manejo a este trastorno y cómo entenderlo.Carolina Chacón, colaboradora del Parque Explora, se refirió sobre la curaduría en museos, y explicó en qué consiste.Escuche programa completo:
En las últimas horas, la Secretaría de Integración Social de Bogotá denunció ante la Fiscalía General de la Nación un nuevo caso de uso del cepo en la ciudad. Esta vez el hecho se produjo en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, donde se encuentra alojada la comunidad emberá.Según afirma la denuncia, el castigo del cepo fue implementado a seis menores de edad, que se encuentran entre los 11 y 14 años y que también hacen parte de ese grupo indígena. El Distrito afirmó que el vaso fue reportado el pasado 28 de noviembre, tras la ausencia de uno de los jóvenes en el Centro Amar.“Uno de los adolescentes fue reportado ausente del Centro Amar por parte del personal de Integración Social y, de acuerdo con la información recibida en la UPI La Rioja, se conoció que la razón era porque se encontraba en el cepo”, afirman desde la Secretaría de Integración Social.Tras lo anterior, y de manera inmediata, la entidad procedió a verificar la identidad de los niños y a denunciar ante la Fiscalía los delitos de violencia intrafamiliar y/o maltrato mediante restricción de libertad física. El caso también fue reportado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes evidenciaron que los jóvenes habían sido liberados y ya se encontraban en sus instituciones educativas.“Exhortamos a la población emberá que hace presencia en la UPI La Rioja a que se abstenga de implementar los métodos de castigo de la justicia tradicional, como es el uso del cepo, ya que su aplicación en dicho lugar no se ajusta a los criterios jurisprudenciales desarrollados por la Corte Constitucional (...) dicho predio es un bien fiscal del Distrito por lo que, como mínimo, no se cumple el factor territorial para la aplicación de la justicia tradicional indígena”, continúan desde el Distrito.Por último, la entidad rechazó estos hechos que ya son materia de investigación y aseguró que continuará denunciando ante la Fiscalía los hechos de violencia que ocurran contra los menores de edad.
