Luego de 14 horas de diligencia judicial a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, tres funcionarios más de esa entidad y a Juan Esteban Arellano, la juez 24 aplazó la audiencia de medida de aseguramiento para este martes a las 9 de la mañana para que la Fiscalía siga argumentando por qué los acusados deben ir a la cárcel. Durante el día el fiscal Ever Merchan aclaró las dudas sobre la imputación de cargos a Luz Mary Guerrero de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir y administración desleal. Guerrero, después de la pregunta de la juez 24 de si aceptaba o no cargos, se levantó de su puesto, tomó el micrófono sin apuros y dijo enfáticamente: “no los acepto". Lea también: Luz Mary Guerrero no aceptó los siete cargos que le imputa la Fiscalía La estafa agravada se debería a que Guerrero fue coautora, bajo el verbo rector, de obtener provecho estafando a los socios de Efectivo y Circulante sin que ellos se enteraran de las actividades ilegales a la que se dedicaba. Por su parte, el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante de Mossack Fonseca, no aceptó los delitos de falsedad ideológica en documento privado, lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Tampoco Martha Moreno, contadora de la organización; Sara Guavita, representante suplente de Servientrega y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal, aceptaron las imputaciones de la Fiscalía. Los cinco acusados, en el momento de la no aceptación de cargos, manifestaron estar confundidos por los delitos de los que se les acusa.
En medio de la audiencia ante la juez 24 de control de garantías, Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por estar relacionada con el escándalo de Panama Papers. El fiscal había imputado a Guerrero los cargos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir y administración desleal. Luego de cuatro horas ante la juez 24 de control de garantías, el fiscal Ever Merchán, aclaró las dudas sobre la imputación de cargos a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efectivo Limitada. La estafa agravada se debe a que Guerrero habría sido coautora bajo el verbo rector de obtener provecho para sí estafando a los socios de Efectivo y Circulante sin que ellos se enteraran de las actividades ilegales a la que se dedicaba. Por su parte, el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante de Mossack Fonseca, no aceptó los delitos de documento privado, lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Tampoco aceptaron los cargos Martha Moreno, contadora de la organización; Sara Guavita, representante suplente de Servientrega, y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal. Los cinco acusados manifestaron no aceptar los cargos al estar confundidos por los delitos de los que se les acusa. Además, en la audiencia, el fiscal Merchán reveló uno de los cientos de correos interceptados a Martha Inés Moreno, contadora de Efectivo y Circulante, en el que acordaba con Juan Esteban Arellano refacturar 8 millones de dólares, de los cuales solo se hicieron efectivos cerca 4.5 millones de dólares. Lea también: Luz Mary Guerrero buscó refacturar USD 8 millones por Mossack Fonseca: Fiscalía. "Estimada Martha, le envió un saludo cordial. De acuerdo a la última reunión como grupo empresarial Mossack Fonseca tenemos toda la capacidad y experiencia para manejar la transacción por los 8 millones dólares como lo habíamos acordado", dice Arellano, según el fiscal Merchán. Señala el correo que Arellan le dice a Martha Moreno que Mossack Fonseca tiene la capacidad de usar dos o cuatro compañías en jurisdicciones de Panamá o Reino Unido y que Efectivo y Circulante serán los que definan cuál es la mejor alternativa. "Recomendamos estas dos jurisdicciones porque están aptas para manejar este tipo de transacciones. En Panamá 2.5 por ciento y Reino Unido 3.5 por ciento", explica. El fiscal Merchán, en su narración, dice que las cooperativas tienen operatividad mundial de manejar grandes cantidades de dinero para facturación, por lo que dice Arellan que garantizan las compañías que les estaban ofreciendo. "Esa es la refacturación y los reembolsos y es triangulación de cómo se iba el dinero a partir de los contratos y las facturas falsas que se registraba la contabilidad por intermedio del mercado cambiario", explicó el fiscal. Dijo, además, que Mossack Fonseca ofrecía sus servicios para asesoramiento, acompañamiento y soporte en torno a lo jurídico y tributario "Pondríamos a disposición los mejores expertos de la fiduciaria para que lideren esta operación y nos garanticen que sea un éxito", explica en otro aparte el representante del ente acusador. Con esto, la Fiscalía señala que con los correos se demuestra que el ecuatoriano Arellan sí sabía de la refacturación.
Un tribunal panameño ordenó la excarcelación bajo fianza de los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, detenidos desde febrero pasado por su presunta implicación en el caso "Lava Jato" de Brasil, informó a Efe una fuente judicial. El Segundo Tribunal Superior de la capital de Panamá, que falló a favor de los socios principales del bufete Mossack Fonseca, emitió una prohibición de salida del país para ambos y pidió una fianza de 500.000 dólares a cada uno, la cual está en proceso de consignación, de acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial (OJ). Los magistrados Eda Gutiérrez de Jiménez y José Hoo Justiniani, del Segunto Tribunal, argumentaron que la "situación jurídico-penal" de los imputados permite darles el beneficio de la excarcelación, "aunque se les imputa la comisión de un delito grave, que conlleva una posible pena mínima de cinco años de prisión", indicó el OJ. Mossack y Fonseca fueron implicados en el escándalo "Lava Jato" por la abogada María Mercedes Riaño, quien alega haber sido empleada de la firma en Brasil y supuestamente recibió órdenes de destruir documentos sobre el uso fraudulento de compañías investigadas en el mayor caso de corrupción del país suramericano. La defensa de Mossack y Fonseca, cuyo bufete es el epicentro de los denominados papeles de Panamá, ha asegurado públicamente que en el expediente de la Fiscalía no hay pruebas que vinculen a sus defendidos con la investigación en Brasil, que sí incluye a Riaño. Aunque la abogada panameña dice haber recibido órdenes directas de Mossack y Fonseca para sus labores, estos argumentan que solo tenían con ella un acuerdo comercial para que representara a la marca en el país suramericano y que no existe vinculación legal con los servicios que ella ofrecía, sobre todo relacionados a sociedades "offshore". Mossack, Fonseca, Riaño y el abogado Edison Teano, emplado de la firma, están detenidos en Panamá desde el pasado 9 de febrero acusados por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) de blanqueo de capitales, y señalados como una "organización criminal" que ayudaba a lavar dinero en la trama "Lava Jato". La defensa de Mossack y Fonseca había solicitado antes la fianza de excarcelación, pero un tribunal la denegó el pasado 23 de febrero en una resolución que este viernes revocó el Segundo Tribunal Superior del primer distrito judicial de Panamá, de acuerdo con el documento del Órgano Judicial entregado a Efe. En el caso de Teano, su libertad se había concedido en primera instancia pero fue objeto de una apelación, por lo que está estancada, indicó hoy una fuente del bufete a Efe. La esposa de Mossack, la jurista Leydelises de Mossack, declaró ayer a Efe que "no ha habido una respuesta que sea suficientemente convincente de las autoridades para mantener a mi esposo, al licenciado (Ramón) Fonseca y al licenciado (Edison) Teano en detención preventiva". "Nos parece completamente fuera de todo contexto, tanto jurídico como personal, que se les haya decretado la más severa de las medidas cautelares sin que hubiese para ello una acusación en el país (Brasil) donde inició toda esta investigación", cuestionó. "Hay muchas situaciones que constan dentro del expediente que realmente ponen en tela de duda cómo las autoridades están manejando el tema", añadió, y expresó su "preocupación" porque en Panamá "hay una justicia selectiva". En el fallo emitido este viernes, el tribunal indicó que "los imputados no pueden desvincularse al proceso, teniendo como garante a su fiador", y que el monto de la fianza podrá ser aumentado, disminuido o cancelado, conforme avance la investigación.
La fiscal general del país, Kenia Porcell, dijo este jueves en una conferencia de prensa que se formularon los cargos contra Ramón Fonseca Mora, Jürgen Mossack y otras dos personas, que no identificó. "La información recabada identifica a la firma panameña presuntamente como una organización criminal que se dedica a ocultar activos, dineros, de orígenes sospechosos creando estructuras corporativas y financieras", declaró la fiscal.
"Allanamiento a oficinas de socios de firma que creó Sociedades Anónimas en Brasil vinculadas a #LavaJato #PanamaPapers", indicó en su cuenta de Twitter el Ministerio Público de Panamá. Ramón Fonseca, por su parte, escribió en la misma red social que su bufete no tiene "nada que ver con Odebrecht ni Lava Jato", y que él y su socio, Jürgen Mossack, se presentarán "voluntariamente y con gusto" en la Fiscalía "para aclarar cualquier tema" porque "el que no debe no la teme". Una fuente judicial dijo a Efe que existe una orden de conducción contra Mossack y Fonseca para que comparezcan en la Fiscalía, donde este jueves ya se presentaron sus abogados. "Hay más de 10 mil compañías relacionadas con esta investigación. Las pocas nuestras las hicimos a solicitud de bancos y abogados", indicó Fonseca en Twitter en referencia a la trama de corrupción en Brasil. El abogado en una cadena de mensajes en la red social añadió que "la investigación dirigida solo a nosotros, que nunca tuvimos relación directa con nadie, deja mucho que pensar". "Lava Jato" es el nombre con el que se conoce la operación que investiga los desvíos millonarios que durante décadas se dieron en el seno de la petrolera estatal Petrobras y que salpican a decenas de empresarios y políticos del país. Es la segunda vez que la Fiscalía de Panamá allana las oficinas de Mossack Fonseca, ubicadas en centro bancario de la capital panameña. La primera vez tuvo lugar en abril de 2016, diez días después de que estallar el escándalo de los papeles de Panamá, que desvelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de esta firma panameña para crear sociedades "offshore" en distintos paraísos fiscales.
El empleado, en detención provisional, es sospechoso de haber sustraído una gran cantidad de documentos de la delegación de Mossack Fonseca en la ciudad suiza, aseguró el diario, que cita una fuente cercana al caso.
Abogado y político conservador, nació en Bogotá en 1962. Fue jefe de debate de la campaña presidencial de 1986 de Álvaro Gómez Hurtado y secretario privado de Andrés Pastrana cuando este fue alcalde de Bogotá. Además, entre 1992 y 1994 fue Superintendente de Sociedades. (Lea también: Cuatro expolíticos y un senador: más colombianos en 'Panama Papers') En 1998, cuando Andrés Pastrana llegó a la presidencia, lo nombró secretario privado. En 2000, Camilo Gómez reemplazó como Alto Comisionado de Paz a Víctor G. Ricardo y encabezó las negociaciones con las Farc en el proceso de El Caguán. En las elecciones presidenciales de 2014, la conservadora Marta Lucía Ramírez lo invitó a que fuera su fórmula a la vicepresidencia. -Su relación con Mossack Fonseca Camilo Gómez es quién aparece como el fundador de Mossack Fonseca en Colombia. Según un documento de la Cámara de Comercio de Bogotá, los dos socios principales del bufete panameño, Ramón Fonseca y Jurgen Mossack, desde sendas empresas constituidas en Bahamas le dieron poder especial a Gomez para hacer la constitución y formalización de Mossack Fonseca & Co. Limitada. Esto sucedió el 21 de abril de 2009. Desde ese momento, Gómez quedó como suplente de la gerencia, actividad que formalmente duró hasta el pasado 7 de marzo de 2016, que en una reunión extraordinaria y “de conformidad con las actuales necesidades corporativas, comerciales y financieras de la compañía, es necesario sustituir al actual Suplente del Gerente”. Quien figura como gerente de la firma es Juan Esteban Arellano quien también montó la oficina de MF en Quito en 2007. Según el diario El Universo del vecino país, “para concretar la representación, Molina, Paredes y Dávalos constituyeron la empresa Representaciones Molpadar, cuyo nombre comercial fue Mossack Fonseca & Co Quito, de acuerdo con los registros del Servicio de Rentas Internas.” Gómez dijo a un periodista de Panama Papers que aparece en la constitución de la oficina en Colombia de Mossack Fonseca, pues como abogado ha tenido que asesorar a muchas compañías y personas naturales en este tipo de procedimientos administrativos. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -La Cámara de Representantes estaría evaluando la posibilidad de pedir la inmovilización de los vehículos que aún no han sido traspasados. -Sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo la Iglesia Cristiana calificó la decisión de la Corte como un atentado a la raza humana. -30 niños se intoxicaron en Tierralta, Córdoba luego de consumir alimentos suministrados en un CDI del ICBF. -En Barranquilla las madres comunitarias se instalaron con hamacas y colchonetas en las afueras del ICBF en una vigilia que durará toda la noche.
Dichos archivos, a los que ha tenido acceso El Confidencial y La Sexta a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelan que al menos siete jugadores extranjeros de aquella época utilizaron este sistema para cobrar de la Real Sociedad: Darko Kovacevic, Nihat Kahveci, Sander Westerveld, Tayfun Korkut, Valeri Karpin, Gabriel Schürrer y Mattias Asper. Esta práctica se utilizó en la Real durante los mandatos de José Luis Astiazarán, Miguel Fuentes, María de la Peña, Javier Larzabal e Iñaki Badiola. Según El Confidencial, las empresas se abrían a nombre de los jugadores pero eran gestionadas y controladas por el club txuriurdin, aunque en ellas no figuraba el nombre de la Real Sociedad. Sin embargo, el actual gerente del club y responsable de este área desde hace 30 años, Iñaki Otegi, era el encargado de ponerse en contacto con el despacho de Mossack Fonseca para tramitar la apertura de una sociedad "offshore" a nombre del jugador, sociedad que se cancelaba cuando finalizaba la relación del futbolista con la Real Sociedad. Cinco de estas compañías se registraron en Islas Vírgenes Británicas y las dos restantes, las vinculadas al centrocampista turco-alemán Tayfun Korkut y al portero sueco Mattias Asper, en Niue. Estas compañías abrían posteriormente una cuenta bancaria a su nombre en el BBVA Privanza de Suiza y Jersey, excepto en el caso de Sander Westerveld, que lo hizo en el F. van Lanschot Bankiers en Suiza. Los jugadores cedían a estas empresas radicadas en paraísos fiscales una parte de sus derechos federativos -el 53 % en el caso de Kovacevic- e ingresaban el dinero correspondiente por estos derechos en las cuentas abiertas en Suiza y Jersey. Por el momento, la Real Sociedad ha eludido hacer declaraciones sobre este asunto, mientras que la Hacienda foral de Gipuzkoa se ha remitido a un comunicado que espera hacer público en las próximas horas.
Huertas aseguró que Ríos es un empresario de gran cercanía con el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y con los hermanos Nule, protagonistas del desfalco a Bogotá a través del carrusel de contratos y en el que resultó involucrado el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno. (Lea también: Un nuevo escándalo de fraude fiscal golpea a Lionel Messi ) Así mismo, el representante de Connectas.org aclaró que el hecho de ser mencionado en este listado no significa que sus actividades sean ilegales y enfatizó en que Ríos siempre ha resaltado la transparencia se sus finanzas a través de sus “declaraciones de renta”, sin embargo, aseguró que sí aparece en algunas conversaciones que lo relacionan con el grupo de abogados Mossack Fonseca. Sobre este escándalo que ocupa las portadas de los medios internacionales, Huertas dijo que el imaginario que se tiene es que los involucrados en este tipo de operaciones son narcotraficantes, secuestradores o mafiosos, y aclaró que hasta el momento no se ha encontrado en ese listado a nadie con ese perfil y que por el contrario los nombres que aparecen allí corresponden a personalidades públicas y empresarios que gozan de gran reconocimiento. (Lea también: Más de 850 colombianos estarían involucrados en escándalo de ‘Papeles de Panamá’) “En Colombia tener empresas o transacciones ‘offshore’ no es un delito, el delito es que el dinero provenga de una actividad ilícita (…) Estamos haciendo una selección periodística de los nombres que se han presentado y se irán revelando en virtud de que sean personas públicas con cercanía al erario o que tengan alguna responsabilidad pública”, agregó Huertas.
Ramón Fonseca Mora, socio de la firma, dijo hoy que la compañía tiene 40 años de ejercicio legal y que tras haber creado 240.000 estructuras jurídicas en ese período, no ha enfrentado acusaciones formales ni condenas por ningún delito, porque su labor es legal y no se asocia con la actividad de sus clientes. Según publican hoy varios medios internacionales agrupados en el denominado Consorcio Internacional de Periodistas, entre los clientes del bufete señalados por delitos económicos figuran líderes internacionales como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y asistentes del mandatario ruso, Vladimir Putin. Fonseca Mora, ligado al partido de Gobierno en Panamá, aseguró que el "99 %" de sus clientes son intermediarios que revenden los productos de Mossack Fonseca a sus clientes finales, muchos de estos supuestamente involucrados en los delitos revelados por la filtración. "En esta trama han intentado hacer ver que los clientes finales, los actos finales, fueron fraguados por nosotros, lo cual es sumamente injusto, y diría yo, hasta ilegal", sostuvo. Para el abogado, quien es ministro consejero de la Presidencia de Panamá aunque el mes pasado pidió una licencia por un año, es altamente probable que de las miles de estructuras jurídicas creadas por el bufete alguna termine en sucesos delictivos. "Si un carro atropella a una persona, la fábrica del carro no es culpable", ejemplificó. Fonseca Mora pidió en marzo una licencia al presidente, Juan Carlos Varela, para defender a la firma de las acusaciones que la ligan a la trama de corrupción en la estatal brasileña Petrobras. El caso de Brasil es solo uno de los tantos que salpica ahora a esta firma. La filtración de sus archivos revela que ha prestado sus servicios a clientes de destinos tan diversos como Reino Unido, España, Rusia, Siria y Nigeria. El presidente argentino, Mauricio Macri; el primer ministro islandés, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson; un asistente del presidente ruso Vladimir Putin y primos del presidente sirio Bashar al-Assad aparecen en una lista de 140 políticos de 50 países del mundo vinculados a 21 paraísos fiscales, según la información del citado consorcio de periodistas que recibió la filtración.
En las últimas horas las autoridades en Medellín confirmaron que un bus de servicios especiales que llevaba a 36 pasajeros se volcó en el sector Palos Verdes por hechos que aún son materia de investigación.Este accidente de tránsito deja, hasta el momento, una persona muerta, seis heridos de gravedad que tuvieron que ser trasladados de manera prioritaria a centros asistenciales y otras 12 personas que tuvieron heridas de diferentes informes pero que afortunadamente no comprometieron su integridad.La información que se ha conocido hasta el momento es que el vehículo se dirigía al municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño, para asistir a una peregrinación. Sin embargo, el siniestro ocurrió a pocos minutos de salir del punto de partida.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró a través de su cuenta de X que, “nuestros equipos de Bomberos, Salud y Movilidad están en el lugar acompañando a las personas afectadas y atendiendo a los heridos”.Hay que mencionar que producto del volcamiento del bus de servicios especiales otros dos vehículos particulares resultaron afectados luego de la colisión contra la vía, no obstante, los ocupantes de estos carros salieron ilesos de este aparatoso siniestro.De momento las autoridades en la capital de Antioquia avanzan en las investigaciones correspondientes para poder determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y si el accidente obedeció a fallas mecánicas del bus, como asegura una de las hipótesis.
El programa del sábado 24 de octubre de 2026 contó con las siguientes secciones:Reconstruyendo País: Se destacó la historia de Zoe Fragans, un emprendimiento de productos de aseo, químicos y perfumería nacido en Manizales en 2015Un Columnista nos Contó: Se expuso una reflexión basada en el psicoanalista Gabriel Rolón sobre la "faltacidad", señalando que no se necesita una vida completa para tener una vida plenaTema Central: Se debatió la nueva definición del éxito, la cual reevalúa las prioridades para darle más valor al tiempo, la salud y la familia por encima de los bienes materiales o los títulosCine Zona: Juanca Solarte analizó la película Volver al futuro, revisando las tecnologías imaginadas en 1985 para el año 2015 que se volvieron realidad y las que no'La Máquina de la verdad': Se aclararon mitos y realidades sobre Barbados, confirmando que es la cuna del ron, cuenta con agua potable de grifo y es una república independiente
Las lluvias que se han registrado en las últimas horas en la provincia de Vélez, en Santander, provocaron el desbordamiento de la quebrada El Aventadero, una emergencia que mantiene incomunicados a habitantes de varias veredas ubicadas entre los municipios de El Peñón y Sucre.La creciente afectó el paso por este sector rural e impide la movilidad de las comunidades que dependen de esta conexión para desplazarse entre sus veredas y los centros poblados. La situación genera preocupación entre los habitantes, especialmente por las dificultades que pueden presentarse para transportar productos agrícolas, acceder a servicios y atender cualquier eventualidad mientras permanezca bloqueado el corredor.Ante la emergencia, las comunidades afectadas hicieron un llamado urgente a los organismos de socorro, las administraciones municipales y la Gobernación de Santander para que se desplacen hasta la zona, evalúen las condiciones del terreno y determinen qué intervenciones se requieren para recuperar el paso de manera segura.Los habitantes también esperan que se establezca un balance de las consecuencias del desbordamiento, teniendo en cuenta las posibles afectaciones a la infraestructura y las dificultades que enfrentan las familias rurales cuando las lluvias interrumpen sus vías de comunicación.La preocupación se mantiene ante la posibilidad de nuevas precipitaciones que puedan incrementar el caudal de la quebrada y agravar las condiciones del sector. Por esta razón, se recomienda a los ciudadanos evitar el paso por el punto afectado y abstenerse de intentar cruzar la corriente mientras persistan las condiciones de riesgo.En las zonas rurales, este tipo de emergencias puede dificultar no solo la movilidad de los habitantes, sino también el traslado de alimentos, la comercialización de productos del campo y el acceso oportuno a servicios esenciales.Por ahora, se espera que las autoridades competentes entreguen un reporte sobre la magnitud de la emergencia, las veredas afectadas y las medidas que se adoptarán para restablecer la conectividad entre El Peñón y Sucre.Mientras avanzan las verificaciones, las comunidades permanecen a la espera de una respuesta que permita recuperar la movilidad y reducir los riesgos ante la continuidad de la temporada de lluvias.
La senadora del Centro Democrático María Clara Posada respondió a la Defensoría del Pueblo después de que la entidad rechazara sus publicaciones sobre la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll, y solicitara a la congresista rectificar afirmaciones que considera falsas o sin sustento.En una carta publicada este 24 de octubre de 2026 y dirigida a la defensora del pueblo, Iris Marín, y a la defensora encargada, Paula Cristina Aponte Urdaneta, Posada defendió su libertad de expresión y sus funciones de representación y control político. Aseguró que no necesita autorización de la entidad para cuestionar las actuaciones de una institución financiada con recursos públicos.La controversia se produjo después de que la Defensoría rechazara lo que calificó como “una campaña de desprestigio y desinformación” contra Lemaitre, al advertir que algunas publicaciones, entre ellas pronunciamientos de Posada y del senador Germán Rodríguez, difundían fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales y recurrían a expresiones que calificó como violencia de género.Frente a esos señalamientos, la congresista sostuvo que una solicitud de contextualización no puede convertirse en una imposición sobre sus opiniones y defendió sus cuestionamientos al trato que, según su interpretación, recibió un antiguo integrante de las FARC durante actuaciones judiciales.En su respuesta, Posada afirmó que las decisiones judiciales posteriores no impiden examinar el trato que reciben los comparecientes ante la jurisdicción ni contrastarlo con el dispensado a las víctimas. La senadora también pidió explicaciones sobre las diferencias que asegura haber identificado entre las diligencias de antiguos integrantes de las FARC y las de miembros de la Fuerza Pública.Posada insistió en que la independencia judicial no debe impedir el escrutinio público y aseguró que continuará examinando las actuaciones de la jurisdicción y denunciando posibles irregularidades con argumentos y pruebas.Otro de los puntos de la carta está relacionado con los compromisos de entrega de bienes por parte de las extintas FARC. La senadora aseguró que, según las cifras que ha señalado, estaría pendiente el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los bienes muebles comprometidos.A partir de esos datos, pidió a la Defensoría informar qué seguimiento ha realizado al cumplimiento de esas obligaciones y a la protección de los derechos de las víctimas.La congresista también planteó interrogantes sobre la contratación de la JEP mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En particular, mencionó una cifra de 201.467 millones de pesos que, según sus denuncias, se habrían ejecutado a través de ese mecanismo.Posada cuestionó la imparcialidad de la DefensoríaLa senadora también se refirió a la trayectoria profesional de Iris Marín y a su anterior vinculación con la JEP. “Su anterior vinculación profesional con la JEP no puede traducirse en el uso de la autoridad de la Defensoría para defender a su antiguo empleador ni en una solidaridad con antiguos colegas que comprometa su imparcialidad”, dijo la senadora.Además, cuestionó el enfoque de algunos informes y advertencias de la Defensoría, que considera sesgados y descontextualizados. No obstante, aseguró que su desacuerdo con la entidad no significa que pretenda imponerle sus propias opiniones.En otro apartado, Posada advirtió que la controversia puede aumentar su exposición a amenazas y pidió a la defensora del pueblo actuar con prudencia y evitar que las actuaciones institucionales contribuyan a estigmatizar sus denuncias.
Un hombre de 37 años fue capturado en flagrancia en la estación Bicentenario de TransMilenio, en el centro de Bogotá, cuando robaba piezas de aluminio de un bus articulado en movimiento. Según informó la Policía Nacional, el señalado utilizaba un bisturí para retirar estos elementos de los fuelles del vehículo.El procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje, vigilancia y control del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, en coordinación con la Dirección Técnica de Seguridad de la empresa de transporte Tercer Milenio S. A.De acuerdo con la coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, los uniformados atendieron el llamado del personal de seguridad del sistema y encontraron al hombre cuando extraía las piezas de aluminio de un articulado que se encontraba en recorrido.Tras el procedimiento, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de hurto.Tras este caso, la Policía Nacional indicó que, en lo corrido de 2026, el Grupo de Transporte Masivo TransMilenio ha logrado la captura en flagrancia de 1.568 personas por diferentes delitos.Ante estos hechos, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios del sistema para que reporten oportunamente cualquier situación sospechosa y eviten ser indiferentes frente a posibles delitos.
