El órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) adoptó este lunes, 24 de noviembre, en su reunión mensual la reciente decisión de un comité de arbitraje favorable a la Unión Europea en su contencioso con Colombia por los aranceles a las papas congeladas exportadas por los Veintisiete al país.El comité de arbitraje encargado de analizar la disputa ya había decidido el pasado 23 de octubre que Colombia no cumplió plenamente con una resolución anterior, según la cual, los aranceles impuestos como medida antidumping no eran acordes a las normas de la OMC.Según indicaron fuentes próximas a la OMC, en la sesión de este lunes, 24 de noviembre, la delegación colombiana mostró su desacuerdo con las dos resoluciones, pero aseguró que cumpliría con la anunciada en octubre, señalando al respecto que ya está en contacto con la Unión Europea para garantizar que la disputa es resuelta.Colombia impuso en noviembre de 2018 derechos antidumping a las patatas fritas congeladas procedentes de la UE, lo que afectó a casi el 85 % de esas exportaciones comunitarias, valoradas en 19,3 millones de euros y procedentes principalmente de Bélgica, Alemania y Países Bajos.Tras una revisión por expiración, Colombia prorrogó sus derechos "antidumping" hasta el 30 de septiembre de 2027, pero Bruselas criticó que las autoridades colombianas habían calculado los aranceles con "metodologías defectuosas" que provocaron tasas sobredimensionadas.La UE solicitó por primera vez consultas de la OMC con Colombia sobre este conflicto comercial en noviembre de 2019 y un primer panel emitió una decisión ya mayoritariamente favorable a la UE en agosto de 2022.Este contencioso es el primero que se ha analizado en la OMC mediante el llamado Acuerdo de Arbitraje de Apelación Provisional Multipartita, una suerte de tribunal temporal para resolver la parálisis que vive su mecanismo de resolución de disputas a causa de la falta de jueces en su última instancia, el Órgano de Apelación.Estados Unidos se ha negado repetidamente a aprobar nuevos jueces para esta instancia, algo que es necesario decidir por consenso de todos los miembros de la OMC, por lo que se encuentra paralizada desde 2019 y con ella decenas de disputas comerciales en el seno de la organización internacional.
Nuevas normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para facilitar y simplificar el comercio de servicios han entrado en vigor, según informó este martes la Comisión Europea (CE).El Ejecutivo comunitario indicó en un comunicado que las reglas se aplican a un grupo "grande y diverso" de miembros de la OMC, incluidos países desarrollados, en desarrollo y menos desarrollados, que representan el 92 % del comercio mundial de servicios.En total, son 71 miembros de la Organización Mundial del Comercio, incluida la UE, los que ahora aplican las nuevas normas.La CE señaló que las reglas agilizarán los requisitos de autorización y aliviarán los obstáculos procesales que afrontan las empresas en el mundo, en particular, las microempresas y las pymes."Este acuerdo ayudará a reducir los costes del comercio mundial de servicios en más de 110.000 millones de euros cada año, al garantizar la transparencia, eficiencia y previsibilidad de los requisitos y procedimientos de autorización y calificación", expuso la Comisión Europea.La institución comunitaria detalló que los servicios representan el mayor sector en la economía actual y el que crece más rápido.En la Unión Europea, los servicios suponen alrededor del 75 % del PIB y el empleo, mientras que el comercio de servicios constituye el 25 % del producto interior bruto del club comunitario y respalda más de 20 millones de empleos.Bruselas destacó que las normas que acaban de entrar en vigor ayudan a la agenda digital, ya que sectores como las telecomunicaciones, los servicios informáticos, la ingeniería y la banca se benefician de ella.Resaltó que también es la primera vez que un texto de la OMC incluye disposiciones vinculantes sobre no discriminación entre hombres y mujeres."El comercio de servicios es un negocio en auge, y me alegra ver que tantos miembros de la OMC están aplicando ahora normas claras que aumentan la transparencia, la eficiencia y la previsibilidad. Esto ayudará a nuestras pymes, en particular, a prosperar y expandirse a nivel mundial", declaró el vicepresidente ejecutivo de la CE y comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis. El político letón confió en que más miembros se unan a las normas y "aprovechen al máximo estas nuevas oportunidades".
Colombia y la Unión Europea mantienen su desacuerdo en el conflicto que ambas partes mantienen ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las medidas antidumping colombianas sobre la importación de patatas fritas congeladas de varios países europeos.En la reunión mensual del Órgano de Resolución de Disputas de la OMC mantenida este lunes, la delegación colombiana defendió que ha cumplido con las sentencias de la organización que le ordenaban corregir esas medidas antidumping, mientras que los delegados de la UE consideraron insuficientes los pasos tomados por Bogotá.Según indicaron hoy fuentes próximas a la OMC, Colombia defiende que ha reajustado el cálculo de las medidas antidumping, que en todos los casos "han sido significativamente reducidas".Por contra, la delegación europea sostiene que Colombia "ha mantenido e incluso en algunos casos ha aumentado" esas medidas, algo que consideran inconsistente con las normas de la OMC, por lo que los Veintisiete se reservan el derecho a recurrir o a dar otros pasos en el seno de los procedimientos de resolución de disputas. El conflicto gira en torno a medidas antidumping colombianas contra la importación de patatas fritas congeladas de tres países de la Unión Europea (Países Bajos, Alemania y Bélgica), que según sentencia de la OMC a finales de 2022 favorable a los Veintisiete eran inconsistentes con las leyes comerciales internacionales.La sentencia fue resuelta por un mecanismo de arbitraje especial solicitado por Colombia para recurrir la anterior decisión de un panel de la OMC, que confirmó ésta con leves cambios.La disputa ante la OMC se inició en junio de 2020, y Colombia optó por un mecanismo de arbitraje especial debido a que la instancia máxima en el órgano de resolución de disputas, el Órgano de Apelación, se encuentra paralizado desde finales de 2019 por la negativa de EEUU a permitir la elección de nuevos jueces. El mecanismo de arbitraje se había utilizado sólo en dos ocasiones con anterioridad: una en 2001, por una disputa entre EEUU y UE por derechos de autor, y en julio de 2022 por un contencioso de los Veintisiete con Turquía en torno al sector farmacéutico. Le puede interesar:
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió este lunes en Bogotá con la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, con quien trató asuntos como la adaptación de normas comerciales a la lucha contra la crisis climática y la producción nacional de medicamentos, entre otros.Okonjo-Iweala, que está de visita en Colombia, también se reunió con la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, y visitó Buenaventura, ciudad portuaria del suroeste del país.El jefe de Estado dijo en redes sociales que con Okonjo-Iweala "dialogamos sobre la pertinencia de adaptar las normas comerciales a la lucha contra el cambio climático, la soberanía alimentaria, la producción nacional de medicamentos y el tratado mundial de pesca".Horas antes la funcionaria se reunió con el ministro Umaña con el que dialogó sobre comercio exterior y búsqueda de equilibrios en las relaciones internacionales.Umaña reiteró que Colombia es un país que promueve el multilateralismo y, en ese sentido, manifestó el respaldo y apoyo del país a los esfuerzos que promueve la funcionaria.La nigeriana señaló que el objetivo de su visita es impulsar la agenda de la OMC principalmente en asuntos relacionados con desarrollo sostenible, inclusión de la población vulnerable y las mujeres en el comercio mundial.Mientras tanto, el ministro Umaña manifestó las preocupaciones de Colombia en temas como la reactivación del sistema de solución de diferencias de la OMC, cuya parálisis ha beneficiado a solo unos pocos países.También planteó la necesidad de frenar los enormes subsidios otorgados por los países desarrollados a sus sectores agrícola, industrial y de servicios, afectando el comercio de los países en vías de desarrollo.Más adelante, expresó la preocupación que le asiste al gobierno frente al llamado "Pacto Verde", de la Unión Europea, que afectará la exportación de bienes agrícolas de países en desarrollo, entre ellos Colombia.APOYO A LAS MUJERESEn Buenaventura, Okonjo-Iweala acompañó a la vicepresidenta Márquez, en actividades que buscan fortalecer las relaciones comerciales entre Colombia y el mundo."Tenemos una responsabilidad y es lograr la igualdad y la equidad en este país, que pasa por la autonomía económica de las mujeres. La violencia sexual, la violencia basada en género en nuestro país es muy fuerte, pero creo que si una mujer logra su independencia económica está menos expuesta", dijo Márquez.La directora de la OMC destacó la riqueza, creatividad y esfuerzo de varias de las empresas que conoció en el transcurso de la jornada.Recordó que la OMC tiene un departamento que trabaja con mujeres emprendedoras para resolver problemas de abastecimiento por lo que "podemos apoyarlas en asuntos de crédito, no se los daremos directamente, pero sí las respaldaremos para que se conecten con entidades que puedan dárselos, y así mismo facilitarles el acceso a ciertos mercados".
La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) predijo este martes una "recesión mundial" en un contexto de "crisis múltiples" en el planeta e instó a implementar políticas radicales para estimular el crecimiento.En la apertura del foro público anual de la organización en Ginebra, Ngozi Okonjo-Iweala, señaló que la organización esperaba una recuperación tras la pandemia del COVID -19. "Pienso en una recesión mundial. Pienso que nos dirigimos hacia eso. Pero al mismo tiempo debemos comenzar a pensar en la recuperación. Debemos restablecer el crecimiento", afirmó la directora general del organismo.Okonjo-Iweala indicó que la guerra en Ucrania, la crisis climática, el nivel de los precios de los alimentos y de la energía, sumados a las consecuencias de la pandemia del COVID-19 crean condiciones para que se produzca una recesión global.La funcionaria destacó que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional recortaron sus previsiones para la economía mundial y señaló además que las cifras comerciales no tienen "buena pinta".Para Okonjo-Iweala es necesario reflexionar sobre lo que va a implementarse y que a corto plazo la principal preocupación es cómo "asegurar la seguridad alimentaria", señalando también su inquietud sobre el acceso a la energía.Okonjo-Iweala afirmó que los bancos centrales "no tienen otra opción" que subir las tasas de interés debido a la inflación.Sin embargo, explicó que esta medida va a tener efectos "bastante graves" en los países en desarrollo para quienes el cumplimiento de la deuda va a volverse más pesado.También destacó la importancia de que los bancos centrales determinen si la inflación está provocada por una fuerte demandan o si el alza de los precios está ligada a razones estructurales del lado de la oferta."Si se trata de factores ligados a la oferta de los cuales no hay control, seguir subiendo las tasas de interés sería contraproductivo", advirtió.Le puede interesar:Escuche el podcast Ser campeón viene con manual:
Cualquier país en desarrollo podrá autorizar, mediante cualquier mecanismo legal a su alcance, la fabricación de vacunas contra el COVID-19, sin necesidad de contar con la patente, es decir, sin pagar regalías a los laboratorios que lograron desarrollar estas vacunas; esto tras la reunión ministerial de la OMC.La autorización para nuevos fabricantes no solo se puede tomar a través de leyes ordinarias, sino también a través de mecanismos como órdenes ejecutivas, decretos de urgencia y órdenes judiciales. Hay cinco años de plazo para aprovechar.Además, se podrán tomar medidas a la hora de pagar a los fabricantes, pues “podrá tenerse en cuenta la finalidad humanitaria y no lucrativa de los programas específicos de distribución de vacunas, destinados a proporcionar un acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19, con el fin de apoyar a los fabricantes de los miembros admisibles para que produzcan y suministren estas vacunas a precios asequibles para dichos miembros”.Eso sí, los países que produzcan estas vacunas más baratas no podrán exportarlas al mundo desarrollado.Asimismo, a más tardar en seis meses, los miembros de la OMC adoptarán una decisión sobre la liberación de patentes para la producción y el suministro de medios de diagnóstico y tratamientos contra la COVID-19.“Recalcamos la importancia de la seguridad alimentaria mundial para aumentar la resiliencia y responder a la actual pandemia y a pandemias futuras. Reconocemos los efectos particularmente negativos de la pandemia de COVID-19 en la seguridad alimentaria de los países en desarrollo", señalan los documentos.Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta:
El apoyo de Estados Unidos a la suspensión de las patentes de las vacunas anticovid chocó el jueves con la firme oposición de Alemania, aumentando una controversia que amenaza con frenar esta propuesta, cuya aprobación requiere del acuerdo de los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).También se opusieron a la iniciativa las grandes farmacéuticas como Pfizer, cuyo presidente, Albert Bourla, afirmó a la AFP que la empresa no estaba "para nada" a favor de levantar la protección de las patentes.Mientras las naciones ricas enfrentan acusaciones de acaparar vacunas, el virus gana fuerza en el mundo en desarrollo donde las campañas de inmunización luchan por despegar en contraste con Estados Unidos y Europa, que comienzan a aflojar restricciones.Uno de los epicentros mundiales de la pandemia está ahora en India, que registró este jueves un nuevo récord de casos y fallecimientos.Precisamente el gigante asiático y Sudáfrica, están en la base de este llamado ante la OMC para acelerar la lucha contra esta pandemia que ha matado a más de 3,2 millones de personas en el mundo, según datos oficiales compilados por la AFP."La administración cree firmemente en la protección de la propiedad intelectual, pero para detener esta pandemia, apoya el levantamiento" de las patentes, había dicho el miércoles la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai.El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró la "decisión histórica" de Estados Unidos, mientras que su homóloga de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, la acogió "calurosamente".Francia también se mostró favorable a discutir sobre la suspensión temporal, al igual que Rusia, que hasta ahora ha creado cuatro vacunas anticovid, entre ellas la Sputnik V y su versión monodosis Sputnik Light, homologada este jueves.Menos entusiasta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el jueves que "la Unión Europea (UE) está lista para conversar sobre cualquier propuesta que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática".Pero la oposición de Berlín ha dejado poco claro el destino de la propuesta."La protección de la propiedad intelectual es una fuente de innovación y debe seguir así en el futuro", afirmó una portavoz del gobierno de Angela Merkel.- Efecto dominó -Las acciones de los productores de vacunas cayeron después de que la UE y Rusia señalaran una consonancia con Estados Unidos. El descenso fue, sin embargo, menos fuerte que la víspera con los inversores percibiendo que el acuerdo todavía está lejos.Por el momento, las patentes están principalmente en manos de los laboratorios estadounidenses, que en general se oponen a su eliminación porque, según ellos, esto les privaría de ingresos para financiar sus costosas innovaciones.Los partidarios de la suspensión de patentes afirman que estimulará la producción de vacunas genéricas de bajo coste, ayudando a los países de menos recursos.Pero los opositores argumentan que la medida erosionará el incentivo de los beneficios, que terminaría afectando la investigación y desarrollo farmacéutico.Mientras tanto, la brecha se amplía entre naciones pobres y ricas en las que las campañas de vacunación -que incluso ya comenzarán a beneficiar adolescentes- ya permiten levantar algunas restricciones.India ha estado liderando la lucha para autorizar a más compañías a producir vacunas, mientras enfrenta una severa ola de contagios que ha dejado a pacientes muriendo afuera de los hospitales faltos de camas y de oxígeno.El gigante asiático reportó el jueves casi 4.000 muertes por COVID-19 y más de 412.000 infecciones, ambos nuevos récords.Esta crisis provocó una reacción en cadena y la OMS advirtió el jueves que una nueva ola de contagios puede llegar a África debido al atraso en el suministro de vacunas desde India.- Polémica en Brasil -En Brasil, el Instituto Butantan, que produce la vacuna CoronaVac, afirmó el jueves que las reiteradas críticas del gobierno contra Pekín afectan la llegada de insumos para producir el inmunizante.El presidente Jair Bolsonaro había insinuado el miércoles que China fabricó el virus en el marco de una "guerra química y bacteriológica", en momentos en que el mayor país de Sudamérica registra más de 2.300 muertos por día en promedio semanal y totaliza casi 415.000 decesos.Esa cifra lo ubica como el segundo país del mundo con más fallecidos por COVID-19, solo por detrás de Estados Unidos.La semana pasada, un 40% de las muertes por coronavirus se produjo en las Américas, donde, según la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, "los hospitales están peligrosamente llenos".Quienes ya comenzaron a ser vacunados el jueves fueron algunos futbolistas de Paraguay y Uruguay, los primeros países que comenzaron a inmunizar a sus jugadores con las 50.000 dosis donadas por China a las diez federaciones de la región.El lote debe incluir también a los futbolistas que participarán en la Copa América que se disputará en Argentina y Colombia entre el 13 de junio y el 10 de julio próximos.Poco después, el 23 de julio, está previsto el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que Pfizer y BioNTech suministrarán vacunas a las delegaciones participantes, según un acuerdo anunciado este jueves con Comité Olímpico Internacional (COI).
La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) consideró hoy "decepcionante" el apoyo expreso del presidente estadounidense, Joe Biden, a una suspensión de las patentes en las vacunas contra la COVID-19, algo que, aseguraron, "no aumentará la producción de dosis"."Muy al contrario, puede llevar a la desorganización", aseguró en un comunicado la federación global de farmacéuticas, que señaló que deben solucionarse otras limitaciones a la producción de dosis "como la eliminación de barreras comerciales o de cuellos de botella en el suministro de materias primas y otros ingredientes"."La única forma de garantizar un rápido aumento de las vacunas y un acceso equitativo de ellas para todos sigue siendo un diálogo pragmático y constructivo con el sector privado", añadió la IFPMA.La organización aseguró que "está completamente a favor de garantizar que las vacunas se compartan de forma rápida e igualitaria en todo el mundo, pero una suspensión (de patentes) es una solución simplista y equivocada a un problema muy complejo".También hizo alusión a la transferencia de tecnología como vehículo preferible para aumentar la producción de vacunas en lugar de una suspensión de los derechos de propiedad intelectual, recordando que se han firmado más de 200 acuerdos de ese tipo para expandir la fabricación de esos fármacos contra la pandemia.La Administración Biden manifestó el miércoles su apoyo a una propuesta de suspensión de patentes presentada hace más de medio año por India y Sudáfrica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que busca aumentar los centros de producción de vacunas y con ello acelerar la inmunización global.El anuncio de Biden fue acogido con fuertes caídas de las acciones de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, además de Moderna y Novavax en la bolsa de Wall Street.Gran parte de los países en desarrollo han apoyado la propuesta en los últimos meses de debates en la OMC, pero numerosas economías desarrolladas, muchas de ellas sedes de grandes farmacéuticas (Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Japón, etc) han manifestado su oposición, aunque coinciden en la necesidad de cambios para aumentar la producción.Los contrarios a la suspensión de patentes señalan que la protección de la propiedad intelectual es clave para fomentar la innovación tecnológica, y que sin ella no se habría logrado, por ejemplo, el desarrollo de vacunas anticovid en un tiempo récord de menos de un año.La propuesta continúa debatiéndose en la OMC, que esta semana celebra su Consejo General, e India y Sudáfrica anunciaron ayer miércoles, poco antes del anuncio de Biden, que iban a modificar su texto, algo que fue recibido positivamente por la mayoría de miembros de la organización.
Santiago Wills, embajador y representante permanente de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), habló en Mañanas BLU sobre el llamado para que se suspenda la protección de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 con el fin de aumentar la producción y salvar el mayor número posible vidas. La propuesta, liderada por Sudáfrica e India, es criticada por los laboratorios que no creen que la idea permita producir “una dosis más”."Colombia no es un patrocinador de la iniciativa, es el término que usamos en la OMC, no somos de quienes presentamos la esto como la alternativa. Sí somos de los miembros más activos y constructivos de la discusión", aseguró. “Lo que ha hecho Colombia es apoyar tener la discusión”, agregó.De acuerdo con el embajador ante la OMC, lo que se busca es llegar a un entendimiento y destacó que ninguna propuesta en el seno de la organización ha sido votada tal y como llega."Hay que construir ese consenso, hay que buscar flexibilidades en los miembros y ese ese rol que se ha venido jugando desde octubre, cuando se presentó esto", señaló Wills. "Ese proceso que estamos haciendo es tener una discusión buscando ese entendimiento por parte de los proponentes sobre cuáles son las dificultades que se han tenido"Escuche a Santiago Wills en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
Luego de que la modelo Natalia París recomendara el dióxido de cloro a quienes la cuestionaran por no usar el tapabocas, médicos y expertos alertaron sobre los peligros que conlleva esta práctica.El martes, el Invima lanzó una alerta sobre su uso y advirtió que en el país no está aprobado como medicamento ni para consumo.“Su uso está aprobado como desinfectante de superficies y adicionalmente no contamos con ensayos clínicos en el país o conocimiento de sus supuestos beneficios para la cura del COVID- 19”, aclaró la coordinadora del grupo de investigación clínica de Invima, Sindy Pahola Pulgarín.La Organización Médico Colegial (OMC) de España también advirtió hace unos meses que el dióxido de cloro pone en peligro la salud de los pacientes con coronavirus y que su uso no es seguro ni eficaz para tratarlo.El Observatorio de la Prescripción de la OMC ha elaborado este informe, según sostiene en un comunicado, ante las declaraciones realizadas por médicos que componen el Comusav (Coalición Mundial de Salud y Vida), en las que aseguran que el dióxido de cloro acaba con el coronavirus.Según la OMC, el compuesto de dióxido de cloro, llamado MMS, pone en peligro la salud del paciente en las dosis y métodos mencionados, por lo que desaconseja su uso en tratamientos con el fin de tratar y eliminar el COVID-19.Para el coordinador del observatorio, el doctor Pedro Hidalgo, el informe deja claro que el dióxido de cloro "no cura" y que no existe evidencia científica que avale su eficacia y seguridad, por lo que se trata -dice- de una "sustancia nociva para la salud".El dióxido de cloro lleva meses siendo objeto de mensajes en redes sociales que lo presentan como solución contra el COVID-19 y otras enfermedades. Pero expertos y autoridades sanitarias repiten: no es un fármaco, sino un desinfectante.El doctor en Ciencias Biomédicas y académico de Medicina de la Universidad de Chile Nelson Varela, por ejemplo, alertó de que si el dióxido de cloro se ingiere “morirán células del esófago y estómago". E"Eso va a producir irritación cuando es una dosis baja, o inflamación aguda cuando la dosis es alta”. “El efecto irritante del dióxido de cloro tomando contacto con un tejido puede causar ardor, malestar digestivo, diarreas, hasta cuadros de dolor esofágico, gástrico e incluso daño y perforación de la vía digestiva”, detalló.Por su parte, Amalia Laborde, toxicóloga y académica del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en Uruguay, dijo que el dióxido de cloro no está aceptado “por ningún organismo de la salud. Ningún ministerio ni agencia sanitaria ha mostrado su eficacia” como fármaco.La subdirectora del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile (CITUC), Marli Bettini, coincide con sus colegas: el dióxido de cloro es “una sustancia tóxica al ser ingerida, cuyos efectos van desde una irritación gastrointestinal con vómitos, diarrea y dolor abdominal hasta una gastroenteritis severa que puede llevar a una rápida deshidratación del paciente”. Además, aseguró que se han publicado reportes sobre la toxicidad de este producto en revistas científicas, donde se describen casos de lesiones renales y otros efectos (1, 2, 3).Por tanto, pese a las publicaciones virales que afirman que autoridades y expertos “ahora” dicen que el dióxido de cloro es bueno, en realidad éste sigue funcionando como viricida externo pero no se recomienda su consumo ni tiene uso médico como cura del coronavirus si es ingerido.
Los sectores críticos del gobierno sientan en el banquillo legislativo al primer ministro de la administración del presidente Abelardo De La Espriella. Se trata del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a quien le reclaman porque viajó con su familia a una playa de Santa Marta, pocos días después de haber ocurrido el terremoto que afectó varias regiones del país.Aunque Beltrán ofreció disculpas y aseguró que siguió virtualmente conectado a reuniones y asignaciones por la emergencia, también afirmó que debía atender un compromiso familiar adquirido previamente.El debate de moción de censura fue citado para este miércoles 9 de septiembre a las 2:00 de la tarde, momento a partir del cual se escucharán las razones que expondrán los congresistas y el ministro tendrá la palabra para defenderse y responder el cuestionario.Después de la plenaria donde se exponen los argumentos la mesa directiva deberá definir fecha para la siguiente plenaria, donde se desarrollará la votación.El asunto ha generado una conversación polarizada en torno a la pertinencia de citar a un debate por esa causa, que no implicaría acciones penales, aunque en cuanto a formalismos haya razones, pero en el fondo de todo esto está el debate político.
La inflación de agosto se ubicó en 6,24% anual, su nivel más alto desde julio de 2024. Para José Ignacio López, presidente de ANIF, el principal riesgo hacia adelante no está en el dato ya conocido, sino en las presiones que podrían presentarse en los próximos meses. “El fenómeno de El Niño va a ser un fenómeno que va a generar inflación, desafortunadamente”, afirmó López.Según el economista, el primer impacto estaría en los alimentos. “El fenómeno de El Niño está asociado a detención en la producción de alimentos, que implica que probablemente podemos tener precios más caros de los alimentos”, explicó. Este rubro ya sorprendió al alza en agosto, pues los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento mensual de 0,7%.La segunda vía de impacto sería la energía. López explicó que una temporada de sequía fuerte puede generar estrés en el sistema eléctrico, debido a una menor disponibilidad de generación hidráulica. “Podríamos estar en un momento en donde, por las sequías, la generación hidráulica no será suficiente. Tendremos que respaldar con generación térmica en un momento donde hay desabastecimiento de gas y la generación será más costosa”, señaló.De acuerdo con el presidente de ANIF, este escenario podría traducirse en mayores costos de los servicios públicos para los hogares colombianos. “Si el fenómeno de El Niño se configura con fuerza en el país, la inflación actual de 6,24% podría sumar unos 60, 70 puntos básicos más, lo que acercaría el cierre del año a niveles del 7%”, afirmó.López señaló que la incertidumbre frente al fenómeno tiene dos componentes: determinar qué tan fuerte será su intensidad y establecer qué tan rápido comenzarían a sentirse sus efectos en los precios que pagan los colombianos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Federación Colombiana de Municipios restituir a las entidades territoriales recursos por más de 84.752 millones de pesos correspondientes a excedentes operacionales y rendimientos financieros derivados de la administración del Sistema Integrado de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, SIMIT.La decisión fue adoptada al resolver la acción popular promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá contra la Federación Colombiana de Municipios por la administración del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito.En primera instancia, el Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá había amparado el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público y consideró que la federación debía reintegrar los excedentes operacionales y los rendimientos financieros generados con los recursos destinados a la administración del SIMIT. Al resolver los recursos de apelación, el tribunal mantuvo este aspecto central de la decisión, aunque modificó su alcance.El tribunal concluyó que la Federación Colombiana de Municipios vulneró el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público al conservar los excedentes operacionales y los rendimientos financieros generados con los recursos destinados a la administración del sistema.La decisión analiza el artículo 10 de la Ley 769 de 2002, que autorizó a la Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado el SIMIT y estableció como fuente de financiación de esta función el 10 % del valor de las multas pagadas.De acuerdo con el tribunal, la federación está facultada para percibir y administrar la totalidad de ese porcentaje con el propósito de cubrir los costos, gastos, inversiones y demás necesidades justificadas relacionadas con la implementación, operación, mantenimiento y actualización del sistema.Sin embargo, la decisión precisa que esa facultad de administración no implica que la federación adquiera la titularidad de los recursos que, después de atender esas necesidades, constituyan excedentes operacionales.La Alcaldía Mayor de Bogotá había cuestionado que esos recursos permanecieran bajo la administración de la federación, por lo que el tribunal concluyó que se acreditaron excedentes operacionales y rendimientos financieros que deben retornar a las entidades territoriales de las cuales provienen los recursos.Para establecer las sumas objeto de restitución, la sentencia tomó como base 55.445.213.328 pesos correspondientes a excedentes operacionales y 29.307.370.712 pesos por rendimientos financieros. En total, la cifra supera los 84.752 millones de pesos.La decisión también establece un procedimiento para determinar cuánto dinero corresponde a cada entidad territorial. Para ello, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia, la Federación Colombiana de Municipios deberá realizar una auditoría financiera, contable, contractual y patrimonial.La auditoría tendrá que reconstruir, año por año, entre 2002 y 2025, el origen territorial de los recursos administrados y establecer la suma que corresponde a cada entidad territorial.De esta manera, la decisión del tribunal no solo establece la obligación de restituir los excedentes operacionales y rendimientos financieros identificados en el proceso, sino que fija un mecanismo para determinar su distribución entre las entidades territoriales de acuerdo con el origen de los recursos.
Entre aplausos y saludos de varios habitantes del tradicional barrio Abajo en Barranquilla, fueron despedidas la esposa del secretario de Estado de los Estados Unidos, Jeannette Rubio, y la primera dama del país, Ana Lucía Pineda, tras un recorrido cultural que realizaron este martes en el Museo del Carnaval, donde conocieron cada detalle de la fiesta más grande del país.A este lugar en el norte centro histórico de Barranquilla llegaron bajo un robusto operativo de seguridad, compuesto por más de 20 unidades de la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, sin contar las más de ocho camionetas del servicio secreto estadounidense.El encuentro estuvo liderado por la primera dama de Barranquilla, Katia Nule, y la directora del Carnaval, Diana Acosta Miranda. Inicialmente caminaron entre las coronas y cuadros de cada una de las reinas del Carnaval, luego subieron al segundo piso para contemplar los vestidos más representativos de las carnestolendas y finalmente recordaron los momentos más representativos en la historia de la cita.“Cuando entraron al museo quedaron impresionadas por su belleza. Les dije que aquí entran diariamente 300 personas y no podían creerlo. Fue una visita muy cordial, chévere, como decimos nosotros acá. Hubo risas, anécdotas y el compromiso de que vuelvan; especialmente claro al Carnaval de Barranquilla”, declaró a Blu Radio Katia Nule.Sobre la invitación, fue clara en que tiene las puertas abiertas: “Le dije tienes que volver, pero trata de que la visita sea junto al Carnaval de Barranquilla y no te vas a arrepentir".Finalmente, tanto Rubio como Pineda firmaron el libro de los asistentes a este lugar. La norteamericana “gracias por compartir la increíble belleza, alegría y ricas tradiciones del Carnaval de Barranquilla. Tu pasión y talento son verdaderamente inspiradores”.El obsequioLa esposa del secretario de Estado de EE.UU, Jeannette Rubio y la primera dama, Ana Lucía Pineda, recibieron regalos de Carnaval S.A. Consiste en portavasos con los diferentes personales del Carnaval de Barranquilla, como lo es la negrita puloy y una bandeja de marimonda alusiva a la fiesta. Esto, como muestra de la identidad y riqueza cultural de la celebración.
La Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) presentó ante el Gobierno nacional una hoja de ruta con 30 propuestas para enfrentar la informalidad laboral en Colombia. El estudio, elaborado con el respaldo académico de la Universidad del Rosario y titulado "Los caminos hacia la formalidad: una propuesta de Aliadas", fue entregado al vicepresidente José Manuel Restrepo y a la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, en un encuentro que también reunió a congresistas, empresarios, gremios y líderes de opinión.“Vamos a tener la posibilidad de abrir mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo. La ministra ya nos abrió el espacio. La idea es poder trabajar mancomunadamente para poder hacer un trabajo consensuado e involucrar a congresistas que nos permita llevar estas propuestas al congreso”, afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas.Las cifras muestran el tamaño del reto, pues en julio de 2026 el desempleo nacional fue de 8,1%, frente a 8,8% un año atrás, pero en el trimestre abril-junio de 2026 el 54,5% de los ocupados estaba en la informalidad. En los centros poblados y el rural disperso la cifra llegó a 83,2%, mientras en las 13 principales ciudades fue de 40,7%.Las 30 propuestas están organizadas según su impacto, viabilidad jurídica, necesidades fiscales y tiempos de ejecución, desde acciones de rápida ejecución hasta reformas que requieren ley, recursos y construcción institucional. Entre las priorizadas están permitir aportes proporcionales al ingreso real, crear una hoja de vida verificable para el trabajador independiente, ampliar la certificación rápida de competencias, diseñar un régimen simplificado que integre tributación y seguridad social, y fortalecer la protección al cesante.María Claudia Lacouture también se refirió al trabajo con el campo en Colombia, según dijo, esta es una de las principales líneas de acción. “Uno de los mayores problemas estructurales es la informalidad en la ruralidad, que es muy alta, y parte del ejercicio será trabajar de la mano con otros gremios relacionados con el sector agrícola”, afirmó.Como siguiente paso, Aliadas propuso crear una mesa técnica con el Gobierno, el Congreso y otros actores para priorizar las medidas, estructurar pilotos y convertir las recomendaciones en decisiones ejecutables. La ministra del Trabajo se comprometió a convocar esas mesas de trabajo la próxima semana.
