La investigación fue solicitada por la Red de Veedurías Ciudadanas y su director, Pablo Bustos, quien radicó una queja el pasado 17 de marzo en el Consejo Nacional Electoral luego de que Luis Gilberto Murillo se inscribiera como fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Para el abogado, el exministro estaría inhabilitado luego que fuera condenado en el pasado por violar la Constitución.“Se cita en la existencia de una condena contra el delito al patrimonio económico, a su vez como la inhabilidad derivada de la condena por sentencia judicial en cualquier época a pena privativa de la libertad. Se trata de hechos que de ser demostrados en cualquier tiempo de su ocurrencia le daría la inhabilidad para su inelegibilidad para la vicepresidencia”, expresó Bustos.La investigación contra la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo fue solicitada por el magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, quien también pidió la presencia de Luis Gilberto Murillo en las instalaciones del CNE.“El Consejo Nacional Electoral, a través de decisión impartida por el magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, decidió abocar conocimiento y abrir la investigación o trámite para la revocatoria de la inscripción de la candidatura del señor Gilberto Murillo Urrutia”, dijo Pablo Bustos.El auto fue presentado este 29 de marzo por el magistrado Gutiérrez, quien también solicita en el documento la práctica de algunas pruebas.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
En sus redes sociales, el abogado Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas, anunció que analiza los caminos para hacer justicia en el caso de Yuberjen Martínez.“@redveeduriascol busca caminos legales para hacer justicia al robo olímpico contra Colombia en la pelea de Yuberjen Martínez”, escribió en la cuenta de Twitter.En otro mensaje, Bustos manifestó que ni siquiera los Juegos Olímpicos son garantía de justicia deportiva.“Es igual que en fútbol Colombia contra Argentina o Brasil. Es necesario hacer ajustes a las decisiones arbitrales en el deporte”, añadió.El pasado 24 de junio, la Red de Veedurías Ciudadanas radicó f una acción de tutela contra la Conmebol y su filial en Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol, para obtener la anulación del partido Brasil vs. Colombia, pitado por Néstor Pitana.Por este hecho, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pidió abrir una investigación disciplinaria contra Bustos, por, presuntamente, abusar del derecho al interponer la tutela.
El abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, anunció que interpondrá una queja ante la Conmebol por la "violencia simbólica" del arquero argentino Emiliano Martínez en el partido que jugó el combinado cafetero contra los gauchos el pasado 6 de julio. Bustos, blanco de críticas por interponer una fallida tutela en Colombia contra la Conmebol por el arbitraje de Néstor Pitana en el juego contra Brasil, ahora asegura que el juez venezolano Jesús Valenzuela debió expulsar a Martínez por hostigar, insultar y provocar a los futbolistas dirigidos por Reinaldo Rueda. "Se debió inicialmente amonestar, por lo menos, al arquero argentino, exhibirle la tarjeta amarilla y finalmente expulsarlo sin haberle permitido la participación en los cinco cobros de los penaltis como efectivamente ocurrió, defraudando la posibilidad de que los colombianos en circunstancias de tranquilidad y no perturbación psicológica, coacción moral, pudieran definir lo que fueran las resultas en derecho deportivo y en sana contienda de ese encuentro", sostuvo en un video el controvertido jurista. Debido a la tutela de Bustos Sánchez por la actuación de Pitana, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pidió abrir una investigación disciplinaria en su contra, por presuntamente abusar del derecho. Bustos, en ese entonces, pidió repetir el partido entre Colombia y Brasil en desarrollo de la Copa América .
BLU Radio conoció un oficio que envió el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Julio Andrés Sampedro, al magistrado Jorge Eliécer Gaitán presidente de la seccional de Bogotá, para que analice si hay lugar a abrir una investigación disciplinaria al presidente de la Red de Veedurías Diudadanas, Pablo Bustos, por presuntamente abusar del derecho al interponer una tutela contra la Conmebol para repetir el partido entre Colombia y Brasil en desarrollo de la Copa América.El oficio fue suscrito con base en la entrevista que entregó Bustos el pasado 25 de junio al programa Mañanas BLU, donde aseguró que “La territorialidad del derecho es un tema controversial. El partido no fue en Colombia, pero jugó la selección nacional. No era aficionado, ni un equipo de la liga, sino la selección de todos los colombianos".La Comisión de Disciplina Judicial, anterior sala Disciplinaria de la Judicatura, considera que se debe analizar esta actuación a la luz de la ley que establece unos límites para ejercer la tutela, con el fin de evitar desgastes innecesarios de la administración de justicia.“De manera atenta y a efectos de analizar si es procedente iniciar actuación disciplinaria, me permito remitir audio de la entrevista realizada en la emisora Blu Radio por el abogado Pablo Bustos Sánchez, con ocasión de la acción de tutela interpuesta por él en contra de la Federación Colombiana de Fútbol y otros”, señala el oficio.En el mismo oficio se contempla la posibilidad de abrir investigación contra Bustos y la juez que admitió el recurso, al no hacer la valoración jurídica pertinente.“De igual forma y con el mismo efecto, le remito copia de la providencia del 24 de junio de 2021 proferida por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, por medio del cual resolvió avocar conocimiento de la acción de tutela”, sostuvo el presidente de la Comisión de Disciplina.Ahora el magistrado Jorge Eliécer Gaitán, presidente de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, determinará si abre o no investigación por este controversial caso.
BLU Radio conoció en primicia que la Red de Veedurías Ciudadanas radicó formalmente una acción de tutela contra la Conmebol y su filial en Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol, para obtener la anulación del partido Brasil vs. Colombia, jugado el miércoles 23 de junio por Copa América.De acuerdo con Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, también se solicitó la realización de un nuevo encuentro deportivo entre los dos equipos.“Esto derivado de la violación de derechos fundamentales internacionales como el debido proceso en el campo deportivo, el de defensa, el de igualdad, confianza legítima y buena fe”, dijo Bustos.Además, solicitan que haya una investigación y una sanción al cuerpo arbitral del partido, incluido el del VAR. “Emprendan el proceso disciplinario sancionatorio contra la decisión arbitral – arbitro y equipo arbitral- incluido contra el equipo del VAR, adoptada irregularmente”, dice la tutela.Piden, también, “medidas para que en futuro se adopten correctivos cuando ocurran errores de esta magnitud”.Este es el documento:Escuche detalles de esta noticia en Meridiano BLU:
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una queja contra el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruíz, en la que asegura que este estaría inhabilitado para ser magistrado de la Corte Constitucional. Para Pablo Bustos, el magistrado violó el régimen de inhabilidades puesto que no se han cumplido los términos que establece la ley para presentarse a un cargo público. "Wilson Ruiz renunció a su cargo en el Consejo Superior de la Judicatura en octubre de 2015 incumpliendo así la norma que fija un plazo de un año para postularse a un nuevo cargo, por eso se debe anular su postulación", señaló el representante de la red de veedurías. Advierte que por está inhabilidad las cortes decidieron excluir a Ruiz de la lista de aspirantes al cargo de Registrador Nacional. Cabe recordar que entre los argumentos citados por las altas cortes está que existe una prohibición expresa en la reforma del equilibrio de poderes en tanto que los funcionarios públicos no podrán pasar de un alto cargo en una corporación del Estado a otro, práctica conocida como la ‘puerta giratoria’. También, que en el acto legislativo se fijó que deberá transcurrir al menos un año para volver a ser nominados a un alto cargo en el sector público.
El director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, aseguró que la decisión de la Fiscalía General de la Nación de investigar los contratos entre el ente acusador y la firma de la politóloga y analista Natalia Springer obedece a un proceso de autorevisión que adelanta el nuevo jefe de la entidad, Néstor Humberto Martínez. “Lo nuevo de este proceso es que la Fiscalía ha entendido el proceso de autorevisión de citar a personas estratégicas que participaron en estos contratos (…) Muestra que hay una determinación a esclarecer estos grandes episodios de corrupción”, señaló Bustos. El funcionario aseguró que llama la atención que el exfiscal Eduardo Montealegre, antes de asumir como jefe del ente acusador, hubiese realizado una separación de bienes y entregado sus propiedades a su esposa, hecho que Bustos calificó de sospechoso. “Mostramos probatoriamente, mostramos parte de las escrituras en las que Eduardo Montealegre hizo una separación de bienes y entregó el patrimonio a su esposa formal y lo hizo como cualquier bandido que antes de perder sus bienes los entrega”, dijo Bustos. El jefe de la Red de Veedurías Ciudadanas también señaló que se busca demostrar “lo innecesario de ese contrato” porque la Fiscalía “contaba con recursos humanos para realizarlo, ahí está el nudo de la imputación no se trata de una confrontación con la anterior fiscalía”.
Bustos aseguró que se trata de “cuestionar a nivel judicial la descontrolada adquisición de una sede para la Contraloría en una sospechosa operación de más de 300 mil millones de pesos tratándose de uno de los inmuebles más lujosos del país y de los más caros adquiridos por el Estado”. Agregó que no comprende por qué no se le dio a conocer al país el proceso de adquisición en el que se estaba “y por qué no se sometió al escrutinio de otras entidades y de la ciudadanía misma la posibilidad de esta negociación”. Según el director de la Red de Veedurías, el contralor general debería dar “muestras de austeridad y buen manejo de los recursos del Estado”. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Según un balance entregado por el fiscal General encargado, este año el ente acusador consiguió la condena de 22 personas por el delito de falso testimonio en el país. -Autoridades de Santander están en alerta ante los primeros focos de incendios forestales en cercanías al Páramo de Santurbán. -El Banco de sangre del Hospital Universitario del Valle cuenta con reservas tan solo para un día más, médicos hacen un llamado urgente a los donantes. -La Casa Blanca confirmó la reunión bilateral entre los presidentes Obama y Santos el próximo 4 de febrero.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.
La decisión, con 23 votos a favor y ninguno en contra, se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza que busca garantizar la continuidad de los estudios y las etapas necesarias para sacar adelante el denominado Tren Multipropósito de Antioquia.Con esta capitalización se financiarán las fases 3 y 4 de la estructuración del proyecto, luego de que durante 2025 se completaran las dos primeras etapas. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y la proyección de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.Como resultado de ese trabajo, el corredor Bello-Puerto Berrío fue definido como prioritario para continuar con el desarrollo del proyecto ferroviario, que busca conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.La tercera fase contempla la actualización de estudios y diseños, la estructuración del modelo financiero y la definición de la matriz de asignación de riesgos. Posteriormente, en la cuarta etapa se elaborarán los documentos contractuales y los insumos necesarios para una eventual salida al mercado.Para ese proceso se contempla la posibilidad de utilizar un esquema de Asociación Público-Privada (APP) u otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.El corredor ferroviario priorizado tendrá una extensión de 182,1 kilómetros, desde Bello hasta Puerto Berrío, y conectará dos subregiones estratégicas del departamento: el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.De acuerdo con la presentación del proyecto, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes. Además, se proyecta como una alternativa para fortalecer la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.
Las autoridades en el departamento de Antioquia han alzado la mano para mostrar su preocupación por la guerra que se vive en el Suroeste antioqueño entre el Clan del Golfo y al menos 17 estructuras delincuenciales que están buscando apoderarse del territorio.Las alarmantes cifras fueron entregadas por la Gobernación de Antioquia quien advirtió que está buscando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional la manera para poder acabar con la disputa que ha creado temor entre la comunidad.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en esta subregión del departamento se han reportado algunos homicidios producto de la confrontación entre los grupos delincuenciales."Esos homicidios del enfrentamiento de criminales del clan del golfo contra criminales de 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del del microtráfico. Aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la factura de esa renta que persiguen estos bandidos", indicó el mandatario.Hay que mencionar que en el Suroeste antioqueño no solo hay presencia del Clan del Golfo sino también del ELN, que sería uno de los mayores dinamizadores de la violencia, y las disidencias que como en otras zonas del departamento estaría en alianza con el Clan del Golfo buscando mayor control territorial.Por ahora las autoridades en Antioquia están tras la pista de los intereses que hay detrás de los 17 grupos delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño, ya que no se descarta que el ELN tenga relación con alguna de estas facciones que buscan quitarle las rentas ilícitas al Clan del Golfo.
En el Valle de Aburrá, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control y registro que dejaron como resultado la captura de 13 personas y la incautación de cerca de 3.900 dosis de sustancias estupefacientes. Las acciones institucionales se desarrollaron de manera simultánea en el municipio de Bello y en el sector del centro de Medellín para contrarrestar el tráfico local de drogas y las economías ilícitas en ambas localidades.El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de El Carmelo, en el municipio de Bello, donde las patrullas de vigilancia interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 29 y 36 años. Durante la inspección, según el Teniente Coronel José Fernando Mazo, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hallaron un bolso con cerca de 900 dosis de marihuana listas para su distribución. Los dos ciudadanos fueron capturados e individualizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."El procedimiento se desarrolló en el sector del Carmelo, donde nuestras patrullas de vigilancia durante actividades de registro y control interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban estos dos ciudadanos. Al realizar la inspección, nuestros uniformados encontraron en el interior un bolso con las sustancias estupefacientes, las cuales, de acuerdo con las verificaciones preliminares, iban a ser distribuidas en este sector". indicó.Por otra parte, en el barrio Estación Villa del centro de Medellín, la fuerza pública y la Alcaldía Distrital ejecutaron una intervención integral que culminó con la captura de 11 personas y la incautación de 3.000 dosis de sustancias ilícitas. En el sitio se materializaron tres órdenes judiciales por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho personas más fueron judicializadas en flagrancia. Las autoridades precisaron que los detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial 'Los Carabanudos', alineado con la estructura 'La Terraza'.Entre los procesados en la capital antioqueña figura un hombre conocido como alias 'Cachetón', quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por tráfico de estupefacientes. Asimismo, de acuerdo con el Coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se capturó a una mujer identificada como alias 'La Cucha', señalada por las investigaciones de administrar una vivienda que era utilizada como centro de acopio y expendio de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas en el sector."Entre los capturados se encuentran alias Cachetón, quien registra nueve anotaciones por tráfico de estupefacientes, y alias La Cucha, señalado de administrar un inmueble utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas. Estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar las economías criminales y prevenir hechos de violencia", señaló. Durante la jornada en el centro de la ciudad, los uniformados decomisaron 97 armas cortopunzantes, recuperaron dos motocicletas reportadas como robadas y aplicaron el cierre temporal a tres establecimientos comerciales por incumplimiento normativo. Los 13 capturados en ambos municipios quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.
