A casi tres meses de haber iniciado el calendario escolar en el país, el programa de alimentación en los planteles (PAE) es uno de los asuntos que más preocupa a los entes de control, pues hay contratos para este fin vencidos o próximos a vencerse.Así lo evidenció la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quien tras visitas y revisión de documentación identificó 35 entidades territoriales en todo el país con esta problemática, entre ellas cuatro localidades antioqueñas.Se trata de Sabaneta, Bello, La Estrella e Itagüí. En los primeros tres municipios la Procuraduría advirtió que los contratos del PAE finalizaron en marzo, mientras que el caso de Itagüí este se vence en mayo y hay incertidumbre sobre su continuidad.Ante la situación, el despacho de la procuraduría delegada solicitó información a las autoridades respectivas sobre el estado y avance de los nuevos procesos contractuales para que estos se firmen por lo que resta del calendario escolar y evitar riesgos en la continuidad del servicio.Continuidad del PAE, en riesgo para al menos 600.000 niños en 35 ciudades y municipiosTambién la entidad requirió las razones por las cuales, en los casos en los que los contratos finalizaron, aún no se ha iniciado el proceso correspondiente para reactivar este servicio que en todo el país estaría poniendo el riesgo la alimentación de casi 653 mil menores de edad.
La Procuraduría General de la Nación hizo una alerta sobre la inminente suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 35 ciudades y municipios del país.Esta situación se debe a la finalización de contratos o su proximidad a vencerse, lo que no solo pone en peligro la continuidad del servicio, sino también el derecho a la alimentación de más de 652.964 niños, niñas y adolescentes.Entre las entidades afectadas se encuentran Sabaneta, Sogamoso, Zipaquirá y Cartago, cuyos contratos expiraron en marzo.Estas alarmantes cifras se establecieron gracias a los informes elaborados por funcionarios de las propias Entidades Territoriales Certificadas y no certificadas, así como de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar.Ante este escenario crítico, el despacho de la Procuraduría delegada solicitó información a las autoridades respectivas sobre el estado y avance de los nuevos procesos contractuales.Además, la Procuraduría pidió que los nuevos contratos garanticen la prestación del servicio durante el resto del calendario escolar para así evitar riesgos de interrupción.Asimismo, el Ministerio Público ha requerido a las entidades explicaciones sobre las razones operativas, técnicas y jurídicas que han llevado a que el proceso se frene.
Alrededor de 480 estudiantes del colegio Ecopetrol, del municipio de Campoalegre, en el Huila, decidieron adelantar un plantón a las afueras del establecimiento educativo, exigiendo al gobierno departamental que les cumpla con el suministro del programa de alimentación escolar.Constanza Trujillo, presidenta de los padres de familia, en diálogo con Blu Radio denunció, además, el mal estado de la planta física del plantel educativo y el incumplimiento en el servicio de transporte escolar para los niños que se desplazan diariamente desde la zona rural.Estudiantes del colegio El Pilar de Bucaramanga no están recibiendo almuerzos del PAE“Este colegio lleva 55 años al servicio de la comunidad de Campoalegre, es una infraestructura demasiado vieja, donde cuando llueve, las aulas de clases se inundan y desde hace dos años le hemos advertido a la secretaría de educación que el techo está a punto de colapsar y provocar una tragedia”.Agregó la madre denunciante que, desde que inició el periodo lectivo, los 480 estudiantes no han recibido el suministro del programa de alimentación escolar. “Además, iniciando el año 2024 nos olvidaron y nos sacaron del PAE, no hay alimento para esta institución educativa, tampoco tenemos el servicio de la ruta escolar”, dijo.La comunidad educativa del colegio Ecopetrol de Campoalegre está a la espera de una solución urgente por parte de la Secretaría de Educación departamental y de la administración municipal.
Estudiantes del colegio El Pilar sede E de Bucaramanga llevan más de un mes y medio sin recibir raciones preparadas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a un problema de infraestructura en la escuela. Un hecho que fue denunciado por los padres de familia.En ese sentido, los padres de familia del colegio explicaron que no han recibido almuerzos del programa PAE hace más de 50 días debido a un problema que hay en la tubería de gas natural de la cocina, el cual no ha sido arreglado por la empresa que suministra el servicio, algo que no entienden.“Ese es el inconveniente, nos dijeron que era un problema en una tubería de gas, pero ya después de dos meses no es justo con nuestros hijos que nos les den el almuerzo en el colegio”, dijo una de las madres de la familia.“Situación preocupante e inaceptable viven decenas de niños estudiantes del Colegio El Pilar Sede E y beneficiarios del programa PAE, quienes desde hace más de un mes y medio no reciben su almuerzo”, dijo el concejal de Bucaramanga Diego Lozada en su cuenta de X.Por su parte la secretaria de Educación de Bucaramanga Martha Cecilia Guarín explicó que los menores han recibido raciones del PAE industrializadas, pero sobre las raciones de almuerzos preparados en el sitio la empresa de gas propano no ha autorizado la utilización de la tubería por, posiblemente, representar un alto riesgo.“El municipio sí está garantizando el PAE, todos los días se entregan raciones industrializadas a los estudiantes. Hacer uso del gas, sin contar con previa autorización de Vanti, es poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa”, dijo la secretaria de educación.“Sería bueno saber en qué estado se encuentra la gestión y conocer cómo usted expone, por qué Vanti niega la operación ahora y no antes. De ser un tema de gestión administrativa, agradecemos Secretaría adelantar lo pertinente, pues la comunidad no puede afectarse, menos a los niños”, agregó el concejal Lozada.
Por graves problemas de orden público la Secretaría de Educación del departamento del Huila se vio en la obligación de suspender la ejecución del programa de alimentación escolar, PAE, en las seis instituciones educativas del municipio de Algeciras.El secretario de educación departamental, Orlando Parga Rivas, dijo que la suspensión del servicio del PAE se hará hasta que existan garantías de seguridad, situación que afecta a 3.200 estudiantes de la zona urbana y rural de la población.Sobre el PAE en Algeciras“En el municipio de Algeciras prestamos el servicio de alimentación en seis instituciones educativas que cuentan con 56 sedes. Actualmente se están atendiendo 3.208 estudiantes, de los cuales 2.121 están en la zona rural y 1.087 se encuentran en la zona urbana”, expresó.Agregó el funcionario que esta situación de orden público impacta negativamente los derechos de los estudiantes en el municipio de Algeciras y, además, pone en riesgo la seguridad alimentaria para la población escolar a través del programa PAE.Cabe mencionar que la semana anterior el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, puso en alerta que grupos armados estaban interfiriendo en el normal desarrollo del programa PAE en varios municipios del departamento.
En un reciente consejo de seguridad el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, denunció que grupos armados ilegales estarían interfiriendo en el normal desarrollo del programa de alimentación escolar en algunos municipios del departamento.Agregó el mandatario Villalba Mosquera que esta interferencia de grupos irregulares en el programa PAE, se convierte en un hecho violatorio de los derechos humanos al derecho fundamental a la educación y a la alimentación.“Hay una denuncia y es que, en algunos municipios del departamento, fuerzas irregulares y actores ilegales, estarían interfiriendo en el normal desarrollo del Programa de Alimentación Escolar en el Huila. Esto es muy grave”, señaló el gobernador del Huila Rodrigo Villalba.Señaló, además, el gobernador de los huilenses es que este programa tiene una inversión de muchos recursos por parte del Gobierno nacional del departamento y conlleva a realizar una exigente contratación pública, donde hay operadores y otros participantes en el PAE.“No se admite ninguna interferencia. Hoy lo analizamos y dimos aviso a la Fuerza Pública para que nos colabore en lo pertinente. También le dijimos a la misión de verificación del proceso de paz que adelanta el Gobierno nacional y a funcionarios de la ONU, para que tomaran cartas en el asunto y que también, por supuesto, llevaran esta denuncia a la mesa de negociación”, puntualizó el gobernador Villalba Mosquera.
La Contraloría General de la República llevó a cabo una supervisión del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en los departamentos de Cesar, Valle del Cauca y Sucre. Los resultados de esta investigación revelan que más de 200.000 estudiantes se han visto afectados por la falta de oportunidad por presuntas irregularidades en el suministro correspondiente.En estas visitas de supervisión, se hizo una verificación en tiempo real y aleatoria en 18 instituciones educativas ubicadas en los departamentos mencionados, con el firme objetivo de realizar un seguimiento exhaustivo de la ejecución y el cumplimiento de los lineamientos del Plan de Alimentación Escolar.Entre los hallazgos de la Contraloría, está la inoportuna prestación del servicio de alimentación escolar, ha tenido un impacto significativo en un gran número de estudiantes en los departamentos de Cesar, Valle del Cauca y Sucre. Según los datos que proporcionó este órgano de control, se estima que 201.321 estudiantes se han visto afectados por esta situación en estas regiones.De ellos, 181.970 corresponden al PAE mayoritario y 19.351 a PAE indígena.Además, se encontraron deficiencias en la infraestructura física, suministro de raciones de alimentos inadecuados y deficiencias en los contratos de las manipuladoras de alimentos.La Contraloría hace un llamado urgente a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), para planear oportunamente los trámites administrativos, presupuestales y contractuales necesarios para garantizar que el servicio de alimentación escolar se brinde con calidad, según los estándares y lineamientos establecidos, y desde el primer día hasta culminar el calendario académico.
Con un dedo de bocadillo, una tajada de mango biche y un vaso de avena, operadores del programa de alimentación escolar en San José del Fragua, Caquetá, estarían alimentando a los menores, una situación que alertó a las familias quienes denunciaron que estos alimentos no cuentan con los nutrientes necesarios para el desarrollo de los niños.“Estamos reunidos porque estamos inconformes con la alimentación que se le está dando a nuestros hijos”, expresó una madre de familia quien a la vez dijo que tras la situación decidieron poner una cantidad de dinero para comprar más alimentos, sin embargo la rectora no los ha dejado ingresar a la zona de comidas.Según otros padres de familia algunos de los niños han tenido problemas de salud, al parecer por los alimentos “no me parece Justo esa alimentación porque incluso mi hijo está enfermo desde el lunes, porque no fue muy conveniente mezclar un mango biche con una avena y algo dulce y más cuando los niños vienen en ayunas” expresó una de las madres de familia.Sin embargo desde la secretaría de educación expresaron su preocupación ya que a la fecha no se han reportado en los centros médicos menores afectados por alimentos del PAE, además aclararon que los contratos del PAE son claros y que el complemento que se le brinda a los menores no es un desayuno sino un refrigerio. Entre tanto las familias siguen a la esperan de que la situación mejore o de lo contrario dejarían de enviar a los niños a la escuela.
El documento dio a conocer que más de 100.000 niños después de 2 meses de iniciar clases no han recibido este servicio, también es el caso de 36.000 niños indígenas que cuentan con la ausencia de este.Además, afirman que durante el periodo 2020-2023, se identificaron hallazgos fiscales en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, por un monto total de $47.938 millones, destacando los "sobrecostos mayor valor pagado" con $23.220 millones y la "ejecución contractual" con $15.863 millones.La región Caribe es la que lidera el número de hallazgos con un total de 53, sumando un total de $13.080 millones, seguida por la región centro sur con 25 hallazgos por $13.133 millones.Esta situación afecta directamente a regiones como Sucre, Antioquia y varias comunidades indígenas en Buenaventura, Valledupar, Santa Marta, Huila y La Guajira.El ente de control hace especial énfasis en el caso de los estudiantes indígenas, que cuentan con un desfase de hasta 66 días en la entrega del PAE, por lo que son ya 36.104 escolares sin acceso al servicio alimentario, de un total de 403.070 estudiantes indígenas.Resaltan que esta realidad evidencia la necesidad urgente de implementar medidas eficaces para asegurar que todos los niños y niñas indígenas tengan un acceso equitativo a este servicio y se garantice su derecho a una educación integral y saludable.
Una preocupante alerta lanzó recientemente la Procuraduría General de la Nación con respecto a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varias zonas del país.Y es que, tras varios meses de haber iniciado el calendario escolar, el ente de control asegura que en muchas localidades el PAE no inicia o presta sus servicios a media marcha afectando a más de 74.000 niños.De ese total por lo menos 20.000 están en el departamento de Antioquia en municipios como Abejorral, Amagá, Ciudad Bolívar, Fredonia, Heliconia, Jericó, Puerto Berrío, San Pedro de Urabá, Titiribí, Urrao y Venecia.Ante esta problemática, la Procuraduría manifestó que reforzará controles a este programa y que ya solicitó información a las respectivas administraciones locales sobre el estado de los procesos contractuales y aquellas razones que han llevado a los retrasos en la operación de esta iniciativa.Atlántico, Bolívar, Meta y Sucre son otros departamentos donde se identificó una realidad similar.
Alec Baldwin, el actor implicado en el trágico tiroteo durante el rodaje de la película 'Rust' en 2021, ha solicitado al tribunal de Santa Fe, Nuevo México, que desestime los cargos de homicidio involuntario en su contra. Baldwin insiste en que nunca accionó el gatillo y argumenta que la destrucción de la evidencia del revólver por parte del FBI durante la investigación le impidió demostrar su inocencia de manera concluyente.Según una declaración presentada por su equipo legal, Baldwin afirma que no tenía conocimiento del riesgo de que el arma estuviera cargada con munición real, por lo que desde un punto de vista jurídico es inocente. Además, sostiene que no se puede considerar que haya actuado con negligencia criminal, ya que el arma no fue inspeccionada después de que los profesionales de seguridad designados lo hicieran.Esta solicitud se suma a una serie de acciones legales emprendidas por Baldwin y su defensa, incluida una moción anterior para anular la acusación, donde se señalaron presuntas irregularidades en el proceso de selección del gran jurado.Los fiscales especiales han acusado a Baldwin y a sus abogados de realizar declaraciones engañosas basadas en material supuestamente filtrado a medios de comunicación estadounidenses.El juicio está programado para comenzar el 9 de julio en Santa Fe, con una audiencia virtual previa el 17 de mayo para evaluar el sobreseimiento solicitado por Baldwin.Además de enfrentarse a la justicia penal, Baldwin también está involucrado en varias demandas civiles en California y Nuevo México relacionadas con el incidente en el set de 'Rust'.Hannah Gutierrez Reed, la armera responsable durante el rodaje, fue condenada el mes pasado a 18 meses de prisión por cargar accidentalmente una bala real en el revólver Colt 45 involucrado en el tiroteo.Mientras tanto, Rory Kennedy, directora de un documental sobre Baldwin y el rodaje de 'Rust', se ha opuesto a una citación judicial que la obligaría a entregar grabaciones de las entrevistas, argumentando que violaría sus derechos como periodista y que las imágenes perderían su valor si se filtran durante el juicio.El rodaje de 'Rust' se reanudó en Montana a principios de 2023, con Baldwin y el director Joel Souza trabajando juntos nuevamente, y el viudo de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, desempeñándose en la producción ejecutiva como parte de un acuerdo para archivar una demanda contra el actor.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 8 de mayo, La Nube.Conozca la historia de Apple Corps, los años que duró el litigio, y la nueva película de los Beatles.Johana Delgado, viceministra de Promoción de Justicia, contó cuál es la aplicación que le ayuda a resolver sus dudas jurídicas gratis.Roku que sirve para volver a los televisores inteligentes.
La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada para analizar y comprender el mundo. En esta ocasión, Gemini, un bot conversacional desarrollado por Google, para obtener una visión sobre cuál podría ser el peor país de Latinoamérica para vivir, según sus algoritmos actualizados.Sin embargo, Gemini fue claro desde el principio: "Es imposible determinar objetivamente cuál es el peor país de Sudamérica para vivir". La inteligencia artificial señaló que la calidad de vida varía según las prioridades individuales y las circunstancias específicas de cada persona.¿Cuál es el peor país de Latinoamérica para vivir, según la IA?A pesar de esta advertencia, Gemini proporcionó un ranking basado en diversos estudios, incluido el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2023. Venezuela: este país enfrenta una crisis multidimensional, abarcando aspectos económicos, políticos y sociales. Altos niveles de pobreza, inflación descontrolada y una situación de inseguridad generalizada son algunas de las problemáticas que afectan a la población venezolana.Guyana: con un desarrollo humano por debajo de la media regional, Guyana enfrenta dificultades en sectores clave como la educación y la salud. La falta de infraestructura y recursos limitados contribuyen a mantener un nivel de vida precario para muchos de sus habitantes.Bolivia: aunque ha experimentado un crecimiento económico en los últimos años, Bolivia sigue enfrentando importantes desafíos en términos de pobreza, desigualdad y acceso a servicios básicos. La distribución desigual de la riqueza y la corrupción son aspectos que impactan negativamente en la calidad de vida de la población boliviana.Surinam: este país, con una economía dependiente de la extracción de recursos naturales, enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad. La falta de diversificación económica y la escasez de oportunidades laborales contribuyen a mantener condiciones difíciles para gran parte de la población.Paraguay: a pesar de haber experimentado un crecimiento económico en los últimos años, Paraguay aún enfrenta desafíos significativos en la reducción de la pobreza, la desigualdad y la corrupción. La falta de acceso a servicios básicos y la persistencia de problemas estructurales son obstáculos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes."Si bien este ranking ofrece una perspectiva basada en datos y análisis algorítmicos, es importante recordar que la calidad de vida es un concepto multifacético y subjetivo, que va más allá de las métricas cuantitativas", asegura la IA.
La Corte Constitucional tumbó la Ley 2281 de 2023, a través del cual se creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad, uno de los principales proyectos del Gobierno Petro.Esto se da luego de estudiar una demanda por vicios de trámite que, además, pedía claridad sobre las facultades extraordinarias que esa ley le otorgó al presidente Gustavo Petro.Lea también: La vicepresidenta Francia Márquez dice que corruptos ponen al Gobierno contra la paredSin embargo, la decisión no tiene un efecto inmediato, pues, en su decisión, difirió el impacto en dos legislaturas contadas a partir del 20 de julio de 2024, es decir que el ministerio tendrá vigencia hasta 2026.La Corte Constitucional explicó que la medida no comienza a regir desde este miércoles, ya que serían más los riesgos para el sector administrativo.“Esto causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad. Lo anterior, podría, a su vez, comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política”, detalló la Sala Plena de la Corte Constitucional.¿Qué puede hacer el Gobierno?En esa medida le da dos opciones al Gobierno nacional: por un lado, mientras termina la vigencia, podrán subsanar los errores de trámite y presentar la documentación, en especial sobre el concepto de viabilidad fiscal, ante el Congreso de la República. La otra opción sería reasignar las funciones que tenía este ministerio en otras dependencias del orden nacional.La decisión de la corte llega un día después de que la vicepresidenta y cabeza de este ministerio, Francia Márquez, enfrentara un debate de control político por la baja ejecución, que no supera el 1 %, y las demoras en nombramientos en propiedad.El debate lo citó la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, y desde allí Márquez aseguró que no era fácil crear una entidad desde cero.
Comenzó un nuevo ciclo en el Desafío XX. En esta oportunidad, solo se podrán sentenciar a muerte a las mujeres, por lo que será una semana llena de emociones y en donde los equipos deberán ser muy estratégicos para obtener importantes beneficios.Este miércoles se llevó a cabo el Desafío de sentencia y hambre en el Box Rojo. Una prueba donde se midió la agilidad, destreza, equilibrio y concentración por parte de todos los participantes, pues debían mantener la base de una figura de madera en la mano y que no se le cayera cuando los rivales se le acercaran.El equipo que se mostró más fuerte en este prueba fue Alpha, pues fue el primero en alcanzar los 11 puntos y así llevarse la victoria, sumado a un ciclo con comida.Desafío XX: Dickson habló de su inconformidad frente a participación de Arandú en BetaPara definir el segundo y tercer puesto se volvieron a enfrentar Beta y Omega. Los azules no tuvieron mayores inconvenientes y con solo tres salidas se llevaron la misa cantidad de puntos para obtener el beneficio de consumir por lo menos un alimento en este ciclo.Así las cosas, Omega tuvo un día para el olvido, pues nunca estuvo a la par de Beta y Alpha, además, deberá afrontar las siguientes pruebas sin comida.El golpe anímico para el equipo se vio reflejado al terminar esta prueba, pues ni siquiera cantaron el nombre de Omega, como sí lo hacían en ocasiones anteriores, pese a la derrota. Este miércoles solo hubo silencio, tristeza, pero ni una gota de alegría.Chaleco de muertePara completar el día, Alpha decidió que el chaleco para la sentenciada debería ser para una mujer que nunca lo haya tenido durante la competencia. En este caso aplicaba Gaspar y Anamar. Los morados se inclinaron por la exrepresentante de Gamma y la mandaron al box negro al final del ciclo.Aunque, al principio, Anamar tomó el chaleco con sonrisas y le mejor energía, después llegaron las lágrimas, pues fue un duro golpe en este momento de la competencia. Por eso, campanita pidió a sus compañeros apoyarla para que pueda salir a las siguientes pruebas sin inconvenientes y entregar lo mejor de sí.