La mañana de este miércoles reina la tensión en la Penitenciaría El Bosque, donde varios reclusos intentaron amotinarse en medio de una serie de procedimientos que está realizando el Grupo de Operaciones Especiales del Inpec, como allanamientos a las celdas en busca de celulares, drogas y otros elementos prohibidos, así como la coordinación de nuevos traslados hacia cárceles de otras regiones del país.Blu Radio conoció que recientemente varios hombres que se encontraban privados de la libertad en estaciones de Policía fueron llevados a la Penitenciaría para ser reseñados y luego trasladarlos a otros penales, proceso que está siendo coordinado por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, quien viajó a Barranquilla para liderar este operativo.Le puede interesar: Continúan traslados de reclusos en cárceles de Barranquilla: enviaron cuatro más a la cárcel TerneraEste sería el tercer traslado de reclusos que se realiza desde Barranquilla en cuestión de una semana, tras la orden impartida por el presidente Abelardo De La Espriella y cuyos movimientos son los que mantienen alterados a los criminales en prisión.En días pasados fueron trasladados 24 hombres de alto perfil criminal, como los catalogan las autoridades, desde este complejo carcelario El Bosque hacia Bogotá y Cartagena.Además, hubo allanamientos por parte de la Policía y la Fiscalía en los patios de esta penitenciaría. Estos operativos dieron como resultado la incautación de celulares, y lo que reportan las autoridades es que dos de los dispositivos tendrían información relevante en las investigaciones que se adelantan contra presuntos cabecillas de la banda ‘Los Costeños’.En esos allanamientos se ha logrado el decomiso de tarjetas SIM, cargadores, libretas y hojas con información sobre víctimas de extorsión y hasta estupefacientes. Todo estaba oculto en caletas ubicadas en techos y baños para evadir los controles.
Hacia las 10 de la mañana de este martes fueron saliendo en caravana, a bordo de camionetas y una buseta del Inpec, 20 hombres de alto poder criminal que se encontraban recluidos en la Penitenciaría y en la Cárcel Distrital El Bosque, de Barranquilla, y que ahora van camino a la capital del país para ser distribuidos, en los próximos 15 días, hacia diferentes penales de Colombia, entre esas la cárcel de alta seguridad de Girón, Santander.El operativo estuvo encabezado por el coronel Daniel Gutiérrez, director nacional del Inpec y entre los trasladados figuran miembros de la banda delincuencial Los Costeños, como alias 'Comandante Gabino', alias 'Caballo' y alias 'El Miquito', así como integrantes de la banda criminal 'Los Pepes', entre ellos, Rodrigo Javier Pantoja, alias 'El Gamo' y Erick Fabián Molina.Los 20 trasladados suman más de 200 anotaciones judiciales por delitos como extorsión a comerciantes, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes."Es un paso fundamental": mandatarios localesA través de su cuenta en X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le respondió al presidente Abelardo De La Espriella el anuncio de los traslados, agradeciéndole por escuchar a las autoridades locales “y por la voluntad de enfrentar con rigor y contundencia a estos terroristas”.“Sacarlos de Barranquilla y trasladarlos a una cárcel de máxima seguridad, donde no entre ni la señal de la Santa Cruz, es empezar por lo fundamental: desconectarlos del mundo exterior y cortar las órdenes criminales que siguen impartiendo desde las cárceles”, dijo el alcalde Char.Y en esto coincidió el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano, quien sostuvo que “el traslado de estas 20 personas privadas de la libertad a establecimientos penitenciarios fuera de la ciudad es un paso contundente para frenar la dinámica criminal que pretende seguir operando desde las cárceles”.Medidas complementariasEl docente e investigador de la Universidad del Norte, Luis Trejos, como conocedor de las dinámicas de violencia en el Caribe, reconoce que el traslado de cárcel de estos delincuentes va a dificultarles a las bandas que puedan seguir utilizando cierta infraestructura criminal que han construido desde prisión, especialmente en las cárceles del distrito de Barranquilla, para sus actividades ilícitas.Sin embargo, el experto afirma que “se debe tener en cuenta que estas medidas, por lo general, tienen efectos temporales y no permanentes”, y que deben venir acompañadas de otras estrategias para garantizar el objetivo, como mayores controles en los penales e investigaciones respecto a los guardias que son cómplices de los reclusos."Yo creo que esto va a tener unos efectos en el corto plazo, pero si no se acompañan con medidas de mayor calado, pues lo que veremos posteriormente será un efecto rebote de la extorsión", aseguró."Lo que se espera es que los delincuentes de mayor perfil criminal estén en espacios de aislamiento, lo que permite un mayor control por parte de las autoridades, y también que se siga avanzando en la instalación de los inhibidores de señal", agregó.Trejos afirma que, además de inhibir la señal en las cárceles donde se producen llamadas extorsivas, ojalá se logre desde el Congreso una regulación frente a la compra y venta de tarjetas SIMs, ya que eso facilita las dinámicas de la extorsión.
Con música a todo volumen y cerveza en mano estuvo celebrando un grupo de reclusos en una de las celdas de la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla, una escena que, además, fue registrada en video por los mismos involucrados, quienes grabaron con celular la parranda, pese a que también está prohibido el uso de dispositivos móviles en los penales.En el video publicado, incluso, en redes sociales, se observa a por los menos cinco reclusos, cantando, tomando varias latas de cervezas, chateando y grabando con sus celulares, sin ninguna autoridad que impida su comportamiento.Este episodio se habría registrado hace un mes, informaron las autoridades, quienes ordenaron el aislamiento de los reclusos involucrados en este hecho, todos ellos presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los Costeños’.Según informaron fuentes del Inpec a Blu Radio, este aislamiento se materializó el pasado lunes festivo mientras se expiden las resoluciones con la orden de traslado de estas personas a cárceles de máxima seguridad en el país.
Burlando todo protocolo y medida de seguridad, internos de la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla convirtieron su celda en un ambiente de discoteca y, en pleno fin de semana de Velitas, prendieron la rumba con licor, un enorme parlante y hasta un televisor en el que proyectaban videos musicales como si estuvieran viviendo de todas las maneras posibles, menos privados de la libertad.La música a todo volumen en el pabellón 1 y tragos que iban y venían entre luces navideñas quedaron en evidencia en los mismos videos que los reclusos grabaron y difundieron con sus celulares, como si estos dispositivos móviles tampoco estuviesen prohibidos en el penal.Los videos, en los que los protagonistas de la rumba se graban abrazados, bastaron para que las autoridades los identificaran y abrieran nuevos procesos en su contra con miras a un posible traslado de cárcel por su inadecuado comportamiento.Así mismo, se desplegó un operativo en el pabellón para decomisar todos estos elementos prohibidos, informó Jim Nelson Muñoz, director de la regional norte del Inpec."Inmediatamente se dieron las órdenes para que el comandante vigilancia y la directora del establecimiento hicieran un operativo para tener el control de nuestro pabellón. El establecimiento sabe quiénes son los que hicieron este acto y se van a tomar medidas, tanto disciplinarias como penales, si es el caso", dijo el funcionario a Blu Radio.Los implicados en este caso serían dos miembros de la banda delincuencial Los Costeños, sindicados por concierto para delinquir; sin embargo, las sanciones no sólo irían contra ellos, sino también contra el personal administrativo y de custodia involucrado en estos hechos, quienes podrían enfrentar cargos disciplinarios por permitir tales conductas.No es la primera vez que una situación así ocurre, en septiembre pasado varios integrantes de Los Costeños, internos de esta Penitenciaría, también hicieron su propia fiesta de Amor y Amistad con cavas llenas de cervezas, hechos por los que varios de ellos fueron trasladados de penal.
Identificar a quienes permitieron una rumba con licor en la Penitenciaría El Bosque, con miras a determinar las sanciones que correspondan por violar el régimen carcelario, es el objetivo de la indagación previa que abrió la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios indeterminados adscritos a este centro de reclusión de mediana seguridad, ubicado en el sur de Barranquilla.La indagación surge a raíz de las denuncias presentadas sobre la realización de una fiesta que hubo entre los reclusos el 20 y el 21 de septiembre en el pabellón B de la Penitenciaría, donde fotos y videos dan cuenta del ingreso de bebidas alcohólicas al penal, pues en las imágenes se observa una nevera llena de latas de cerveza que eran consumidas por los mismos privados de la libertad, con música a todo volumen.Según las denuncias, esta habría sido una celebración de Amor y Amistad con consumo de licor autorizado por los mismos integrantes de la estructura criminal ‘Los Costeños’ que están allí recluidos; sin embargo, la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico ordenó una inspección a las instalaciones de la Penitenciaría y solicitó información a la Dirección del Inpec para determinar responsabilidades entre los funcionarios a cargo.Vale recordar que, al destaparse este escándalo, el Inpec ordenó un allanamiento a las celdas de los reclusos que salían en el video e incautó la nevera que fue usada para guardar la cerveza, siete armas blancas y otros elementos prohibidos.En las imágenes de la parranda se identifica a Ciro Alberto Oquendo Villareal, alias '09', señalado de alquilar armas para cometer homicidios; Jonathan Amador, alias ‘Maldad’, señalado como ‘la mano derecha’ de alias ‘Castor’, máximo cabecilla de la estructura criminal. También está William Alfredo Guerrero, alias ‘Pochi’, presunto sicario de ‘Los Costeños’ y hombre de confianza de ‘Castor’.Así las cosas, el Inpec también trasladó a tres reclusos a cárceles de máxima seguridad del centro del país y reubicó a otros dos en patios distintos, no sin antes abrir una investigación interna contra funcionarios de la institución por permitir el ingreso de elementos prohibidos al pabellón.
Con preocupación recibió en las últimas horas el director de la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla, Daniel Rodríguez, unos mensajes por parte de supuestos integrantes del Clan del Golfo, en el que lo amenazan de muerte y lo obligan a marcharse de la ciudad en un lapso de 24 horas.En el texto se puede apreciar como un usuario llamado “África” le envía dos párrafos y un video en el que le enseñan múltiples armas y lo intimidan diciéndole que conocen sus movimientos, los de sus hijos y que pronto será declarado objetivo militar.El caso fue dejado en manos de la Policía Metropolitana, mientras que el mismo funcionario declaró a Blu Radio que actualmente no tiene ningún esquema de seguridad ni formas seguras de movilizarse."Siempre en nuestros cargos estamos expuestos a este tipo de amenazas por las decisiones que tomamos, por lo que lideramos. Entonces, en estos momentos, cuando uno recibe este tipo de amenazas, la idea es ponerlo en conocimiento de las autoridades para que hagan lo respectivo, para que lo arropen a uno, lo acompañen", manifestó el director."En mi caso, por ejemplo, no tengo ni un esquema de seguridad, no cuento con un vehículo particular y siempre me toca estar usando servicio público. Entonces, es más la exposición que tengo yo hoy día", agregó.Rodríguez sostuvo que la idea es que las autoridades no lo hagan sentir solo y que en las próximas horas espera hacer también la respectiva denuncia ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección.
A través de una carta dirigida a Ludwing Joel Valero Sáenz, director del USPEC, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char manifestó su preocupación por la crisis de hacinamiento en los centros carcelarios de la ciudad.Ante esto hizo un especial llamado al funcionario para que culminen los trámites administrativos tendientes a finalizar las obras complementarias para poner en funcionamiento los 3 pabellones para 170 privados de la libertad, cada uno, construidos en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, los cuales fueron entregados por parte del Ministro de Justicia en el mes de junio del año 2022, sin que aún estén siendo usados.En el documento, el alcalde Char urge la habilitación de los 510 nuevos para “mitigar la situación de vulnerabilidad y de contaminación al interior de las cárceles que afectan a toda la población privada de libertad”.“Como es de su conocimiento, actualmente se presentan graves situaciones de hacinamiento carcelario en los centros penitenciarios ubicados en la ciudad de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, por lo cual, acudimos a sus buenas gestiones para seguir fortaleciendo, adoptando e implementando medidas urgentes y prioritarias tendientes a mitigar la situación de vulnerabilidad y de contaminación al interior de las cárceles que afectan a toda la población privada de libertad, recluida en los distintos establecimientos carcelarios”, se lee en el documento.Y es que, según información entregada por la Personería Distrital, los centros de detención transitorios de la ciudad se encuentran con un 377 por ciento de hacinamiento.
Desde el martes 18 de junio, Emilio Tapia abandonó el pabellón de Medidas Especiales de Tratamiento, conocido como UTE, en la Penitenciaría El Bosque y fue llevado de regreso al pabellón donde recibían a funcionarios públicos condenados por corrupción y otros delitos, el cual había sido cerrado por orden del director nacional del Inpec desde mayo del año pasado, ante denuncias de salidas irregulares de los internos.El juzgado primero promiscuo municipal de Malambo dio la orden al Inpec de regresar al empresario conocido como ‘el zar de la contratación’ al pabellón en que se encontraba, esto ante a una acción de tutela interpuesta por la esposa de tapia, Natalia Morales Alzayus y sus dos hijos menores de edad.En dicha tutela, familiares de Tapia piden el traslado en virtud de garantizar sus derechos fundamentales y condiciones dignas para su detención.De no darse el traslado, informó el Inpec, se incurría en un desacato que llevaba al arresto por cinco días del director nacional del Inpec, el teniente Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas.Finalmente, Tapia se encontró de vuelta en el mismo pabellón con Jaime Saade Cormane, condenado por el asesinato de Nancy Mestre hace 30 años en el norte de Barranquilla y es que la reapertura de este pabellón ahora se da para recibir a otro tipo de detenidos, no solo funcionarios públicos, detalló el Inpec.
Los índices de hacinamiento en las cárceles de Barranquilla continúan siendo un motivo de preocupación, pues según la Personería Distrital, en algunos de ellos, la cifra supera hasta el 150%.Tal es el caso de la Penitenciaría El Bosque, cuya capacidad sería tan solo para 640 reclusos; sin embargo, en el establecimiento se tienen 1.157 internos, registrándose un hacinamiento de hasta el 181%.Para el caso de la cárcel La Modelo se estaría registrando un hacinamiento del 131%, teniendo en cuenta que su capacidad sería tan solo de 595 cupos, reportándose también casi mil privados de la libertad.En lo que respecta a la cárcel Distrital El Bosque, con capacidad para 300 presos, hoy se mantienen privados de la libertad 384 personas para un índice de hacinamiento del 128%.Por último, en la cárcel para mujeres El Buen Pastor solo hay cupo para 130 reclusas; sin embargo, habría un total de 142 mujeres, lo que equivaldría a un 109% de hacinamiento.Miguel Ángel Álzate, personero de Barranquilla, pidió poner en funcionamiento cuanto antes el nuevo pabellón donde se prometieron 500 cupos carcelarios."Todo esto nos permite concluir que deben tomarse medidas de carácter urgente para minimizar esta situación. Como solución, nosotros hemos propuesto que se terminen las obras del nuevo pabellón de la Penitenciaría El Bosque, que ya está prácticamente terminado", dijo.Precisamente, desde el sindicato UTP del Inpec informan que este pabellón, inaugurado en abril de 2022 por el gobierno de Iván Duque, aún no ha entrado en operación porque no cuenta con electricidad ni tiene conductos de ventilación, a pesar de que fue una obra cuya inversión superó los 26 mil millones de pesos.La infraestructura parece haber sido construida para un territorio de clima frío, cuando en realidad las sensaciones térmicas en Barranquilla superan los 40 grados por estos días y la falta de ventilación en este pabellón, insiste el sindicato del Inpec, "quebrantaría las condiciones de dignidad humana de las personas privadas de la libertad".Le puede interesar:
El diálogo con Blu Radio, el director del Inpec, coronel Daniel Ramírez, manifestó que por ahora está descartada la posibilidad de que se remueva al director de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, luego de la decisión de cerrar el pabellón de funcionarios públicos de este establecimiento penitenciario.Las medidas se tomaron tras una semana de escándalos dentro de la cárcel donde periodistas y víctimas denunciaron todo tipo de irregularidades dentro de este penal en Barranquilla. Uno de los casos que más rodea dudas es el de ‘Kiko Gómez’, condenado por homicidio, en el que el director del Inpec señaló que fue trasladado a la cárcel de La Dorada, en el departamento de Caldas, y que no va a permitir que Gómez continúe su actuar delictivo.Sobre los constantes escándalos que involucran al Inpec, Ramírez aseguró que asumió una entidad retadora y dijo que está dispuesto a trasladar las veces que sean necesarias a los detenidos de alta peligrosidad que están generando irregularidades.Además, la periodista Diana López Zuleta, hija de una de las víctimas de ‘Kiko Gómez’, había denunciado los traslados injustificados de ese detenido de la cárcel de Barranquilla. Junto a Gómez otros detenidos como Emilio Tapia, quien también ha estado involucrado en denuncias, fueron trasladados de esta cárcelCon el cierre del pabellón de funcionarios públicos de la cárcel el bosque de Barranquilla, 14 personas fueron trasladadas de las 16 que estaban recluidas en este lugar.Le puede interesar:
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.