La mañana de este miércoles reina la tensión en la Penitenciaría El Bosque, donde varios reclusos intentaron amotinarse en medio de una serie de procedimientos que está realizando el Grupo de Operaciones Especiales del Inpec, como allanamientos a las celdas en busca de celulares, drogas y otros elementos prohibidos, así como la coordinación de nuevos traslados hacia cárceles de otras regiones del país.Blu Radio conoció que recientemente varios hombres que se encontraban privados de la libertad en estaciones de Policía fueron llevados a la Penitenciaría para ser reseñados y luego trasladarlos a otros penales, proceso que está siendo coordinado por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, quien viajó a Barranquilla para liderar este operativo.Le puede interesar: Continúan traslados de reclusos en cárceles de Barranquilla: enviaron cuatro más a la cárcel TerneraEste sería el tercer traslado de reclusos que se realiza desde Barranquilla en cuestión de una semana, tras la orden impartida por el presidente Abelardo De La Espriella y cuyos movimientos son los que mantienen alterados a los criminales en prisión.En días pasados fueron trasladados 24 hombres de alto perfil criminal, como los catalogan las autoridades, desde este complejo carcelario El Bosque hacia Bogotá y Cartagena.Además, hubo allanamientos por parte de la Policía y la Fiscalía en los patios de esta penitenciaría. Estos operativos dieron como resultado la incautación de celulares, y lo que reportan las autoridades es que dos de los dispositivos tendrían información relevante en las investigaciones que se adelantan contra presuntos cabecillas de la banda ‘Los Costeños’.En esos allanamientos se ha logrado el decomiso de tarjetas SIM, cargadores, libretas y hojas con información sobre víctimas de extorsión y hasta estupefacientes. Todo estaba oculto en caletas ubicadas en techos y baños para evadir los controles.
Hacia las 10 de la mañana de este martes fueron saliendo en caravana, a bordo de camionetas y una buseta del Inpec, 20 hombres de alto poder criminal que se encontraban recluidos en la Penitenciaría y en la Cárcel Distrital El Bosque, de Barranquilla, y que ahora van camino a la capital del país para ser distribuidos, en los próximos 15 días, hacia diferentes penales de Colombia, entre esas la cárcel de alta seguridad de Girón, Santander.El operativo estuvo encabezado por el coronel Daniel Gutiérrez, director nacional del Inpec y entre los trasladados figuran miembros de la banda delincuencial Los Costeños, como alias 'Comandante Gabino', alias 'Caballo' y alias 'El Miquito', así como integrantes de la banda criminal 'Los Pepes', entre ellos, Rodrigo Javier Pantoja, alias 'El Gamo' y Erick Fabián Molina.Los 20 trasladados suman más de 200 anotaciones judiciales por delitos como extorsión a comerciantes, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes."Es un paso fundamental": mandatarios localesA través de su cuenta en X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le respondió al presidente Abelardo De La Espriella el anuncio de los traslados, agradeciéndole por escuchar a las autoridades locales “y por la voluntad de enfrentar con rigor y contundencia a estos terroristas”.“Sacarlos de Barranquilla y trasladarlos a una cárcel de máxima seguridad, donde no entre ni la señal de la Santa Cruz, es empezar por lo fundamental: desconectarlos del mundo exterior y cortar las órdenes criminales que siguen impartiendo desde las cárceles”, dijo el alcalde Char.Y en esto coincidió el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano, quien sostuvo que “el traslado de estas 20 personas privadas de la libertad a establecimientos penitenciarios fuera de la ciudad es un paso contundente para frenar la dinámica criminal que pretende seguir operando desde las cárceles”.Medidas complementariasEl docente e investigador de la Universidad del Norte, Luis Trejos, como conocedor de las dinámicas de violencia en el Caribe, reconoce que el traslado de cárcel de estos delincuentes va a dificultarles a las bandas que puedan seguir utilizando cierta infraestructura criminal que han construido desde prisión, especialmente en las cárceles del distrito de Barranquilla, para sus actividades ilícitas.Sin embargo, el experto afirma que “se debe tener en cuenta que estas medidas, por lo general, tienen efectos temporales y no permanentes”, y que deben venir acompañadas de otras estrategias para garantizar el objetivo, como mayores controles en los penales e investigaciones respecto a los guardias que son cómplices de los reclusos."Yo creo que esto va a tener unos efectos en el corto plazo, pero si no se acompañan con medidas de mayor calado, pues lo que veremos posteriormente será un efecto rebote de la extorsión", aseguró."Lo que se espera es que los delincuentes de mayor perfil criminal estén en espacios de aislamiento, lo que permite un mayor control por parte de las autoridades, y también que se siga avanzando en la instalación de los inhibidores de señal", agregó.Trejos afirma que, además de inhibir la señal en las cárceles donde se producen llamadas extorsivas, ojalá se logre desde el Congreso una regulación frente a la compra y venta de tarjetas SIMs, ya que eso facilita las dinámicas de la extorsión.
Con música a todo volumen y cerveza en mano estuvo celebrando un grupo de reclusos en una de las celdas de la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla, una escena que, además, fue registrada en video por los mismos involucrados, quienes grabaron con celular la parranda, pese a que también está prohibido el uso de dispositivos móviles en los penales.En el video publicado, incluso, en redes sociales, se observa a por los menos cinco reclusos, cantando, tomando varias latas de cervezas, chateando y grabando con sus celulares, sin ninguna autoridad que impida su comportamiento.Este episodio se habría registrado hace un mes, informaron las autoridades, quienes ordenaron el aislamiento de los reclusos involucrados en este hecho, todos ellos presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los Costeños’.Según informaron fuentes del Inpec a Blu Radio, este aislamiento se materializó el pasado lunes festivo mientras se expiden las resoluciones con la orden de traslado de estas personas a cárceles de máxima seguridad en el país.
Burlando todo protocolo y medida de seguridad, internos de la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla convirtieron su celda en un ambiente de discoteca y, en pleno fin de semana de Velitas, prendieron la rumba con licor, un enorme parlante y hasta un televisor en el que proyectaban videos musicales como si estuvieran viviendo de todas las maneras posibles, menos privados de la libertad.La música a todo volumen en el pabellón 1 y tragos que iban y venían entre luces navideñas quedaron en evidencia en los mismos videos que los reclusos grabaron y difundieron con sus celulares, como si estos dispositivos móviles tampoco estuviesen prohibidos en el penal.Los videos, en los que los protagonistas de la rumba se graban abrazados, bastaron para que las autoridades los identificaran y abrieran nuevos procesos en su contra con miras a un posible traslado de cárcel por su inadecuado comportamiento.Así mismo, se desplegó un operativo en el pabellón para decomisar todos estos elementos prohibidos, informó Jim Nelson Muñoz, director de la regional norte del Inpec."Inmediatamente se dieron las órdenes para que el comandante vigilancia y la directora del establecimiento hicieran un operativo para tener el control de nuestro pabellón. El establecimiento sabe quiénes son los que hicieron este acto y se van a tomar medidas, tanto disciplinarias como penales, si es el caso", dijo el funcionario a Blu Radio.Los implicados en este caso serían dos miembros de la banda delincuencial Los Costeños, sindicados por concierto para delinquir; sin embargo, las sanciones no sólo irían contra ellos, sino también contra el personal administrativo y de custodia involucrado en estos hechos, quienes podrían enfrentar cargos disciplinarios por permitir tales conductas.No es la primera vez que una situación así ocurre, en septiembre pasado varios integrantes de Los Costeños, internos de esta Penitenciaría, también hicieron su propia fiesta de Amor y Amistad con cavas llenas de cervezas, hechos por los que varios de ellos fueron trasladados de penal.
Identificar a quienes permitieron una rumba con licor en la Penitenciaría El Bosque, con miras a determinar las sanciones que correspondan por violar el régimen carcelario, es el objetivo de la indagación previa que abrió la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios indeterminados adscritos a este centro de reclusión de mediana seguridad, ubicado en el sur de Barranquilla.La indagación surge a raíz de las denuncias presentadas sobre la realización de una fiesta que hubo entre los reclusos el 20 y el 21 de septiembre en el pabellón B de la Penitenciaría, donde fotos y videos dan cuenta del ingreso de bebidas alcohólicas al penal, pues en las imágenes se observa una nevera llena de latas de cerveza que eran consumidas por los mismos privados de la libertad, con música a todo volumen.Según las denuncias, esta habría sido una celebración de Amor y Amistad con consumo de licor autorizado por los mismos integrantes de la estructura criminal ‘Los Costeños’ que están allí recluidos; sin embargo, la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico ordenó una inspección a las instalaciones de la Penitenciaría y solicitó información a la Dirección del Inpec para determinar responsabilidades entre los funcionarios a cargo.Vale recordar que, al destaparse este escándalo, el Inpec ordenó un allanamiento a las celdas de los reclusos que salían en el video e incautó la nevera que fue usada para guardar la cerveza, siete armas blancas y otros elementos prohibidos.En las imágenes de la parranda se identifica a Ciro Alberto Oquendo Villareal, alias '09', señalado de alquilar armas para cometer homicidios; Jonathan Amador, alias ‘Maldad’, señalado como ‘la mano derecha’ de alias ‘Castor’, máximo cabecilla de la estructura criminal. También está William Alfredo Guerrero, alias ‘Pochi’, presunto sicario de ‘Los Costeños’ y hombre de confianza de ‘Castor’.Así las cosas, el Inpec también trasladó a tres reclusos a cárceles de máxima seguridad del centro del país y reubicó a otros dos en patios distintos, no sin antes abrir una investigación interna contra funcionarios de la institución por permitir el ingreso de elementos prohibidos al pabellón.
Con preocupación recibió en las últimas horas el director de la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla, Daniel Rodríguez, unos mensajes por parte de supuestos integrantes del Clan del Golfo, en el que lo amenazan de muerte y lo obligan a marcharse de la ciudad en un lapso de 24 horas.En el texto se puede apreciar como un usuario llamado “África” le envía dos párrafos y un video en el que le enseñan múltiples armas y lo intimidan diciéndole que conocen sus movimientos, los de sus hijos y que pronto será declarado objetivo militar.El caso fue dejado en manos de la Policía Metropolitana, mientras que el mismo funcionario declaró a Blu Radio que actualmente no tiene ningún esquema de seguridad ni formas seguras de movilizarse."Siempre en nuestros cargos estamos expuestos a este tipo de amenazas por las decisiones que tomamos, por lo que lideramos. Entonces, en estos momentos, cuando uno recibe este tipo de amenazas, la idea es ponerlo en conocimiento de las autoridades para que hagan lo respectivo, para que lo arropen a uno, lo acompañen", manifestó el director."En mi caso, por ejemplo, no tengo ni un esquema de seguridad, no cuento con un vehículo particular y siempre me toca estar usando servicio público. Entonces, es más la exposición que tengo yo hoy día", agregó.Rodríguez sostuvo que la idea es que las autoridades no lo hagan sentir solo y que en las próximas horas espera hacer también la respectiva denuncia ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección.
A través de una carta dirigida a Ludwing Joel Valero Sáenz, director del USPEC, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char manifestó su preocupación por la crisis de hacinamiento en los centros carcelarios de la ciudad.Ante esto hizo un especial llamado al funcionario para que culminen los trámites administrativos tendientes a finalizar las obras complementarias para poner en funcionamiento los 3 pabellones para 170 privados de la libertad, cada uno, construidos en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, los cuales fueron entregados por parte del Ministro de Justicia en el mes de junio del año 2022, sin que aún estén siendo usados.En el documento, el alcalde Char urge la habilitación de los 510 nuevos para “mitigar la situación de vulnerabilidad y de contaminación al interior de las cárceles que afectan a toda la población privada de libertad”.“Como es de su conocimiento, actualmente se presentan graves situaciones de hacinamiento carcelario en los centros penitenciarios ubicados en la ciudad de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, por lo cual, acudimos a sus buenas gestiones para seguir fortaleciendo, adoptando e implementando medidas urgentes y prioritarias tendientes a mitigar la situación de vulnerabilidad y de contaminación al interior de las cárceles que afectan a toda la población privada de libertad, recluida en los distintos establecimientos carcelarios”, se lee en el documento.Y es que, según información entregada por la Personería Distrital, los centros de detención transitorios de la ciudad se encuentran con un 377 por ciento de hacinamiento.
Desde el martes 18 de junio, Emilio Tapia abandonó el pabellón de Medidas Especiales de Tratamiento, conocido como UTE, en la Penitenciaría El Bosque y fue llevado de regreso al pabellón donde recibían a funcionarios públicos condenados por corrupción y otros delitos, el cual había sido cerrado por orden del director nacional del Inpec desde mayo del año pasado, ante denuncias de salidas irregulares de los internos.El juzgado primero promiscuo municipal de Malambo dio la orden al Inpec de regresar al empresario conocido como ‘el zar de la contratación’ al pabellón en que se encontraba, esto ante a una acción de tutela interpuesta por la esposa de tapia, Natalia Morales Alzayus y sus dos hijos menores de edad.En dicha tutela, familiares de Tapia piden el traslado en virtud de garantizar sus derechos fundamentales y condiciones dignas para su detención.De no darse el traslado, informó el Inpec, se incurría en un desacato que llevaba al arresto por cinco días del director nacional del Inpec, el teniente Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas.Finalmente, Tapia se encontró de vuelta en el mismo pabellón con Jaime Saade Cormane, condenado por el asesinato de Nancy Mestre hace 30 años en el norte de Barranquilla y es que la reapertura de este pabellón ahora se da para recibir a otro tipo de detenidos, no solo funcionarios públicos, detalló el Inpec.
Los índices de hacinamiento en las cárceles de Barranquilla continúan siendo un motivo de preocupación, pues según la Personería Distrital, en algunos de ellos, la cifra supera hasta el 150%.Tal es el caso de la Penitenciaría El Bosque, cuya capacidad sería tan solo para 640 reclusos; sin embargo, en el establecimiento se tienen 1.157 internos, registrándose un hacinamiento de hasta el 181%.Para el caso de la cárcel La Modelo se estaría registrando un hacinamiento del 131%, teniendo en cuenta que su capacidad sería tan solo de 595 cupos, reportándose también casi mil privados de la libertad.En lo que respecta a la cárcel Distrital El Bosque, con capacidad para 300 presos, hoy se mantienen privados de la libertad 384 personas para un índice de hacinamiento del 128%.Por último, en la cárcel para mujeres El Buen Pastor solo hay cupo para 130 reclusas; sin embargo, habría un total de 142 mujeres, lo que equivaldría a un 109% de hacinamiento.Miguel Ángel Álzate, personero de Barranquilla, pidió poner en funcionamiento cuanto antes el nuevo pabellón donde se prometieron 500 cupos carcelarios."Todo esto nos permite concluir que deben tomarse medidas de carácter urgente para minimizar esta situación. Como solución, nosotros hemos propuesto que se terminen las obras del nuevo pabellón de la Penitenciaría El Bosque, que ya está prácticamente terminado", dijo.Precisamente, desde el sindicato UTP del Inpec informan que este pabellón, inaugurado en abril de 2022 por el gobierno de Iván Duque, aún no ha entrado en operación porque no cuenta con electricidad ni tiene conductos de ventilación, a pesar de que fue una obra cuya inversión superó los 26 mil millones de pesos.La infraestructura parece haber sido construida para un territorio de clima frío, cuando en realidad las sensaciones térmicas en Barranquilla superan los 40 grados por estos días y la falta de ventilación en este pabellón, insiste el sindicato del Inpec, "quebrantaría las condiciones de dignidad humana de las personas privadas de la libertad".Le puede interesar:
El diálogo con Blu Radio, el director del Inpec, coronel Daniel Ramírez, manifestó que por ahora está descartada la posibilidad de que se remueva al director de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, luego de la decisión de cerrar el pabellón de funcionarios públicos de este establecimiento penitenciario.Las medidas se tomaron tras una semana de escándalos dentro de la cárcel donde periodistas y víctimas denunciaron todo tipo de irregularidades dentro de este penal en Barranquilla. Uno de los casos que más rodea dudas es el de ‘Kiko Gómez’, condenado por homicidio, en el que el director del Inpec señaló que fue trasladado a la cárcel de La Dorada, en el departamento de Caldas, y que no va a permitir que Gómez continúe su actuar delictivo.Sobre los constantes escándalos que involucran al Inpec, Ramírez aseguró que asumió una entidad retadora y dijo que está dispuesto a trasladar las veces que sean necesarias a los detenidos de alta peligrosidad que están generando irregularidades.Además, la periodista Diana López Zuleta, hija de una de las víctimas de ‘Kiko Gómez’, había denunciado los traslados injustificados de ese detenido de la cárcel de Barranquilla. Junto a Gómez otros detenidos como Emilio Tapia, quien también ha estado involucrado en denuncias, fueron trasladados de esta cárcelCon el cierre del pabellón de funcionarios públicos de la cárcel el bosque de Barranquilla, 14 personas fueron trasladadas de las 16 que estaban recluidas en este lugar.Le puede interesar:
La Sala Especial de Instrucción abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro para determinar si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, realizada en octubre de 2025. El magistrado Francisco Farfán es el ponente del proceso.La consulta tuvo como propósito definir al candidato presidencial de la colectividad, en la que Iván Cepeda obtuvo cerca del 65,1 % de los votos, superando a la exministra y senadora Carolina Corcho. Ahora, la Sala busca establecer si los recursos utilizados para financiar esa consulta cumplieron con las normas establecidas. El despacho ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y la recepción de declaraciones.Con estas actuaciones, la investigación pretende establecer qué ocurrió con la financiación de la consulta y determinar si existe alguna responsabilidad por parte del senador Iván Cepeda. Por ahora, se trata de una indagación previa y su apertura no significa que el congresista haya sido declarado responsable.Los hechos están relacionados con recursos reportados como contribuciones o donaciones entregadas por Javier Antonio Pérez Páez y la empresa Samat Publicidad SAS. En el primer caso, se reportaron 116 millones de pesos, mientras que en el segundo fueron 609 millones.Sobre estos recursos ya se había pronunciado el Consejo Nacional Electoral. En enero pasado, el organismo decidió no investigar a Cepeda por estos hechos, al considerar que las inconsistencias correspondían a la forma en que fueron reportados los ingresos y gastos de la consulta.
La Fiscalía General de la Nación imputó a Laura Camila Sarabia Torres, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y exembajadora de Colombia en Reino Unido, como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, dentro de la investigación relacionada con el procedimiento de polígrafo practicado a su exniñera Marelbys Meza en enero de 2023.Durante la audiencia, el ente investigador notificó además a Sarabia de un cargo por el delito de peculado por uso, relacionado con la utilización de bienes y recursos públicos para la realización de la prueba de polígrafo. La investigación se originó después del hurto de dinero en efectivo que se encontraba en una maleta en la vivienda de Sarabia. Posteriormente, Marelbys Meza fue trasladada a unas oficinas del Dapre, ubicadas en el edificio Galán, para ser sometida a una prueba de polígrafo.De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, Sarabia habría ordenado al coronel Carlos Alberto Feria que se practicara la prueba a Meza. El ente investigador sostiene que, al impartir esta instrucción, la entonces jefa del despacho presidencial habría excedido sus competencias funcionales para resolver un asunto de carácter personal.La Fiscalía explicó durante la audiencia que las pruebas de confiabilidad o poligrafía eran utilizadas como una herramienta técnica para decisiones institucionales relacionadas con la credibilidad y confiabilidad del personal que rodeaba al presidente de la República. Por esa razón, sostuvo que ese procedimiento no podía extenderse a una empleada particular con un propósito diferente al institucional.El ente investigador también fundamentó el delito de constreñimiento ilegal agravado en la relación laboral existente entre Sarabia y Meza. Según la Fiscalía, la entonces funcionaria habría utilizado la posición de poder derivada de esa relación y la dependencia económica de su empleada para que aceptara someterse a la prueba. La fiscal señaló que Meza conocía la posición de Sarabia dentro del Gobierno y que la relación laboral representaba para ella un trabajo estable y su principal sustento económico. Bajo esa hipótesis, la Fiscalía considera que estas circunstancias habrían incidido en la decisión de Meza de acceder al procedimiento.En cuanto al peculado por uso, la Fiscalía sostuvo que el delito se habría configurado porque recursos y bienes públicos fueron utilizados para una actividad particular y ajena a las funciones legales para las cuales estaban destinados. El ente investigador indicó que el 30 de enero de 2023, aproximadamente a las 2 de la tarde, Meza fue trasladada por personal asignado a la seguridad de Sarabia a las oficinas del Dapre para la realización del polígrafo, procedimiento que habría durado entre tres y cuatro horas.La inclusión de este último delito fue cuestionada durante la audiencia por el exfiscal Mario Iguarán, integrante de la defensa de Sarabia. Iguarán manifestó que el cargo les resultó sorpresivo porque, según explicó, durante acercamientos previos con la Fiscalía se habría discutido la posibilidad de un preacuerdo y se les había indicado que, después de los análisis correspondientes, no había elementos para hablar de un peculado por uso.“Por eso nos pareció sorpresivo, incoherente, ininteligible”, afirmó Iguarán, quien también pidió precisión sobre la relación entre el delito de abuso de función pública y la nueva imputación por peculado. La Presidencia de la República solicitó ser reconocida como víctima dentro de la actuación, petición que fue avalada durante la audiencia. En contraste, la jueza primera de control de garantías no reconoció como víctimas a Marelbys Meza y Fabiola Perea ni a la fiscal Marbel Morales dentro de esta imputación.La Fiscalía aclaró que, por ahora, Sarabia no está siendo vinculada en esta actuación por las interceptaciones de las líneas telefónicas de Meza y Perea ni por las actuaciones relacionadas con la presunta inducción en error a la fiscal Marbel Morales.La audiencia se retomará a las 2 de la tarde, momento en el que se establecerá si Laura Sarabia acepta o no los cargos formulados por la Fiscalía.
En medio de su visita a Cartagena, en donde se identificaron algunos de los proyectos estratégicos que requiere la ciudad en materia de movilidad y medio ambiente, la ministra de transporte Elsa Noguera pidió acelerar las obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.La ministra Noguera hizo un llamado a OINAC, concesionario del aeropuerto, para que se trace un plan concreto que permita “destrabar” la obra y avanzar en su ejecución.“Cartagena es una de las principales puertas de entrada del turismo internacional a Colombia y merece una terminal a la altura de su importancia. Necesitamos resultados, un mayor ritmo de ejecución y mejores condiciones para los pasajeros”, sostuvo.Desde Cartagena, la jefe de la cartera de transporte, a su vez, anunció la instalación de una mesa de alto nivel para hacer seguimiento a temas como la entrega de vías y andenes por parte del Distrito, la modificación de la licencia ambiental de la ANLA y la reubicación de la oficina de taxistas, que serían fundamentales para el avance de la obra.“Desde el Ministerio de Transporte instalaremos una mesa de alto nivel con la ANI, el concesionario, la ANLA, la Aerocivil, Cardique y la Alcaldía de Cartagena para destrabar los temas pendientes, pero quiero ser muy clara: esta articulación no libera al concesionario de sus obligaciones. Le exigiremos que demuestre qué gestiones ha realizado, cuáles obras puede ejecutar de inmediato y cómo va a recuperar el atraso acumulado. Cartagena necesita menos excusas y más ejecución”, señaló Noguera.Por su parte, el alcalde Dumek Turbay dijo que existe una voluntad conjunta para lograr que Cartagena cuente con un aeropuerto acorde con su importancia turística, económica y estratégica para Colombia.“Como Alcaldía estamos listos para que todos hablemos del mismo lado y para que gane Cartagena y gane Colombia. Hemos conversado todos los temas, especialmente, la voz de la comunidad, las inquietudes de los taxistas que prestan el servicio en el aeropuerto, las preocupaciones de los habitantes de Crespo y la necesidad de resolver situaciones que permitan que este proyecto avance”, aseguró el alcalde Turbay.Entretanto, OINAC, concesión encargada de la modernización del aeropuerto de Cartagena, indicó que el llamado de la ministra permitirá impulsar el avance de la obra.“Desde OINAC mantenemos nuestro compromiso de avanzar en la consolidación de las obras de modernización del aeropuerto para darle a la ciudad una infraestructura aérea que responda a sus dinámicas de crecimiento turístico y comercial. Agradecemos el llamado de la ministra, lo entendemos como un espaldarazo al trabajo que hemos venido realizando con los actores involucrados en el proceso para darle celeridad a las obras y retomar el ritmo de cara cumplir con el cronograma propuesto”, agregó Patricia Mejía, Gerente General de OINAC.Sobre ampliación del aeropuerto de Cartagena Con una inversión superior a los 922.500 millones de pesos, contempla la construcción de un nuevo edificio internacional de 19.593 m², que llevará el área total de la terminal a 44.748 m². Además permitirá ampliar la capacidad de atención de 7 a 11 millones de pasajeros, aumentar de 19 a 23 las operaciones por hora y pasar de 11 a 15 posiciones de uso simultáneo, junto con cinco nuevos puentes de abordaje y tecnología Swing Gate.
Cinco semanas después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, las aseguradoras han recibido 84.534 reclamaciones y han pagado $184.770 millones en indemnizaciones, de acuerdo con el más reciente reporte de Fasecolda, con corte al 11 de septiembre.El valor asegurado asociado a los siniestros reportados llegó a $4,4 billones, un billón de pesos más frente al balance de la semana anterior. Además, los recursos desembolsados por las compañías aseguradoras aumentaron 94 % frente al corte anterior. Estos pagos corresponden a indemnizaciones para atender los daños ocasionados en viviendas, comercios y copropiedades. Risaralda ocupa, para este corte, el departamento con el primer lugar en cuanto al valor estimado de las indemnizaciones, con $1,6 billones. Pereira es la ciudad que concentra el mayor valor estimado a pagar, con cerca de $1,3 billones.De acuerdo con Fasecolda, los seguros de incendio y terremoto concentran el mayor valor estimado de indemnizaciones, con $3,8 billones. Les siguen los seguros de hogar, con $437 mil millones; automóviles, con $23 mil millones; riesgos laborales, con $18 mil millones, y otros ramos, con $122 mil millones.
La Fuerza Aérea Colombiana, anunció a través de su cuenta de X, que ya fue localizada la avioneta que desapareció cuando cubría la ruta Condoto - Guaymaral. Se trata de un Cessna T206 de matrícula HK4985, operado por la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Una vez se conoció la pérdida de comunicación con la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, la Fuerza Aérea, activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal. De acuerdo a lo comunicado a través de ss rede sociales, con aeronaves Bell-212, UH-60 BlackHawk y C-90 con equipos especializados de geolocalización, se realizó la búsqueda de la aeronave sobre la vereda Oscordó, Pueblo Rico.Aproximadamente sobre las 7:30 a.m. de este lunes, la aeronave UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea, localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave. La búsqueda era concentrada en una zona rural del municipio de Tadó, cerca de una comunidad indígena, según información entregada por habitantes de esa zona de Chocó.Las cinco personas que viajaban en la aeronave habían permanecido desde el jueves en Condoto, donde participaron en una brigada de salud con personal especializado que atendió a habitantes del municipio y de localidades vecinas, de acuerdo con información de la Alcaldía.Según la Aerocivil, el último reporte de comunicación con la aeronave se registró a las 9:23 de la mañana del domingo 13 de septiembre y posteriormente se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del cerro Tatamá, a unas 33 millas del radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia de Pereira.
