La Fundación para el Progreso de la Región, ProBogotá, publicó los resultados de la Mesa de Expertos de Movilidad que se instaló el año pasado y con la que buscan analizar la situación actual de movilidad y transportes en la región y a su vez sugerir algunas alternativas para mejorar esta problemática en la ciudad.Fueron las conclusiones que entregó la mesa de la que hacen parte 14 expertos en esta materia y que es liderada por Juan Pablo Bocarejo, quien viene siendo el director del departamento de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de Los Andes.Estructurar la extensión de la Línea 1 desde la calle 100 hasta la 170. Al ser el trazado de mayor demanda proyectada, superior a la de las Líneas 2 y 3.La expansión del sistema de transporte público masivo debe pasar por un análisis de alternativas de beneficios y costos que incluya diferentes modos como el BRT.También, incorporar acciones urbanísticas para el desarrollo de los entornos próximos a los trazados, considerando la trasformación urbana como una estrategia de alimentación de la red, con espacio público efectivo que favorezca la intermodalidad.Al planear nuevos corredores de alta capacidad, evaluar la posibilidad de migrar la concentración de los viajes en el centro ampliado de la ciudad hacia otras zonas promoviendo nuevos desarrollos, por ejemplo, al occidente de la ciudad.Es necesario concretar la interoperabilidad entre los diferentes modos de transporte público masivo para que haya integración en cuanto a recaudo, operación, atención al usuario, gestión de la información y atención de crisis.Es urgente articular las obras de movilidad con los requerimientos de traslado de las redes de servicios públicos y telecomunicaciones. E incorporar nuevas tecnologías como BIM para facilitar la planificación y seguimiento.Frente a la Línea 3, el trazado debe garantizar la conexión con las centralidades existentes en el ámbito regional, y con aquellas que se consolidarán en el futuro para responder a la demanda proyectada. Además, evitar la redundancia con la Línea 1 contemplando incluso aplazar su construcción hasta que esta alcance el tope de su capacidad de diseño.Darle peso a la variable costo eficiente en la definición del trazado para que sea acorde con la demanda que servirá. El costo por kilómetro de esta Línea es igual a la suma de los costos de las líneas 1 y 2, lo que la haría inviable.Finalmente, la Mesa de Expertos llama la atención sobre la necesidad de que los corredores de transporte público se planeen desde la conectividad entre las diferentes ofertas de transporte que tiene la ciudad.
Eduardo Pacheco, presidente del consejo directivo de ProBogotá, intervino ayer en la celebración de los diez años de la fundación y se refirió puntualmente a varios temas coyunturales que les generan preocupación, comenzando por la situación del sector salud, que, según Pacheco, está bajo control del Gobierno y de la burocracia oficial.“De forma hábil, el Gobierno tomó control de la industria; las EPS son manejadas hoy por la burocracia oficial, bien porque han sido intervenidas o porque solicitaron su liquidación. No se necesitó de expropiación o nacionalización, se utilizó el poder del Estado. Así se maneja el sistema en los regímenes de las dictaduras del proletariado. Estamos perdiendo libertad”, afirmó.Pacheco destacó que también le inquieta que en la mesa donde se define el futuro del sistema económico del país se siente la guerrilla del ELN en un acuerdo vinculante, cuestionando que de esta mesa no esté participando ningún sector de la sociedad civil.“¿Dónde está el sector privado? ¿Qué mensaje se nos está enviando? La esencia de nuestra sociedad está en la parte civil; el 92 % de los empleados son privados. Que ningún sector de la sociedad civil sea citado a esta mesa nos inquieta profundamente. Nosotros no estamos ahí, pero sí están unos señores condenados por las cortes nacionales e internacionales por asesinatos, extorsiones, secuestros, violación de mujeres y reclutamiento de menores. Este es un tema que nos debe preocupar profundamente”, dijo.Por último, el presidente de ProBogotá se refirió a un asedio a la Registraduría que, según él, es preocupante, teniendo en cuenta lo que ocurrió en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio.“Es un hecho que nos aterra y más después de lo que pasó en la hermana república de Venezuela. Todos debemos defender la democracia y la libertad”, afirmó.El representante de ProBogotá cerró su intervención asegurando que el riesgo que vive el país en este momento es indeterminado, probable y severo, y por ello anunció que la junta directiva de ProBogotá ha decidido abrir un capítulo que denominan de comunicación y que tiene que ver con contarle a la ciudadanía lo que está ocurriendo, lo cual, bajo su visión, amenaza la libertad.
En un documento de 60 páginas titulado “Aeropuerto El Dorado: impulsor de la productividad en la región” y que fue realizado por ProBogotá Región, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) quedó registrado un análisis de la situación del Aeropuerto Internacional El Dorado en el que se recogen las visiones de los diferentes actores involucrados en la operación y el desarrollo de la terminal aérea más importante del país.La creciente demanda, las condiciones urbanas actuales, la planificación alrededor de la terminal, y las dinámicas del sector aeronáutico que podrían generar sobre saturación, perdida de rutas y decrecimiento son algunos de los “retos significativos” que señala el documento tiene el aeropuerto El Dorado.Para los empresarios esos retos representan en el futuro problemas para el país afectando sectores como el Turismo, la Agricultura, la Industria y la Cultura, entre otros.Uno de los planteamientos centrales de ese documento es la necesidad de implementar una estrategia de ordenamiento territorial en la región a mediano y largo plazo, lo que significa que se debe planificar, por ejemplo, la definición del tamaño y ubicación de la infraestructura adicional tanto al interior como los exteriores del aeropuerto.Y es que ante la necesidad de ampliar el aeropuerto El Dorado ya hay una Iniciativa Privada El Dorado Max (EDMAX), que fue aprobada por la ANI en etapa de factibilidad en diciembre de 2022, y que sería el alivio de la terminal aérea, al menos a medida o plazo, mientras se definen los planes de infraestructura aeroportuaria a largo plazo para Bogotá y la Región.Además, el documento planteó la necesidad de que se estudie técnicamente la posibilidad de construir una tercera pista que sea la solución a la demanda que se tiene proyectada a corto, mediano y largo plazo del aeropuerto.Para ProBogotá Región, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) hoy El Dorado se encuentra en un perímetro que colinda con los municipios de la sabana que tienen una tendencia de crecimiento. De esta manera se proyecta que en 20 años el aeropuerto El Dorado ya no esté en la parte occidental de Bogotá, sino en el centro geográfico de una ciudad de entre 13 y 15 millones de habitantes.Eso lo que significaría es que habrá una demanda no solo de la capital del país, sino de los demás municipios que colindan con Bogotá. Así, se plantea la necesidad de que con urgencia se construyan vías de acceso al termina aéreo, como la avenida 63, entre otras, que complementen los proyectos que se encuentran en curso: la calle 13 y el RegioTram de Occidente.La publicación recomendó adelantar una estrategia regional en relación al aeropuerto en la que los suelos de Funza cuenten con las herramientas para la financiación y la estructuración de proyectos de gran escala asociados a la infraestructura aeroportuaria, y que todo esto quede consignado en el proyecto y en el Plan Director de la Región Metropolitana.En el documento se señaló que El Dorado es el principal puerto seco de carga de América Latina y el tercero en transporte de pasajeros. Además de resaltar que fue una de las primeras terminales aéreas del continente en recuperar las operaciones previas a la pandemia.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
ProBogotá encendió varias alarmas sobre el Plan Nacional de Desarrollo pues afectaría la autonomía de alcaldías y gobernaciones para definir qué se hace en su propio territorio y ahora tendrían que sujetarse a normas que se toman fuera de él. Según la entidad esta clase de disposiciones sobre ordenamiento territorial deberían estar en una ley específica y no en un plan de desarrollo. Además, algunos artículos obligarían a las entidades públicas a contratar con las llamadas asociaciones de la economía popular y a darle prioridad a la contratación con comunidades de grupos étnicos por encima de la contratación general lo que, según ProBogotá, va en contra de la selección objetiva de los contratistas que ejecutan los recursos públicos.Finalmente, hay una advertencia relacionada con la financiación que el gobierno nacional da los planes de infraestructura y transporte público de las ciudades pues ahora solamente se pagaría el 40% del proyecto hasta que las alcaldías o gobernaciones pongan en marcha el 60% de la flota del transporte público lo que desconoce la forma en que se vienen financiando estos proyectos y podría arriesgar nuevas inversiones.Le puede interesar:“Pediré que se retire ese artículo del debate”: mininterior designado sobre artículo de expropiaciónPolémica ha causado un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que salió a la luz pública y que para la oposición es un mico, con el que se pretendía incluir una ley para realizar la “expropiación exprés”,sin embargo, el designado ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que pedirá este martes a los presidentes del Congreso retirar este artículo.“Hay un artículo que lo afirma un grupo de parlamentarios y algunos funcionarios del Gobierno ayudaron a redactar, lo que habla ni más ni menos que de la expropiación, ese artículo no lo apoya el Gobierno. Óigase bien, ese artículo no lo apoya el Gobierno y no sólo no lo apoya, sino que como ministro pediré que se retire ese artículo del debate”, explico el nombrado ministro del Interior Luis Fernando Velasco.Le puede interesar:
Según el ‘Informe de evasión en el componente troncal 2022’, realizado por la dirección técnica de seguridad de TransMilenio, entre el 2019 y el 2022 la evasión en TransMilenio pasó de 16.7 % a 29.6 %, representando una pérdida cercana a los 10.600 millones de pesos. Por esto, ProBogotá formuló siete propuestas para enfrentar este flagelo y que de no implementarlas aseguran y se perderían cerca de 551.200 millones de pesos este año, un 112 % más que en 2019.Aunque desde la Alcaldía de Bogotá se ha planteado reducir 2 puntos porcentuales la cifra de evasión, la percepción es que este fenómeno en vez de disminuir ha aumentado.Cerca de 40.100 comparendos se han impuesto por no pagar el pasaje en lo corrido de este año, pero tan solo menos del 10 % han sido saldados. Unas cifras que no son muy alentadoras frente a las medidas que se han implementado para tratar de disminuir los ‘colados’.Las propuestas que plantea ProBogotá se basan en siete puntos:Implementar estrategias más contundentes contra la reventa de pasajes.Calcular el impacto real en el sistema de la reventa de pasajes. Las cifras que se tienen dan cuenta de que esta práctica le cuesta a la ciudad cerca de $ 9.560 millones anuales.Mejorar la baja frecuencia de buses y la falta de cobertura en algunas partes de la ciudadOptimizar las rutas y paradas para mejorar la eficiencia del SITP.Recuperar los entornos de las estaciones que se encuentran degradados desde las protestas del 2020.Replantear la metodología de las campañas y su enfoque con el fin que eviten la normalización del “robo” por no pagar el servicio.Trabajar en la seguridad para ciudadanos y conductores.Le puede interesar, escuche el podcast: Los Serfardíes
Después de que hiciera viral el video de un robo en la calle 100 con carrera 20 en Bogotá, se puso en mesa de debate cómo se encuentra la seguridad en la ciudad, pues para muchos ciudadanos los robos y hurtos han aumentado de manera significativa, algo que preocupa a la hora de salir a la calle. Algunas personas han asociado este problema con la llegada de migrante venezolanos, pero según César Restrepo, director de seguridad urbana de ProBogotá Región, es algo "inaceptable" llegar a esa conclusión, pues a la final "somos una sociedad muy violenta""Tenemos memoria de corto plazo, cuando realmente siempre hemos sido una sociedad muy violenta. Es verdad que existían factores que no permitían ver esa realidad. Hay que decir que sí hay crecimiento en el crimen de la ciudad, y el culpable es el microtráfico; ese es el verdadero deterioro de la calidad de la vida de los ciudadanos", explicó en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.El aumento del narcotráfico en la ciudad y la falta de garantías, informó él, ha dado acceso a esa bandas criminales al porte ilegal de armas, que es lo que realmente está poniendo en riesgo la vida de las personas; algunos han acusado que la presencia de venezolanos en Bogotá ha influido en eso.Para César Restrepo es algo "inaceptable" asociar el crimen con una nacionalidad, "hace diez años éramos señalados como criminales al salir del país. El Gobierno tomó la decisión de apoyo y cuidar a los venezolanos porqué son sujetos más vulnerables y corren el riesgo de ser reclutados por las bandas criminales más rápido. Creer que existen estos grupos por ellos, es absurdo"."Que estén venezolanos involucrados en crímenes, no significa que ellos hayan producido la violencia en Bogotá. No se trata de una nacionalidad, el poder de las bandas al acceder a las armas y algunos que no tienen identificaciones, aumentan ese problema", sentenció.Además, Restrepo informó que por medio de investigaciones han podido descubrir la producción de armas ilegales. Por otro lado, la falta de respeto que se ha creado en torno a la Policía y las Fuerzas Armas, a partir de herramientas politicas, han hechos que no exista "miedo" por la presencia de la autoridad.Escuche el panorama de seguridad en Bogotá en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire:
Tras la decisión por parte de la Alcaldía de la capital de prohibir por tres días el parrillero de las motos, las críticas han sido múltiples por diferentes sector de la población. Aunque la medida no soluciona el problema de la inseguridad en la ciudad, sí ayuda a combatirla comentó César Restrepo, director de seguridad ciudadana de ProBogotá en BLU Radio."Es importante entender porque existe la controversia, en principio es por los usuarios y para los analistas significa que es una herramienta que no resuelve un problema, estoy de acuerdo. Sin embargo, si mitiga el impacto de eso. Resulta complejo entender la temporalidad, pues la inconformidad de la ciudad a ha impacto en las necesidades de las dificultades", explicó.Según Restrepo la percepción juega un papel importantes, pues existe un estudio previo para determinar y vigilar que exista un riesgo y cómo trabajar en eso, se toman decisiones con el fin de validar la magnitud del problema."Bogotá tiene un déficit de 10.000 policías y esto significa que, la ciudad tiene zonas que están controladas por bandas criminales (...) Una de las cosas claves en la lucha de lo corrupto es trabajar más a fondo (...) Si atacamos en algo trascendental. Necesitamos recuperar la cultura de seguridad de ciudadanos, algo que se construye entre la Policía y los ciudadanos." narró.Escuche las razones para prohibir el parrillero en moto en BLU Radio:
El Plan de Ordenamiento Territorial presentado en el Concejo de Bogotá ha generado algunas controversias a causa de los puntos que allí se estipulan. La fundación ProBogotá presentó un informe en el cual se resalta la modificación y reconversión que tendrían algunas vías de la capital del país, las cuales serían reducidas para implementar bicicarriles.La directora de ProBogotá, Carolina Castillo, especificó en Mañanas BLU que en el artículo 155 de POT, se categorizan las vías actuales y así se identifican las aptas para una modificación.El objetivo de este Plan de Ordenamiento es priorizar la movilidad sostenible en la ciudad, por lo que la bicicleta y los medios de transporte electicos serían privilegiados.Sin embargo, dicho objetivo perjudicaría a quienes se movilizan en un vehículo particular, pues aunque ya existen muchos problemas de movilidad, con la implementación de lo estipulado en el Plan, la problemática incrementaría.La directora Castillo dijo que las vías que se verían afectadas son la Autopista Norte, la Av. el Dorado, la Calle 63, Av. la Esperanza, entre otras.Estas sufrirían una reducción y se implementarían algunos corredores verdes o bicicarriles, situación similar a la que actualmente se ve en la Carrera 7, avenida que sería intervenida nuevamente.En BLU Radio, también se consultó a la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, quien desmintió la información presentada en el informe de ProBogotá.La secretaria Jaramillo aclaró que en Bogotá se plantea la creación de 22 nuevos corredores verdes, sin embargo, estos no afectarán las vías existentes.Uno de los principales puntos, es la reducción de la Autopista Norte, sin embargo ella señaló que esta será ampliada. El POT, según la funcionaria, no afectaría a las vías existentes, sino que únicamente, especifica las intervenciones y características que se presentarían en las nuevas obras de infraestructura vial.Escuche las declaraciones de la secretaría de Planeación y la directora de ProBogotá en Mañanas BLU:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
El Consejo Directivo de ProBogotá Región aceptó la renuncia de Juan Carlos Pinzón Bueno como presidente ejecutivo, ya que él ahora ejercerá como embajador de Colombia en Estados Unidos.Por medio de un comunicado, la directiva de ProBogotá agradeció la labor de Pinzón, “por su dedicación, liderazgo y resultados en el cumplimiento del mandato de la Fundación, y por portar análisis y propuestas, que contribuyen a hacer de Bogotá y la región un mejor lugar para vivir”.Asimismo, fue anunciada María Carolina Castillo Aguilar como nueva presidenta ejecutiva de la Fundación.Castillo se desempeñaba como directora de Gobierno y Políticas Públicas de ProBogotá Región. Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, ha sido Viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico; secretaria Distrital de Hábitat y gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
La encuesta de transporte urbano de pasajeros en Bogotá realizado por ProBogotá, señala que los ingresos de TransMilenio en 2020 cayeron un 48% con respecto al año 2019. El sistema ya traía un déficit de 892.000 millones de pesos.David Mejía, analista de desarrollo económico de ProBogotá, dijo que el análisis evidencia una notable disminución del uso del transporte público por cuenta de la pandemia.“Los resultados para el primer trimestre de 2021 muestran que, en Bogotá, la cantidad de pasajeros transportados cayó en más o menos 35-36%, que en el mismo periodo del año pasado”, indicó.“Eso significa que se transportan más o menos 135 millones de personas menos respecto al mismo trimestre del año pasado”, agregó.Según los expertos estos números se deben a la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad y a las restricciones en la movilidad que se han implementado para prevenir el contagio del COVID-19, pero también al aumento del desempleo.Aparte de los 2.1 billones que tienen en déficit TransMilenio, al sistema se suman los arreglos que deberá hacer por la vandalización y destrucción de 581 articulados rojos y 418 buses azules entre el 28 de abril y el 18 de mayo de 2021.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
