El presidente Gustavo Petro decidió designar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como "gestor de paz", con el fin de concluir el proceso que se desarrolló durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Mancuso actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos y desde allí ha entregado detalles sobre el conflicto ante Justicia y Paz y ante la JEP.Tras conocerse esta designación el exjefe paramilitar envió un mensaje a los excomandantes e integrantes de las autodefensas, asegurando que esta es una "oportunidad única" para el bien del país y de las víctimas."Recibo con alegría y optimismo mi nombramiento por el presidente, quería en primer lugar dirigirme a ustedes, excomandantes e integrantes de las autodefensas, más allá del nombramiento la noticia más relevante para nosotros es la reanudación de las negociaciones de Ralito, esa decisión del presidente nos pone de nuevo en el centro del escenario político y de manera directa en la agenda de la paz total", señaló Mancuso.Por otro lado, en el audio, el exjefe paramilitar aseguró que se debe desarrollar una agenda en la mesa técnica de excombatientes de cara al diálogo con el Gobierno nacional."Pienso en las víctimas que se lo merecen y nuestra deuda con ellas es eterna, pienso en nuestros compañeros privados de la libertad, esta puerta se abre también para ellos, dejemos las prevenciones, debemos estar a la altura de este momento histórico", dijo el exjefe paramilitar a los exjefes de las autodefensas.Le puede interesar
La JEP decidió expulsar a el exsenador del departamento de Sucre Álvaro Alfonso García Romero, más conocido como ‘El Gordo García’, quien había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, en el Carmen de Bolívar, perpetrada el 14 de octubre del año 2000 por las autodefensas.Lo que ha determinado la JEP, que había aceptado su sometimiento el pasado 25 de febrero de 2021, es que García Romero no hizo un aporte suficiente de verdad y que incluso negó algunos de los crímenes por los que fue condenado.La JEP había aceptado su sometimiento esperando que el compareciente explicara cómo fue la colaboración y nexos que tuvieron algunos políticos con grupos paramilitares, pues él se había comprometido a aportar información sobre reuniones en las que se había planeado la creación del Bloque Montes de María de las AUC, la reunión de Ralito y asimismo se comprometió a aportar información sobre su participación en la masacre de Macayepo, entre otros hechos.La decisión la tomó la sección de apelación de la JEP y no da posibilidad a García Romero de presentar un recurso, por lo que su proceso volverá a la justicia ordinaria, recordemos que el exsenador se encuentra recluido en La Picota.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Según Lara, aunque las zonas de concentración son necesarias en cualquier proceso de paz, es necesario que el Gobierno Nacional garantice que no se saldrá de sus manos. (Lea también: La politiquería hay que dejársela a ellos: Juan Fernando Cristo) “Las zonas de concentración son inherentes porque son necesarias para desarmar a los grupos al margen de la ley. Lo que queremos que se le explique al país es que el propósito es desarmar y que van a tener un tiempo limitado, que van a estar protegidas y vigiladas por la fuerza pública para que estos hombres no salgan a delinquir armados a aterrorizar a la población”, manifestó Lara. El presidente de Cambio Radical dijo que es necesario que el Gobierno le aclare al país que “esto no va a ser un Caguán”. “Todos los colombianos están preocupados porque no conocen el alcance de estas zonas de concentración porque el doctor Cristo no ha sabido convencer a los colombianos de que esto no va a ser un Caguán o un Ralito, no se han tomado las previsiones legales de que esto no lo sea”, dijo Lara. “Dígale a los colombianos que esto no va a ser un Caguán, un Ralito, que la fuerza pública va a cuidar la integridad de los compatriotas”, añadió. Entre tanto, lamentó la decisión del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, de abrir una investigación disciplinaria en contra del ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional por el acto político de los negociadores de las Farc escoltados por guerrilleros armados en el corregimiento de Conejo, en La Guajira. “La investigación que está abriendo el procurador a la Cúpula Militar es absurda, ellos cumplen con mandatos, no son acciones políticas”, finalizó.
El fiscal Hernando Barreto dio a conocer que actualmente el ente acusador adelanta un proceso de indagación por presuntos hechos irregulares en la financiación electoral con fuentes prohibidas de la candidatura presidencial de Gustavo Petro, y la presunta comisión de conductas que habrían sido cometidas por funcionarios del actual Gobierno.Dentro de los nombres aparece el actual embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti y también Fecode por haber donado 500.000.000 pesos.“Se realizaron inspecciones judiciales a Fecode, especialmente a los aportes relacionados con la campaña del 2022, declaraciones juradas de miembros de Fecode y empleados de la Sociedad Ingenial Media S.A.S., análisis contractual, análisis financiero y contable, entre otros”.Sin embargo, se conocieron dos nombres adicionales en el marco de estas indagaciones. La vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.En total son 7 indagaciones; 5 a cargo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y 2 a cargo de fiscales delegados para la corrupción.Sobre el gerente de la campaña, Ricardo Roa, el fiscal Barreto señaló que “La formulación de una imputación es un asunto que necesita investigación profunda, estamos realizando las investigaciones y más adelante veremos si se hace la imputación, pero de momento solo se están recaudando elementos”.
Manuel José Bermúdez, defensor destacado del poliamor en Colombia y reconocido por formar parte de la primera 'trieja' legalmente reconocida en el país, fue hallado sin vida en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, tras dos meses de estar desaparecido.El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía a investigar este crimen y resaltó importancia de la libertad y el respeto a las diversas formas de amor y convivencia. "Colombia debe ser un país de la libertad", expresó el mandatario.Así fue la entrevista en Los Informantes con Manuel Bermúdez Bermúdez, junto con Alejandro Rodríguez y Víctor Hugo Prada, conformaron una familia única en su género, legalmente reconocida como una 'trieja'. En una entrevista realizada por Los Informantes de Caracol Televisión en julio de 2017, Bermúdez explicó los fundamentos de su relación y los desafíos legales que enfrentaron.Manuel Bermúdez explicó que decidieron formalizar su relación mediante un documento debido a un problema legal que tuvieron recientemente, que duró tres años, tras la muerte de Alex, un joven de 33 años que formaba parte de la relación."Antes éramos cuatro, pero Alex falleció. Entonces iniciamos un litigio legal para reclamar su pensión de supervivencia, y ganamos en primera instancia", señalaba Bermúdez. Ahora, con los tres firmando ante notario para establecer una unión de hecho y un régimen patrimonial, Bermúdez asegura que no volverán a enfrentarse a problemas legales similares. "Otro aspecto importante es que el documento aborda el derecho a una muerte digna. Esto nos permite actuar como familia frente a la muerte. Muchas veces, en casos de enfermedad o fallecimiento de personas homosexuales, los familiares toman decisiones sin tener en cuenta a sus parejas del mismo sexo. Aquí queda claro que nosotros seremos quienes podamos tomar decisiones respecto a nuestros compañeros en situaciones de enfermedad o fallecimiento", argumenta Manuel Bermúdez.Además, aseguró que su unión tenía un beneficio cultural. "Yo creo que poliamor es un tema que ha estado escondido durante muchos años, cuando muchas familias son poliamorosas y no lo dicen por temor a la censura social. Queremos sembrar un precedente”, aseguró en ese entonces.
El expresidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, se reunieron este jueves con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que manifestaron "varias preocupaciones" sobre el país, como la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la política de "paz total" del Gobierno."Sobre el proceso de paz de La Habana y los resultados que hoy se evidencian y la política de paz total, expresamos la preocupación por lo que viene sucediendo en el país con el debilitamiento de la fuerza pública, el fortalecimiento del control por parte de las estructuras criminales y el avance de delitos de mayor impacto", dijo la senadora Paola Holguín en una rueda de prensa.Holguín mencionó cifras de secuestro y de reclutamiento forzoso de menores, especialmente de comunidades indígenas, así como "la preocupación por la confrontación que desde el Ejecutivo se viene dando contra la anterior Fiscalía, las Cortes, la Procuraduría y la estigmatización del Congreso cuando hay desacuerdo en las votaciones".Los miembros del Centro Democrático no dieron más detalles de la reunión porque la CIDH les pidió confidencialidad, aunque el exmandatario precisó que la delegación no dijo nada y solo los escuchó.Uribe aprovechó el espacio, y la petición de confidencialidad de la CIDH sobre el encuentro, para volver a insistir en su inocencia en el caso en su contra de soborno de testigos y fraude procesal y repasar todas las pruebas que, según él, demostrarían que se trata de un montaje político en su contra. También detalló que le entregó un dossier con toda la información a la delegación de la CIDH, que se encuentra en Colombia en una visita a petición del Estado que arrancó el lunes 15 de abril y finaliza este viernes y que han aprovechado para reunirse con diversos sectores de la sociedad civil y política colombiana así como con instituciones estatales.El caso Uribe La Fiscalía anunció la semana pasada que Uribe será llamado a juicio por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal.Este caso se remonta a 2012 cuando el expresidente colombiano demandó por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos. La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes están presos en las cárceles de Palmira y La Picota en Bogotá, respectivamente. Desde que se anunció la decisión de la Fiscalía, Uribe ha insistido en diversas ocasiones en el supuesto "montaje político" que según él representa este caso, y el lunes acusó a Cepeda de ser él quien sobornó a Monsalve.
El secretario de la Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Roberto Izurieta, aseguró este jueves que existen sospechas de que el embalse de Mazar, el de mayor capacidad del país, se vació presuntamente de manera deliberada para agudizar la crisis energética en los días previos al referéndum convocado por el Gobierno sobre reformas en materia de seguridad, justicia y empleo.Izurieta comentó en una entrevista con el canal Teleamazonas que "se abrieron las compuertas" de la presa del embalse de Mazar y "dejaron correr el agua", hasta dejarlo sin el nivel suficiente para que se pueda operar un complejo de tres centrales hidroeléctricas con una potencia en conjunto de más 1.700 megavatios, aproximadamente más de una cuarta parte de la demanda nacional de electricidad.El embalse se encuentra en el río Paute, dentro de la sureña provincia andina de Azuay, y puede almacenar hasta 410 millones de metros cúbicos de agua.Sin esa infraestructura operativa y con el suministro de electricidad procedente de Colombia también suspendido, Ecuador afronta este jueves apagones programados de hasta ocho horas de duración, por lo que el Gobierno ha suspendido la jornada laboral y las clases escolares tanto para este jueves y viernes.La situación no es nueva, pues a finales del año pasado ya tuvieron que aplicarse apagones para racionar la electricidad con una duración diaria de hasta cuatro horas, la mitad que en este nuevo episodio.Izurieta indicó que estas sospechas sobre el embalse de Mazar, situado en la sureña provincia andina de Azuay, alimentan la denuncia presentada el martes por el Ejecutivo ecuatoriano contra veintidós personas por presunto sabotaje del sector eléctrico.Entre los denunciados está la exministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, que el pasado viernes aseguraba que no habría apagones a corto plazo, algo que comenzó a darse sin previo aviso dos días después en varias zonas del país."Existen denuncias sumamente graves de lo que pasó en los últimos días. La alerta fue dada solamente un día antes, cuando debería haberse dado al menos una semana antes", señaló Izurieta."Si a eso le sumamos todo lo que afectó al sector eléctrico, nos hacen pensar claramente que fueron parte de acciones coordinadas para producir que Ecuador esté viviendo lo que está viviendo una semana antes de la votación (del referéndum)", agregó.El portavoz del Gobierno comentó que "en el área energética es donde han existido históricamente la mayor cantidad de denuncias de corrupción (en Ecuador)"."Hemos tenido una política energética en los últimos veinte años que no se ha adaptado a las crisis climáticas y hemos dependido de una sola cuenca de agua que está afectada al menos una vez al año, y ahora vemos que hasta dos veces", señaló.Izurieta aseguró que no están previstos apagones para el domingo, cuando se debe celebrar el referéndum impulsado por el Ejecutivo con once preguntas, entre las que destaca el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas a la Policía en las operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de declarar estados de excepción.Asimismo, otras cuestiones relevantes de este plebiscito se refieren a permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países, instituir juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y flexibilizar la contratación laboral con contratos por horas.
Autoridades atienden a esta hora un grave hecho de orden público en el sector de El Poblado, en Medellín, donde, según versiones preliminares, un médico habría sido asesinado en un consultorio del piso 9 de la Clínica Medellín.Esto se sabe sobre lo que pasó en la Clínica MedellínLos hechos se registraron sobre las 10:30 de la mañana en la torre de la Clínica Medellín sede El Poblado donde en el piso 9 se evidenció inicialmente una configuración y algunas detonaciones.Posteriormente, unos cinco minutos después, inició la evacuación del edificio con médicos y pacientes visiblemente alterados por la situación de emergencia que se estaba viviendo. Blu Radio habló con una de las profesionales de la salud que estaba en el piso 6 y esto fue lo que logró narrar en medio de su nerviosismo."Los comentarios que mataron un médico pero no estoy segura bien de las cosas porque nos hicieron evacuar, en qué piso estaba en el piso esto fue en el piso noveno, eso fue en el piso noveno pero nos hicieron evacuar todos son consultorios, todos son consultorios", relató angustiada.Además relató lo que se vivió, luego de algunas detonaciones, sonidos como disparos, en el piso 9."Yo solamente escuché gritos gritos, porque nos hicieron evacuar, parece que incendiaron, la misma persona, prendió fuego en el en el consultorio", señaló.Versiones preliminares hablan de la muerte de un urólogo y en el lugar hacen tanto presencia organismos de gestión del riesgo como el DAGRD para controlar las llamas, así como altos mandos policiales de la ciudad, el Esmad y el secretario y subsecretario de Seguridad.