La directora ejecutiva de Red PaPaz, Carolina Piñeros Ospina, se pronunció en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, acerca del cobro de impuestos a 40 productos ultraprocesados en el marco de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro. La pregunta que ronda a los colombianos es si es posible para el bolsillo convertir un impuesto en saludable.En resumen, de acuerdo con lo aprobado en el Senado, los impuestos saludables arrancaran en julio y septiembre de 2023, pero la Cámara aprobó que el gravamen regirá desde de noviembre de ese año, por lo que, la fecha definitiva en que arrancará el impuesto a los alimentos ultraprocesados, con una tarifa del 10 %, se determinará en la conciliación.Así mismo, varios alimentos se salvaron del impuesto y quedaron expresamente excluidos: el bocadillo, la miel, el pan (incluso el industrial), el yogur, la cuajada, la butifarra, el salchichón, las obleas, el arequipe y el dulce de leche. Quedaron incluidos: chocolate de mesa, maní, salchichas, albóndigas, dulces, postres, galletas dulces y saladas, cuando superan ciertos niveles de grasas, azúcares o sodio adicionado.“Tenemos conviviendo la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, con un tema gravísimo que tiene que ver con la carencia de nutrientes críticos. De lo que se tratan estos impuestos es desincentivar el consumo y trasladarse a consumos más saludables” , declaró Piñeros.La vocera de Red PaPaz aseguró que ninguna medida por sí sola solucionará fenómenos alimenticios como la malnutrición, sobrepeso u obesidad. Piñeros aseguró que se necesita trabajar varios frentes más, como la generación de entornos saludables, restringir publicidad de ultraprocesados y promover un etiquetado que informe debidamente sobre los riesgos de consumir ciertos productos.Piñeros Ospina explicó, además, que Red PaPaz se financia con trabajos con colegios, así como membrecías y cursos educativos.Liliana Peralta, directora de la Sociedad de Científicos de Alimentos, por su parte, afirmó que se debe hacer análisis pormenorizados para identificar si los gravámenes impactarán positivamente en la salud de los colombianos.Le puede interesar
Obesidad y diabetes serían los principales problemas de salud que enfrentarían los colombianos a futuro si no se endurecen los impuestos a las bebidas azucaradas y ultraprocesadas en la reforma tributaria, así lo dejaron saber un grupo de expertos en el evento organizado por Red Papaz, la Facultad de Medicina y el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana.La economista y asesora de Red PaPaz, Martha Sandoval, destacó que la iniciativa de estos impuestos a las bebidas azucaradas haya sido del Gobierno nacional. Sin embargo, dijo que la medida planteada es insuficiente para tener un impacto en la salud pública del país. Según Sandoval, lo ideal es que se tenga una tasa de impuesto del 24 % y la que ha planteado el Gobierno solo llega a máximos de 19 %, por lo que no se lograría impactar de manera contundente a las enfermedades derivadas del consumo de gaseosas, jugos, energizantes y otros productos.“Estas bebidas, ha dicho el Ministerio de Salud, son el causante del 13 % de la mortalidad por diabetes (…) Tenemos una voluntad política del Gobierno nacional que ha propuesto un impuesto a las bebidas azucaradas. Sin embargo, para que el impuesto funcione se requiere de unos mínimos en el diseño para que estos respondan a la salud pública”, dijo a Blu Radio Sandoval.Por su parte, Mercedes Mora, nutricionista dietista, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, argumentó que el impuesto a estas bebidas debe ser directo al consumo para desincentivarlo.Además, explicó lo que pasa en el cuerpo cuando se toman cualquiera de estas bebidas ultraprocesadas: “Cualquier bebida que tenga azúcar tiene un aporte calórico de calorías vacías y que entran al organismo en el agua que estamos consumiendo y el cerebro no las registra. Tú consumes esas calorías, pero no te sacian o te llenan, por lo que después tienes que consumir otros productos para aportar esas calorías”.Finalmente, los expertos también desmintieron que el impuesto afecte a los tenderos del país poniendo como ejemplo los impuestos ya aprobados en países de la región que han demostrado un impacto nulo en las tiendas de barrio.Le puede interesar
Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz, habló en Mañanas BLU cuando Colombia Está Al Aire sobre lo que ha pasado con la ley comida chatarra."La ley comida chatarra tiene hasta el 30 de julio para que el Gobierno Nacional la reglamente. La ley lo que dice es que el etiquetado con el que cuente Colombia debe ser de advertencia basado en la mayor evidencia posible sin conflictos de interés", afirmó Piñeros. Por otro lado, Piñeros explicó que el gobierno ha presentado demoras para reglamentar dicha ley. Uno de los temas que se ha discutido es el etiquetado de los productos. "El gobierno pasó mucho tiempo en silencio. Dos días antes de se aprobara la ley en el Senado de la República sacó la resolución 810 de 2021, la cual tiene unos temas interesantes. La ley comida chatarra tiene unas nuevas cosas. El mundo entero ha descubierto que el etiquetado debe ser uno que advierta y no que solo informe", afirmó Piñeros. "Los estudios que ya tiene Colombia, hechos por universidades y que se realizaron en 2020 y 2021, dicen que las personas se advierten mejor con el octágono que con el circulo propuesto por el gobierno. Los círculos en Colombia se habían usado para incluir cosas positivas de los productos. Este circulo puede usar palabras como alto en ( sodio, azúcar, grasas) y la palabra alto tenía una connotación positiva en la resolución anterior", explicó Piñeros. La directora ejecutiva de Red Papaz también dijo que se ha conocido que los niños son quienes están consumiendo más productos ultra procesados, por lo que se pueden enfermar. "Lo que se espera con un buen etiquetado frontal de advertencia es que las personas empiecen a cambiar preferencias de consumo. Desde el 2005 se viene incrementando la malnutrición entre los 5 y 12 años", afirmó. Escuche la entrevista completa:
El director de la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Camilo Montes, habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, sobre el etiquetado frontal de alimentos que según la organización Red PaPaz es "una jugadita" que no cumple con los requerimientos de la ley de comida chatarra. "Estuvimos hablando el año pasado cuando se aprobó la ley, que Colombia cuenta con el marco regulatorio más moderno de la región sobre este tema. La resolución 810 que orienta a que toda la industria implemente el etiquetado frontal de advertencia, con una nueva tabla nutricional, un cambio en las declaraciones nutricionales y algo que va a ser novedoso, que es el etiquetado positivo. Desde nuestra perspectiva lo que haremos es cumplir las normas que están vigentes", sostuvo Montes. Según Montes, se le entregará a los consumidores, a través de la normatividad, una información clara a la hora de tomar decisiones y la ley no plantea límites en el el etiquetadeo en cuanto a color, forma ni tamaño. "El Gobierno ha tenido toda la vida la facultad para reglamentar el tema del etiquetado. En 2008 hubo una resolución, luego en 2011 y 2021 se emite la resolución 810 después de un debate jurídico bastante amplio", sostuvo el vocero de al Andi.
Han pasado más de 200 días desde que el Congreso de la República aprobó la ley 2120 del 2021, llamada ley de comida chatarra, en la que se exigen ciertos lineamientos científicos para el etiquetado nutricional de paquetes y envases con excesos en grasas, sodios y azúcares. Previamente, el ministerio de Salud expidió la resolución 810 del 2021, que determina unos lineamientos específicos, entre ellos, la impresión de sellos de advertencia circulares en los paquetes y envases.Sin embargo, esta medida ha generado críticas en la sociedad civil ya que el etiquetado con sellos circulares no es del todo claro, por lo que se exige que se modifique a sellos octagonales; el Gobierno había guardado silencio hasta este momento.En entrevista exclusiva con BLU Radio, el viceministro de Salud, Germán Escobar, argumentó que el Gobierno se basa en experiencias internacionales como Israel al implementar los sellos circulares. Sin embargo, apenas se iniciará con un proceso de investigación con pares independientes para determinar la mejor medida en Colombia.“El Ministerio de Salud, ante todo, quiere garantizar que en este proceso haya toda la solidez de la evidencia. En ese orden de ideas, estamos pensando sacar un proceso competitivo para que un independiente revise esa evidencia mundial”, explicó el viceministro Escobar.Según el Gobierno, ha sido un trabajo que inició desde el 2017, cuando se basaron en información científica consultada por la sociedad civil y el sector empresarial para determinar esos lineamientos técnicos del etiquetado nutricional.En 2020, las sociedades civiles conformadas por la Organización de Derechos Humanos FIAN, Educar Consumidores, la Organización de Justicia y RedPapaz enviaron al viceministro de Salud de ese entonces, Iván Darío González, una carta con recomendaciones frente al etiquetado nutricional. Según Escobar, en ningún momento se presentó molestia por implementar sellos circulares.“Las sociedades civiles reconocieron como un avance el etiquetado frontal, además de los ajustes que se hacen sobre la tabla nutricional. No se expresó en ninguna forma el rechazo a la propuesta del Ministerio de Salud de un sello circular”, mencionó a BLU Radio.Sin embargo, dentro de las recomendaciones que emiten las sociedades civiles se pide que se establezca un sistema de sello frontal de advertencia, como lo han hecho Chile, Uruguay, Perú y México, que tienen sellos octagonales.Mientras el Gobierno continúa evaluando cómo implementar la nueva ley aprobada en el Congreso en la resolución, que ya se expidió, el llamado insistente de la sociedad civil es cada vez más lento para obtener una respuesta. El viceministro de Salud precisó que este tipo de información se debe escalar a instancias internacionales como la Organización Mundial del Comercio. Un proceso que, como mínimo, puede tardar dos años.Sin embargo, la resolución 810 del 2021 sigue vigente con rotulado nutricional más grande, con sellos circulares de advertencia y también con sellos positivos a tipos de alimentos en específico como arroz, soja, entre otros.“Ya existe una norma de etiquetado frontal que es la resolución 810, ese fue nuestro compromiso y vamos a trabajar hasta el último día en la conformación en la mejora de ese etiquetado frontal con la mejor evidencia posible”, concluyó Escobar.Lo cierto es que al gobierno del presidente Iván Duque le faltan cerca de seis meses para terminar su mandato y probablemente no circulará ningún paquete con la información nutricional pertinente para disminuir los problemas de obesidad y sobrepeso que vive Colombia.
Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la Andi, habló en Mañanas BLU acerca del proyecto de ley conocido como 'comida chatarra', el cual plantea la inclusión de un etiquetado frontal en los alimentos que tengan altos niveles de azúcar, nitratos, edulcorantes y/o grasas. "Estamos de acuerdo con que haya etiquetado frontal de advertencia en todos los alimentos y que este no satanice la industria", sostuvo Montes. "Cuando hablamos de construir dietas balanceadas, ahí juegan todos los alimentos. Aquellos que superen un perfil nutricional, establecido por el Ministerio de Salud, sean empacados, preenvasados o como sea, deberían llevar los sellos", agregó.El director de la Cámara de Alimentos de la Andi, aseguró que la designación "comida chatarra" estigmatiza la industria de alimentos. "Algunas ONG han querido posicionar ante la opinión pública y los mismos parlamentarios la expresión comida chatarra, pero no hay ninguna expresión relacionada con comida chatarra en el proyecto de ley. Denominar a la industria que produce unos alimentos, que son vigilados por el Invima, que hay ciencia y tecnología detrás de cada decisión, como chatarra, ya arrancamos estigmatizando a la industria", sostuvo Montes. Escuche a Camilo Montes en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
Carolina Piñeros, directora de RedPapaz, habló en Mañanas BLU sobre el etiquetado de comida chatarra en Colombia, cuyo plazo de discusión para su reglamentación vence el próximo 20 de junio.“La idea es promover mucho más el consumo de productos naturales y menos procesados”, indicó.Piñeros aseguró que cambiar los malos hábitos alimenticios es una labor difícil debido a la alta persuasión de la publicidad.“Ojalá que Colombia empiece a promover de forma muy activa la maravillosa cantidad de productos que tenemos, como la arepa o la mazorca”, sostuvo la directora de RedPaPaz.De acuerdo con Carolina Piñeros, el balón está en la cancha del Ministerio de Salud que tendrá que entregar definiciones cruciales en cuanto a cuáles serán los componentes de los alimentos que entrarán a ser regulados con los distintivos.Escuche a Carolina Piñeros en Mañanas BLU:
Explicaron que el sexting es el envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de dispositivos móviles en especial de imágenes y videos, y señalaron que Colombia es el tercer país de Latinoamérica donde más consumos de datos móviles existen, lo que aumenta la posibilidad de tener este tipo de casos en el país. “La conducta del sexting tiene un agravante y es que una vez se comparte la información perdemos por completo el control de esa información”, dijo la experta. La representante de RedPapaz se refirió a una nueva modalidad del sexting que se conoce como la ‘porno venganza’, la cual consiste en que al término de una relación, se comparte con personas ajenas a la pareja sus fotos, solo con el ánimo de dañar su reputación. “El sexting se convierte en algo problemático cuando se acaban las relaciones y ya no se utilizan los contenidos que se usaban en la relación amorosa sino que se utilizan esos contenidos como venganza porque la otra persona no quiso continuar la relación”, explicó la experta. Asimismo Andrés Guzmán explicó que la legislación colombiana estipula la protección de datos personales para cada persona en las redes sociales. “Es importante tener en cuenta que Colombia tiene una legislación de protección de datos personales que puede llegar a que el superintendente de Industria y Comercio o delegado para la protección de datos ordene bajar toda esa información de la red social donde se colocó”, comentó el abogado. Agregó también que existen sanciones penales y la ley de delitos informáticos considera que la violación de datos personales se castiga con unas penas bastante altas. Frente a la percepción que tienen algunas personas ante los hechos de violación de datos y que consideran que se sienten desprotegidos, Guzmán dijo que “El Estado no tiene políticas creadas para evitar estas prácticas y hacer consientes a la población más vulnerable, en espacial para los niños”, y consideró que es importante “campañas de sensibilización en colegios donde el Estado se apropie del tema”. Finalmente la vocera de RedPapaz señaló algunas alternativas que existen para denunciar los hechos que vinculen abusos contra los menores de edad. - Teprotejo.org donde podrán acceder de manera gratuita y denunciar hechos que vinculen el a los menores. - Cai virtual que permite tener un acompañamiento por parte de la Policía Nacional mediante la red. - A través de la Policía de infancia y adolescencia. “Hay muchas herramientas para proteger a los niños de todo este tipo de abusos y como papás debemos preocuparnos por conocerlas y utilizarlas”, dijo Viviana Quintero.
En el marco de la reunión bilateral celebrada en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, el diplomático y académico chileno Jorge Heine, exembajador de Chile en China, analizó el alcance de este diálogo políticoEn diálogo con Mañanas Blu, el especialista destacó la dimensión económica de ambos actores, recordando que "entre Estados Unidos y China representan un 44% del producto mundial"A su juicio, la reunión refleja una tregua comercial y una distensión notable entre las dos superpotencias, abriendo un espacio crucial para discutir la estabilidad internacional.Diálogo y distensión en medio de un mundo en policrisisAl abordar la coyuntura geopolítica actual, cruzada por conflictos en Europa y Medio Oriente, Heine contextualizó la importancia de la relación bilateral."Estamos viviendo en un mundo en policrisis", afirmó el exembajador, agregando que "en el corazón de todos estos conflictos está la tensión, está la pugna entre Beijín y Washington. Eso es lo que hace de motor de la política internacional hoy en día".En ese sentido, calificó como una señal positiva la continuidad de los contactos en cumbres como la de APEC en Shenzhen y el G20 en Miami, señalando que "si estas dos potencias se ponen de acuerdo en bajar las tensiones a nivel mundial, todos nos vamos a beneficiar"Asimismo, resaltó el cambio pragmático de Washington, indicando que la Casa Blanca comprendió que "China, la verdad que es un gigante, con China no se juega y ha decidido hacer negocio".La carrera de la inteligencia artificial y el debate de regulaciónUno de los ejes clave de la conversación fue el desarrollo y la competencia en torno a la inteligencia artificial, una tecnología que, según Heine, "está tomando el mundo por asalto".El diplomático valoró el principio de acuerdo para establecer un punto de comunicación permanente que permita reaccionar ante situaciones de riesgo tecnológico.No obstante, hizo hincapié en las marcadas diferencias de enfoque entre ambas potencias al momento de ejercer control.Por un lado, las grandes tecnológicas estadounidenses plantean "introducir ciertos valores humanos a estos proyectos", mientras que la visión de Pekín consiste en "aplicar sanciones a las empresas y a los ejecutivos de ellas, si es que se pasan de la raya".América Latina frente al "no alineamiento activo"Al analizar la posición estratégica de América Latina entre la iniciativa de la Ruta de la Seda impulsada por China y los proyectos de Washington, Heine describió la vulnerabilidad de la región."América Latina en alguna medida está, como diríamos en Chile, como el jamón del sándwich en esta pugna que se está dando entre China y Estados Unidos", aseveró.Frente a esta encrucijada, el exembajador recomendó la adopción del "no alineamiento activo", postura desarrollada junto al académico Carlos Fortin."El alinearse en este momento con una de las dos grandes potencias en pugna no es una buena idea", concluyó Heine, instando a los países latinoamericanos a preservar su independencia, evaluar las oportunidades de ambas partes y actuar con base en sus propios intereses soberanos.Escuche aquí la entrevista:
“Nuestros arroyos no son basureros”, así lo está dejando muy claro el alcalde Alejandro Char, quien criticó el actuar de esos que dicen querer a Barranquilla y convierten estos cauces y las calles en ríos de basura.A raíz de las impresionantes imágenes que se difundieron esta semana, en las que se observa la trampa del arroyo León con toneladas de neveras de icopor, plásticos y madera, el mandatario se comprometió a “identificar a la empresa responsable de arrojar estos residuos” y tomar “las medidas correspondientes”.Se presume que los desechos de icopor estarían siendo arrojados justamente por empresas dedicadas a reciclaje o chatarrería en el suroccidente de Barranquilla; sin embargo, la advertencia también va para los ciudadanos del común: todo a aquel que se le demuestre que arrojó basuras a cuerpos de agua o bienes de carácter público se le impondrá multas.Estas multas son de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a $976.673 por cada infractor individualizado, y el procedimiento será adelantado ante los inspectores de Convivencia y Paz.Entretanto, la Agencia Distrital de Infraestructura continúa la limpieza de los arroyos. Dice el gerente de la ADI, Jose Luis Romero, gerente de ADI, que en lo corrido del 2026 han limpiado 15 kilómetros de arroyos en Barranquilla, incluido el arroyo León que se hizo viral esta semana y es uno de los más contaminados.“En la trampa de basura hemos recogido en todo este año 4.421 toneladas de basura, la cual ha sido depositada en nuestro relleno sanitario de Los Pocitos. También iniciamos todas las limpiezas de varios arroyos en Barranquilla, como Bicentenario, Las Malvinas, entre otros arroyos que tenemos en la ciudad”, informó Romero.Los ciudadanos pueden denunciar a cualquier persona o empresa que esté arrojando basuras, llamando a la línea 123 de la Policía o a la línea 116 de la empresa Triple A. Y en ese mismo contacto de la empresa de aseo pueden solicitar la recolección de residuos voluminosos o de gran tamaño, cuando lo requiera.Memorando de entendimiento Frente a una problemática global en la que cientos de miles de toneladas de plástico ingresan a los océanos del mundo a través de los ríos cada año, la Alcaldía de Barranquilla y The Ocean Cleanup, organización internacional sin ánimo de lucro, han formalizado la firma de un Memorando de Entendimiento, como parte de los esfuerzos internacionales para proteger las cuencas hídricas, mitigar la contaminación ambiental y salvaguardar los ecosistemas del Caribe colombiano.Este acuerdo conjunto con Barranquilla busca implementar soluciones tecnológicas de barrera e ingeniería ambiental diseñadas a la medida para frenar el flujo de residuos plásticos directamente en la fuente.La estrategia de protección hídrica abordará dos frentes de acción fundamentales en el Atlántico mediante el despliegue de los sistemas flotantes interceptores desarrollados por esa organización.Entre las áreas que podrían ser consideradas para la instalación de estas soluciones avanzadas se encuentran algunos cuerpos de agua asociados a la cuenca baja del río Magdalena en su tramo final antes de la desembocadura al mar, así como el Arroyo León, con el objetivo de contribuir a la protección de la ciénaga de Mallorquín y de otros ecosistemas marino-costeros.
Una red dedicada al tráfico de migrantes hacia Estados Unidos quedó al descubierto tras una investigación adelantada por la Policía, la Fiscalía y la agencia estadounidense HSI. La operación, denominada ‘Thunder II’, dejó cinco personas capturadas en diligencias realizadas de manera simultánea en Villavicencio y Mesetas, Meta.Según las autoridades, la organización utilizaba una fachada de turismo para captar a ciudadanos colombianos que buscaban llegar a Estados Unidos. Les ofrecía supuestos paquetes turísticos con destino inicial a México, pero una vez allí eran trasladados hacia la frontera suroeste estadounidense para intentar ingresar clandestinamente por pasos no autorizados.El traslado irregular tenía un costo de entre $10 millones y $15 millones por persona. Las investigaciones establecieron que, desde 2022, la estructura habría facilitado la salida e ingreso irregular de más de 300 migrantes, generando millonarias rentas mediante este mecanismo.La red, además, habría preparado a los viajeros para enfrentar los controles migratorios. De acuerdo con el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, los integrantes les indicaban qué hacer si eran interceptados por las autoridades estadounidenses.En esos casos, según la investigación, los migrantes eran instruidos para presentar solicitudes de asilo político sustentadas en denuncias falsas, relacionadas con supuestas amenazas de grupos armados organizados en Colombia. Esta estrategia habría sido utilizada para intentar justificar su permanencia en territorio estadounidense.Los cinco capturados son señalados de los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir y serán presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento.La Fiscalía anunció que pedirá medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial y se establece el papel que habría cumplido cada integrante dentro de la estructura.
Un docente de 42 años fue capturado en Lebrija, Santander, por orden judicial, como presunto responsable de delitos sexuales contra una menor de 14 años en hechos ocurridos en zona rural de Sabana de Torres durante 2024.La captura fue realizada por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía en el barrio Centro de Lebrija. El hombre, natural de Bucaramanga, era requerido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sabana de Torres por los presuntos delitos de acceso carnal violento agravado y actos sexuales con menor de 14 años."Según la investigación, el procesado habría utilizado su condición de docente y la cercanía que tenía con la menor para, presuntamente, cometer las conductas por las que es investigado", dijo el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Tercera Seccional CAIVAS de Barrancabermeja para su respectivo proceso de judicialización. Durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.La Policía señaló que continuará adelantando acciones contra los delitos que afectan la integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes.Las autoridades recordaron que cualquier situación que ponga en riesgo a un menor puede ser reportada a la línea de emergencia 123, la línea 141 del ICBF o la línea Púrpura 155, bajo reserva de la identidad del denunciante.
El canciller Omar Bula hizo un balance de los encuentros del Gobierno colombiano en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.Bula aseguró que se ha fortalecido el vínculo con los Emiratos Árabes Unidos; también hubo reuniones con la delegación de Suiza para hablar de cooperación y en el mismo sentido se refirió a un encuentro clave con el Reino Unido.“Un encuentro breve pero supremamente sustantivo con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, en donde discutimos primero que todo el futuro del acuerdo de paz y la manera como Colombia lo remoldeará en función de las prioridades que ha dictado el presidente Abelardo De La Espriella en este ámbito”, dijo Bula.Es importante recordar que en los últimos días se ha desatado una polémica en el país por la reducción del presupuesto a la JEP y por una iniciativa legislativa que busca que las decisiones tomadas por ese tribunal contra los militares sean revisadas por la justicia penal militar.
