Autoridades investigan explosión que afectó viviendas y un entable minero entre Segovia y el sur de Bolívar. Aunque no hubo heridos, la preocupación de las comunidades son latentes.En el Nordeste antioqueño los habitantes de las veredas Mina Nueva y El Paraíso, en zona rural entre Antioquia y Bolívar, denunciaron la caída y detonación de un artefacto explosivo que generó daños en viviendas y estructuras utilizadas para actividades mineras.El hecho provocó preocupación entre las comunidades, debido a que el artefacto habría caído aproximadamente a 50 metros de varias viviendas, en inmediaciones del sector conocido como barrio Chino.Según la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño -Cahucopana- la onda expansiva alcanzó una vivienda y un entable minero artesanal, lo que provocó un gigantes cráter en inmediaciones del Nordeste antioqueño.Aunque no se reportaron personas heridas, los residentes manifestaron temor por la cercanía del artefacto con las zonas habitadas y por ello la comunidad pidió a las autoridades investigar el origen del explosivo y establecer quién estaría detrás de la detonación.Una de las hipótesis planteadas por líderes comunitarios apunta a que el artefacto pudo haber sido lanzado desde una instalación militar cercana. Sin embargo, el Ejército Nacional negó esta versión de manera inmediata.Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para determinar qué ocurrió, establecer el origen del artefacto y esclarecer las responsabilidades, por lo que el caso permanece bajo investigación de las autoridades correspondientes.
Mientras en el municipio de Anorí sigue la consternación por el crimen del comandante del Cuerpo de Bomberos, en menos de 24 horas un nuevo hecho violento volvió a generar temor en el nordeste de Antioquia.Esto por cuenta del secuestro de un reconocido comerciante y contratista de la Alcaldía de Segovia que habría sido abordado por sujetos desconocidos en medio de una actividad organizada por la administración local en la vereda Carrizal, limítrofe con el municipio de Remedios.Según el reporte oficial la víctima fue identificada como Luis Alexander López Restrepo, quien en medio de una feria campesina que se desarrollaba en la zona sostuvo un diálogo por unos minutos con varias personas que se le acercaron.Cerca de una hora y media después López fue citado nuevamente por estas personas, se retiró del lugar donde avanzaba el evento y desde ese momento se desconoce su paradero.Hambler Patiño, personero de Segovia, aseguró que el hombre había llegado hasta la zona, distante a unas cuatro horas del casco urbano, para llevar insumos agrícolas a funcionarios de la administración que durante la feria brindaban asesoría a campesinos en esta materia."Este señor, pues, personalmente se fue a llevar eso y la verdad no sabemos cómo está. Dice que saliendo lo retuvieron y que otros funcionarios del municipio no quisieron salir hasta que él no lo soltaran", indicó Patiño sobre otra decena de personas que algún tiempo de espera retornaron a la zona urbana.Una de las hipótesis que cobra mayor fuerza sobre la desaparición del comerciante tiene que ver con un secuestro extorsivo, toda vez que unas tres horas después de perder todo rastro, su familia recibió una videollamada donde la víctima manifestó que debían pagar la suma de seis mil millones de pesos por su liberación.En la zona de los hechos ya avanzan las labores de la fuerza pública para dar con el paradero de López, así como identificar plenamente a los responsables de esta situación.En esa jurisdicción tiene injerencia la subestructura Manuel Alexander Ariza del Clan del Golfo, así como el frente José Antonio Galán del ELN y el frente cuarto de las disidencias de alias ‘Calarcá’.
Tras un consejo de seguridad en el municipio de Segovia, las autoridades anunciaron medidas para restablecer el orden público en esa localidad del Nordeste, donde se registró un ataque con dron a las instalaciones de la Asociación Mutual de Mineros El Cogote, la cual lleva más de 50 años de operaciones en la región.Cinco explosivos fueron lanzados desde estas aeronaves no tripuladas en la vereda El Aporriado, causando daños en la infraestructura, vehículos de carga y dejó heridas a dos personas, una de ellas remitida a un centro asistencial. Por ello, el alcalde Edwin Castañeda anunció una millonaria recompensa."No vamos a permitir que la criminalidad nos intimide. Por eso, anunciamos que ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien nos brinde la información certera que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de este responsables de este hecho", sostuvo el mandatario.Según la Policía Antioquia, la hipótesis del hecho registrado a 20 minutos del casco urbano es que habría sido materializado por supuestos integrantes del Frente Cuatro de las disidencias de las Farc, ante la inasistencia de representantes de la mina a reuniones impuestas por este grupo armado ilegal y el no pago de extorsiones.Vale la pena mencionar que en esa zona, fuera de la mencionada guerrilla que estaría tras el ataque, tienen presencia varias estructuras del Clan del Golfo y frentes del ELN, situación que según las autoridades es objeto de permanente seguimiento.Por lo pronto, la Policía Antioquia indicó que mantiene un despliegue operativo en la zona y adelanta las labores de investigación de los hechos para esclarecer las circunstancias de este ataque y dar con los responsables.
Un nuevo hecho de violencia sacude al Nordeste de Antioquia: se confirmó que unos cinco artefactos explosivos fueron lanzados desde un dron hacia una mina ubicada en la vereda El Aporreado en el municipio de Segovia.Según detalló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, estos hechos se registraron a 20 minutos del casco urbano, por lo que en el sitio ya hay un despliegue de la fuerza pública.“Hay una persona lesionada que ya fue remitida al hospital de Segovia. Ya se está haciendo una descubierta en zona rural con Ejército y Policía. Se está verificando e investigando el porqué o si sería un tema de extorsión”, apuntó Muñoz.De momento, desde la zona donde se ubica la mina El Cogote señalan que otra persona también resultó lesionada.Aunque las circunstancias y los responsables están por establecerse, preliminarmente se indica que el hecho habría sido materializado por supuestos integrantes del Cuarto Frente de las Farc, debido al no pago de una extorsión.Rubén Darío Gómez, secretario de Conalminercol, aseguró que la Asociación Mutual de Mineros El Cogote lleva más de 50 años de operaciones en la región.“Dejó algunos daños en cuanto a los vehículos que se encontraban parqueados en la zona donde cayeron los artefactos, así como lesionando a una de las personas que trabajan allí en dicha asociación mutual. Los daños, pues, en este momento son materiales en su gran mayoría y hacen parte de toda esa situación de violencia y caos que se ha querido sembrar en el Nordeste antioqueño, en medio de esa disputa por las rentas ilegales que allí predominan con estos grupos armados al margen de la ley”, indicó.
Un nuevo operativo de las autoridades contra las disidencias de las Farc permitió desarticular parte de la red de apoyo del frente 4, estructura ilegal que mantiene presencia en el Nordeste antioqueño y que es señalada de sostener economías ilícitas relacionadas con la minería ilegal, el narcotráfico y las extorsiones en el municipio de Segovia.La acción ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General derivó en la captura de seis presuntos integrantes del grupo armado y la aprehensión de dos adolescentes, quienes, según las investigaciones, habrían sido incorporados a las actividades criminales de la estructura.Durante los procedimientos fueron halladas varias armas de fuego, entre ellas una subametralladora tipo Mini Uzi, revólveres y pistolas, además de cerca de 500 cartuchos de diferentes calibres, cinco artefactos explosivos improvisados elaborados con ANFO y dotados con sistemas de activación mediante mecha de seguridad.Los uniformados también incautaron alrededor de 300 gramos de marihuana, elementos que ahora hacen parte del material probatorio de la investigación."Entre los capturados se encuentran alias 'Rafael'. Esta persona es señalado como presunto armero de la estructura. Armero es la persona que acondiciona las armas, les hace limpieza, verifican que estén con sus accesorios y municiones adecuados para la utilización, y también se captura a alias 'Yesica', presunta comandante urbana", detalló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.Otros de los capturados tendrían funciones relacionadas con el control territorial en el casco urbano de Segovia y serán investigados por su presunta participación en homicidios, cobros extorsivos y otras acciones violentas.Los seis adultos deberán responder ante la justicia por delitos relacionados con el porte y tráfico de armas de fuego y municiones, utilización de menores para la comisión de delitos y tráfico de estupefacientes.
La empresa Logística Frontera Gold S.A.S. anunció la suspensión del 90 % de sus actividades en el municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia, como consecuencia de los daños sufridos en su infraestructura durante los disturbios registrados el pasado fin de semana, tras un operativo de las autoridades contra la minería ilegal.La decisión, según explicó la compañía mediante un comunicado, impacta directamente a cientos de familias que dependen de la actividad minera para su sustento. Entre los afectados se encuentran cerca de 800 mineros informales que desarrollan labores en la zona y que, de acuerdo con la empresa, varios de ellos hacen parte de programas nacionales de formalización impulsados por la Agencia Nacional de Minería.Frontera Gold aseguró que el escenario actual es el resultado de un proceso de formalización que, a su juicio, no logró consolidar acuerdos entre las instituciones, las comunidades y los demás actores involucrados. La empresa manifestó que “la ausencia de avances concretos en los espacios de concertación y la falta de una articulación efectiva entre las entidades terminaron por desencadenar una crisis que hoy repercute en el empleo, la economía local y la estabilidad de numerosas familias”.Ante este panorama, la compañía pidió al Gobierno nacional, al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Minería, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Segovia y a otros organismos de control para instalar una mesa de diálogo y concertación que permita construir soluciones sostenibles. El objetivo, señaló, es proteger las fuentes de empleo, fortalecer los procesos de formalización minera y brindar garantías tanto a las comunidades como a los trabajadores que dependen de esta actividad.La suspensión de las operaciones se produce en medio de un clima de alta tensión en Segovia. Durante las protestas originadas por el operativo contra la minería ilegal con cuatro puntos de bloqueo y vehículos incinerados, murió una persona y otras dos resultaron heridas. Aunque el grupo ilegal lo ha desmentido públicamente, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, reiteró que tras los desmanes estaría el Clan del Golfo."Eso es sin lugar a dudas es el Clan del Golfo. La mina ilegal que está ubicada en un sector que se llama El Silencio estaba siendo explotada por el mismo Clan del Golfo, que instrumentaliza a la juventud", aseguró.Los recientes hechos violentos llevaron a las autoridades a decretar a comienzos de esta semana medidas extraordinarias de seguridad, entre ellas un toque de queda nocturno y la prohibición del parrillero en motocicleta, con el fin de recuperar el orden público en este municipio del Nordeste antioqueño.
El municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia, atraviesa una crítica situación de orden público tras los violentos enfrentamientos registrados a raíz de operativos de las autoridades contra la minería ilegal.La escalada de violencia obligó a la administración municipal a decretar medidas extremas para intentar retomar el control de la población.Medidas de restricción y orden públicoAnte los desmanes, la alcaldía de Segovia estableció un toque de queda que rige desde las 8:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., medida que se extenderá inicialmente hasta el próximo 15 de julio.Además, se prohibió la circulación de parrillero en motocicleta durante 24 horas por un periodo de tres días y se restringió la venta de licor.Según los reportes oficiales, el saldo de las manifestaciones es de una persona muerta, dos heridas y nueve vehículos incinerados.Existe una discrepancia entre las versiones de las autoridades departamentales y locales sobre los responsables. Mientras el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló al Clan del Golfo como el instigador de la violencia, el personero de Segovia, Hambler Patiño, en diálogo con Mañanas Blu, habló sobre el tema. Patiño afirmó que, aunque se está verificando un comunicado del grupo armado donde niegan su participación, la dinámica de los hechos sugiere otra cosa. "Como se están desarrollando las cosas, posiblemente pues sea cierto que no lo tengan nada que ver (...) Esto no es un paro, esto fue casi que una sonada que algunos desadaptados salieron e hicieron esta clase de daños", explicó el personero.Según el funcionario, los autores serían personas encapuchadas que realizaron quemas y bloqueos, algo que "no son tan normales" en el municipio.Sobre la muerte registrada, el personero aclaró que, preliminarmente, no estaría ligada a los disturbios con la fuerza pública, sino a la violencia estructural de la zona. "Ustedes saben que aquí hay una guerra interna en la Farc que quiere implementar milicias urbanas y el Clan del Golfo que no se quiere dejar sacar (...) Al parecer esa muerte y el herido fueron causados en contexto de esa problemática", puntualizó.Un llamado por presencia permanente del EstadoEl personero de Segovia hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que la presencia de la fuerza pública no sea transitoria. Patiño cuestionó que el Estado solo reaccione cuando la situación se desborda: "¿Qué espera el estado para tener acá un pie de fuerza mucho más amplio para poderle darle tranquilidad a la región (...) Aquí la necesitamos es permanente".Escuche aquí la entrevista:
La crítica situación por la que atraviesa el municipio de Segovia en el Nordeste antioqueño debido a un operativo contra la minería ilegal que terminó en desmanes y bloqueos, generó que autoridades locales tomaran varias medidas restrictivas para tratar controlar a la población civil.Según los reportes oficiales, las manifestaciones dejaron un saldo de una persona muerta, dos heridas y seis vehículos incinerados, razón por la que se hizo un Consejo Extraordinario de Seguridad en donde se llegó a un compromiso con la Fuerza Pública de reforzar el accionar en el casco urbano.Además, la Alcaldía de Segovia decretó el toque de queda y la restricción de venta de licor al público entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., medida que comenzará a regir desde este momento hasta el próximo miércoles 15 de julio.Asimismo, la Administración Municipal decidió prohibir durante tres días consecutivos el parrillero en motocicleta, esto con el fin de poder controlar la movilidad en el territorio y así evitar acciones violentas contra la fuerza pública, como ya ocurrió en las últimas horas.Por su parte y buscando solucionar la situación de manera rápida, se hará diariamente un Consejo de Seguridad Municipal en el que se evaluará la situación de orden público y así poder coordinar las acciones correspondientes para mantener la tranquilidad en el municipio de Segovia.Dentro de las medidas acordadas con autoridades departamentales, también se acordó tener un corredor humanitario para que los servicios de salud primarios no se vean interrumpidos, así como la atención de cualquier emergencia que pueda ocurrir en el Nordeste antioqueño.Finalmente, se espera tener un espacio de diálogo con los mineros informales, que según la Gobernación de Antioquia están siendo instrumentalizados por el Clan del Golfo, para tratar de disminuir las tensiones y buscar una solución definitiva al conflicto.
La madrugada de este domingo fue el escenario de un fuerte enfrentamiento entre la fuerza pública y supuestos mineros informales en zona rural del municipio de Segovia en donde en medio de un operativo contra la ilegalidad se reportaron alteraciones al orden público.Una vez la Dirección Nacional de Carabineros llegó al Nordeste antioqueño y comenzó con los procedimientos, la comunidad que, al parecer, trabajaba de manera irregular dentro de socavones se resistió de manera violenta, lo que ocasionó la reacción inmediata de la Policía Nacional.En medio de la tensión, los gases lacrimógenos se hicieron presentes en el lugar y por ello decenas de personas de las zonas aledañas al lugar de la intervención se vieron afectadas, entre ellos, adultos mayores y menores de edad que salieron en la madrugada de sus casas para evadir la confrontación.Wilson Plata, comandante y representante legal del Cuerpo de Bomberos de Segovia, indicó que al llegar al lugar para ayudar en la evacuación de los afectados, varios de sus hombres fueron agredidos por la misma comunidad."Llegando al barrio Taparal, son detenidos nuestras unidades, bajados del vehículo y agredidos físicamente. No estamos en ningún conflicto armado, somos neutrales", indicó el uniformado.La información que se ha conocido hasta ahora es que una persona murió y otra resultó gravemente herida producto de las confrontaciones. Aunque la situación está controlada, sigue en ejecución la operación que busca afectar la economía ilícita de la minería, así como la ocupación irregular de socavones de algunas empresas con presencia en el Nordeste antioqueño.Además, se espera definir con exactitud los daños materiales que dejaron los desmanes, ya que en redes sociales se han hecho virales algunas imágenes en donde se logra evidenciar lo que serían algunas oficinas de una empresa minera quemadas por lo que serían los informales en el municipio de Segovia.
Luego de 11 días de que decenas de familias salieran desplazadas de zonas rurales de Segovia y Remedios por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias, la Gobernación de Antioquia confirmó que ya los afectados regresaron a sus viviendas con la compañía del Ejército Nacional.La situación fue tan grave en el Nordeste antioqueño que las autoridades reportaron en su momento el desplazamiento de 36 familias, integradas por 112 personas en el municipio de Segovia, mientras que otras 71 familias, conformadas por 237 personas, salieron huyendo de Remedios.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que ya la Fuerza Pública logró llegar a las zonas afectadas para brindarle la seguridad a las personas de volver a sus viviendas."Ya las familias regresaron a sitio, ahí está el Ejército, porque el Ejército llegó para garantizar seguridad en esa vereda que nos ocasionó ese ese desplazamiento, pero muy seguramente más adelante vuelve y se nos da, porque esta es una dinámica permanente en el departamento", aseguró el funcionario.Por ahora, las autoridades locales esperan que la presencia de las Fuerzas Militares sirva para que el orden público retorne a la normalidad en el Nordeste antioqueño a la espera que asuma Abelardo De La Espriella con sus promesas de intervenir las zonas de conflictividad.La Gobernación de Antioquia reiteró que lo que pasa en la subregión es único en el país, pues recordó que en Segovia y Remedios el ELN y las disidencias trabajan de la mano para poder enfrentar la creciente expansión del Clan del Golfo.
La visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha despertado comparaciones entre las limusinas blindadas que acompañan a los dos hombres más poderosos del mundo: 'La Bestia' de Trump y la llamada 'Bandera Roja' de Xi.Trump y la primera dama, Melania Trump, recibieron el miércoles a pie de pista, en la base aérea Andrews, a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, y, tras la ceremonia de bienvenida, ambas parejas partieron en sus respectivos vehículos oficiales.Ambos mandatarios buscan proyectar una imagen de buena sintonía pese a las tensiones entre Washington y Pekín por asuntos como los aranceles, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán o la carrera por la inteligencia artificial.Las características de sus limusinas, que funcionan también como símbolos de poder de Estados Unidos y China, están rodeadas de secretismo por motivos de seguridad, lo que alimenta las especulaciones sobre sus capacidades.La Bestia, un búnker sobre ruedas'La Bestia' estadounidense, uno de los grandes símbolos de la Presidencia junto al avión Air Force One, es un Cadillac, la emblemática marca de automóviles de lujo propiedad de General Motors.El actual modelo utilizado por Trump, fabricado específicamente para el presidente estadounidense, entró en servicio en 2018, con un coste estimado de 1,5 millones de dólares.Aunque el Servicio Secreto no ha difundido detalles específicos sobre sus sistemas de seguridad, medios estadounidenses estiman que pesa entre 6,8 y 9,1 toneladas y que combina rasgos de Cadillac con componentes propios de vehículos pesados.Considerada un búnker sobre ruedas, a 'La Bestia' se le atribuyen un blindaje multicapa, puertas con un peso similar al de las de un Boeing 757 y neumáticos capaces de seguir operativos tras sufrir daños, además de un habitáculo sellado con sistemas de filtración de aire para proteger al presidente frente a un ataque químico.El hermetismo del HongqiEl automóvil utilizado por Xi es un modelo N701 de la marca de lujo Hongqi (que en chino significa 'Bandera Roja') perteneciente al grupo estatal FAW que el mandatario chino utiliza en sus desplazamientos desde 2022 y cuyo precio algunas estimaciones sitúan en torno a los 700.000 dólares.El Hongqi llamó la atención en 2023 del entonces presidente estadounidense, Joe Biden, durante una reunión en San Francisco."Es un vehículo hermoso", le dijo el demócrata a Xi durante un breve intercambio en el que compararon el automóvil chino con su Cadillac, después de que el mandatario chino le explicara que era un "Hongqi, de fabricación doméstica".El N701 mantiene el icónico adorno de la bandera roja en el capó, característico de la marca, pero presenta un aspecto más alargado que los modelos tradicionales de la marca y conserva un diseño que recuerda a los automóviles de los años 50 del pasado siglo, en un guiño estético al primer Hongqi, que data de 1958.Diversos reportes sitúan su longitud por encima de los 5,5 metros y estiman su peso en unas tres toneladas, lo que lo haría considerablemente más ligero que 'La Bestia', aunque Pekín no ha hecho públicos sus datos técnicos ni sus sistemas de protección.Mientras el vehículo de Trump está diseñado para resistir un ataque directo, el Hongqi de Xi apuesta por la potencia de su motor para poder escapar a gran velocidad en caso de una emboscada.Ambas limusinas se desplazan en avión para acompañar a los presidentes en sus viajes internacionales.Pero mientras 'La Bestia' ha sido durante años objeto de cobertura mediática, el Hongqi de Xi permanece prácticamente fuera del escrutinio público, en un hermetismo que alimenta las especulaciones sobre las capacidades de la industria automovilística china.
Decenas de hogares migrantes venezolanos en Bucaramanga están enfrentando retrasos de varios meses en el pago del subsidio de arrendamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda. Ante la falta de desembolsos, algunos beneficiarios ya acudieron a la tutela.El programa hace parte de una estrategia de subsidios de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos y cuenta con recursos de cooperación internacional del Banco Mundial. En Bucaramanga, Fonvivienda abrió convocatorias durante 2025 y asignó subsidios para cubrir parcialmente el canon de arrendamiento durante un periodo de hasta 12 meses.De acuerdo con los beneficiarios, los retrasos comenzaron a presentarse desde finales de 2025 y se han extendido durante 2026. Mientras algunos hogares que finalizaron el beneficio en julio todavía tendrían meses pendientes por recibir, quienes iniciaron el subsidio en enero aseguran que, en varios casos, solo les han pagado los primeros meses del año.El subsidio corresponde a un porcentaje del salario mínimo y el dinero es girado directamente al arrendador, no al beneficiario. Según la convocatoria de Fonvivienda, para el programa financiado por el Banco Mundial el aporte podía llegar al 45 % de un salario mínimo mensual y otorgarse durante 12 meses consecutivos.La demora en los pagos ha generado dificultades entre los beneficiarios y sus arrendadores. Algunos propietarios, según los testimonios recogidos, estarían reclamando directamente a los hogares migrantes el pago de los cánones atrasados e incluso se han presentado casos en los que las personas han tenido que buscar otro lugar para vivir.La situación ya llegó a la Alcaldía de Bucaramanga. El secretario de Desarrollo Social, Iván Torres, explicó que el municipio participó en la etapa inicial del programa, principalmente en la focalización de los hogares beneficiarios, pero que no es la entidad responsable de administrar o girar los recursos.La Alcaldía de Bucaramanga también quedó vinculada a una de las acciones de tutela interpuestas por los beneficiarios.Torres señaló que en Bucaramanga fueron identificados cerca de 140 beneficiarios y reconoció que los pagos han presentado retrasos. Según explicó, en algunos casos se acumulan dos o tres meses y posteriormente se realiza el desembolso.“No es que no se les vaya a pagar o se haya dejado de pagar. Se presentaron fue demoras”, explicó el funcionario.El secretario también confirmó que envió una comunicación al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para poner en su conocimiento la situación y buscar una solución. El funcionario señaló que, ante la incertidumbre generada por los retrasos, ya se han presentado tutelas y se prevé que se interpongan nuevas acciones judiciales.Ahora, los beneficiarios esperan que el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda aclaren qué está ocasionando los retrasos y definan cuándo serán desembolsados los recursos pendientes.
Un total de 69 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que cumplen medidas no privativas de la libertad, avanzan en su proceso educativo en Bucaramanga mediante la estrategia ‘Rescatando Sueños’, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.La iniciativa busca garantizar que estos jóvenes puedan continuar con su formación académica y, al mismo tiempo, fortalecer sus proyectos de vida mediante el acompañamiento de diferentes instituciones.El proceso cuenta con la participación de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor y Corpoadases.Los participantes fueron distribuidos en cinco grupos de acuerdo con sus trayectorias educativas, con niveles que van desde primaria hasta educación media.La formación contempla dos horas diarias de clases, de lunes a viernes, además de actividades académicas para desarrollar en casa.Uno de los jóvenes beneficiarios, identificado como Leandro, destacó la importancia de contar con este acompañamiento para continuar sus estudios y pensar en su futuro.“Estoy muy agradecido porque nos están dando la posibilidad de estudiar, de recibir apoyo para nuestras carreras y, sobre todo, porque no nos están dejando solos”, señaló.Desde el ICBF Regional Santander señalaron que la estrategia busca que la educación también llegue a quienes cumplen medidas no privativas de la libertad, como parte del proceso de atención y garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.La entidad destacó que la articulación con el sector educativo permitirá fortalecer las capacidades de los participantes y brindarles herramientas para avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.
Las autoridades de Bucaramanga investigan una balacera registrada entre los barrios Villas de Girardot y La Feria, que dejó a una persona herida que posteriormente murió. Según el reporte, un ciudadano venezolano murió en el Hospital Universitario de Bucaramanga luego de resultar herido, al parecer, por una bala perdida durante una balacera registrada en el sector de la calle 27 con carrera 2, en inmediaciones de los barrios La Feria y Villas de Girardot. La víctima fue identificada como Andri Jhoan Márquez Castillo, de 28 años, natural del estado de Maracay, Venezuela.De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, el auxiliar de información del CAI Villas de Girardot recibió información de la comunidad sobre una persona lesionada. Al llegar al lugar, los uniformados establecieron que, minutos antes, se habían escuchado varias detonaciones que, al parecer, correspondían a disparos de arma de fuego.Posteriormente, encontraron al hombre lesionado mientras se encontraba sentado sobre una motocicleta en un taller del sector. La víctima fue trasladada en motocicleta hasta el Hospital Universitario de Bucaramanga para recibir atención médica, pero pese a los esfuerzos del personal médico falleció.La principal hipótesis que manejan las autoridades es que Márquez Castillo habría sido alcanzado por una bala perdida durante el intercambio de disparos. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho son materia de investigación.Tras conocerse el caso, la Policía inició la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el sector y entrevistó a habitantes y testigos con el propósito de establecer cómo ocurrió la balacera y obtener información que permita identificar a los responsables.Además, se activó un plan candado en diferentes sectores de Bucaramanga para tratar de ubicar a los posibles agresores.Las autoridades adelantan las labores de investigación y recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer el homicidio y determinar quiénes participaron en la balacera.En las últimas horas en Bucaramanga, las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre sobre una cañada en la calle 45. "Al parecer murió por temas de salud. Era un habitante en condición de calle", señalaron.También, se presentó un accidente de tránsito donde falleció una mujer de 27 años. El choque entre una motocicleta y un camión se registró en la vía que comunica al barrio Porvenir con Girón.
La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió este jueves que los compromisos expresados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos el de la celebración de elecciones, se traduzcan "de inmediato en hechos concretos y verificables"."Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un CNE (Consejo Nacional Electoral) confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable", dijo la PUD en un mensaje en X.La coalición señaló que también debe garantizarse el regreso de los venezolanos en el exterior "sin persecución ni obstáculos y el pleno ejercicio de sus derechos"."Delcy Rodríguez ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia, se consolidó el privilegio por pertenecer a un partido y se profundizó la persecución política", aseveró la coalición.Por tanto, prosiguió, sus compromisos "deben estar acompañados de acciones concretas, verificables y coherentes con la urgencia que vive Venezuela"."La Plataforma Unitaria Democrática seguirá articulando a las fuerzas democráticas. Venezuela exige hechos, no más promesas. La democracia no admite más excusas", agregó.Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas, prometió el miércoles ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que "habrá elecciones" en su país, sin anticipar una fecha, con garantías para "todas las fuerzas políticas".En ese sentido, explicó que se inició "un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos".Además, expresó que las instituciones venezolanas "estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente".Este jueves, cientos de opositores salieron a las calles en Caracas para exigir unas elecciones presidenciales en 2027 y que se permita el regreso a Venezuela de su líder y premio nobel de la paz María Corina Machado, quien ha intentado viajar desde Panamá tres veces esta semana y se lo han impedido, según su equipo.
