Las autoridades colombianas avanzan en la investigación para establecer la muerte del joven peruano Silvano Oblitas Cántaro, quien fue lanzado desde un puente en Cauca, al parecer, por ciudadanos venezolanos, reportó Noticias Caracol.
Hace algunos días se difundió en redes sociales un vídeo en el que un hombre identificado como Silvano Oblitas Cántaro era arrojado por un puente. El joven de 19 años era un ciudadano peruano que se encontraba de viaje en Colombia, según explicaron sus familiares.Después de que se conocieran los hechos un grupo de ciudadanos en Lima protestaron frente a la embajada de Venezuela en Perú. Pues, de acuerdo con los manifestantes, Cántaro habría sido arrojado del puente por ciudadanos venezolanos.Las protestas ante la embajada venezolana terminaron en violencia en contra de esta sede diplomática, lo que generó en la mañana de este domingo una respuesta de la Cancillería de Venezuela en la que exigen garantías para la integridad del personal diplomático y consular de ese país, así como de sus sedes.Además, en el comunicado, la Cancillería acusó a las fuerzas de seguridad peruanas de permitir los hechos violentos hacia su sede, ya que, supuestamente, hay grupos políticos en Perú que promueven la discriminación y xenofobia hacia los venezolanos para obtener réditos electorales.La animosidad entre un grupo de venezolanos y otro de peruanos ha crecido después de que se difundiera otro vídeo en el que mostraban a un ciudadano venezolano en Perú que, presuntamente, por negarse a pagar una extorsión habría sido asesinado.
Consternación causó en redes sociales la publicación del momento en que delincuentes lanzan a un joven desde un puente, al parecer, en Medellín.En las imágenes se ve al hombre ser interrogado por los delincuentes, quienes le preguntan por su nacionalidad. Cuando la confirma, uno de ellos le pone un brazo en el pecho, lo coge de los pies y lo lanza.Medios peruanos reportaron el hecho y, en medio de la consternación aparecieron sus familiares.“La última vez que nos comunicamos fue el miércoles 10 de febrero, eran las 8 de la noche. Le dije: 'en la mañanita te deposito'. Al día siguiente no se conectó, lo llamé y no contestó. Estábamos en comunicación constante, nos mandaba videos, hace una semana atrás me llamó diciéndome que su amigo lo dejo solo en Colombia, sin nada, sin sus cosas”, relató. Por eso le había pedido ayuda a su hermana”, dijo Janet Cántaro Tolentino, hermana de la víctima.De acuerdo con su familia, joven peruano habría viajado a Medellín a comprar ropa para vender en su país.En las últimas horas, la Fiscalía de Medellín activó el mecanismo de búsqueda urgente para ubicar al joven, que, al parecer fue lanzado por ciudadanos venezolanos.Este hecho ha generado indignación en Perú, en donde, por medio de protestas piden justicia.
Las autoridades en Antioquia se sumaron a la búsuqeda de Silvano Oblitas Tolentino, un joven peruano que quedó registrado en video mientras lo lanzaban desde un puente.La Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín activó un mecanismo de búsqueda urgente para ubicarlo.De acuerdo con un informe de Noticias Caracol, la grabación comenzó a circular en TikTok el 15 de febrero y fue de esa manera en que la familia del extranjero se enteró de lo sucedido.Sin embargo, según contó Janet Cántaro Tolentino, la hermana de Silvano, ella perdió comunicación con él desde el miércoles 10 de febrero.“La última vez que nos comunicamos fue el miércoles 10 de febrero, eran las 8:00 de la noche. Le dije: 'en la mañanita te deposito'. Al día siguiente no se conectó, lo llamé y no contestó”, contó la mujer.El joven peruano habría viajado a Medellín a comprar ropa para vender en su país. Para lograrlo, dice su familiar, había llevado 5.000 soles, unos 5 millones de pesos colombianos. A Medellín, contó su hermana, Silvano Oblitas llegó en compañía de un colombiano identificado como Andrés, que es la única pista que tienen de él.Se desconoce el lugar en el que fue lanzado desde un puente, luego de haber sido cuestionado por dos personas sobre su origen, así como las circunstancias del caso. Lo cierto es que el caso genera conmoción en su país.“Soy de Huánuco. Perú”, les contestó Silvano Oblitas, a lo que los criminales procedieron a lanzarlo al vacío, según las imágenes. Uno lo empujó mientras el otro grababa.Ahora, la Fiscalía intentará dar con el paradero de este joven de 19 años. Su familia también pidió apoyo a las autoridades del Perú para que ayuden en su ubicación.
Este 31 de mayo cuando los colombianos salen a las urnas para votar por su candidato en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer una nueva investigación disciplinaria contra un Ministro del Gobierno del presidente, se trata de Antonio Sanguino el jefe de la cartera de trabajo que será investigado por presunta participación indebida en política.Según el Ministerio Público, en su discurso el ministro Sanguino, habría hecho referencia a las diferentes opciones electorales, destacando una de ellas como la representante de un proyecto de transformación y cambio liderado por el actual Gobierno nacional. Para la Procuraduría, estas manifestaciones podrían interpretarse como un respaldo a una candidatura específica, lo que daría lugar a una posible falta disciplinaria por participación en política.La Procuraduría General de la Nación también ordenó recopilar y asegurar las grabaciones del evento, solicitar información a las autoridades de Valledupar y escuchar en declaración a varios asistentes que estuvieron presentes durante la instalación de la jornada electoral.Hace unos días el órgano de control le abrió también investigación disciplinaria al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por unas declaraciones que entregó en el departamento del Tolima durante una correría política en donde estaba presente un congresista del Pacto Histórico.Además, también ha hecho público la Procuraduría decidió suspender de manera provisional a la alcaldesa de Paujil, Caquetá, Latia Sindy Castillo por haber publicado en sus redes sociales una foto con una prenda alusiva a la campaña presidencial del candidato Iván Cepeda.
En medio de la jornada de elecciones presidenciales que se desarrolla este domingo en Colombia, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, advirtió a través de un mensaje en redes sociales que las elecciones no pueden convertirse en motivo de división entre los colombianos.“Las elecciones no nos pueden hacer enemigos, al contrario. Al votar, lo hacemos en conciencia y lo hacemos de manera responsable, y eso crea vínculos de diálogo en la verdad, también en la búsqueda del bien común”, expresó.Henao señaló que es necesario que la participación electoral contribuya al fortalecimiento de los vínculos sociales.“Nosotros necesitamos un país en el cual las elecciones acerquen, aunque cada quien lo hace desde una perspectiva que le parece en conciencia la más indicada. Disentir de los demás no quiere decir destruirlos. Disentir quiere decir actuar con responsabilidad desde una perspectiva que debe llegar a tocar el bien general de la nación”, agregó.Finalmente, monseñor Henao advirtió que el ambiente que se construya durante esta jornada tendrá incidencia en el país tras las elecciones.“El país que tengamos el lunes próximo depende también de la manera como nos tratemos hoy”, concluyó.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Caquetá iformó de la apertura de investigación disciplinaria y decreto de suspensión provisional contra Latía Cindy Castillo, alcaldesa de El Paujil, luego de que diferentes entidades y publicaciones digitales alertaran sobre un video difundido en redes sociales que la vincularía con actividades de carácter político durante el actual proceso electoral presidencial.El caso llegó al organismo de control a través de un informe presentado por servidores públicos de la Gobernación de Caquetá y de la Personería Municipal de El Paujil. Según la información remitida, la mandataria local habría aparecido en un contenido audiovisual publicado en la plataforma TikTok portando una prenda tipo poncho con imágenes asociadas al candidato presidencial Iván Cepeda.De acuerdo con los reportes conocidos por la Procuraduría, en el mismo material también se observaban varias prendas adicionales con la fotografía del aspirante presidencial, situación que motivó cuestionamientos sobre una eventual participación en actividades de respaldo político o una posible contribución en favor de una campaña electoral.La controversia tomó mayor relevancia luego de que un medio digital local divulgara una publicación sobre el caso. En la nota se señalaba que la alcaldesa se encontraba en medio de una discusión pública tras la circulación del video y que el contenido habría sido retirado de la red social poco tiempo después de su difusión. "La actuación se fundamenta en las disposiciones contenidas en el artículo 127 de la Constitución Política, norma que establece limitaciones para los funcionarios públicos en materia de intervención política, salvo las excepciones previstas expresamente por la ley", afirmó la entidad a través de un auto.Dentro del auto conocido, la Procuraduría recordó que la Constitución le otorga competencias para vigilar la conducta oficial de los servidores elegidos por voto popular. El documento señala que el artículo 277, numeral 6, faculta a la entidad para "vigilar la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas" y adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes cuando sea necesario.El organismo también hizo referencia a los alcances de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, decisión en la que se reiteró la facultad de la Procuraduría para investigar disciplinariamente a funcionarios de elección popular. No obstante, el fallo precisó que las sanciones relacionadas con destitución, suspensión o inhabilidad deben ser definidas finalmente por la jurisdicción contencioso-administrativa una vez concluido el procedimiento correspondiente.La apertura de esta actuación no implica una determinación de responsabilidad ni una conclusión anticipada sobre los hechos denunciados. En esta etapa, el propósito consiste en verificar la información recibida, recopilar elementos de prueba y establecer si la conducta observada en el material audiovisual encuadra dentro de las prohibiciones que regulan la participación política de los servidores públicos.El expediente también busca esclarecer el contexto en el que fue grabado y difundido el video, así como determinar el origen y la finalidad de las prendas que aparecen en las imágenes. Estos aspectos serán relevantes para establecer si existió alguna actuación incompatible con las obligaciones constitucionales y disciplinarias que recaen sobre quienes ejercen cargos de elección popular.Mientras avanzan las diligencias preliminares, la Procuraduría continuará recopilando información para definir el rumbo del proceso y establecer si existen fundamentos para adoptar nuevas decisiones dentro de la actuación disciplinaria relacionada con la alcaldesa de El Paujil, quien actualmente se encuentra suspendida de forma provisional, decisión a la cual el organismo se refirió de la siguiente manera: "En cuanto a las tres causales de suspensión provisional de un servidor dentro de un proceso disciplinario, es posible deducir que el fin que persigue el legislador con la causal primera, es asegurarse que el proceso se adelante en correcta forma evitando que quien es investigado o juzgado pueda llegar a interferir en él valiéndose de su cargo, función o servicio, entorpeciendo así el proceso disciplinario. Las causales segunda y tercera, por su parte, están referidas, ambas, a la preocupación de que continúe o se repita la falta que originó el proceso. Estas causales salvaguardan aquellos bienes jurídicamente tutelados que hubieren sido posiblemente lesionados en forma gravísima o grave, mediante la eliminación de la posibilidad de que sigan siendo o vuelvan a ser afectados por la conducta del servidor investigado o juzgado2. (Resaltado fuera de texto)De lo anterior se concluye que la imposición de la suspensión provisional está ligada a la idea de preservar: (i) la integridad del proceso o (ii) a evitar que se afecte posteriormente el ejercicio de la función pública por parte del disciplinable.Adicionalmente, la Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre la naturaleza de esta medida, advirtiendo no debe entenderse como una forma de “prejuzgar” o que“comprometa la responsabilidad del disciplinable”. Por el contrario, en respeto del debido proceso, la suspensión provisional no supone una decisión final sobre los hechos investigados, sino que representa una medida excepcional para preservar los fines arriba descritos, siempre que se pueda inferir de manera fundada alguna afectación de la función pública."
La jornada electoral avanza en los establecimientos penitenciarios del país con la participación de personas privadas de la libertad que aún no cuentan con una sentencia condenatoria en firme. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, habilitó mesas de votación en centros de reclusión para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio de la población sindicada apta para votar.De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, a esta hora ya han votado 1.105 personas privadas de la libertad. Asimismo, 1.870 funcionarios y 1.428 ciudadanos particulares registrados en estos puestos de votación también han ejercido su derecho, para un total de 4.404 sufragantes en los establecimientos habilitados.Actualmente, el Inpec tiene bajo su custodia cerca de 17.000 personas sindicadas que se encuentran habilitadas para participar en la jornada electoral. Para ello, se dispuso un operativo en 28 departamentos del país, donde funcionan 124 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) con 132 mesas electorales instaladas especialmente para este proceso.La entidad recordó que el derecho al voto en los centros penitenciarios aplica únicamente para aquellas personas que no han sido condenadas mediante sentencia ejecutoriada. En consecuencia, la participación está dirigida exclusivamente a la población sindicada que conserva plenamente sus derechos políticos.Además de la participación de los internos habilitados, las autoridades informaron que ciudadanos residentes en zonas cercanas a los establecimientos penitenciarios también han acudido a las urnas. Según el reporte oficial, los ciudadanos que viven en áreas perimetrales o aledañas a los establecimientos penitenciarios, y que están registrados en esos puestos de votación, se han acercado para ejercer el voto.La jornada continúa en los diferentes centros penitenciarios del país, donde las autoridades mantienen el monitoreo permanente para garantizar el desarrollo normal del proceso electoral y el ejercicio de los derechos políticos de las personas habilitadas para participar.
Diferentes autoridades, en el puesto de mando unificado en Antioquia, indican que hasta ahora la jornada electoral ha transcurrido con normalidad y que en 124 de los municipios se ha dado sin contratiempos. Sin embargo, la única novedad estuvo en el corregimiento Puntas de Ocaidó, uno de los sitios rurales más alejados del departamento, donde el mal tiempo impidió la llegada del material a tiempo y esto retrasó hasta más allá de las 9:00 de la mañana el inicio de las votaciones.Sobre la seguridadEn materia de seguridad no se han presentado alteraciones de orden público en ninguna subregión.Lo que sí ha ocurrido es que se han realizado tres capturas de personas con órdenes vigentes que ejercieron su derecho al voto, es decir, que tenían cuentas con la justicia por delitos que no tienen que ver con temas electorales."Tenemos tres personas capturadas, una en el municipio de Concordia por el delito de concierto para delinquir, otro en el municipio de Sonsón por el delito de acoso sexual, y otro en en Bello por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años", reportó el secretario de Seguridad, Luis Martínez.Parte del balance también es que los 21 municipios priorizados por alerta electoral, incluyendo Briceño y Anorí, están bajo control y vigilancia especial, con más de 16.000 efectivos desplegados y control aéreo, en todo el departamento.
