La desnutrición infantil sigue siendo una preocupación en las comunidades indígenas y rurales más apartadas de Colombia. Según una encuesta realizada por Unicef en 2024, el 71 % de los niños menores de cinco años evaluados en Bagadó, Chocó, presentó retraso en talla, una condición asociada a la desnutrición crónica que puede afectar su crecimiento, desarrollo y aprendizaje.En Alto Baudó, Chocó, el porcentaje alcanzó el 61,9 %, mientras que en Uribia, La Guajira, llegó al 41,1 % y en Puerto Carreño, Vichada, al 29,7 %.En diálogo con Blu Radio, Salua Osorio, especialista de Salud y Nutrición de Unicef Colombia, explicó que los estudios nutricionales realizados en estos territorios evidencian graves problemas de crecimiento infantil.“El 70 % de los niños tienen retraso en talla. Esto tiene unas consecuencias gravísimas porque son niños que ya tienen algunas secuelas o consecuencias de este retraso en talla”, señaló Osorio, quien advirtió que esta condición puede generar dificultades de aprendizaje y desarrollo.Enfermedades prevenibles siguen cobrando vidas en zonas apartadasA los problemas de nutrición se suman enfermedades que pueden prevenirse o tratarse oportunamente, como las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas.Según cifras preliminares del 2025 del Instituto Nacional de Salud, presentadas por Unicef, Vaupés registró una tasa de 182,1 muertes por cada 100.000 menores de cinco años por estas enfermedades y desnutrición, frente a un promedio nacional de 11,9. Mientras que en Chocó, la tasa alcanzó 136,9; en Vichada, 72,3; en Guainía, 66,8, y en La Guajira, 54,4.Una de las principales dificultades que enfrentan estas comunidades es el acceso a los servicios médicos. De acuerdo con Unicef, algunas familias deben caminar hasta cuatro horas y posteriormente viajar otras cuatro en lancha para conseguir atención.A estas barreras se suman la falta de agua potable, los costos del transporte y las dificultades de comunicación entre el personal médico y las comunidades que hablan lenguas indígenas.Unicef y MSD anuncian alianza para fortalecer la atención en saludAnte este panorama, Unicef Colombia y la compañía farmacéutica MSD anunciaron la implementación de KATUMARE, un proyecto que busca beneficiar a más de 60.000 personas en La Guajira, Chocó, Vichada y Guainía, mediante la formación de agentes comunitarios, la prevención de enfermedades y la detección temprana de la desnutrición infantil.Johanna Ballesteros, gerente general de MSD para Colombia y Ecuador, confirmó que la compañía destinará 200.000 dólares para apoyar el proyecto en Colombia, como parte de una iniciativa global de salud comunitaria.Una de las herramientas que desarrollaron es una aplicación que permitirá a personas capacitadas de las propias comunidades registrar el peso, la talla y el estado de vacunación de los niños, así como identificar señales de peligro que requieran atención médica.La aplicación está diseñada para funcionar sin conexión permanente a internet y enviar alertas a hospitales y centros de salud cuando recupere la señal. Además, incorpora instrucciones en voz alta y permite registrar la información mediante dictado por voz, facilitando su utilización en zonas apartadas.Con esta estrategia, Unicef busca fortalecer la atención desde las propias comunidades y avanzar hacia un modelo de salud que permita identificar y tratar oportunamente enfermedades que siguen poniendo en riesgo la vida de los niños en los territorios más vulnerables del país.
Luego de un mes del terremoto de magnitud 7,4 que afectó los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Chocó y Risaralda, desde UNICEF advierten que miles de niños y adolescentes continúan enfrentando serias dificultades para acceder a la educación, agua segura, salud y protección en sus territorios.Desde la organización hacen un llamado a mantener y fortalecer la respuesta humanitaria, especialmente para garantizar el regreso seguro de los estudiantes a las instituciones educativas afectadas por la emergencia.Según cifras entregadas por UNICEF, más de 4.268 sedes educativas resultaron afectadas por el terremoto, situación que compromete la continuidad de la educación y el acceso a espacios seguros para el aprendizaje y desarrollo de más de un millón de estudiantes.La emergencia también provocó afectaciones en sistemas de agua, infraestructura comunitaria y servicios de salud, aumentando la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.“Un mes después del terremoto, la recuperación de la infancia debe seguir siendo una prioridad. Las niñas, niños y adolescentes necesitan regresar a entornos seguros para aprender, jugar y desarrollarse. La solidaridad y el apoyo de todos siguen siendo fundamentales para que las comunidades afectadas puedan reconstruir sus vidas”, señaló Olga Lucía Zuluaga, especialista de emergencias de UNICEF en Colombia.Desde el inicio de la emergencia, UNICEF ha desplegado equipos y suministros en los departamentos más afectados y reporta haber alcanzado a cerca de 10.000 personas. Entre las ayudas entregadas se encuentran más de 900 kits de higiene familiar y para gestantes, 42 filtros para almacenamiento de agua y 32.000 litros de agua para familias afectadas en Chocó.La organización también ha realizado evaluaciones técnicas en escuelas, centros de desarrollo infantil y alojamientos temporales para verificar sus condiciones de agua, saneamiento e higiene.En el componente de Educación en Emergencias, UNICEF ha dispuesto más de 40 aulas temporales de aprendizaje, además de materiales educativos, acompañamiento socioemocional y asistencia técnica a las autoridades educativas.La organización hace una petición a los gobiernos, empresas, donantes y ciudadanía mantener el apoyo para facilitar el acceso de los niños a educación, agua potable, salud, protección y acompañamiento emocional.
El terremoto que sacudió varias regiones de Colombia no solo dejó daños materiales y personas afectadas, sino que la emergencia también puede tener consecuencias en la salud mental de los niños y adolescentes que estuvieron expuestos al miedo, las imágenes de destrucción y la información sobre las víctimas.Así lo explicó Gustavo Ugalde, gerente de Movilización de Recursos de UNICEF, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que entregó recomendaciones para que los padres manejen la exposición de los menores a las noticias relacionadas con el terremoto.UNICEF recomienda alejar a los niños de las noticias sobre el terremotoDe acuerdo con Ugalde, los niños y niñas pueden experimentar temor y estrés al conocer lo ocurrido, incluso cuando no estuvieron directamente en las zonas afectadas por el movimiento sísmico.El representante de UNICEF explicó que los menores están constantemente expuestos a lo que ocurre a su alrededor y pueden escuchar conversaciones de los adultos sobre las personas afectadas, las muertes y los daños ocasionados por la emergencia.Por esa razón, señaló que una de las principales recomendaciones es limitar la exposición de los niños a las noticias, videos y contenidos que circulan en redes sociales sobre el terremoto.La organización considera que, especialmente en los menores de aproximadamente 10 a 12 años, esa exposición puede generar una carga de estrés innecesaria.“La recomendación muy puntual es no tenerlos allí”, explicó Ugalde al referirse a la exposición constante de los menores a las noticias y redes sociales relacionadas con la tragedia.El funcionario aclaró que esto no significa ignorar las preguntas de los niños. Por el contrario, recomendó que los padres hablen abiertamente con ellos sobre sus temores.¿Qué deben hacer los padres con los niños después del terremoto?Según las recomendaciones entregadas por UNICEF, los adultos deben acompañar a los menores y permitirles expresar lo que sienten.Entre las principales acciones mencionadas están:Escuchar sus miedos y permitir que expresen sus emociones.No decirles que su miedo “no importa” ni calificarlos de miedosos.Reducir su exposición a videos, redes sociales y noticias sobre la emergencia.Explicarles qué es un terremoto y por qué ocurre.Aclarar que se trata de un fenómeno natural y que no es provocado por una guerra o por una acción humana.Explicarles que los terremotos no se pueden predecir, pero que existen formas de actuar cuando ocurren.Ugalde señaló que hablar con los niños sobre el fenómeno puede ayudar a disminuir el miedo y el estrés que les genera la situación.¿Qué pasa con los niños que sí estuvieron en las zonas afectadas?UNICEF también está desarrollando acciones directamente en las regiones afectadas por el terremoto. El representante explicó que la organización está concentrando parte de su respuesta en Chocó y Buenaventura, consideradas zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad y aislamiento.Una de las estrategias consiste en instalar Espacios Seguros para la Infancia, donde los menores pueden recibir primeros auxilios psicológicos, protección física y participar en actividades lúdicas.Estos espacios buscan además evitar que los niños queden expuestos a diferentes riesgos mientras sus padres o cuidadores atienden las consecuencias de la emergencia.La organización también indicó que, cuando identifica a un menor que quedó sin sus padres o cuyo cuidador está desaparecido o fue víctima del desastre, se busca canalizar el caso hacia un familiar directo que pueda hacerse cargo o hacia la autoridad correspondiente.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Más del 60 % de los niños y niñas en Colombia no recibe lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2015. Ante esta situación, Unicef hizo un llamado a fortalecer las políticas y acciones destinadas a proteger, promover y apoyar la lactancia materna en el país.La advertencia se conoce en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, que este año tiene como lema “Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: reforzar lo que funciona”. La campaña busca poner el foco en las medidas que han demostrado ser efectivas y en la necesidad de construir redes de apoyo alrededor de las madres lactantes.Para Unicef, garantizar la lactancia materna durante los primeros meses de vida no debe entenderse exclusivamente como una decisión individual. La organización considera que las familias, las comunidades, el sistema de salud, los empleadores y las instituciones públicas y privadas tienen responsabilidades para generar condiciones que permitan a las mujeres amamantar.Unicef pide fortalecer las redes de apoyoLa leche materna es considerada una fuente fundamental de alimentación durante los primeros meses de vida. Entre sus beneficios se encuentran la protección frente a enfermedades, el aporte al desarrollo cognitivo y la contribución a un crecimiento saludable. Además, la lactancia está relacionada con una menor probabilidad de sobrepeso y obesidad en etapas posteriores.Pero sus beneficios no se limitan a la salud infantil. Al tratarse de una forma de alimentación de bajo costo y disponible para las familias, la lactancia materna también puede contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, reducir desigualdades y favorecer la disminución de la pobreza.“Fortalecer los sistemas de apoyo a la lactancia materna es una responsabilidad compartida”, señaló Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia, quien insistió en la necesidad de que distintos sectores trabajen conjuntamente para crear condiciones sostenibles y equitativas para las madres.La organización considera que contar con apoyo en el hogar puede ser determinante, pero también resulta necesario que las mujeres encuentren condiciones adecuadas cuando regresan a sus trabajos o cuando acuden a los servicios de salud.Colombia tiene avances, pero aún enfrenta retosUnicef destacó que Colombia ha desarrollado durante los últimos años diferentes iniciativas para favorecer la lactancia materna. Entre ellas están las Salas Amigas de la Familia Lactante, tanto en espacios laborales como comunitarios, y la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII).También resaltó el trabajo de las Madres FAMI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes hacen parte de las acciones de acompañamiento a las familias.Estos avances, sin embargo, requieren continuidad y mayores esfuerzos para que las medidas de protección y promoción de la lactancia lleguen de manera efectiva a las madres y sus hijos.Otro de los puntos señalados por Unicef es la necesidad de avanzar en la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Esta herramienta busca proteger a las familias de prácticas comerciales que puedan interferir con la lactancia y garantizar que las decisiones sobre alimentación infantil se tomen con información adecuada.La lactancia materna también es una inversiónLa Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026 plantea además la discusión sobre los recursos que destinan los países a proteger esta práctica. Unicef sostiene que invertir en lactancia materna puede generar importantes beneficios sociales y económicos, aunque su potencial continúa siendo subestimado.Según la información difundida por la organización, la falta de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna representa pérdidas económicas significativas a nivel mundial, estimadas en 1.500 billones de dólares diarios, equivalentes aproximadamente a 4,84 billones de pesos colombianos al día.Por eso, el llamado de Unicef no se limita a incrementar las campañas de información. La organización plantea la necesidad de consolidar políticas públicas y entornos que permitan a las madres ejercer su derecho a amamantar con acompañamiento y sin barreras.En ese sentido, garantizar que madres, padres y cuidadores tengan acceso a información basada en evidencia científica, sin conflictos de interés ni presiones comerciales, es otro de los desafíos señalados.La cifra de la ENSIN 2015 continúa siendo un llamado de atención para Colombia: lograr que más niños reciban lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses requiere una respuesta que vaya más allá de la voluntad individual. Para UNICEF, reforzar las estrategias que ya funcionan y ampliar los sistemas de apoyo será fundamental para que la lactancia materna contribuya a un comienzo de vida más saludable y a una sociedad con mayores condiciones de equidad.
La emergencia provocada por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron recientemente a Venezuela ha dejado una huella devastadora, afectando de manera desproporcionada a la población infantil. Roberto Benes, director de UNICEF para América Latina, quien encabeza las labores de asistencia en La Guaira, advirtió que cerca de 680.000 niños requieren ayuda humanitaria urgente. La cifra, alarmante, subraya la vulnerabilidad de un sector que representa el 28% de la población nacional y que hoy enfrenta la pérdida de sus hogares, el trauma del desastre y el riesgo de quedar desamparados.Desde el terreno, Benes explicó que la intervención de UNICEF se articula en tres ejes críticos para mitigar el impacto inmediato. "Primero, ofrecer suministros médicos de emergencia; segundo, acceso a agua potable; tercero, espacio seguro donde los niños puedan juntarse acompañados por profesionales, psicólogos y trabajadores sociales para que puedan recuperar un espacio de normalidad", señaló el directivo.El acceso al agua potable ha emergido como uno de los desafíos más complejos, dado que los terremotos destruyeron gran parte de la infraestructura de saneamiento. Ante este escenario, la organización ha movilizado 48 toneladas de suministros, incluyendo purificadores y tanques de almacenamiento, para abastecer a los campamentos transitorios donde se refugian las familias que perdieron sus viviendas.Prevención ante el riesgo de trata y explotaciónUno de los mayores temores tras una catástrofe de tal magnitud es el desamparo de los menores, lo cual los expone a riesgos de trata de personas y explotación, tal como ocurrió en el terremoto de Haití en 2010. Al respecto, Benes enfatizó que UNICEF trabaja en estrecha coordinación con las autoridades venezolanas. "Fundamental es prevenir cualquier acto criminal que pueda tomar ventaja de una situación en lo inmediato de gran complejidad. Tenemos este servicio, por lo menos hasta 15 de estos centros amigables que vamos a establecer por los servicios de protección del Estado venezolano", indicó.Hasta el momento, no se han recibido reportes sobre redes delictivas operando en las zonas afectadas, aunque el despliegue de protocolos de protección infantil busca blindar a los niños contra cualquier vulneración de sus derechos en medio del caos.Aunque los equipos de rescate mantienen la esperanza de hallar sobrevivientes, el enfoque de las agencias humanitarias comienza a desplazarse hacia la fase de rehabilitación. El director regional destacó que, si bien la fase de auxilio es prioritaria, "hay un proceso de reconstrucción, de rehabilitación y de recuperación que va a ser largo". Con una meta de atención fijada en 234.000 niños, UNICEF continúa coordinando acciones para garantizar que los menores tengan suministros médicos, salud y un entorno protector.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzó un llamado urgente a los gobiernos del mundo para que amplíen las definiciones legales de material de abuso sexual infantil (MASI) con el fin de incluir el contenido generado o manipulado mediante IA y sancionar su creación, posesión y difusión como delito explícito, argumentando que el daño no es “ficticio” sino “abuso real”. En su declaración oficial, UNICEF subraya que las imágenes, videos o audios de menores creados mediante tecnologías de IA, conocidos como deepfakes, no solo son cada vez más frecuentes, sino que pueden ser generados sin consentimiento, sexualizando a niños incluso mediante procesos de “nudificación”, donde se altera digitalmente una imagen para que aparezca desnuda o en poses sexualizadas. “El abuso mediante deepfakes es abuso, y no hay nada ficticio sobre el daño que provoca”, advierte la agencia de la ONU, que insiste en que cuando se usa la imagen o identidad de un niño, ese menor se convierte en víctima, aunque no se identifique personalmente en la imagen. Un estudio conjunto liderado por UNICEF, ECPAT e INTERPOL en 11 países reveló que al menos 1,2 millones de niños y niñas reconocieron haber tenido sus imágenes manipuladas en deepfakes sexualmente explícitos durante el último año, lo que en algunos contextos equivale aproximadamente a uno de cada 25 menores. Estos resultados no solo muestran la magnitud del problema, sino también la preocupación de los propios niños, ya que, en varios lugares, hasta dos tercios de los menores encuestados expresaron temor a que sus imágenes pudieran usarse de esta manera. Además de la amenaza directa para las víctimas, UNICEF advierte que la circulación de este tipo de contenidos normaliza la explotación sexual infantil y alimenta la demanda de material abusivo, dificultando al mismo tiempo las labores de las fuerzas del orden para identificar y proteger a los menores que necesitan ayuda. La agencia insta a los países a actualizar sus marcos legales para criminalizar expresamente la creación, adquisición, posesión y difusión de contenido sexual infantil generado por IA, un vacío que en muchas jurisdicciones todavía persiste. También reclaman que los desarrolladores de IA adopten medidas de “seguridad desde el diseño” (safety by design) para prevenir que sus modelos sean usados con fines dañinos. Por su parte, las empresas tecnológicas están bajo presión para mejorar la moderación de contenidos e invertir en tecnologías de detección que permitan eliminar de inmediato este tipo de material, y no días después de una denuncia. Este enfoque responde a la necesidad de actuar antes de que el daño se propague o se consolide en plataformas digitales. Un ejemplo de reacción política es el plan anunciado por el gobierno del Reino Unido para prohibir el uso de herramientas de IA que generen imágenes de abuso sexual infantil, lo que lo convertiría en el primer país en incorporar medidas de este tipo en su legislación. Un reto que trasciende fronterasLa dificultad de rastrear y eliminar este tipo de material en un entorno digital globalizado hace que la cooperación internacional sea clave. Acuerdos previos entre INTERPOL y UNICEF para combatir la explotación y el abuso sexual de menores en línea evidencian que la colaboración entre entidades gubernamentales y organizaciones civiles será fundamental para enfrentar este desafío emergente. En definitiva, la alerta lanzada por UNICEF recalca que la sociedad, las leyes y la tecnología deben evolucionar de manera conjunta para proteger a la infancia frente a las nuevas amenazas digitales, porque, como afirman los expertos, “los niños no pueden esperar a que la legislación se ponga al día”.
El Hospital Infantil Universitario San José, está alertando que la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes están mostrando formas de manifestación distintas a las tradicionalmente asociadas con tristeza o llanto persistente. Actualmente, estos trastornos se evidencian con mayor frecuencia a través de irritabilidad constante, dificultades en el desempeño escolar, aislamiento social y síntomas físicos recurrentes sin causa médica aparente, lo que puede retrasar su identificación temprana en el entorno familiar y educativo.De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada siete niños y adolescentes entre los 10 y 19 años presenta algún trastorno de salud mental, siendo la ansiedad y la depresión los más comunes. En América Latina, cifras de Unicef indican que cerca del 20 % de los adolescentes reporta síntomas asociados a estas condiciones, una situación que incide en su desarrollo emocional, social y académico.Especialistas del Hospital Infantil Universitario de San José señalan que uno de los principales criterios para identificar estos trastornos es el cambio sostenido en el comportamiento del niño frente a su estado previo. Cuando la irritabilidad, el desinterés o el deterioro académico se mantienen en el tiempo y afectan la vida cotidiana, se hace necesaria una valoración especializada.Uno de los factores que se relaciona con la aparición o el aumento de síntomas es el uso prolongado de dispositivos electrónicos. Estudios recientes han establecido que pasar más de tres horas diarias frente a pantallas recreativas se asocia con mayor riesgo de ansiedad y depresión, especialmente cuando el uso se concentra en redes sociales y videojuegos durante la noche.En la población infantil, el malestar emocional suele expresarse a través de síntomas físicos como dolores abdominales, cefaleas, cansancio persistente o mareos, lo que conduce en muchos casos a consultas médicas repetidas antes de considerar una evaluación en salud mental.Los especialistas recomiendan prestar atención a señales como cambios prolongados en el estado de ánimo, dificultades para dormir, rechazo persistente a asistir al colegio, crisis de llanto o ansiedad y pérdida de interés por actividades habituales. Cuando estos síntomas se extienden por más de dos semanas o interfieren con la vida diaria, se sugiere acudir a una valoración profesional.La identificación oportuna de la ansiedad y la depresión en la infancia permite reducir su impacto a largo plazo y favorece el desarrollo de estrategias para afrontar el estrés y las exigencias propias de cada etapa del crecimiento, en un contexto cada vez más influenciado por la tecnología y los cambios en la dinámica social y familiar.
Unicef alertó que 14,1 millones de niños y niñas en América Latina y el Caribe necesitarán asistencia humanitaria en 2026 debido al aumento del desplazamiento forzado, la migración, la violencia armada y los desastres climáticos en la región. En su nuevo llamado de Acción Humanitaria para la Infancia, el organismo señala que estos factores continúan afectando de manera directa a países como Colombia, donde persisten múltiples desafíos humanitarios.Aunque el informe presenta un panorama regional, Colombia ocupa un lugar central por el impacto del conflicto armado interno y el aumento del desplazamiento de menores. Según los datos divulgados por Unicef, el país registró más de 450 casos de reclutamiento de niños por grupos armados durante el último año, una cifra que evidencia la continuidad de dinámicas de violencia que afectan gravemente a la niñez y a sus comunidades.Además, los movimientos migratorios que atraviesan la región también tienen implicaciones directas en el territorio colombiano. Reportes citados por Unicef indican que uno de cada cinco migrantes que transitan por Panamá rumbo a Colombia son niños y niñas, muchos de ellos expuestos a riesgos como trata de personas, explotación, abuso o ahogamiento durante la ruta. Esta situación presiona la capacidad de respuesta en zonas fronterizas, donde el acceso a servicios básicos es limitado.A estos retos se suman los efectos de los desastres relacionados con el clima. La región ha enfrentado inundaciones, sequías y tormentas severas que han sobrecargado los sistemas locales de respuesta. Aunque el huracán Melissa afectó principalmente al Caribe, situaciones similares han impactado a Colombia en años recientes, especialmente en municipios con alta vulnerabilidad ambiental. Unicef indica que estos eventos aumentan la necesidad de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta ante emergencias en el país y en la región.En su llamamiento humanitario, la organización solicita 581,3 millones de dólares para responder a las crisis en América Latina y el Caribe, de los cuales 27,1 millones están dirigidos específicamente a Colombia, con el fin de cubrir necesidades críticas de 254.800 personas, incluidos más de 180.000 niños y niñas. Estos fondos buscan reforzar acciones de protección, acceso a agua segura, educación, salud y apoyo psicosocial.En palabras de su Director Regional, Roberto Benes, “si no actuamos ahora, no solo estamos poniendo en riesgo su seguridad y bienestar, sino también la estabilidad de los países y las sociedades”.La organización insistió en la necesidad de fortalecer los sistemas de protección y respuesta en países como Colombia, donde miles de niños siguen expuestos a riesgos relacionados con el conflicto y la movilidad humana, y dependen de apoyo humanitario para garantizar su derecho a la protección, el desarrollo y el acceso a servicios esenciales.
El aumento del reclutamiento de menores en Colombia sigue siendo motivo de preocupación para organismos internacionales. Las cifras más recientes de Unicef y Naciones Unidas muestran que esta práctica continúa afectando a cientos de familias en distintas regiones del país.Según datos oficiales de Unicef y el informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre niñez y conflictos armados, en los últimos cinco años el reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto armado aumentaron un 300 %. Esto representa más de 1.200 niños, niñas y adolescentes vinculados por grupos armados en ese periodo.Solo en 2024 se registraron 453 casos confirmados. En promedio, cada 20 horas un menor es separado de su hogar o su comunidad. “Son solo los casos que se han podido monitorear; hay muchos más niños y niñas que han sido reclutados”, explicó Julien Hayois, especialista de protección de Unicef.El informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre niñez y conflictos armados coincide en la magnitud del problema. Entre 2019 y 2024, más de 1.200 menores fueron llevados de sus entornos para ser utilizados en tareas relacionadas con la guerra. Estas cifras corresponden únicamente a casos verificados, por lo que no reflejan totalmente la dimensión real del fenómeno debido a la falta de denuncia en varias zonas del país.Los datos también muestran que entre 2023 y 2024 el reclutamiento y la utilización de menores aumentaron un 64 %. El año pasado se confirmaron 453 hechos, lo que reafirma la tendencia creciente. Las comunidades indígenas y afrodescendientes son las más impactadas, con el 52 % de los casos registrados en los últimos dos años.Las regiones más afectadas se encuentran en la costa Pacífica, Cauca, Nariño y Chocó, y en la frontera con Venezuela, especialmente en Arauca y Norte de Santander. En estas zonas, la presencia de distintos actores armados ilegales aumenta el riesgo de que menores sean contactados o presionados para integrarse a sus estructuras.
Las escuelas en Colombia continúan siendo escenario de violencia. De acuerdo con datos recientes de Unicef, entre 2020 y 2024 se verificaron 152 casos de ataques o uso militar de instituciones educativas en el país, en contextos relacionados con la presencia de grupos armados. Estas cifras incluyen amenazas a docentes, daños a la infraestructura escolar, instalación de explosivos y ocupación de los planteles para fines ajenos a la educación.El informe, presentado en el marco del Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, advierte que durante 2024 se registró el mayor número de casos en comparación con años anteriores. Naciones Unidas verificó 27 ataques directos a escuelas y 35 situaciones en las que fueron utilizadas con fines militares. Esto representa un promedio de un incidente cada seis días en lo que va del año.El uso militar de las escuelas abarca desde su ocupación como escondites hasta su aprovechamiento como puntos de almacenamiento de armas o campamentos temporales. Estos hechos impactaron a al menos 7.024 estudiantes y docentes, y en muchas ocasiones obligaron al cierre temporal o permanente de los centros educativos.Unicef Colombia reconoció los avances del Estado colombiano, entre ellos la firma de la Declaración de Escuelas Seguras en 2022. Sin embargo, hizo un llamado a fortalecer la implementación del plan de acción derivado de este compromiso, especialmente en los territorios donde operan grupos armados. La organización reiteró la importancia de garantizar el acceso a una educación segura para niños, niñas y adolescentes en todo el país.“Las escuelas son bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, fundamentales para la garantía de derechos de la infancia y es obligación de las partes en conflicto respetarlas en todo momento y circunstancia", añadió Unicef.
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.