A través de una carta enviada al Gobierno nacional, y conocida por Blu Radio, un colectivo en el que están firmantes del proceso del 2016, anunciaron una jornada de movilización pacífica para los próximos 3 y 4 de febrero de 2025. Estas jornadas incluirán bloqueos intermitentes de las principales vías nacionales que conectan con la ciudad de Bogotá.En diálogo con Blu Radio, una de las firmantes del proceso del 2016 aseguró que, además de las garantías exigidas por la delicada situación que se vive en el Catatumbo, piden cumplimientos en temas como la renta básica, el acceso a la tierra, a una vivienda digna y otros puntos del acuerdo que se están incumpliendo en estos momentos.“Estamos en un punto crucial donde, o tomamos medidas, o hacemos que el Gobierno entienda que nosotros no le apostamos a entregar nuestras vidas de esa manera (...). Si nosotros no somos escuchados, si el Gobierno hace caso omiso a esto, cabe la posibilidad de que las movilizaciones se prolonguen”, le dijo a Blu Radio una de las firmantes.Con esto, el colectivo espera que el Gobierno nacional disponga de una mesa de diálogo que permita encontrar soluciones a las demandas exigidas por las personas que pertenecen al proceso de paz del 2016. Lo anterior, según el documento que envió el Frente Nacional de Paz, es necesario para plantear una ruta de trabajo que cambie el panorama de los firmantes que hoy se encuentran en riesgo.“Solicitamos presencia de las instituciones del Gobierno nacional y especialmente la del señor presidente Gustavo Petro Urrego al diálogo con nosotros con la misma prontitud requerida; para poder enmarcar una ruta de trabajo conjunta y hacer tangible la implementación y estabilidad de los acuerdos, puesto que, estos acuerdos nunca se pensaron únicamente en beneficio de nosotros la población firmante del acuerdo de paz sino en toda la sociedad colombiana que necesitaba y necesita de una paz verdadera”, finaliza el documento.En la carta se aclara que, en medio de los bloqueos, se van a respetar los casos prioritarios a las personas que no hagan parte de la movilización:Ambulancias.Fuerza pública.Misión médica.Mujeres en estado de embarazo.Citas prioritarias para mujeres en estado de embarazo, adultos mayores y menores de 14 años.Persona que requiera atención médica inmediata (cortadas, en estado inconsciente, o menores de 14 años, evidentemente enfermos).Toda clase de organismos de socorro (Bomberos, defensa civil, etc).
En audiencias con la JEP, Jaime García, exdirectivo de Fondo Ganadero, empezó refiriéndose a las relaciones políticas y de la sociedad con las autodefensas, en Córdoba; además de las relaciones de su papá Rodrigo Caicedo con diferentes sectores del departamento.En sus declaraciones, Jaime García habló sobre reuniones en las que empezó a acompañar a su papá Rodrigo Caicedo con diferentes sectores del departamento, cuando los magistrados indagaron sobre su llega a a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge García se refirió a un encuentro que tuvo con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso."Yo llegué donde Carlos resulta que un día por x motivo me encuentro con Mancuso en una finca de él, fui con el senador Julio Manzur a qué, yo no me acuerdo, pero llegamos allá y, allí, estaba reunido de casualidad digo yo, no sé o nosotros llegamos de casualidad Jorge '40', un señor Tovar Edward Cobo que, en ese momento, yo no sabía que era de ellos y lo supe mucho después, Edward Cobo, en ese momento Edward Cobo era un ganadero de Córdoba (...) Mancuso hablando con Mansur le dijo a propósito senador le voy a quitar CBC a Juancho López, el que era el directo en ese momento de la CBC era una cuota política de Juan Manuel López Cabrales, y Mansur le dijo hombre y a quien vas a montar hay y dijo Mancuso voy a montar a Aquilino Londoño", reveló el exdirectivo del Fondo Ganadero ante la Sala de Reconocimiento.En el mismo sentido señaló que él empezó a hacer campaña para llegar a la CBC y antes de la elección lo habría llamado el gobernador de ese entonces, Ángel Villa Diego Hernández, quien le habría mostrado una carta en la que Carlos Castaño le pedía al gobernador que apoyara a García, de esta manera él habría llegado a la CBC.Gobierno estimuló a privados en zonas de violencia: Jaime GarcíaSe refirió a gestiones que habría hecho su papá ante el Gobierno nacional, según su relato, para lograr que se instalaran batallones en el departamento de Córdoba; en donde dejó claro que el Estado tuvo responsabilidad en el despojo de tierras en algunas zonas del país."El mismo Estado facilitaba y estimulaba la inversión de privados en zonas de violencia o deprimidas por la guerra que había habido en esas regiones. Argumentaban que invertir en esas zonas era generar empleo y bienestar para las familias que habitaban allí (...) Si usted observa las tierras que compró el Fondo Ganadero y que compró mucha gente en Urabá en esa época empresarios, narcotraficantes, que, entre otras cosas, hay cantidades de créditos otorgados por la banca para invertir en esas zonas no tenían medidas cautelares, pues eran tierras que estaban expuestas a la oferta. Yo me hago si el Estado sabía lo que estaba pasando" explicó.¿Quién es Jaime Garcia?Jaime García Exbrayat, fue un integrante de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba y ha asistido a algunas audiencia en las JEP, en el marco de las investigaciones del caso 04, para esclarecer lo sucedido con el despojo de tierras en la región conocida como Tulapas, zona rural de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá. Lo que se ha comprobado es que hubo una compra masiva de tierras que incluyó el previo desplazamiento forzado de 130 familias por parte de los paramilitares en asocio con algunas personas pertenecientes al Fondo Ganadero.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
El Gobierno Nacional ha estado trabajando en su política de estado para lograr la "paz total" en el país, un término que ha sido explicado varias veces por el presidente Gustavo Petro y su equipo.La política ha sido liderada por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien ha estado negociando con diferentes grupos armados al margen de la ley en busca de un acuerdo de paz.Sin embargo, la política del Gobierno no ha estado exenta de críticas y oposición. El fiscal general, Francisco Barbosa, ha sido un fuerte opositor a la Ley de Sometimiento, un proyecto radicado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el Congreso. Barbosa ha argumentado que la ley podría beneficiar a grupos criminales y que el presidente Petro se equivocó al ordenar el cese al fuego en el marco de la política de paz total.Además, el Fiscal ha advertido que la ley podría poner en riesgo el apoyo antidrogas de los Estados Unidos a Colombia.En este especial: Colombia, entre la guerra y la paz total, hablamos con férreos defensores y opositores de la política del Gobierno, como la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia y el senador del Pacto Histórico Iván Cépeda. Además, escuchamos las voces de las regiones que reclaman seguridad, pero al mismo tiempo le apuestan y tienen esperanza en la llamada paz total.Escuche aquí el especial:
Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, le envió una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que pide que haya negociación política con el Clan del Golfo, que se discuta el tema de la extradición en la ley de sometimiento y cuestionó al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.El exjefe de las AUC, lanzó fuertes cuestionamientos a Rueda, de quien asegura está actuando de la misma manera en que se dio el proceso de paz con los paramilitares, con el entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.“Con mentiras, como lo ha hecho el Estado en todas sus negociaciones de paz, desmovilizan las organizaciones armadas para luego dejarlas a merced de la inseguridad jurídica y física, la extradición y el gatillo de los enemigos y verdugos de la paz. Es urgente que hablemos de manera pública, responsable y clara sobre las condiciones que se requieren para lograr una desmovilización con garantías de reincorporación integral y efectiva a la sociedad”, señaló en la carta.Por su parte, Rueda respondió a esta carta asegurando que respeta las posiciones de todas las personas frente al proceso de paz total, pero que no conoce ninguna iniciativa de paz por parte de Mancuso.“Es un ejercicio de libertad de expresión, pero hasta donde conocemos en este momento Salvatore Mancuso tiene en curso en asuntos judiciales y hasta el momento no conocemos cuál es el proceso de construcción de paz que quiere abanderar o liderar como para empezar a discutir lo que él ha planteado, ¿Salvatore Mancuso a quién representa? ¿Qué intervención quiere hacer en el proceso de paz?”, señaló Rueda.El alto comisionado para la Paz también se refirió a las declaraciones que hizo el abogado del Clan del Golfo según las cuales este grupo no contemplaría acogerse a la ley de sometimiento.“Todo se conversa, esa es la persona delegada y hemos tenido un primer encuentro y pues del primer encuentro no podemos sacar conclusiones tajantes”, indicó Rueda.Le puede interesar:
La Corte Constitucional admitió el estudio de la demanda presentada por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que pide revisar la ley de la paz total y la figura de negociadores y voceros de paz.Entre los argumentos principales presentados por el representante, está que dicha ley habría incurrido en vicios de forma porque no tuvo en cuenta el concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal ni fue sometida a discusión ni votación en la mesa directiva de la Cámara de Representantes.Además, dice Uscátegui, que se estaría vulnerando la separación de poderes y desconoce los derechos de las víctimas como el de la verdad, reparación y su protección judicial.Tras verificar que estos cargos cumplían con los requisitos, el magistrado Antonio José Lizarazo admitió el estudio de la demanda, notificó oficialmente de la decisión a los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, así como a la Presidencia del Congreso y les dio un plazo de 10 días para que expongan sus razones y defiendas las justificaciones de la ley en cuestión.Además, trasladó el proceso a la procuradora General para que en un periodo de 30 días rinda el concepto desde su competencia.Le puede interesar:
Aunque el Gobierno nacional, en un principio, solo inició diálogos formales con el ELN, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, tuvo acercamientos en fase exploratoria, con las disidencias al mando de 'Iván Mordisco': las mismas que nunca suscribieron el acuerdo de paz, firmado en 2016 por las Farc con el gobierno de Juan Manuel Santos.Según se supo, este proceso con las disidencias ha registrado avances importantes y pronto empezaría una etapa formal de diálogos.Al referirse al punto en el que se encuentra este proceso de diálogos, Rueda aseguró que se activaron los mecanismos judiciales necesarios para que, algunos disidentes que hacen parte de los mandos de esta guerrilla, puedan ir a reunirse con el grupo armado. Y así discutir las condiciones finales para poder empezar una etapa de diálogo con el Gobierno."Estamos esperando que algunas personas puedan ser, conforme a la Constitución y las disposiciones legales, excarceladas durante 10 días y suspendida su condición de privados de la libertad. Estarán en la reunión de esos mandos y regresarán a la cárcel", señaló Rueda a los medios de comunicación.Este diálogo será de carácter político, teniendo en cuenta que este grupo armado ilegal nunca firmó el acuerdo de paz, al que sí se acogieron otros frentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.En las últimas semanas este proceso de exploración con las disidencias de 'Mordisco' han tenido avances importantes y por eso, en cuestión de semanas empezaría una fase de diálogo con los voceros de esta guerrilla que ya fueron elegidos durante un proceso interno, esta negociación será de carácter político, pues el Gobierno decidió que ya que este grupo nunca suscribió el acuerdo de paz, podrá recibir esta designación.Gobierno adelantaría los mecanismos y protocolos judiciales, teniendo en cuenta que los voceros de este grupo armado que empezarían el proceso de diálogo tienen órdenes de captura activas, las cuales deben suspenderse con el fin de que los guerrilleros puedan movilizarse a la zona donde empezarían las negociaciones.Le puede interesar:
Quedó en libertad el hijo Enilce López, ‘La Gata’, Jorge Luis Alfonso López, quien permanecía en prisión domiciliaria con una condena de 29 años.López a quien se le otorgó la boleta de libertad el pasado 2 de febrero, ahora será facilitador de paz del Gobierno de Gustavo Petro. La determinación se dio luego de una resolución del Alto Comisionado de Paz, en el que lo nombró como facilitador de paz.La resolución señala que se autorizó a López “para que contribuya en la labor asignada al alto comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”.Además, la resolución agrega que “para que se desempeñe como facilitador dentro del proceso de paz con grupos armados ilegales el despacho decretará la suspensión temporal de la aplicación de la pena que enfrenta".Lo anterior, ratifica la resolución para que “actúe como facilitador del proceso de paz según los lineamientos del Alto Comisionado para la Paz y del Presidente de la Republica y hasta que dicha labor sea cumplida, según la decisión que se tomen por el gobierno nacional dentro del marco de la política nacional de búsqueda de la paz”.Alfonso López fue procesado por los homicidios del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, Édgar Carrasquilla y el empresario Yamil Kasser Alí; lavado de activos agravado; enriquecimiento ilícito de particulares; concierto para delinquir, y finalmente una acción de extinción de dominio.Esta es la aprobación de solicitud de levantamiento de las medidas que pesan contra Jorge Luis Alfonso López, tras ser delegado por la Presidencia de la Republica - Alto Comisionado como facilitador de los procesos de paz: Esta es la boleta de libertad de Jorge Luis Alfonso López: Escuche el informe en Mañanas Blu:
Este jueves, 26 de septiembre, la juez cuarta del Penal Municipal de Control de Garantías, de Neiva, les negó la libertad a 4 jóvenes, señalados integrantes de la Primera Línea, nombrados por la Oficina del Alto Comisionado como voceros de paz, el pasado 30 de diciembre.Se trata de Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Kevin David García Mosquera y Andrés Felipe Yara Varga, quienes hoy están con detención domiciliaria. La Fiscalía les imputo los delitos de concierto para delinquir, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial y obstrucción a las vías públicasDe acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los ahora “voceros de paz” habrían participado en varios hechos delictivos registrados durante el paro nacional, entre ellos, la incineración de varios vehículos incluso del servicio público, así mismo, del CAI del barrio Santa Inés y del secuestro de un médico el 3 de junio, de 2021, cuando se encontraba en la clínica Medilaser.” En mérito de lo expuesto, el juzgado cuarto penal municipal, con funciones de control de garantías del municipio de Neiva, resuelve negar por improcedente la solicitud de libertad de los ciudadanos Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Kevin David García Mosquera y Andrés Felipe Yara Varga. Segundo, negar por improcedente las peticiones de suspensión y sustitución de la medida de aseguramiento impuestas a los ciudadanos Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Kevin David García Mosquera y Andrés Felipe Yara Varga”, puntualizó la jueza.Según ella, en las resoluciones que nombra a los cuatro procesados como “voceros de paz”, no hay un marco jurídico que defina la suspensión de las medidas de aseguramiento y órdenes de captura.“Frente a la suspensión de órdenes de captura que tan solo está prevista para quienes tienen la condición de miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley y de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, además de voceros de los grupos armados, excluyendo a los voceros integrantes de organizaciones sociales, humanitarias designados por el presidente”, recalcó la jueza.Además, señalo que, ante la falla en la técnica legislativa, los jueces no pueden sustituir las funciones exclusivamente asignada al legislador.¿Quiénes son los nombrados voceros de paz de Neiva?Andrés Felipe Yara Vargas, según el Gobierno y organizaciones sociales de Neiva, ha sido líder comunitario y gestor cultural de la comuna 10 de la capital del Huila.Él, según registros de la Fiscalía, fungió como comunicador y entregaba información contraria a la realidad, utilizando para ello redes sociales, las cuales usaba como medio para incitar a la violencia de la ciudadanía contra entes del estado y fuerza pública, siendo vocero y coordinador.Por su parte, Kevin David García Mosquera, para las autoridades alias ’David' o 'Candonga', era quien, al parecer, coordinaba la realización de actividades de protesta, manifestaciones, puntos de bloqueo y lo señalan de pertenecer a la estructura delincuencial.Edwin Herrera Pimentel, conocido como alias 'Filósofo', era, según las autoridades, quien tenía el rol de vocero en la denominada Primera Línea.Le puede interesar: 'El Camerino'
La jueza 18 de control de garantías acaba de negar la libertad a Daniela Pérez Gantiva, alias ‘Polla’, quien hace parte de los jóvenes que fueron designados como voceros de paz por el Gobierno nacional y, actualmente, se encuentra en detención domiciliaria por estar involucrada en los desmanes ocurridos en el paro nacional del año 2021, en el sector del Portal 80 en Bogotá.Daniela Pérez enfrenta un proceso judicial y actualmente está en detención domiciliaria por presuntamente cometer los delitos de concierto para delinquir agravado; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias y objetos peligrosos; empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos; violencia contra servidor público; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación para delinquir con fines terroristas.Pérez es la cuarta joven vocera de paz a la que le niegan la libertad. Los otros tres jóvenes son: Daniel Fernando Ruiz, Luidiar Felipe Camacho y Steven Guevara Vega, quienes están detenidos en la cárcel La Modelo de Bogotá y enfrentan procesos por los delitos anteriormente mencionados.El argumento de la juez para negar la libertad de Daniela Pérez es que realizaron la solicitud de suspender la orden de captura para proceder con la libertad y no la de medida de aseguramiento, el mismo error que cometieron con los otros tres jovenes, a los que un juez también negó la libertad, pues no pueden suspender una orden de captura a una persona que ya está detenida, nuevamente, la juez manifiesta que no hay claridad en el marco jurídico y normativo para solicitar la liberación de los miembros de la Primera Línea.Le puede interesar:
El pasado diciembre, la oficina del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, radicó ante el despacho de la juez 28 penal del circuito con funciones de conocimiento una solicitud para otorgar la libertad de tres jóvenes detenidos por presuntamente participar en actos vandálicos en las protestas del paro nacional del 2021. Los jóvenes son Daniel Fernando Ruiz, Luidiar Felipe Camacho y Steven Guevara Vega, quienes fueron designados como voceros de paz por el Gobierno de Gustavo Petro.La juez 28 de conocimiento rechazó la libertad de estos jóvenes, asegurando que no tiene competencia para concederle la libertad a ellos, pues, según argumenta en el comunicado, “la única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales, durante el trámite del proceso penal, es el juez de control de garantías”.En el comunicado, la juez reitera que en diciembre ya había notificado al comisionado de Paz, Danilo Rueda, que no tiene la competencia para otorgar estas libertades.“Es necesario recordar que el pasado 16 de diciembre de 2022 se resolvió similar solicitud incoada por el Dr. Danilo Rueda Rodríguez de la oficina del alto comisionado para la Paz, respecto de las resoluciones 293 y 298 del 15 de diciembre de 2022. En dicha providencia, se indicó que el juez con funciones de conocimiento no detenta el conocimiento objetivo para resolver asuntos propios del régimen de libertad”, sostuvo la togada.La juez que acaba de rechazar la decisión de otorgar la libertad a tres jóvenes designados como voceros de paz es Carmen Helena Ortiz Rassa, juez 28 de conocimiento de Bogotá, y la juez que sí concedió la libertad de Santiago Márquez Charris y Adriana Bermeo, los dos primeros jóvenes de Primera Línea que fueron liberados para emprender la vocería de paz, es la coordinadora de servicios judiciales de Paloquemao, Lilyan Johana Bastidas, a quien la Procuraduría General de la Nación denunció penalmente por prevaricato por acción y, además, instauró en su contra una queja disciplinaria por liberar a estos jóvenes que estaban en la cárcel.Le puede interesar:
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.
La decisión, con 23 votos a favor y ninguno en contra, se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza que busca garantizar la continuidad de los estudios y las etapas necesarias para sacar adelante el denominado Tren Multipropósito de Antioquia.Con esta capitalización se financiarán las fases 3 y 4 de la estructuración del proyecto, luego de que durante 2025 se completaran las dos primeras etapas. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y la proyección de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.Como resultado de ese trabajo, el corredor Bello-Puerto Berrío fue definido como prioritario para continuar con el desarrollo del proyecto ferroviario, que busca conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.La tercera fase contempla la actualización de estudios y diseños, la estructuración del modelo financiero y la definición de la matriz de asignación de riesgos. Posteriormente, en la cuarta etapa se elaborarán los documentos contractuales y los insumos necesarios para una eventual salida al mercado.Para ese proceso se contempla la posibilidad de utilizar un esquema de Asociación Público-Privada (APP) u otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.El corredor ferroviario priorizado tendrá una extensión de 182,1 kilómetros, desde Bello hasta Puerto Berrío, y conectará dos subregiones estratégicas del departamento: el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.De acuerdo con la presentación del proyecto, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes. Además, se proyecta como una alternativa para fortalecer la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.
Las autoridades en el departamento de Antioquia han alzado la mano para mostrar su preocupación por la guerra que se vive en el Suroeste antioqueño entre el Clan del Golfo y al menos 17 estructuras delincuenciales que están buscando apoderarse del territorio.Las alarmantes cifras fueron entregadas por la Gobernación de Antioquia quien advirtió que está buscando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional la manera para poder acabar con la disputa que ha creado temor entre la comunidad.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en esta subregión del departamento se han reportado algunos homicidios producto de la confrontación entre los grupos delincuenciales."Esos homicidios del enfrentamiento de criminales del clan del golfo contra criminales de 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del del microtráfico. Aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la factura de esa renta que persiguen estos bandidos", indicó el mandatario.Hay que mencionar que en el Suroeste antioqueño no solo hay presencia del Clan del Golfo sino también del ELN, que sería uno de los mayores dinamizadores de la violencia, y las disidencias que como en otras zonas del departamento estaría en alianza con el Clan del Golfo buscando mayor control territorial.Por ahora las autoridades en Antioquia están tras la pista de los intereses que hay detrás de los 17 grupos delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño, ya que no se descarta que el ELN tenga relación con alguna de estas facciones que buscan quitarle las rentas ilícitas al Clan del Golfo.
En el Valle de Aburrá, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control y registro que dejaron como resultado la captura de 13 personas y la incautación de cerca de 3.900 dosis de sustancias estupefacientes. Las acciones institucionales se desarrollaron de manera simultánea en el municipio de Bello y en el sector del centro de Medellín para contrarrestar el tráfico local de drogas y las economías ilícitas en ambas localidades.El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de El Carmelo, en el municipio de Bello, donde las patrullas de vigilancia interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 29 y 36 años. Durante la inspección, según el Teniente Coronel José Fernando Mazo, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hallaron un bolso con cerca de 900 dosis de marihuana listas para su distribución. Los dos ciudadanos fueron capturados e individualizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."El procedimiento se desarrolló en el sector del Carmelo, donde nuestras patrullas de vigilancia durante actividades de registro y control interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban estos dos ciudadanos. Al realizar la inspección, nuestros uniformados encontraron en el interior un bolso con las sustancias estupefacientes, las cuales, de acuerdo con las verificaciones preliminares, iban a ser distribuidas en este sector". indicó.Por otra parte, en el barrio Estación Villa del centro de Medellín, la fuerza pública y la Alcaldía Distrital ejecutaron una intervención integral que culminó con la captura de 11 personas y la incautación de 3.000 dosis de sustancias ilícitas. En el sitio se materializaron tres órdenes judiciales por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho personas más fueron judicializadas en flagrancia. Las autoridades precisaron que los detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial 'Los Carabanudos', alineado con la estructura 'La Terraza'.Entre los procesados en la capital antioqueña figura un hombre conocido como alias 'Cachetón', quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por tráfico de estupefacientes. Asimismo, de acuerdo con el Coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se capturó a una mujer identificada como alias 'La Cucha', señalada por las investigaciones de administrar una vivienda que era utilizada como centro de acopio y expendio de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas en el sector."Entre los capturados se encuentran alias Cachetón, quien registra nueve anotaciones por tráfico de estupefacientes, y alias La Cucha, señalado de administrar un inmueble utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas. Estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar las economías criminales y prevenir hechos de violencia", señaló. Durante la jornada en el centro de la ciudad, los uniformados decomisaron 97 armas cortopunzantes, recuperaron dos motocicletas reportadas como robadas y aplicaron el cierre temporal a tres establecimientos comerciales por incumplimiento normativo. Los 13 capturados en ambos municipios quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.