La magia de La Guajira es innegable. No solo se encuentra en sus deslumbrantes paisajes naturales, sino también en sus ricas manifestaciones culturales, siempre sorprendentes. He tenido el privilegio de visitar esta hermosa región en múltiples ocasiones, y aunque sus desafíos son evidentes, conozco de cerca la complejidad de sus problemas. El abandono estatal, sumado a la diversidad de cosmovisiones presentes, dificulta encontrar soluciones rápidas. Además, la corrupción, como un cáncer, sigue carcomiendo las raíces de esta tierra.Lamentablemente, quienes pagan el precio más alto en este drama son los niños. He presenciado su sufrimiento: desnutridos, mal vestidos, mendigando en los polvorientos senderos de la región. He sido testigo de las desgarradoras cifras de mortalidad infantil. Por eso, la noticia de que las muertes por desnutrición infantil en La Guajira disminuyeron un 45% durante el primer trimestre del 2024 es motivo de esperanza y celebración. Según las cifras oficiales, solo dos niños perdieron la vida por esta causa, en comparación con los diez casos del trimestre anterior.Se reduce un 45% muertes de niños por desnutrición en La Guajira durante primer trimestre del 2024Aunque nos alegra ver una mejora, debemos aspirar a un ideal donde ningún niño muera por desnutrición. Estas estadísticas reflejan la necesidad de prestar atención a los problemas reales, implementar programas efectivos y, sobre todo, actuar con honestidad en la búsqueda de soluciones. Aunque algunas ONG wayuú han cuestionado las cifras, argumentando subregistros y falsedad en la noticia, hoy me baso en la información oficial para afirmar que, con atención y acciones coherentes, podemos resolver estos problemas.Como nación, deberíamos avergonzarnos de la situación que enfrentan los niños de La Guajira. La repetición constante de estas tragedias solo encuentra en la indiferencia una respuesta cruel. Una sociedad que permite la muerte de sus niños de esta manera no puede considerarse sana. Es hora de tomar responsabilidad y trabajar unidos para garantizar un futuro mejor para los más vulnerables de nuestra tierra.
Se llevó a cabo en la Corte Constitucional una audiencia de sesión técnica en cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017 respecto a la protección a la niñez wayúu.En medio de la diligencia, el presidente de esta alta corte, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, hizo alusión a la asignación de los recursos públicos del departamento de La Guajira, y a cómo se están cumpliendo las contrataciones e incluso fue enfático en asegurar que “este tema es de total importancia debido a que los posibles niveles de corrupción son muy altos”.Además, el presidente de la Corte hizo un fuerte llamado de atención para que se cuiden los recursos públicos invertidos en este departamento y fue allí donde dijo que “El drama de La Guajira no admite más aplazamientos”.En medio de esta diligencia se resalta el deber de asegurar el agua potable, la alimentación escolar y el saneamiento básico en La Guajira para darle continuidad, cobertura y calidad a estos servicios.Entre los interventores, estaba el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, quien afirmó que “la falta de inventario de infraestructura en agua, educación y atención a la niñez hacía difícil evitar que una inversión no se repitiera”.La sentencia, que habla respecto a la protección de esta comunidad, dice concretamente que se encontró una vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños del pueblo Wayúu.Además, constató que las vulneraciones a los derechos fundamentales son causadas por múltiples causas, dentro de las cuales se destacan fallas estructurales del Gobierno nacional, del departamento de La Guajira, de los municipios demandados y de algunas de las autoridades tradicionales Wayúu.En esta diligencia judicial también estuvieron presentes: Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, Jairo Aguila, gobernador de La Guajira, John Pimienta, alcalde de Manaure y el viceministro de Hacienda, Diego Alejandro Guevara.
La Procuraduría en seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, le pidió este domingo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres que tengan respuesta, pero a la falta de acciones articuladas que han estado realizando para llevar y suministrar agua potable a las comunidades Wayuu en La Guajira, exactamente en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure, y Uribia.“El ente de control pidió a esa entidad el estudio y los conceptos técnicos que determinaron como la mejor solución de corto plazo para el abastecimiento de agua en La Guajira, la adquisición de los carrotanques, así como la constancia de la participación de las entidades competentes para el desarrollo de programas y proyectos para el acceso de la población a agua potable”, señaló la Procuraduría.La petición del control seda en medio del fenómeno de el Niño, donde también piden que se entregue información sobre la distribución y frecuencia de entregas específicas por parte de los carrotanques, a cada uno de los municipios en donde se encuentran las comunidades Wayuu en La Guajira, esto junto con la información de los puntos de captación de agua que ya habían sido identificados por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, para abastecer estos carrotanques.¿Cuál es la polémica por los carrotanques en La Guajira?La unidad nacional de gestión de riesgos y desastres había contratado 40 carrotanques, los cuales estuvieron por un par de semanas sin funcionar y no fue sino, hasta que el mismo Olmedo López exdirector de la UNGRD viajó a La Guajira para que se pusieran a circular estos carrotanques, aunque no todos iniciaron su trabajo de inmediato, sino progresivamente de 10 en 10 hasta que todos iniciaron su labor.Esta polémica provocó que Olmedo López tuviera que presentar su carta de renuncia al cargo como un director de la UNGRD, a la fecha que ya fue publicada, por parte de la presidencia, la hoja de vida de el exconcejal de Bogotá por el Polo Democrático, Carlos Carrillo, para hacerse cargo de esta entidad.
El Gobierno nacional beneficiará a 21,371 personas de la comunidad wayúu en La Guajira, quienes no contaban con una fuente de agua potable en sus hogares. Se realizaron 39 rehabilitaciones de infraestructuras que ahora contarán con fuentes hídricas. Estas instalaciones no estaban en funcionamiento desde hace 5 años debido a la falta de mantenimiento.La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, mencionó que la inversión en la rehabilitación de los estanques de agua fue de $5.399 millones de pesos. Además, los aliados que formaron parte del proyecto fueron del sector público y privado, incluyendo fundaciones, gobiernos extranjeros y ONG.El Ministerio de Vivienda llegó al corregimiento de Camarones en Riohacha para anunciar: "Existen otras 561 obras de este tipo en proceso de adecuación en La Guajira, que serán terminadas para el 2024. Serán más de 1,300 rehabilitaciones que llegarán a calmar la sed de este amado departamento", destacó la ministra Velasco.Los líderes sociales de la comunidad wayúu también se pronunciaron. "Nos sentimos orgullosos como comunidad y como líderes. Gracias por darnos apoyo. Esto cambió nuestra vida, ya que no tenemos que caminar tan lejos para conseguir agua", dijo José Ipuana, líder de la comunidad El Estero.A esto se sumó la empresa de servicios públicos Esepgua, señalando: "Los recursos que ejecutamos son del Gobierno Nacional. Tenemos más de $130,000 millones del Presupuesto General de la Nación en ejecución para proyectos que beneficien a La Guajira y a las comunidades".
La fundación Wayuuda tiene el proyecto Wüii Wayaa, que es un sistema de bombeo solar para llevar agua potable a las comunidades wayú en el departamento de La Guajira. De esta manera, más de 10.000 personas se han visto beneficiadas.Lemnec Tiller, fundador y CEO de Wayuuda, quien es considerado uno de los 100 innovadores latinoamericanos, según Bloomberg Línea, detalló en los micrófonos de La Nube cómo este proyecto cambia la vida de las personas de la comunidad wayúu.Tiller tiene familia paterna wayúu por lo que conoce cuáles son las necesidades de esta comunidad, cómo es su diario vivir y la forma en la que puede ayudarlos. Recalcó la importancia de trabajar con las mujeres, quienes, por medio de sus sueños, indican dónde están los acuíferos para así captar el agua."En estas comunidades que viven en el desierto, básicamente en el bosque tropical seco, el acceso al agua es bastante precario. Y nosotros hacemos una sinergia entre los conocimientos ancestrales de las comunidades y los mezclamos con tecnología de última gama. Entonces es como un tejido social entre los sueños de las mujeres, quienes son las cabezas de las comunidades indígenas y nosotros colocamos tecnología que extrae agua del subsuelo con esos sueños que las mujeres localizan en donde están estos acuíferos, en la mitad del desierto", detalló Tiller.La fundación Wayuuda tiene más de 1.000 voluntarios que trabajan en sinergia con los conocimientos ancestrales de las mujeres wayúu, quienes también informan cuándo llegará la temporada de lluvias."Ellas son las que localizan el agua con los sueños. Nosotros, con estudios geofísicos, podemos determinar las probabilidades de que en ese lugar pueda haber un recurso hídrico bastante prometedor. Los hombres de las comunidades son los que se encargan de excavar los pozos que, muchas veces, lo hacen a mano; son de tres a 12 meses de arduo trabajo hasta que encuentran el recurso hídrico. Y ahí nosotros colocamos la tecnología, que consiste básicamente en bombas sumergibles que extraen el agua de manera totalmente automatizada y utilizamos paneles solares, aprovechando la irradiación solar de La Guajira, que es la mejor de Sudamérica", añadió el ingeniero. Por ahora, la fundación tiene tres sistemas de bombeo solar, lo que significa más de 20 millones de litros de agua. Si las personas desean ayudar a Wayuuda o ser parte de su voluntariado, lo pueden hacer al escribirlo en sus redes sociales.
Después de que la Corte Constitucional le tumbará casi que el ciento por ciento del decreto de Estado de Emergencia Económica, Social y Ambiental al Gobierno Petro en La Guajira, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, no considera una derrota que el alto tribunal haya suprimido en su totalidad la iniciativa con la que se pretendía atender la crisis en el departamento.Ante la pregunta de si veía como una equivocación el camino que tomó el Gobierno para solucionar el problema en La Guajira, el ministro Osuna aseguró que no cree que todo lo haga “por resolver ese dramático problema humanitario de falta de agua, de desnutrición, de exclusión social es bienvenido y es loable que todos los gobiernos lo hagan. Dicho eso, por supuesto que respetamos, acatamos y obedecemos los fallos de la Corte Constitucional”.Frente a ese panorama, el minjusticia anunció que los decretos que se han caído serán presentados ante el Congreso como leyes para que puedan tener un efecto permanente.Cabe recordar que la propia Corte Constitucional ha asegurado que el estado de emergencia en La Guajira, se cayó casi que en su totalidad porque la iniciativa se debió presentar ante el Congreso para que se analice de manera estructural, más no especial.En los últimos días la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto en materia ambiental y desarrollo sostenible de la Emergencia Económica, Social y Ambiental en el departamento de La Guajira.Con ese decreto se ponía fecha de caducidad a la minería a cielo abierto y atendía la solicitud de los Wayúu para devolver el cauce del arroyo Bruno, un tema que tiene en la mitad de la controversia a la minera Cerrejón.Le puede interesar:
Comunidades indígenas adelantan cinco bloqueos en vías de La Guajira. Uno de los bloqueos protagonizados se registra en Troncal del Caribe en el kilómetro 42 de la vía, que de Riohacha conduce a Maicao. Allí, los indígenas piden la posesión de la autoridad tradicional wayúu.La vía hacia Manaure también está bloqueada por conductores que piden mejorar las condiciones de seguridad sobre esos tramos, debido a que, con frecuencia, son objetos de atracos.En el sector de Carraipía, entre los municipios de Maicao y Albania y en el kilómetro 12 entre Distracción y Cuestecitas, también está cerrado por protesta de conductores que piden el pago por prestar el servicio de transporte escolar.Por su parte, la empresa Cerrejón notificó que también está bloqueada la vía férrea por parte de varias comunidades en el kilómetro 47 entre la mina carbonífera y Puerto Bolívar.
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto en materia ambiental y desarrollo sostenible de la Emergencia Económica, Social y Ambiental en el departamento de La Guajira.Con ese decreto se ponía fecha de caducidad a la minería a cielo abierto y atendía la solicitud de los Wayúu para devolver el cauce del arroyo Bruno, un tema que tiene en la mitad de la controversia a la minera Cerrejón.Ese decreto detallaba que “las autoridades ambientales del departamento de La Guajira deberán priorizar y dar trámite inmediato a las solicitudes de permisos, concesiones o autorizaciones ambientales conforme a la normativa vigente, con el objeto de garantizar el acceso al agua para usos de agricultura y acuicultura de subsistencia”.El Alto Tribunal determinó que los artículos que no superaron dicho escrutinio y aquellos que no tienen relación con el objeto de diferimiento debían ser declarados inexequibles con efectos inmediatos. Ello, al estimar que no se justificaba modular con efectos retroactivos la inexequibilidad.Con este decreto ya son 12 normas de la emergencia económica en La Guajira, las que se quedaron sin piso jurídico. En las últimas horas la Corte Constitucional también declaró inexequible el que creó las transferencias a familias en estado de desnutrición o riesgo inminente en el departamento.Le puede interesar:
Blu Radio conoció la resolución que alista el Departamento de Prosperidad Social en el que establece el procedimiento para la inclusión de familias de la comunidad Wayúu en el programa Familias en Acción que sigue vigente en este 2023.Y es que las cifras que advierte la propia documentación oficial conocida por Blu es alarmante:“A partir de los censos aportados por las comunidades, se identificaron 21.328 registros de niños y niñas, de los cuales, 9.363 están siendo atendidos por el ICBF o por el Ministerio de Educación Nacional. De los 11.965 restantes, mediante la búsqueda activa de Unidades Móviles del ICBF se ha logrado verificar y ubicar a 2.454 niños y niñas sin atención, entre los que se encontraron 309 con riesgo de desnutrición o desnutrición aguda”, señala el documento.Allí mismo se señala que el costo de la entrega de dicho subsidio será de 24.012 millones de pesos que salen del presupuesto de Prosperidad.Así las cosas, la resolución que se firmará en los próximos días establece las condiciones para determinar las familias beneficiarse las cuales son:Familias con niños y niñas en primera infancia, conforme a los registros administrativos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.Pertenezcan al Pueblo Wayúu según los listados censales reportados por las autoridades indígenas ante el Ministerio del Interior.Residan en el departamento de La Guajira conforme los registros administrativos señalados en el artículo 3 de la Resolución 542 de 2023.Posean documento de identidad expedido por autoridades colombianas, según los registros administrativos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.La vinculación de las familias, así como la liquidación de la única transferencia monetaria del presente procedimiento especial se realizará en el quinto ciclo de operación de la vigencia 2023, determina el documento.Le puede interesar:
Dos bloqueos sobre la línea férrea mantienen detenidas las operaciones de transporte y cargue de carbón de Cerrejón en La Guajira, debido a una serie de protestas que protagonizan unas comunidades indígenas wayúu.Los bloqueos se registran sobre el kilómetro 67 de la línea férrea en jurisdicción de Uribia y sobre el kilómetro 6 en Albania."Esto es por una compensación por los daños y perjuicios que ha hecho Cerrejón con nosotros durante 30 años que hemos aguantado de estar aquí dentro de la zona de influencia", dijo Francisco Gómez, cabildo gobernador del resguardo indígena Provincial.Mientras los bloqueos persisten, Cerrejón manifestó su intención de solucionar la situación con las comunidades, con la finalidad de restaurar sus operaciones de transporte de carbón hacia Puerto Bolívar."La empresa solicita a las personas que realizan estos bloqueos remitir a las autoridades competentes sus inquietudes sobre los procesos consultivos y hacer uso de los espacios de consulta para gestionar sus peticiones asociadas a la misma. Asimismo, hace un llamado a las autoridades para que adopten las medidas legales que permitan poner fin a estos bloqueos", manifestó Cerrejón a través de un comunicado.Le puede interesar:
Frente a los escándalos de presunta corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se conocieron nuevas determinaciones por parte del presidente Gustavo Petro con repercusiones directas en dos corporaciones ambientales de Antioquia.Se trata de Corantioquia y Corpourabá para quienes Juan Fernando Tobón Roldan, cuestionado contratista de la entidad, un día antes de que renunciara el exdirector de la Unidad, Olmedo López, les aprobó transferencias por 150 mil millones de pesos, recursos que habrían dejado desfinanciada a la Subdirección de Reducción de Riesgos.A través de su cuenta en X el presidente aseguró que esos desembolsos quedan suspendidos y que buscarán que los recursos lleguen a zonas de desastre.Frente una eventual mala ejecución de estos recursos, hay que recordar que el contratista Tobón Roldan llegó a la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres por orden de Alethia Arango, nombrada por Olmedo López como subdirectora de reducción del riesgo de desastres y que a su vez sería una cuota política del senador Carlos Trujillo. Arango también fue funcionaria de la administración de Daniel Quintero en Medellín en el Dagrd.También ha generado polémica los 96 mil millones de pesos girados a Corporurabá a través de la figura de un fondo de inversión colectiva que daría libertad para la priorización de esos recursos.Documentos que avalan el desembolso están firmados a su vez por Sneyder Pinilla, involucrado en investigaciones de diferentes entidades por presunta corrupción en el caso de los carrotanques para el departamento de La Guajira.
El sábado 4 de mayo marca el inicio de un nuevo frente de obra en Bogotá con el cierre de la estación de TransMilenio de la calle 26. Este cierre es fundamental para la construcción del viaducto de la Primera Línea del Metro de Bogotá por la avenida Caracas. La intervención, que se concentrará entre las calles 26 y 28, consistirá en el cierre, desmonte y posterior desmantelamiento de la estación, así como la demolición del separador central de la vía.Una vez se cumplan estas actividades, se procederá con las tareas de cimentación para reforzar el suelo por el que pasará el viaducto, y posteriormente se llevará a cabo la construcción de la nueva estación TransMilenio de la calle 26. Alternativas para llegar al centro de Bogotá por cierre de la estación Calle 26Según informó TransMilenio son más de 40.000 usuarios y usuarias que se movilizan por esta zona. Es por ello que diseñó un mapa de rutas alternas para viajar desde o hacia el sector del Centro Internacional.Las tres fases de la construcción del metro sobre la CaracasFase 1: Esta fase, que tomará aproximadamente 25 días, se centrará en el trabajo interno de la estación. Durante las horas valle de la operación de TransMilenio, solo se ocupará un carril de la vía de este sistema. En las horas pico, los dos carriles de los buses rojos estarán disponibles en cada sentido. El tráfico mixto también circulará normalmente en ambos sentidos.Fase 2: En esta fase, que también se prolongará por aproximadamente 25 días, la estación de TransMilenio estará completamente demolida y los buses rojos circularán en ambos sentidos por el carril interno de la calzada exclusiva y por el carril mixto externo, es decir, pegados al andén. En esta fase ya no habrá circulación de tráfico mixto entre las calles 26 y 32, por lo que los conductores tendrán que tomar los desvíos aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en los respectivos Planes de Manejo de Tránsito (PMT). En esta fase se nivelará el carril del tráfico mixto con el del TransMilenio, para alcanzar el ancho necesario que permitirá la circulación de dos buses articulados por cada sentido.Fase 3: Una vez finalizadas las dos fases anteriores, comenzará la fase 3, que tendrá un plazo de 10 a 12 meses. En esta fase, los buses rojos circularán en los carriles de tráfico mixto en ambos sentidos, mientras que en la parte interior del carril exclusivo, el consorcio Metro Línea 1 (ML1) avanzará con la cimentación y construcción de las columnas, capiteles y posterior izaje de las vigas U del viaducto y en la nueva estación.Durante este período, los usuarios de TransMilenio que se desplazan hacia el centro de Bogotá deberán considerar las siguientes alternativas de transporte.Ruta Sur-Norte: Usar la estación CAD.Ruta Norte-Sur: Usar la estación Movistar Arena o la estación Campín.Ruta Occidente-Oriente: Usar la estación Movistar Arena.Ruta Oriente-Occidente: Usar la estación Campín.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, reconoció "ser responsable" del nombramiento de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), implicado en una trama de corrupción que afecta a varios miembros del Gobierno, al tiempo que intentó involucrar a la oposición en el escándalo."Soy responsable del nombramiento de Olmedo, en el que creí como dirigente de izquierda antioqueña, lo que veo es una transferencia ilegal de dinero que iba a las víctimas de tragedias hacia campañas electorales adversas a mi Gobierno", escribió Petro en su cuenta en la red social X.El escándalo de corrupción, que se venía cocinando a fuego lento con denuncias en los medios, estalló el viernes cuando Sneyder Pinilla, quien hasta el pasado 6 de marzo fue subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, denunció el pago de millonarias coimas a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con el fin de que se aprobaran en el Congreso las reformas sociales presentadas por el Gobierno.Pinilla reveló en una entrevista con la revista Semana que en septiembre y octubre del año pasado utilizó dinero de la UNGRD para pagarle en efectivo a Name 3.000 millones de pesos (unos 767.000 dólares de hoy) y 1.000 millones de pesos (unos 256.000 dólares) a Calle para que apoyaran las reformas de la salud, pensiones y laboral, que sin embargo siguen estancadas.Ese dinero supuestamente lo dio un contratista al que el Gobierno le encargó la compra de decenas de camiones cisterna para abastecer de agua potable al departamento caribeño de La Guajira, un proyecto que acabó siendo un fiasco porque los vehículos adquiridos no cumplían las condiciones técnicas, entre otras fallas.Al respecto, el mandatario colombiano, que el viernes pidió a todos los funcionarios de su Administración involucrados en algún caso de corrupción que dejen sus cargos, dijo este sábado: "Ni el Gobierno ayudó a elegir al senador Name como presidente del Congreso, lo hizo la oposición; ni el senador Name ha apoyado nuestros proyectos de ley"."Ni en la época de transferencias del dinero de la que habla Sneyder, estaban los carrotanques; pero lo que sí estaban eran las elecciones (sic)", insinuó Petro en referencia a los comicios locales y regionales celebrados en octubre del año pasado.El mandatario apostilló: "El dinero público no es para financiar campañas electorales ni proclives ni adversas. Todo funcionario que se haya vinculado a este hecho atroz será desvinculado de la Administración".Aunque sin confirmación oficial, medios locales han señalado que, a raíz de las revelaciones de Pinilla, renunciaron el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, y la alta consejera de Regiones, Sandra Ortiz, supuestamente involucrados en el entramado de corrupción.
Este fin de semana, 4 y 5 de mayo, llega a su fin el Burger Master en Bogotá. Miles de personas se han congregado para disfrutar de las deliciosas hamburguesas que ofrecen los restaurantes participantes. Este año, la competencia promete ser aún más intensa, ya que muchos de los participantes buscan la revancha después de perder el título el año pasado.Desde el lunes 29 de abril, los bogotanos han tenido la oportunidad de visitar cada uno de los restaurantes participantes y probar sus hamburguesas. Tendrán hasta el 5 de mayo para hacerlo, fecha en la cual se darán a conocer los ganadores.Hay un mapa de restaurantes que participan del Burger Master en Bogotá que realizó El Tiempo y puede ayudar a la hora de decidirse ir y probar las mejores hamburguesas de la capital. Los participantes de Burger Master 2024ꓭDEPOTFusion Urban FoodsViking's BurgerBurger MakerLocall BurgersLa BurgueCIAOvejo Burgers & FriesEl CebolleroMaikkiLos Valientes a FuegoHamburguesas Pecado CapitalJimmy Burger PizzaLa NeveraXL GourmetHat-Trick Burgers & GrillFronteras Casual FoodREYNA BARCERDOTKBozgos Gastronomy BurgersPrime BurgersBíconoBurger'sBURGER TOWNBIRRERÍA MACHALa HamburgueseríaLa Hamburguesa MecánicaGratin BurgerHACHE DE HAMBURGUESABREGOCompañía Casa de ReyHeaven BurgersBuBuBotero BurgersSOUL BURGERGODO FACTSSIRLOINMulata BurgerEl Chori CharruaCapital BistróFRENCHEESE BURGERNINE FIFTY RESTO BARCinqo BurgersHamburguesería RDCSmoking BurgersChorilongoBORGORock'N Stop DinerLa Apuesta by RauschCAMACHO’S KITCHEN¿Quién ganó Burger Master 2023 en Bogotá?En la edición de 2023, el evento gastronómico fue un rotundo éxito, logrando recaudar $57.000 millones. Se destacó especialmente el uso de ingredientes provenientes del agro colombiano en muchas de las creaciones presentadas. Los restaurantes que se destacaron por servir las mejores hamburguesas durante ese año fueron:Burger TownJimmy Burger – El Chori Charrúa (Empate)BíconoLongosCamacho’s HamburgueseríaHache de HamburguesaDowntown BurgerPrime Burgers
En una operación coordinada, la Policía Nacional logró la captura de dos individuos, de 65 y 44 años respectivamente, quienes fueron sorprendidos cometiendo actos delictivos bajo la fachada de funcionarios del MinSalud. Los detenidos enfrentan cargos por hurto y suplantación de identidad.El modus operandi de esta banda delictiva se basaba en el ingreso fraudulento a droguerías en el barrio Bosa Laureles, ubicado en la localidad de Bosa, donde perpetraron uno más de sus robos y hurtaron la suma de 14 millones de pesos en efectivo.Policía intervino droguerías y otras propiedades: vendían medicamentos falsos en BogotáLa rápida acción de los uniformados adscritos al modelo nacional de vigilancia por cuadrantes fue fundamental para la captura de los delincuentes, quienes intentaron huir del lugar de los hechos abordando un taxi.Según las autoridades, uno de los capturados cuenta con un amplio historial delictivo, con tres anotaciones por hurto. Se presume que este individuo operó bajo la misma modalidad delictiva en distintas zonas de la ciudad, incluyendo las localidades de Kennedy, Bosa y San Cristóbal, donde se le vincula con al menos 10 robos a droguerías y 9 a supermercados.Este golpe contra la delincuencia representa un importante avance en la lucha contra el crimen organizado en la capital colombiana. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, así como para desarticular cualquier actividad criminal que atente contra la tranquilidad de los habitantes de Bogotá.“Estas personas se dan a la huida en un vehículo tipo taxi y, gracias al llamado oportuno del propietario del establecimiento, hacemos el cierre correspondiente, dando con la ubicación y el cierre del vehículo”, afirmó el comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, el coronel Germán Saavedra.Usuarios de Audifarma protestan en Bogotá por demoras en atención y falta de medicamentosLas personas ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado y de suplantación de identidad.Vale la pena resaltar que, en los tres primeros meses del año, el hurto a personas en Bogotá pasó de 38.228 casos a 28.346 respecto al 2023. Es decir, tuvo una reducción del 26%.