Bajo el decreto 974 del 2014 se creó la Comisión de Regulación de Transporte del Ministerio Transporte, una entidad a la que se le ha asignado más de 20 mil millones de pesos, pero que en cuentas oficiales no ha tenido ejecución por más de 10 años. Sin embargo, en vísperas de la aprobación del presupuesto nacional, esta comisión podría recibir entre mil o dos mil millones de pesos.“Artículo 2°. Objeto. La Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT), tendrá como objeto el diseño y definición del marco de regulación económica de los servicios de transporte y de la infraestructura de transporte, cuando se presenten fallas de mercado, para fomentar la eficiencia, promover la competencia, controlar los monopolios y evitar el abuso de posición dominante", expone el decreto 974 de 2014.Sobre esto, el exministro de transporte, William Camargo, en diálogos con Blu Radio confirmó que la entidad existe, pero es un dinero destinado que no se utiliza ni tiene ejecución. Además, afirma que dentro del Ministerio hay entidades o áreas que pueden ejercer el mismo cargo que tendría la comisión como sería la Superintendencia de Transporte y el sistema de regulación de transporte SICE-TAC.“Es un rubro que se pone allí, pero no se usa, no se gasta, no se consume. No va a ninguna cuenta, está ahí quieta. Es como una cuenta por desembolsar a una entidad que tiene una tarea “x” que no ha empezado a ejecutar porque crear una comisión implica, por un lado, crear una arquitectura institucional, generar unas obligaciones, de hacer en unos equipos de trabajo, crear seguramente una Junta directiva, abrir un proceso de convocatoria y empezar a ejecutar los recursos, poniendo en esa entidad unas cabezas visibles que se nombran con el tiempo", afirmó Camargo.Por otro lado, Camargo habló sobre la comisión mientras él ejercía el cargo como Ministro de Transporte; afirmó que la comisión es un mecanismo que establece un balance de la regulación económica que existe entre los actores del mercado. Camargo pone un ejemplo similar sobre la UPIT, la unidad de planeación de infraestructura del Ministerio de Transporte, o sobre la misma Creg, la comisión de regulación de energía y gas, entidades que cumplen función específica sobre la regulación y que reciben la financiación necesaria para la ejecución. Sin embargo, para la CRIT, afirma Camargo que es una comisión que no tuvo necesidad de ejecutarse porque había entidades o sectores más imponentes que podían ejecutar la tarea. Concluye, además, que la no ejecución del presupuesto no representa un riesgo de detrimento.
Por ahora, el peaje instalado entre Pasto y Rumichaca no entrará en funcionamiento, según confirmó el saliente ministro de Transporte, William Camargo. Aunque la infraestructura ya está montada, se tomó la decisión de no cobrar mientras se llega a un acuerdo con los camioneros y gremios que vienen protestando en la zona. Como medida alterna para equilibrar los costos, el funcionario reveló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que se evaluará una sobretasa o reajuste a los precios de la gasolina.“Se están haciendo unas evaluaciones con un equipo consultor de alternativas para el tema de peajes. Incluso, el impacto de algunos de ellos puede trasladarse a otros mecanismos de cobro, por ejemplo, una sobretasa en gasolina; podría ser un mecanismo, el otro es un tema asociado a los fletes y revisar realmente unas estructuras de costo que sean más consecuentes, no tanto con la distancia, sino que tiene ver con el tipo de infraestructura que se mantienen”, explicó el ministro.Detalló que es un tipo de mecanismo habilitado y que esperan se mantenga “porque hace parte del uso de la infraestructura y debe pagarse por quién a usa”. En ese sentido, Camargo aclaró que aún no es una decisión anunciada y que, por el momento, lo que están considerando es terminar de instalar dicho peaje, “asociarles un cobro a los usuarios y con eso “cubrir operación y mantenimiento”. Sin embargo, recalcó que solo son alternativas.Así, en términos sencillos, de acuerdo con el ministro Camargo, lo que no se recogería en la vía se haría vía sobretasa a la gasolina. Es decir, “se reemplazaría”. Indicó que, a mayor consumo de combustible, hay un ingreso que podría destinarse a mantenimiento de vías.Sobretasa a la gasolina a nivel nacionalEn relación con las sobretasas que mencionó, dijo que todavía no ha establecido si será o no a nivel nacional, pues son una serie de “recomendaciones” que está haciendo un equipo consultor ante la situación con los gremios. Sin embargo, dejó abierta esta posibilidad.“Eso es lo que está explorando el equipo. Insisto, es un equipo consultor que está haciendo esas recomendaciones y falta sobre eso una discusión más amplia con gremios, con el equipo de Gobierno, pero es parte de las alternativas para disminuir el impacto”, aclaró el ministro.Aseveró que seguirán buscando alternativas porque la “tensión” por los peajes también va en aumento. Comentó que hay zonas del país donde, incluso, han afectado la continuidad de proyectos concesionados porque las comunidades se “resisten” a pagar por su uso.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de X la salida del ministro de Transporte, William Camargo, de su gabinete. María Constanza García, actual viceministra de Infraestructura, será la nueva jefe de cartera.La salida de Camargo se suma a la de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, que fue anunciada en la mañana de este 2 de julio. Con esto, restarían tres ministros más por salir del gabinete Petro en este tercer remezón ministerial: suenan los nombres de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; la de Educación, Aurora Vergara, y el de Minas y Energía, Andrés Camacho.>>> Lea también: Martha Carvajalino, nueva ministra de AgriculturaCon las cuatro recientes salidas, son 18 los ministros que han sido reemplazados del gabinete del presidente Petro y solo cuatro ministros han sobrevivido a estos cambios, entre ellos está la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; la de Ambiente, Susana Muhamad; el de Defensa, Iván Velázquez; y la de Vivienda, que tendría las horas contadas en la casa de Nariño.Así las cosas, los nuevos ministros que se conocen por ahora son dos mujeres: en Justicia Ángela María Buitrago y en Agricultura Martha Carvajalino.¿Quién es María Constanza García?María Constanza García, nacida en Cúcuta, es una destacada ingeniera civil graduada de la Universidad de La Salle. Además, es especialista en Transporte por la Universidad Nacional de Colombia y posee una maestría en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de ColombiaA lo largo de su carrera, ha ocupado varios cargos importantes, entre los que se destacan: viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, directora (e) del Instituto Nacional de Vías (Invías), secretaria distrital de Movilidad de Bogotá, directora de Transporte e Infraestructura de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, directora técnica de proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y consultora para diversas entidades públicas y privadas.
Como “indispensable” catalogó el ministro de Transporte, William Camargo Triana, la necesidad de lograr la "concurrencia" de fuentes entre niveles tanto nacional como departamentales para el avance de los grandes proyectos en el país, considerando necesario, entre otras cosas, que se evalúen otros mecanismos que contribuyan a la transformación de la realidad de las comunidades para mitigar brechas económicas, productivas y/o sociales.En ese sentido, el jefe de la cartera de Transporte recalcó desde la Cumbre de Gobernadores que se está realizando en Montería (Córdoba) que resulta “imprescindible” establecer qué proyectos pueden ser llevados a la realidad y, de esta manera, avanzar en su ejecución."Surge una propuesta que es, a través de la mediación de la Federación Nacional de Departamentos (FND), con realidades presupuestales y responsabilidad, construir el mapa común, tener claro qué se logra implementar, a partir de diferentes fuentes de financiación y en articulación con el DNP y MinHacienda”, indicó Camargo. Así mismo, sostuvo que "se busca avanzar en proyectos que cuenten con cierre financiero, a través de la concurrencia de fuentes, hacerlo de forma responsable con las regiones e igualmente, acordar una hoja de ruta para mirar la maduración de cada uno de ellos, cómo fortalecemos las apuestas en diferentes modos y el acompañamiento a los procesos”.Bajo esta misma línea, el alto funcionario reiteró la necesidad de aplicar el mecanismo de valorización en aquellas zonas donde se estén ejecutando grandes proyectos nacionales, tal como lo sería la vía Barranquilla - Cartagena, buscando precisamente ampliar el beneficio para las comunidades donde no se hayan desarrollado inversiones en el territorio nacional.El objetivo, según explicó Camargo Triana, sería el de financiar proyectos estratégicos que potencien la conectividad y la competitividad en nuestro país, teniendo en cuenta que los recaudos permitirán construir un mayor número de obras.
En medio de la visita, durante la cual estuvo acompañado de su equipo, el ministro pasó por el Tranvía, el puesto central de control, presenció la Junta Directiva y visitó los talleres de la compañía en Bello. El balance de esta visita, según declaró el propio ministro, fue satisfactorio."Muy impresionado, un ejercicio muy muy inspirador que realmente en lo personal como ministro y como colombiano me hace sentir muy orgulloso de lo que ve uno acá. Un trabajo que además conjuga un componente social muy fuerte, un componente de cultura metro que indudablemente les ha permitido marcar un sello diferencial en los sistemas de transporte no solamente de Colombia sino del mundo", dijo Camargo.El ministro Camargo resaltó también la cultura metro y el amor de los usuarios al sistema, y se comprometió a seguir apoyando iniciativas de la compañía.Por su parte, el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, resaltó que expuso al jefe de la cartera de transporte la capacidad de la empresa para seguir aportando a la reactivación del sistema ferroviario del país."Corroboraron la vinculación del Metro de Medellín a la reactivación del sector ferroviario en el país. Las posibilidades son muchísimas a través del conocimiento que tiene la empresa para aportarle al país en ese proceso de reindustrialización y reactivación del sector ferroviario con su conocimiento, su experiencia", dijo Elejalde.Tras la visita, según el gerente Elejalde, quedaron compromisos para trabajar por la sostenibilidad de sistemas de transportes y, concretamente, sobre las fuentes alternativas de ingresos no tarifarios.
La Procuraduría anunció la apertura de investigación disciplinaria en contra del ministro de Transporte, William Camargo, por supuestas irregularidades en la revocación de la concesión portuaria, y además, investigará también a cinco funcionarios más porque presuntamente habrían incurrido en falsa motivación y desconocido el concepto favorable de la autoridad ambiental de la zona.La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría anunció que se iniciarán investigaciones no solo al ministro en cuestión, sino también a varios funcionarios clave del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Departamento Nacional de Planeación y de la Agencia Nacional de Infraestructura.En este caso, la Procuraduría está validando y haciendo las averiguaciones sobre las circunstancias que llevaron al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a decidir en una sesión extraordinaria el 28 de diciembre de 2023, de no aprobar la prórroga y modificación del contrato de concesión portuaria.Esta determinación se tomó luego de que cinco días antes se hubiera aprobado una solicitud para modificar las condiciones del contrato, y se declarara la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución emitida en ese sentido.Así las cosas, el Ministerio Público afirmó que los investigados podrían haber incurrido en falsa motivación al argumentar en la retractación la posibilidad de generar importantes afectaciones en materia ambiental que resultaron negativas en el territorio de Buenaventura, sin haber presentado las evidencias ni contar con el concepto de la Superintendencia General de Puertos al respecto.
Este domingo, 21 de abril, las principales ciudades del país fueron testigos de una nueva jornada de manifestaciones, donde los ciudadanos salieron a las calles para expresar su descontento hacia las políticas implementadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Las marchas llegaron hasta la puerta del conjunto donde vive el presidente Gustavo Petro en Chía, ante eso la ministra de Ambiente, Susana Muhamad aseguró que se trata de un hecho aislado a lo que sucedió en su momento con Iván Duque.La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, destacó la diferencia entre este evento y las protestas dirigidas al expresidente Iván Duque. Recordó el paro nacional y describió la violencia experimentada durante ese tiempo, enfatizando el uso desproporcionado de la fuerza por parte del ESMAD. Su testimonio puso en relieve las tensiones y los enfrentamientos que marcaron aquellos días de protesta.Mientras tanto, el ministro de Transporte, William Camargo, reflexionó sobre la importancia de la comunicación en la gestión gubernamental. A través de un mensaje en sus redes sociales, Camargo señaló la necesidad de que el mensaje de cambio llegue de manera efectiva a todos los estratos sociales. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) a nivel nacional, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el director de la Policía Nacional, William René Salamanca, destacaron el carácter pacífico de las manifestaciones y el esfuerzo conjunto de las autoridades para mantener la seguridad. Presidente Petro sobre marchasA través de su cuenta de 'X', el presidente aseguró que fueron más o menos 250.000 personas las que marcharon y destacó el número de manifestantes en Medellín, Bogotá y Bucaramanga, pero que en las demás ciudades "fueron débiles".Una de las frases que llamó la atención del presidente es que así como hoy se movilizaron en contra de su gobierno, espera que el 1 de mayo, sea el turno para quienes lo respaldan. "Hoy se expresaron en libertad unos, las fuerzas populares deben responder, este 1 de mayo", señaló.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió al ministro de Transporte, William Camargo, luego de que este advirtiera que el Gobierno podría modificar el Conpes del proyecto si se llegan a comprobar incumplimientos en el cronograma de las obras de la primera línea del metro de Bogotá. Según Galán, no está contemplado en el convenio actual que los aportes de la Nación estén sujetos al avance del proyecto.“Son proyectos que tienen que tener continuidad y por eso el convenio de cofinanciación, obviamente el Conpes, tiene esas herramientas de largo aliento, porque son proyectos que van a definir obviamente el futuro de la ciudad. No hay posibilidades en el convenio actual de modificar eso, no está contemplado en el convenio actual que los aportes de la Nación estén sujetos al avance del proyecto, no está así contemplado, no se podría contemplar a menos de que hubiera un acuerdo entre las partes”, indicó el alcalde de Bogotá.De acuerdo con el alcalde, la ciudad hizo todo lo necesario para que la Nación cumpliera lo que está estipulado en la ley y es que se apoyara con un 70 % de la financiación. “Las ciudades tienen derecho, si cumplen todos los trámites necesarios y los procesos de estructuración, de recibir esta plata. Entonces Bogotá lo hizo, definió su proyecto y es un proyecto que tiene que respetarse”.Sobre la carta de apoyo de los alcaldes de ciudades capitales a su decisión de mantener el proyecto del metro tal y como está a pesar de la insistencia del presidente Gustavo Petro de modificarlo, Galán fue enfático en que Bogotá tiene que defender su autonomía, por lo que el hecho de que los alcaldes de ciudades capitales manifiesten la necesidad que hay en Colombia de defender la institucionalidad y la autonomía de los entes territoriales.“Las ciudades tienen el derecho porque eligen sus alcaldes, sus consejos, sus procesos para definir qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y es la ciudadanía que vota la que toma la decisión. En este momento el metro está en ejecución, tiene un convenio de cofinanciación que solamente se puede modificar de común acuerdo entre las partes”, agregó.Explicó el mandatario capitalino que el convenio de los recursos del metro no puede modificarse por una de las partes y esa es una garantía para que los proyectos estratégicos del Estado colombiano, y en este caso de Bogotá, no estén “al vaivén de lo que piensa una etapa en el Gobierno u otra etapa”.
Después de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cerrara la puerta a la posibilidad que había planteado el Gobierno del presidente Gustavo Petro de modificar el metro de la capital para que sea un proyecto que combine el modelo subterráneo y elevado, el ministro de Transporte, William Camargo, criticó esta decisión asegurando que han engañado a la ciudad por más de 20 años.“En 2016 sí fue posible modificar el contrato con la FDN, cambiando objeto y alcance. Enterraron 8 años de estudios y aplazaron 12 años la entrada en operación de la línea. 20 años para la peor decisión y siguen insistiendo en su error. Un mejor metro para la ciudad, a pesar de sus errores del pasado, aún es posible con la alternativa mixta. No le hagan ese daño a la capital de todos los Colombianos”, se lee en un mensaje a través de la cuenta de X de ministro.Camargo criticó a las administraciones pasadas en Bogotá por las decisiones que han tomado en relación al proyecto más importante para la ciudad en materia de infraestructura.“Bogotá no merece el destino que ustedes le están marcando con la primera línea de metro elevada. Aún se puede rectificar la cadena de errores que han cometido”, escribió.Según el ministro de Transporte, el rumbo que tiene hoy el metro de Bogotá no es el correcto y aún se está a tiempo de corregirlo. Camargo calificó de tecnócratas a los alcaldes pasados que han decidido cuál es el futuro de ese proyecto.“Desde 2015, una serie de tecnócratas que primero dijeron una cosa y luego la otra, engañaron a Bogotá de la mano con las administraciones siguientes. Enrique Peñalosa dijo que el metro rodaría en 2020, Claudia López afirmó en campaña que prefería el metro elevado y Carlos Fernando Galán que en 2025 pondría a rodar los trenes. Todas esas administraciones le han mentido a Bogotá y van en camino a insistir en el error, cometiendo el peor urbanicidio para la capital”, agregó.El ministro, finalmente, criticó que se pondere el tiempo sobre el beneficio que tendría el metro que propone el Gobierno sobre la ciudad.“Lo que estamos viendo es que anteponen el corto plazo sobre un impacto a 150 años y, de nuevo, engañan a la ciudadanía con una aparente ganancia en tiempo, cuando los resultados que entregamos, aun con ese tiempo incluido en la evaluación, siguen siendo contundentes con la alternativa mixta. Nosotros no le mentimos a Bogotá. Proponemos el mejor metro posible para la ciudad. El sectarismo por encima de la ciudad y la técnica y de las futuras generaciones”.
Un debate de control político contra el ministro de Transporte, William Camargo, es lo que se tiene previsto en el Congreso de la República, luego de que el senador del Partido Centro Democrático, Carlos Meisel, radicara una proposición para sentarlo en el 'banquillo de los acusados' y que, entre otras, haga una revisión exhaustiva sobre el contrato de concesión con Autopistas del Caribe.Siendo que otra de las preocupaciones para diferentes partidos políticos tendría que ver con el cobro de valorización a los predios que se encuentran ubicados en la vía Barranquilla - Cartagena, desde el Congreso pondrán sobre la mesa las repercusiones económicas en materia de desarrollo, infraestructura vial y turismo que tendrían las decisiones del Gobierno Nacional en la región Caribe. En este sentido, 20 congresistas de los diferentes partidos políticos firmaron una carta y la remitieron ante el despacho del ministro William Camargo, para efectos de que “reconsidere” sus decisiones y piense en el bienestar de los costeños. "Al Caribe le duelen muchas cosas, por eso debemos trabajar en varios frentes al mismo tiempo. En esta oportunidad, queremos hacerle seguimiento a los problemas de infraestructura vial que tiene mi región. Nosotros vemos con mucha preocupación que muchos proyectos están en el aire, pues no cuentan con proyectos de financiación", explicó Meisel."Le hemos escuchado al ministro de Transporte diferentes palos de ciego' que queremos esclarecer, entonces, por esta razón, radicamos, junto con todos los partidos políticos, un documento al ministro de Transporte con nuestras preocupaciones, para que nos explique también como se ejecutaría ese cobro de valorización entre Barranquilla y Cartagena", dijo.Como se recordará, la terminación anticipada del contrato de concesión con Autopistas del Caribe dejaría en vilo más de 7.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y cerca de $4.3 billones de pesos en materia de inversiones.
Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las "labores de socorro" por los terremotos del miércoles que han dejado hasta el momento más de 180 muertos.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre de 2026, que "de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés)".La directriz deja claro que esta autorización no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).Tampoco aplica a "ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte" estipulada en el capítulo de sanciones aplicadas.Desde la captura del expresidente, Nicolás Maduro, en enero pasado, Estados Unidos ha emitido contados permisos y licencias entorno a la explotación y comercialización del petróleo, de la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, lo que supone una flexibilización del régimen de sanciones.La autorización de hoy se aplica en virtud de la tragedia desencadenada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 que se registraron con apenas 39 segundos de diferencia, los más devastadores de su historia reciente.Previamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia modificó radicalmente el destino judicial del exrepresentante a la Cámara del partido Cambio Radical, Carlos Alberto Cuenca Chaux. En un fallo de segunda instancia, el alto tribunal determinó que la Fiscalía General de la Nación no logró recopilar las pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia del político. Bajo este argumento constitucional, la corporación ordenó su absolución definitiva y archivó el expediente que lo vinculaba con el delito de corrupción de sufragante, conocido comúnmente como compra de votos.Con esta nueva resolución se cae por completo el fallo emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Corte. En esa primera etapa del proceso, el excongresista, quien consolidó su fortín político en el sur del país desde el año 2010, había recibido una dura condena de 92 meses y un día de prisión (equivalente a más de siete años de cárcel).Además, la justicia le había impuesto en su momento una millonaria multa superior a los 588 salarios mínimos y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena.La investigación penal se centraba en las presuntas irregularidades cometidas durante su campaña en el municipio de Inírida, capital del departamento de Guainía. La hipótesis acusatoria señalaba a Cuenca Chaux como el supuesto determinador de un esquema de corrupción electoral enfocado en la comunidad indígena de la "Y", de la etnia Piapoco.Según los cargos originales, la campaña habría distribuido dádivas materiales que incluían dinero en efectivo, bultos de cemento y láminas de zinc, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes a cambio de su respaldo en las urnas.Sin embargo, al revisar la apelación interpuesta por la defensa, la Sala de Casación Penal halló profundas grietas en los testimonios que sostenían el caso. El detonante clave de la absolución fue el desplome del denunciante principal, Miller Garrido Pacheco, quien terminó confesando bajo juramento que la acusación original fue un montaje inducido, presionado y financiado por la oposición local, puntualmente por el exgobernador de Guainía, Iván Vargas Silva.En el documento citado en la sentencia, Garrido manifestó de forma explícita: "me retracto y desisto de la demanda que interpuse en contra del señor Carlos Cuenca Chaux por compra de votos en las elecciones del periodo pasado y dejando constancia de que he sido presionado, he recibido prevenda alguna por parte de la persona afectada en el cual el señor Iván Vargas Silva sí me presionó y me sobornó con prevendas para que yo injuriara al señor Carlos Cuenca dañando su imagen y su buen nombre".Los investigadores del caso también descubrieron que Garrido armó el grupo de testigos con sus propios familiares directos e intentó pagar a otros pobladores para que mintieran sobre reuniones políticas a las que jamás asistieron.A la par con la desacreditación de los testigos, el tribunal encontró que los supuestos comprobantes de la entrega de tejas y cemento eran completamente inválidos. Los dueños de las ferreterías locales negaron cualquier pacto comercial con el político y explicaron que el documento usado como "prueba reina" era solo una cotización sin valor legal, la cual pertenecía a unos talonarios que habían sido robados previamente de sus locales.Finalmente, la corporación judicial desestimó el material audiovisual aportado por los denunciantes, coincidiendo con análisis técnicos previos que ya había realizado el Consejo de Estado. Las grabaciones contenían cortes de edición sospechosos y un libreto de preguntas altamente sugestivas que aunaban la falta de espontaneidad en las declaraciones.Al contrastar estas anomalías con los testimonios de asistentes a esas reuniones, que confirmaron que solo se debatieron propuestas de electrificación y presupuestos a las comunidades indígenas, la Corte Suprema de Justicia ratificó que mantener la condena era insostenible, devolviéndole la libertad jurídica plena al exparlamentario.
La Cancillería realizó en Cali el encuentro “Diplomacia cultural: Encuentro de Café y Cacao colombiano”, un espacio en el que presentó los avances de la estrategia “La Ruta del Café y Cacao”, que busca promover estos productos en mercados internacionales y fortalecer las oportunidades comerciales para asociaciones de productores.Según la entidad, entre 2025 y 2026 la iniciativa ha desarrollado ocho eventos en Asia, América y Europa con la participación de 76 asociaciones y cooperativas. La Cancillería aseguró que estas actividades han permitido representar a más de 5.000 productores, generar más de 1.300 contactos comerciales y concretar exportaciones superiores a 100 toneladas. También informó sobre la apertura de mercados en China y un preacuerdo comercial con Rumanía, además de acciones de promoción en países como España, Estados Unidos, Alemania, Italia, Chile, Países Bajos, Bélgica y Canadá.Durante el evento, la canciller Rosa Villavicencio señaló que la estrategia busca reducir la intermediación, fortalecer la asociatividad y facilitar el acceso de los productores a mercados de mayor valor agregado. Además, reiteró que el café puede convertirse en una alternativa económica para comunidades vinculadas a programas de sustitución de cultivos ilícitos.La instalación contó con la participación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, así como representantes del cuerpo diplomático y organismos de cooperación internacional. En dos paneles se discutió el papel del café y el cacao en la internacionalización de la economía rural y su aporte a procesos de desarrollo en distintas regiones del país.
Ante la proyección de ingreso de más de 310.000 vehículos por el corredor de la Autopista Sur durante el puente festivo, la Alcaldía de Soacha activó un plan especial de movilidad. La estrategia busca mitigar la congestión vial en este acceso clave a Bogotá, considerando que desde la capital se estima la salida de más de un millón de automotores.El contraflujo y los controles operativos especiales se concentrarán en las jornadas de éxodo y retorno para garantizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento de los viajeros.Las autoridades locales advirtieron que la movilidad en el municipio se encuentra impactada por las obras de construcción de las fases II y III de TransMilenio, las cuales generan reducciones de carril en la Autopista Sur. Por ello, se recomienda planificar los viajes con anticipación.Horarios del pico y placa regional en Soacha (lunes festivo)La medida de restricción vehicular se aplicará durante la operación retorno del lunes festivo 29 de junio de 2026 en los siguientes horarios:Placas PARES (0, 2, 4, 6, 8): Ingreso autorizado de 12:00 m. a 4:00 p.m.Placas IMPARES (1, 3, 5, 7, 9): Ingreso autorizado de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.Fuera de horario: antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p.m. no aplica la restricción de placas.Reversible en vía Indumil y medidas operativasPara aumentar la capacidad vial del corredor, la Secretaría de Movilidad de Soacha confirmó que se habilitará un reversible por la vía Indumil entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. del lunes festivo. Esta alternativa agilizará el desvío y tránsito de los vehículos que buscan conectar con el sur de Bogotá.El dispositivo en vía contará con un contingente de más de 200 personas, integrado por:Agentes de tránsito y vigías de la Secretaría de Movilidad de Soacha.Unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) de la Policía Nacional.Agentes de tránsito de la Gobernación de Cundinamarca.Uso del carril de TransMilenio y contingenciasLa Alcaldía de Soacha, en coordinación con la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio, acordó la adopción de contingencias operativas. Entre ellas, se contempla el uso controlado del carril exclusivo de TransMilenio si se presentan escenarios de alta congestión o represamiento crítico sobre la Autopista Sur.Asimismo, durante el Plan Éxodo se instalará un Punto Seguro en el corredor vial para realizar campañas pedagógicas y de sensibilización técnica con conductores y motociclistas.
La Procuraduría abrió una indagación previa contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez; el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y el subdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía, para que respondan por las presuntas irregularidades cometidas con el manejo de la conversación de paz con el Clan del Golfo.La indagación llega luego de la revelación de Noticias Caracol sobre los ofrecimientos que habría hecho el Gobierno, a través de Danilo Rueda, a delegados del grupo ilegal a cambio de que estos siguieran en el proyecto de la Paz Total.El informe incluyó documentos, grabaciones y testimonios que darían cuenta de reuniones sostenidas entre representantes del Gobierno y delegados del Clan del Golfo en el marco de la política de paz total.Danilo Rueda, según la investigación, es el principal encargado de los acercamientos con el Clan del Golfo. Según los audios revelados, habría ofrecido gestos del Gobierno para facilitar un eventual proceso de negociación, entre ellos la suspensión de bombardeos, el retiro de algunos oficiales de la Fuerza Pública y la posibilidad de intervenir ante el Ministerio de Defensa si continuaban operaciones militares.En diálogo con BLU Radio, Danilo Rueda rechazó que hubiera pactado concesiones ilegales con el Clan del Golfo y sostuvo que las conversaciones reveladas correspondían únicamente a una fase exploratoria, previa al inicio de una negociación formal. Aseguró además que nunca hubo una orden del presidente Gustavo Petro para suspender operaciones militares contra esa organización.Sobre la frase "juguemos a los congelados", que aparece en los audios, Rueda lo calificó como una metáfora con la que buscaba explicar que para poder dialogar era necesario generar un espacio de confianza y reducir temporalmente las tensiones, pero no significaba que el Estado fuera a detener su acción contra el Clan del Golfo ni que existiera un acuerdo para paralizar a las Fuerzas Militares.En cuanto al exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, este fue mencionado por Rueda como la persona con la que se coordinarían decisiones relacionadas con operaciones militares. Aunque Velásquez no aparece participando directamente en las reuniones reveladas y ha negado haber autorizado compromisos con el grupo armado, la Procuraduría decidió incluirlo en la indagación para establecer si tuvo algún conocimiento, participación o responsabilidad en los hechos descritos.Por su parte, el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y el exsubdirector Ricardo Rey Rosanía fueron vinculados porque habrían participado en una reunión con un intermediario relacionado con el Clan del Golfo para discutir asuntos vinculados a un eventual proceso de sometimiento.En este caso, la Procuraduría busca determinar si estas reuniones se desarrollaron dentro del marco legal de sus funciones o si pudieron constituir actuaciones disciplinariamente relevantes.Pruebas ordenadas por la ProcuraduríaPara avanzar con la investigación, el Ministerio Público ordenó una serie de pruebas que permitan recopilar nuevas pruebas y testimonios.Por ello, solicitó documentación al Ministerio de Defensa, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre las reuniones, acercamientos y actuaciones relacionadas con el Clan del Golfo durante el periodo mencionado.A estas entidades, también les requirió informes oficiales que permitan establecer si existieron instrucciones, autorizaciones o decisiones relacionadas con la suspensión de operaciones militares, bombardeos, movimientos de oficiales o cualquier otro compromiso mencionado en el reportaje.Así mismo, la Procuraduría abrió el espacio para que el general (r ) Henry Sanabria, director de la Policía entre 2022 y 2023, rinda bajo declaración juramentada su testimonio sobre todo lo denunciado.
