Este viernes, 2 de agosto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena en contra de Bernardo Moreno. Estos hechos están relacionados con el ofrecimiento de nombramientos burocráticos para influir indebidamente en la entonces congresista Yidis Medina Padilla y lograr su apoyo para la aprobación de la reelección presidencial.Fue en octubre de 2023 cuando este alto tribunal profirió la condena en contra del exfuncionario, tras hallarlo culpable de este delito. La Corte Suprema le impuso una multa de 139,579 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 147 millones de pesos, además de su inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 82 meses y 7 días.Cabe resaltar que la Corte le negó la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria y, en ese sentido, ordenó librar la orden de captura en su contra.>>> Lea también: Exfuncionario del INDER denunciado por estafa colectiva reside en Estados UnidosEsta condena se dio por el papel que jugó Bernardo Moreno cuando era director del DAPRE, desde el 19 de julio de 2004 hasta el 7 de agosto de 2010. En este caso, la Corte concluyó que, mientras desempeñaba ese cargo, Moreno influenció de manera indebida a cinco servidores públicos para que gestionaran el nombramiento o contratación en entidades públicas de personas cercanas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina.“Confirmar la sentencia proferida el 18 de octubre de 2023 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual declara responsable penalmente a Bernardo Moreno Villegas del delito de tráfico de influencias de servidor público en modalidad continuada”, expresa la decisión.La YidispolíticaFue en el año 2008 cuando estalló este escándalo de corrupción a raíz de las declaraciones de Yidis Medina, exrepresentante a la Cámara, quien admitió haber recibido sobornos por parte de funcionarios del Gobierno, en esa época en cabeza de Álvaro Uribe, para votar a favor del proyecto de reforma constitucional que permitió la reelección del expresidente Uribe.Así las cosas, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, sobre Moreno pesa la condena de cinco años y 7 meses de prisión por los delitos que se le atribuyeron.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a una pena de 5 años y 7 meses de cárcel como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público en la modalidad continuado, por haber ofrecido dádivas para que congresistas apoyarán reformas del Gobierno Uribe.La Corte también le impuso a Bernardo Moreno una multa de 139.579 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 82 meses y 7 días, y le fue negada la prisión domiciliaria. Además, ordenó librar la orden de captura en su contra, la cual se hará efectiva una vez la sentencia quede en firme.Cuando Bernardo Moreno Villegas fue director del Dapre, cargo que ocupó entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010, según la Corte, determinó que influenció indebidamente a cinco servidores públicos con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas cercanas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina Padilla.Todo esto como retribución para la entonces congresista Yidis Medina por haber votado favorablemente el proyecto de Acto Legislativo n° 267 de 2004 en la Comisión Primera Constitucional, mediante el cual se modificaba el artículo 197 de la Constitución Política sobre la reelección presidencial inmediata.Lo que pasó con esto es que personas recomendadas por Yidis Medina fueron nombradas en cargos públicos en la Red de Solidaridad Social (RSS), en Etesa, el Sena, y en notarías.La sentencia señala que, producto de un “pacto ilegal”, Bernardo Moreno influyó indebidamente para que se hicieran esos nombramientos, pese a que “sabía que una vinculación al Estado no podía convertirse en un medio para cumplir compromisos ilícitos”.“Es evidente que la gestión de Moreno Villegas constituye la culminación del objetivo del entonces Gobierno nacional para cumplir las promesas hechas a Medina Padilla, con motivo del apoyo que dio al proyecto de reelección presidencial inmediata, pues como integrante de la administración se beneficiaba con un segundo periodo presidencial como en efecto ocurrió”, señala el fallo de condena contra Moreno.Por estos hechos han sido condenados los excongresistas: Yidis Medina Padilla, Teodolindo Avendaño Castellanos e Iván Díaz Mateus, así como los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, y el exdirector del Dapre, AlbertoVelásquez Echeverri.Le puede interesar "Podemos tener administraciones sanas: Guillermo Torres, exfarc que logró cargo de elección popular":
La excongresista Yidis Medina, en diálogo con Blu Radio, fue clara en decir que no descarta ser “gestora de paz” del Gobierno del presidente Gustavo Petro y que en los próximos días se presentará ante la JEP para entregar su testimonio en los casos que lo requieran.Además, la excongresista Yidis Medina pidió que se investigue a los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque por no acatar un fallo que ordena resarcir su buen nombre y el de su familia. Aseguró que está dispuesta a seguir trabajando desde su fundación en la ciudad de Barrancabermeja, Santander.“Yo puedo aportarle a la paz de Colombia, porque lo que yo he dicho es la verdad y ya está demostrado en los estrados judiciales y, si bien quiere el Gobierno que yo sea gestora de paz, pues no tendré ningún inconveniente en donde toque ir a contarle la verdad de lo que hizo el Gobierno de Álvaro Uribe con Yidis Medina y, no solamente con Yidis Medina, también con otras personas que siguieron y les hicieron chuzadas y que, además de eso, también le dañaron el buen nombre”, explicó la excongresista.Medina fue clara en explicar que seguirá presentándose ante los estrados judiciales donde sea convocada o llamada para entregar su versión de los hechos.“Muy pronto estaré acudiendo a la JEP para también colaborar allá, contando absolutamente todo lo que se ha venido diciendo en la Corte Suprema y en todos los estrados judiciales”, agregó Yidis Medina.La exparlamentaria espera que el presidente Gustavo Petro acate el fallo que ordena resarcir su buen nombre y el de su familia.Vea también
Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la excongresista Yidis Medina radicó una orden de desacato contra los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque. Es el fallo del 5 de abril de 2018, que ordena a los exjefes de Estado a resarcir el buen nombre de ella, quien fue condenada por montajes por parte del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. “Pues realmente estoy colocando una queja de desacato al Gobierno del doctor Juan Manuel Santos y al Gobierno de el doctor Duque, porque realmente no acataron un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que emanó la sesión tercera, para que me resarcieran el buen nombre y además de eso pudieran también resarcir el nombre de mi familia porque fui víctima del DAS, en donde me hicieron siete montajes”, explicó la excongresista.La solicitud fue radicada en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y fue recibida por el secretario, quien tendrá que realizar el trámite de reparto en los próximos días.“Y también obliga al Estado a pagarme, pues el daño moral y el perjuicio que me hicieron por haberme hecho siete montajes para irme catalogado de secuestradora, guerrillera, paramilitar, extorsionista, de todo un conglomerado de señalamientos por haberle contado al país la verdad de la reelección del expresidente Álvaro Uribe”, dijo ella.En los próximos días, la excongresista espera que el presidente Gustavo Petro pida perdón, con el fin de cumplir con este fallo.Le puede interesar
La defensa del exsecretario jurídico de la Casa de Nariño, Edmundo del Castillo, anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para impugnar el fallo condenatorio de cinco años de prisión y mientras este alto tribunal no decida, la medida queda en suspenso y no se podrá materializar su captura.Es por esto que, tanto Edmundo del Castillo como César Mauricio Velásquez podrán continuar en libertad, afrontando el desarrollo del recurso ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.El inconformismo de la defensa de los implicados radica esencialmente en que la decisión está basada en meros indicios y pruebas de referencia, lo cual deja de lado argumentos que plantearon ante el juez de primera instancia y que fueron valorados correctamente.Indicaron que mientras el juez 54 penal de Bogotá duró más de 10 años con el caso de las chuzadas en su despacho y el pasado 12 de julio, los absolvió, el Tribunal en menos de dos meses revocó esa decisión y en su lugar, los condenó.Según relató el magistrado Dagoberto Hernández, Velásquez y del Castillo manejaron información privilegiada que usaron para desprestigiar a los magistrados y a la excongresista Yidis Medina en su momento, dentro de una concertación de alto servidores del Estado.Le puede interesar: podcast de las noticias destacadas en BLU Radio:
La sala penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución de un juez de circuito y condenó a 63 meses de cárcel (5 años y 3 meses) al exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo y al exsecretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, en el gobierno de Álvaro Uribe, por el delito de concierto para delinquir, luego de argumentar que participaron en una organización criminal para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la excongresista Yidis Medina.El magistrado Dagoberto Hernández le otorgó la casa por cárcel a Edmundo del Castillo y a César Mauricio Velásquez le ordenó su captura, que lo debe tramitar un juez de ejecución de penas cuando quede en firme el fallo. Esto, cuando se decida la impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.Contrario a lo que determinó el juez 56 penal del circuito, el pasado 12 de julio, cuando los absolvió de este delito, el magistrado consideró que estos funcionarios amparados en una fachada de averiguar por una posible infiltración del narcotráfico a la corte, aprovecharon para buscar su desprestigio en asociación con el DAS.Igualmente, consideró que, aprovechando su alta posición, el exsecretario jurídico de Presidencia pudo hacer parte de la empresa criminal conformados por agentes del DAS y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, esto tiene que ver con el rol que desempeñó.“Por tal camino, nótese que el compromiso penal de Edmundo del Castillo Restrepo se deriva razonablemente del rol que asumió en el entramado criminal como receptor de la información privilegiada y reservada, así como de su participación”, señaló el magistrado.En cuanto al exsecretario Velásquez, ratificó conducta dolosa por fungir como uno de los receptores.El Tribunal señaló que, en cuanto a la responsabilidad de Velásquez, "el objetivo era desprestigiar a Yidis Medina Padilla, cuestión que se infiere del hecho de que fuese destinatario de la información con la que se pretendía lograr dicho propósito, a pesar de no estar facultado legalmente para ello, y sin que existiera ningún móvil válido de inteligencia". Esta es la sentencia del Tribunal: Escuche la información en Meridiano BLU:
Este lunes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al DAS y a la Unidad de Análisis financiero (Uiaf) por los seguimientos ilegales a la excongresista Yidis Medina.Vea también: Video: Yidis Medina y periodista de Barrancabermeja protagonizaron fuerte pelea El fallo dice que se condena al Estado, en cabeza el Departamento Administrativo de Seguridad, la Presidencia de la República y la Unidad de Análisis financiero como responsables administrativa y patrimonialmente de los daños y perjuicios materiales o patrimoniales, como extra patrimoniales, de la violación de los derechos de ser protegido contra toda injerencia y legal del Estado”.Es decir, que los encuentra culpables de los daños causados a Medina por el seguimiento ilegal y, además, deben excusarse en un acto público.Según el abogado de Medina, Rommer Salazar, “con esas actividades de inteligencia y contrainteligencia ilegales desprestigiaban a Yidis Medina y su familia”.
La pelea quedó grabada en video. Se ve a la excongresista Yidis Medina peleando fuertemente con el periodista de un canal regional en Barrancabermeja juan Carlos Quiroga. “Yo iba con mi esposa, nos disponíamos a entrar a un establecimiento, cuando me percato que hay un tumulto de gente peleando con la Policía porque les había quitado unos carteles de la revocatoria del alcalde; me acerco y ahí empieza a agredirme la excongresista”, explicó el periodista. En el video también se ve cuando Yidis Medina le arrebata el celular con el que el periodista estaba grabando y lo estrella contra el piso. La excongresista aseguró que su reacción se debió a señalamientos que el periodista ha hecho en contra de su familia. “Yo lo que hago es reclamarle y decirle al señor Juan Carlos que por favor deje de meterse conmigo porque este señor escribió por su Facebook que yo permitía que mi compañero sentimental violara a mi hija menor de edad, a mis hijas, y lo hace porque estamos en un proceso de revocatoria”, dijo Medina. Yidis Medina es una de las líderes del Comité por la revocatoria del alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri y el periodista apoya el Gobierno del mandatario, con el que mantiene un contrato de prestación de servicios.
María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno tendrán que presentar excusas públicas a Yidis Medina por afectar su derecho al buen nombre, así lo señaló la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal condenó a la exdirectora del DAS y al exsecretario de la Presidencia a presentar estas excusas a través una publicación en un medio de alta circulación de Barrancabermeja, donde residía la excongresista, en un término no mayor a los tres meses. Esta condena se da luego de que se emitiera fallo condenatorio de 14 años de prisión a María del Pilar Hurtado y 8 años a Bernardo Moreno ya que para la Corte "resulta indiscutible que el delito es fuente de obligaciones y, por tanto, genera responsabilidad civil, como también que, en el trámite del incidente, el hecho ilícito, fuente del deber de indemnizar, es incuestionable y no debe probarse por estar declarado en la sentencia penal en firme". En principio, la excongresista exigía el pago de más de 222 millones de pesos por los daños morales, más de 35 millones por daño emergente y cerca de 28 millones por el lucro cesante. Sin embargo, el alto tribunal solo obligó a los exfuncionarios Hurtado y Moreno al pago de 20 millones de pesos por concepto de daño moral subjetivo a favor de Yidis Medina. Esta decisión se da debido a que la Sala Penal consideró que no se causaron daños materiales consistentes en el traslado de la excongresista y su familia a Bogotá por los señalamientos de la sociedad, ya que paras fecha de los hechos Medina ya residía en la capital. "Ninguno de los testigos hizo referencia a que debido a la publicación de afiches difamatorios en el departamento de Santander o la realización de una rueda de prensa organizada por el DAS con la finalidad de afectar su imagen, la familia Salcedo Medina, se viera obligada a trasladarse a la ciudad de Bogotá, incurriendo así en una serie de gastos. Por el contrario, lo que se advierte es que desde mucho antes de que tuvieran ocurrencia los hechos por los que fueron condenados María del Pilar Hurtado Afanador y Bernardo Moreno Villegas, Yidis Medina y sus hijos ya residían en la ciudad de Bogotá, lugar en el que han permanecido hasta la fecha" afirma el texto. Finalmente, cabe recordar que los hechos por los que fueron demandados María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno consisten en la difusión de varios afiches en Barrancabermeja donde se señalaba que Medina tenía relaciones con el grupo armado del ELN. Además, afirma que el DAS carecía de motivos legítimos para investigar a la excongresista; para el caso de Hurtado, y en el caso de Bernardo Moreno, el alto tribunal otorgó credibilidad a lo dicho por el testigo Gustavo Sierra Prieto.
La excongresista Yidis Medina reveló una comprometedora conversación entre Sabas Pretelt de la Vega y Sigifredo López en la que el exministro habla sobre la propuesta que envió a Medina para que desmintiera su testimonio de hace siete años ante la Corte Suprema de Justicia, en que se basa la condena contra Pretelt por cohecho dentro del escándalo de la reelección del expresidente Uribe. En el audio, revelado por el diario El Espectador, Sabas Pretelt de la Vega advierte sobre “una confrontación maluca” con Yidis si ella no se retracta de su denuncia. Además, la excongresista contó que Sigifredo López insistió en varias ocasiones al pedido de Sabas y a pesar de las negativas, incluso, fue un día a las 11 de la noche a su casa a reiterarle el pedido del exministro para que le limpiara, según dijo, su “buen nombre”. En la conversación, Sabas Pretelt de la Vega le dice a Sigifredo López que se presentaría a la Justicia Especial de Paz si esta no implica reconocer delitos. Luego, en diálogo con Blu Radio, Sigifredo lópez, director de la Fundación Defensa de Inocentes, admitió que sí llevó el mensaje a Yidis Medina. “Sobre ese tema no quiero hablar. Me parece que es un problema de ellos dos. Creo que ya hice bastante teniendo la decencia de escuchar al señor Sabas Pretelt ante su insistencia de que lo escuchara. Me pidió que le dijera eso a Yidis, que no soy mensajero de nadie, le tendí ese mensaje. Y creo que ya bastante hice colaborando para sacar a Yidis de la cárcel, de ese problema (…) En ese tema los medios son unos actores, que lo resuelvan ellos. No me interesa para nada hablar de ese tema”, le dijo López a este medio. En la conversación que sostuvo con Blu Radio, no quiso referirse al origen de la grabación de su conversación con Pretelt; sin embargo, reiteró que no tiene ninguna relación cercana con Sabas Pretelt de la Vega: “Seguramente porque supo que yo, en la Fundación Defensa de Inocentes, fui quien sacó a Yidis de la cárcel. Llevamos el caso y somos los abogados de ella”. Sigifredo López también fue cuestionado por el equipo de Blu Radio sobre si había, como dice Yidis Medina, llegado a su casa a las 11 de la noche a insistirle por el pedido de Sabas Pretelt; sin embargo, no quiso referirse a este tema ni tampoco sobre por qué decidió llevar a Medina el mensaje del exministro. Escuche el audio publicado por El Espectador:
Una llamada desesperada, realizada apenas minutos antes de morir, se convirtió en la principal pieza de una investigación que hoy genera conmoción entre las autoridades y la comunidad. La víctima, una joven recién casada, alcanzó a comunicarse con su padre mientras lloraba y le suplicaba que fuera a buscarla porque, según dijo, temía que la mataran. Poco después, su familia recibió la noticia de que había sido encontrada sin vida dentro de la vivienda de sus suegros.El caso ocurrió en India y la víctima fue identificada como Pushpendri Devi, de 19 años, quien residía junto a la familia de su esposo en el distrito de Amroha, en el estado de Uttar Pradesh. De acuerdo con reportes de medios locales, la joven se había casado el pasado 13 de febrero con Ompal, un agricultor de la aldea de Khumawali. La muerte ocurrió apenas unos meses después de la boda y actualmente las autoridades intentan establecer qué sucedió dentro de la vivienda.Según declaró Balbeer Singh, padre de la joven, la llamada ocurrió hacia las 6:30 de la tarde. El hombre aseguró que su hija estaba alterada y llorando mientras le pedía ayuda. “Ven por mí”, habría sido parte del mensaje que alcanzó a decir antes de que la comunicación terminara.El padre afirmó que salió inmediatamente rumbo a la casa de los suegros de Pushpendri, pero antes de llegar recibió una llamada en la que le informaron que su hija ya había fallecido. La noticia provocó que varios familiares acudieran al lugar para intentar conocer qué había ocurrido.Tras difundirse el caso, se registraron momentos de tensión frente a la vivienda. Allegados de la joven exigían la captura inmediata de los presuntos responsables y, durante algunos minutos, se opusieron al traslado del cuerpo hacia medicina forense para la respectiva autopsia.La familia de Pushpendri presentó una denuncia formal ante las autoridades y aseguró que la joven venía teniendo conflictos con su esposo y otros miembros de la familia política debido a presuntas exigencias económicas relacionadas con la dote. Según sus declaraciones, durante la boda entregaron dinero, joyas y varios artículos para el hogar, pero tiempo después habrían comenzado nuevas solicitudes de dinero.Los familiares también sostienen la hipótesis de que la joven habría sido asesinada y que posteriormente intentaron hacer pasar el caso como un suicidio. De acuerdo con esa versión, el cuerpo habría sido colgado dentro de la vivienda para alterar la escena.La Policía confirmó la apertura de una investigación contra el esposo de la víctima, así como contra el suegro, la suegra y otros familiares cercanos. Los señalados enfrentan cargos relacionados con muerte por dote, violencia doméstica y posibles violaciones a la Ley de Prohibición de la Dote vigente en India.El oficial Pankaj Kumar Tyagi informó que el cuerpo fue enviado al servicio forense para determinar la causa exacta de la muerte. Aunque los primeros reportes mencionan la presencia de marcas alrededor del cuello, las autoridades aclararon que todavía no existe una conclusión oficial sobre si se trató de un homicidio o un suicidio.Además, las autoridades señalaron que algunos de los acusados abandonaron la vivienda después del incidente y permanecen prófugos mientras avanzan las labores de búsqueda y recopilación de pruebas.El caso se conoce además en medio de otros reportes similares registrados recientemente en distintas regiones de India, donde familias de mujeres jóvenes también denunciaron presunto acoso y violencia por exigencias económicas posteriores al matrimonio.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó sobre la captura de un ciudadano extranjero señalado de presuntos delitos relacionados con explotación sexual de menores en la capital antioqueña.A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que el hombre fue detenido en medio de los operativos que adelantan las autoridades y en donde se evidenció que el hombre abordó a una menor de 16 años para hacer solicitudes de carácter sexual.En el mensaje publicado en redes sociales, Gutiérrez afirmó que “otro desadaptado” fue capturado y reiteró que Medellín “no será refugio” para quienes lleguen a cometer delitos contra niños, niñas y adolescentes.La noticia se da luego de que se conociera que un ciudadano estadounidense fue condenado a 30 años de prisión por delitos sexuales relacionados con una menor de edad que habría enviado material sexual a cambio de dinero.Según indicó el mandatario, desde el 2024 ya han sido capturados 32 extranjeros por delitos relacionados con explotación sexual de menores en Medellín. Las autoridades han venido reforzando controles en zonas turísticas, alojamientos y establecimientos nocturnos, especialmente en sectores donde se han identificado denuncias sobre este tipo de hechos.Gutiérrez insistió en que la ciudad mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a cualquier caso que involucre vulneración de derechos de menores de edad. También hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa.
Desde el municipio de Ituango se denunciaron, a través de audios que circulan en redes sociales, que presuntamente grupos armados ilegales estarían obligando a campesinos y líderes comunitarios a carnetizarse y a votar específicamente por un candidato presidencial, un asunto en el que las autoridades están indagando.La situación ha generado preocupación si se tiene en cuenta no solo la oleada de violencia de la que ha sido objeto el Norte de Antioquia, sino la disputa que sostienen por el control territorial las disidencias del frente 18 y 36, al mando de alias mordisco y Calarcá, respectivamente.De acuerdo con el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Muñoz, no han llegado de manera formal a la Personería o la Alcaldía las denuncias sobre estas situaciones, que de momento se verifican si son verídicas."Sobre este constreñimiento, la incitación a votar por X candidato y la carnetización, estamos actuando con el personal de inteligencia, y como ya lo mencioné a través de estos comités de seguimiento, a ver qué se logra evidenciar y cuál es el foco de atención que nos permite tomar acciones anticipativas para prevenir alguna situación que pueda vulnerar esta actividad y este proceso electoral del próximo 31 de mayo", indicó el uniformado.Desde la Gobernación de Antioquia, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, señaló que las diferentes autoridades vienen evaluando el acompañamiento a los territorios más vulnerables."Nosotros no tenemos evidencias ni pruebas de que se esté constriñendo sobre un candidato en particular. El constreñimiento lo mostramos ahí, 21 municipios con riesgo extraordinario. Se pueden presentar varias actividades ilegales, como el constreñimiento. Digamos que no debes de dudarlo", manifestó el funcionario.Por lo pronto las autoridades anunciaron un despliegue de casi 9.000 uniformados del Ejército Nacional, 6.393 efectivos de la Policía Nacional y 227 integrantes de la Armada Nacional para garantizar la jornada electoral, en especial en los 21 municipios con riesgo extraordinario.
Un centro de estética que había sido sellado hace apenas ocho días por las autoridades sanitarias fue hallado completamente vacío durante una nueva visita de inspección realizada por la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga, luego de la denuncia de una mujer que aseguró presentar afectaciones de salud tras someterse a una rinomodelación y aumento de labios.La paciente denunció que durante el procedimiento nunca le mostraron el producto que le fue inyectado y que, posteriormente, comenzó a presentar complicaciones médicas.Ante la situación, funcionarios de la Secretaría de Salud de Bucaramanga, junto con personal de Planeación Municipal y la Secretaría del Interior, realizaron una diligencia de inspección en el inmueble donde presuntamente funcionaba el establecimiento.La secretaria de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga, Gloria Marcela Ordúz García, explicó que durante la visita encontraron únicamente una vivienda familiar y ningún elemento relacionado con procedimientos estéticos.“Lo que constatamos el día de hoy es una zona completamente residencial, es un apartamento en donde vive una familia. No encontramos ningún instrumento ni ningún equipo que nos indicara que allí se estaban prestando servicios de estética”, señaló la funcionaria.Ordúz indicó que la Secretaría de Salud Departamental había realizado previamente otra inspección en el lugar y, según la información conocida por el municipio, en esa oportunidad sí se habrían encontrado evidencias de actividades estéticas.La funcionaria también reveló que el establecimiento no contaba con permiso de uso de suelo para operar como centro estético, debido a que el inmueble está ubicado en una zona exclusivamente residencial.“Han solicitado esta certificación, pero el municipio en ningún momento la ha otorgado porque no cumple con el uso del suelo para el servicio que estaban prestando”, afirmó.
Los 9 magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional se dieron cita en la mañana de este jueves para debatir sobre la demanda que pide tumbar la Ley de Encuestas. En el alto tribunal hay dos ponencias: la del magistrado Juan Carlos Cortés y la de la presidenta de la Corte, Paola Meneses.Sin embargo, Blu Radio pudo confirmar que ninguno de los dos proyectos de fallo fue debatido en Sala y que la decisión fue aplazar la discusión para dentro de dos semanas, es decir, para el próximo 3 de junio.Fue en septiembre del año pasado cuando la Corte Constitucional decidió admitir para su estudio una demanda que pide “tumbar” la Ley 2494 de 2025, norma que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en Colombia. La acción fue presentada por Juan Manuel López, quien sostiene que la ley debió tramitarse como estatutaria, al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.Según el demandante, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores, al prohibir los sondeos no probabilísticos y exigir condiciones técnicas estrictas para la publicación de encuestas electorales. Además, advierte que varias disposiciones asignan nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, a su juicio, modificaría su diseño institucional.La demanda también cuestiona la ausencia de un análisis de impacto fiscal y señala que la creación de órganos técnicos, el registro nacional de firmas encuestadoras y las auditorías previstas en la ley implican gastos permanentes que no fueron evaluados, en contravía del principio de sostenibilidad fiscal.En enero de este año, la Procuraduría General de la Nación envió un concepto a la Corte en donde le da un ‘espaldarazo’ a la ley, asegurando que regular encuestas no significa censura.
