La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a una pena de 5 años y 7 meses de cárcel como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público en la modalidad continuado, por haber ofrecido dádivas para que congresistas apoyarán reformas del Gobierno Uribe.La Corte también le impuso a Bernardo Moreno una multa de 139.579 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 82 meses y 7 días, y le fue negada la prisión domiciliaria. Además, ordenó librar la orden de captura en su contra, la cual se hará efectiva una vez la sentencia quede en firme.Cuando Bernardo Moreno Villegas fue director del Dapre, cargo que ocupó entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010, según la Corte, determinó que influenció indebidamente a cinco servidores públicos con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas cercanas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina Padilla.Todo esto como retribución para la entonces congresista Yidis Medina por haber votado favorablemente el proyecto de Acto Legislativo n° 267 de 2004 en la Comisión Primera Constitucional, mediante el cual se modificaba el artículo 197 de la Constitución Política sobre la reelección presidencial inmediata.Lo que pasó con esto es que personas recomendadas por Yidis Medina fueron nombradas en cargos públicos en la Red de Solidaridad Social (RSS), en Etesa, el Sena, y en notarías.La sentencia señala que, producto de un “pacto ilegal”, Bernardo Moreno influyó indebidamente para que se hicieran esos nombramientos, pese a que “sabía que una vinculación al Estado no podía convertirse en un medio para cumplir compromisos ilícitos”.“Es evidente que la gestión de Moreno Villegas constituye la culminación del objetivo del entonces Gobierno nacional para cumplir las promesas hechas a Medina Padilla, con motivo del apoyo que dio al proyecto de reelección presidencial inmediata, pues como integrante de la administración se beneficiaba con un segundo periodo presidencial como en efecto ocurrió”, señala el fallo de condena contra Moreno.Por estos hechos han sido condenados los excongresistas: Yidis Medina Padilla, Teodolindo Avendaño Castellanos e Iván Díaz Mateus, así como los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, y el exdirector del Dapre, AlbertoVelásquez Echeverri.Le puede interesar "Podemos tener administraciones sanas: Guillermo Torres, exfarc que logró cargo de elección popular":
La excongresista Yidis Medina, en diálogo con Blu Radio, fue clara en decir que no descarta ser “gestora de paz” del Gobierno del presidente Gustavo Petro y que en los próximos días se presentará ante la JEP para entregar su testimonio en los casos que lo requieran.Además, la excongresista Yidis Medina pidió que se investigue a los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque por no acatar un fallo que ordena resarcir su buen nombre y el de su familia. Aseguró que está dispuesta a seguir trabajando desde su fundación en la ciudad de Barrancabermeja, Santander.“Yo puedo aportarle a la paz de Colombia, porque lo que yo he dicho es la verdad y ya está demostrado en los estrados judiciales y, si bien quiere el Gobierno que yo sea gestora de paz, pues no tendré ningún inconveniente en donde toque ir a contarle la verdad de lo que hizo el Gobierno de Álvaro Uribe con Yidis Medina y, no solamente con Yidis Medina, también con otras personas que siguieron y les hicieron chuzadas y que, además de eso, también le dañaron el buen nombre”, explicó la excongresista.Medina fue clara en explicar que seguirá presentándose ante los estrados judiciales donde sea convocada o llamada para entregar su versión de los hechos.“Muy pronto estaré acudiendo a la JEP para también colaborar allá, contando absolutamente todo lo que se ha venido diciendo en la Corte Suprema y en todos los estrados judiciales”, agregó Yidis Medina.La exparlamentaria espera que el presidente Gustavo Petro acate el fallo que ordena resarcir su buen nombre y el de su familia.Vea también
Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la excongresista Yidis Medina radicó una orden de desacato contra los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque. Es el fallo del 5 de abril de 2018, que ordena a los exjefes de Estado a resarcir el buen nombre de ella, quien fue condenada por montajes por parte del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. “Pues realmente estoy colocando una queja de desacato al Gobierno del doctor Juan Manuel Santos y al Gobierno de el doctor Duque, porque realmente no acataron un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que emanó la sesión tercera, para que me resarcieran el buen nombre y además de eso pudieran también resarcir el nombre de mi familia porque fui víctima del DAS, en donde me hicieron siete montajes”, explicó la excongresista.La solicitud fue radicada en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y fue recibida por el secretario, quien tendrá que realizar el trámite de reparto en los próximos días.“Y también obliga al Estado a pagarme, pues el daño moral y el perjuicio que me hicieron por haberme hecho siete montajes para irme catalogado de secuestradora, guerrillera, paramilitar, extorsionista, de todo un conglomerado de señalamientos por haberle contado al país la verdad de la reelección del expresidente Álvaro Uribe”, dijo ella.En los próximos días, la excongresista espera que el presidente Gustavo Petro pida perdón, con el fin de cumplir con este fallo.Le puede interesar
La defensa del exsecretario jurídico de la Casa de Nariño, Edmundo del Castillo, anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para impugnar el fallo condenatorio de cinco años de prisión y mientras este alto tribunal no decida, la medida queda en suspenso y no se podrá materializar su captura.Es por esto que, tanto Edmundo del Castillo como César Mauricio Velásquez podrán continuar en libertad, afrontando el desarrollo del recurso ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.El inconformismo de la defensa de los implicados radica esencialmente en que la decisión está basada en meros indicios y pruebas de referencia, lo cual deja de lado argumentos que plantearon ante el juez de primera instancia y que fueron valorados correctamente.Indicaron que mientras el juez 54 penal de Bogotá duró más de 10 años con el caso de las chuzadas en su despacho y el pasado 12 de julio, los absolvió, el Tribunal en menos de dos meses revocó esa decisión y en su lugar, los condenó.Según relató el magistrado Dagoberto Hernández, Velásquez y del Castillo manejaron información privilegiada que usaron para desprestigiar a los magistrados y a la excongresista Yidis Medina en su momento, dentro de una concertación de alto servidores del Estado.Le puede interesar: podcast de las noticias destacadas en BLU Radio:
La sala penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la absolución de un juez de circuito y condenó a 63 meses de cárcel (5 años y 3 meses) al exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo y al exsecretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, en el gobierno de Álvaro Uribe, por el delito de concierto para delinquir, luego de argumentar que participaron en una organización criminal para desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la excongresista Yidis Medina.El magistrado Dagoberto Hernández le otorgó la casa por cárcel a Edmundo del Castillo y a César Mauricio Velásquez le ordenó su captura, que lo debe tramitar un juez de ejecución de penas cuando quede en firme el fallo. Esto, cuando se decida la impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.Contrario a lo que determinó el juez 56 penal del circuito, el pasado 12 de julio, cuando los absolvió de este delito, el magistrado consideró que estos funcionarios amparados en una fachada de averiguar por una posible infiltración del narcotráfico a la corte, aprovecharon para buscar su desprestigio en asociación con el DAS.Igualmente, consideró que, aprovechando su alta posición, el exsecretario jurídico de Presidencia pudo hacer parte de la empresa criminal conformados por agentes del DAS y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, esto tiene que ver con el rol que desempeñó.“Por tal camino, nótese que el compromiso penal de Edmundo del Castillo Restrepo se deriva razonablemente del rol que asumió en el entramado criminal como receptor de la información privilegiada y reservada, así como de su participación”, señaló el magistrado.En cuanto al exsecretario Velásquez, ratificó conducta dolosa por fungir como uno de los receptores.El Tribunal señaló que, en cuanto a la responsabilidad de Velásquez, "el objetivo era desprestigiar a Yidis Medina Padilla, cuestión que se infiere del hecho de que fuese destinatario de la información con la que se pretendía lograr dicho propósito, a pesar de no estar facultado legalmente para ello, y sin que existiera ningún móvil válido de inteligencia". Esta es la sentencia del Tribunal: Escuche la información en Meridiano BLU:
Este lunes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al DAS y a la Unidad de Análisis financiero (Uiaf) por los seguimientos ilegales a la excongresista Yidis Medina.Vea también: Video: Yidis Medina y periodista de Barrancabermeja protagonizaron fuerte pelea El fallo dice que se condena al Estado, en cabeza el Departamento Administrativo de Seguridad, la Presidencia de la República y la Unidad de Análisis financiero como responsables administrativa y patrimonialmente de los daños y perjuicios materiales o patrimoniales, como extra patrimoniales, de la violación de los derechos de ser protegido contra toda injerencia y legal del Estado”.Es decir, que los encuentra culpables de los daños causados a Medina por el seguimiento ilegal y, además, deben excusarse en un acto público.Según el abogado de Medina, Rommer Salazar, “con esas actividades de inteligencia y contrainteligencia ilegales desprestigiaban a Yidis Medina y su familia”.
La pelea quedó grabada en video. Se ve a la excongresista Yidis Medina peleando fuertemente con el periodista de un canal regional en Barrancabermeja juan Carlos Quiroga. “Yo iba con mi esposa, nos disponíamos a entrar a un establecimiento, cuando me percato que hay un tumulto de gente peleando con la Policía porque les había quitado unos carteles de la revocatoria del alcalde; me acerco y ahí empieza a agredirme la excongresista”, explicó el periodista. En el video también se ve cuando Yidis Medina le arrebata el celular con el que el periodista estaba grabando y lo estrella contra el piso. La excongresista aseguró que su reacción se debió a señalamientos que el periodista ha hecho en contra de su familia. “Yo lo que hago es reclamarle y decirle al señor Juan Carlos que por favor deje de meterse conmigo porque este señor escribió por su Facebook que yo permitía que mi compañero sentimental violara a mi hija menor de edad, a mis hijas, y lo hace porque estamos en un proceso de revocatoria”, dijo Medina. Yidis Medina es una de las líderes del Comité por la revocatoria del alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri y el periodista apoya el Gobierno del mandatario, con el que mantiene un contrato de prestación de servicios.
María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno tendrán que presentar excusas públicas a Yidis Medina por afectar su derecho al buen nombre, así lo señaló la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal condenó a la exdirectora del DAS y al exsecretario de la Presidencia a presentar estas excusas a través una publicación en un medio de alta circulación de Barrancabermeja, donde residía la excongresista, en un término no mayor a los tres meses. Esta condena se da luego de que se emitiera fallo condenatorio de 14 años de prisión a María del Pilar Hurtado y 8 años a Bernardo Moreno ya que para la Corte "resulta indiscutible que el delito es fuente de obligaciones y, por tanto, genera responsabilidad civil, como también que, en el trámite del incidente, el hecho ilícito, fuente del deber de indemnizar, es incuestionable y no debe probarse por estar declarado en la sentencia penal en firme". En principio, la excongresista exigía el pago de más de 222 millones de pesos por los daños morales, más de 35 millones por daño emergente y cerca de 28 millones por el lucro cesante. Sin embargo, el alto tribunal solo obligó a los exfuncionarios Hurtado y Moreno al pago de 20 millones de pesos por concepto de daño moral subjetivo a favor de Yidis Medina. Esta decisión se da debido a que la Sala Penal consideró que no se causaron daños materiales consistentes en el traslado de la excongresista y su familia a Bogotá por los señalamientos de la sociedad, ya que paras fecha de los hechos Medina ya residía en la capital. "Ninguno de los testigos hizo referencia a que debido a la publicación de afiches difamatorios en el departamento de Santander o la realización de una rueda de prensa organizada por el DAS con la finalidad de afectar su imagen, la familia Salcedo Medina, se viera obligada a trasladarse a la ciudad de Bogotá, incurriendo así en una serie de gastos. Por el contrario, lo que se advierte es que desde mucho antes de que tuvieran ocurrencia los hechos por los que fueron condenados María del Pilar Hurtado Afanador y Bernardo Moreno Villegas, Yidis Medina y sus hijos ya residían en la ciudad de Bogotá, lugar en el que han permanecido hasta la fecha" afirma el texto. Finalmente, cabe recordar que los hechos por los que fueron demandados María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno consisten en la difusión de varios afiches en Barrancabermeja donde se señalaba que Medina tenía relaciones con el grupo armado del ELN. Además, afirma que el DAS carecía de motivos legítimos para investigar a la excongresista; para el caso de Hurtado, y en el caso de Bernardo Moreno, el alto tribunal otorgó credibilidad a lo dicho por el testigo Gustavo Sierra Prieto.
La excongresista Yidis Medina reveló una comprometedora conversación entre Sabas Pretelt de la Vega y Sigifredo López en la que el exministro habla sobre la propuesta que envió a Medina para que desmintiera su testimonio de hace siete años ante la Corte Suprema de Justicia, en que se basa la condena contra Pretelt por cohecho dentro del escándalo de la reelección del expresidente Uribe. En el audio, revelado por el diario El Espectador, Sabas Pretelt de la Vega advierte sobre “una confrontación maluca” con Yidis si ella no se retracta de su denuncia. Además, la excongresista contó que Sigifredo López insistió en varias ocasiones al pedido de Sabas y a pesar de las negativas, incluso, fue un día a las 11 de la noche a su casa a reiterarle el pedido del exministro para que le limpiara, según dijo, su “buen nombre”. En la conversación, Sabas Pretelt de la Vega le dice a Sigifredo López que se presentaría a la Justicia Especial de Paz si esta no implica reconocer delitos. Luego, en diálogo con Blu Radio, Sigifredo lópez, director de la Fundación Defensa de Inocentes, admitió que sí llevó el mensaje a Yidis Medina. “Sobre ese tema no quiero hablar. Me parece que es un problema de ellos dos. Creo que ya hice bastante teniendo la decencia de escuchar al señor Sabas Pretelt ante su insistencia de que lo escuchara. Me pidió que le dijera eso a Yidis, que no soy mensajero de nadie, le tendí ese mensaje. Y creo que ya bastante hice colaborando para sacar a Yidis de la cárcel, de ese problema (…) En ese tema los medios son unos actores, que lo resuelvan ellos. No me interesa para nada hablar de ese tema”, le dijo López a este medio. En la conversación que sostuvo con Blu Radio, no quiso referirse al origen de la grabación de su conversación con Pretelt; sin embargo, reiteró que no tiene ninguna relación cercana con Sabas Pretelt de la Vega: “Seguramente porque supo que yo, en la Fundación Defensa de Inocentes, fui quien sacó a Yidis de la cárcel. Llevamos el caso y somos los abogados de ella”. Sigifredo López también fue cuestionado por el equipo de Blu Radio sobre si había, como dice Yidis Medina, llegado a su casa a las 11 de la noche a insistirle por el pedido de Sabas Pretelt; sin embargo, no quiso referirse a este tema ni tampoco sobre por qué decidió llevar a Medina el mensaje del exministro. Escuche el audio publicado por El Espectador:
La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme la condena de seis años y medio de prisión en contra del exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt por su participación y responsabilidad en los hechos que rodearon el sonado escándalo de la ‘yidispolítica’. También se mantuvo la decisión para el exsecretario Alberto Velásquez, condenado a cinco años de prisión por los mismos hechos. La Corte Constitucional determinó que no se violó el debido proceso en ninguno de los casos por lo que determinaron dejar en firme la decisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia. Según trascendió solo dos magistrados votaron a favor de Diego Palacio, para que se anulara el fallo en su contra. Cabe recordar que el exministro fue condenado en abril de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero radicaba en que se violó el debido proceso puesto que no se permitió que el ministro de Protección Social del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se defendiera adecuadamente.
Colombia, un país ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, enfrenta constantemente la realidad de los sismos debido a la convergencia de placas tectónicas en su territorio. En esta dinámica geológica, la actividad sísmica es una preocupación constante, como por ejemplo en ciudades como Bogotá, que se encuentra en una región intermedia y propensa a temblores y movimientos telúricos.Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las placas tectónicas de Nazca y del Caribe convergen contra la placa suramericana en Colombia, lo que genera una intensa actividad sísmica. Esta se vincula con procesos de subducción en el Pacífico colombiano y fallas geológicas activas que recorren el país. La Costa Pacífica es un escenario clave, donde la placa Nazca se adentra bajo la placa suramericana, desencadenando un proceso que incluso alimenta la actividad volcánica en la Cordillera Central.Último sismo en Cundinamarca y BogotáLa reciente actividad sísmica en el departamento del Meta ejemplifica la importancia de estar informados sobre los temblores en Colombia, por lo que, para conocer los últimos temblores en Bogotá y Cundinamarca debe filtrar en la página web del SGC por esta región y así verá el registro de los más recientes.Los sismos, impredecibles por naturaleza, pueden generar consecuencias significativas para la seguridad de las personas, la infraestructura y el entorno en general. La región sísmica en la que se encuentra Colombia, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, destaca por su alta actividad sísmica y volcánica, exponiendo a sus habitantes a riesgos naturales.La vigilancia constante de la actividad sísmica y la rápida difusión de información precisa son esenciales para minimizar los riesgos asociados con los sismos. Tanto a nivel nacional, como en regiones como Cundinamarca y Bogotá, mantenerse informado sobre los eventos sísmicos recientes es crucial para salvaguardar vidas, reducir daños materiales y promover una cultura de preparación y seguridad. En este contexto, el monitoreo constante y la educación en torno a la respuesta adecuada ante sismos desempeñan un papel crucial en Colombia.Le puede interesar:
Hay polémica en Colombia por el decreto sobre drogas que derogó el presidente Gustavo Petro. Dicho decreto le había otorgado facultades a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de estupefacientes en espacios públicos.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el expresidente Iván Duque dijo que la decisión del presidente Petro podría tener consecuencias “terribles” más adelante, pues ocasionará que la Policía Nacional solo quede “desorientada” frente a las medidas a tomar en estos casos de consumo en, por ejemplo, zonas públicas.El exmandatario señaló que el consumo de algunos “no puede pasar por encima de los derechos de todos los demás”. De acuerdo con él, los parques y otros sitios de recreación pasarán a ser “territorio comanche”, porque donde unos juegan, otros consumen drogas, desatan riñas y demás.Escuche el programa completo aquí:Le puede interesar:
Los delincuentes lanzaron granadas contra el peaje Boquerón en la vía Bogotá - Villavicencio y no artefactos explosivos fabricados artesanalmente como se había dicho en un primer momento, según confirmó el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.Según el mandatario departamental, esto genera preocupación y aumenta aún más la premura para establecer si se trata de delincuencia común, o por el tipo de artefacto utilizado, si se trata de grupos al margen de la ley, hechos que siguen siendo materia de investigación.Por eso, las autoridades, luego de un consejo de seguridad, decidieron aumentar hasta $100 millones la recompensa, con el fin de llevar a la identificación y posterior captura de los responsables del atentado terrorista en el peaje Boquerón que dejó dos personas heridas. En un primer momento se había ofrecido una suma de $50 millones.Sobre las dos personas heridas, García recordó que fueron atendidas en el hospital de Cáqueza y que una de ellas ya fue dada de alta. El otro herido, por su parte, fue trasladado a Bogotá para unos exámenes de rutina.“Desde la institucionalidad, garantizaremos acompañamiento permanente para la Concesión y para todos los usuarios de la vía al Llano con la presencia del Gaula Militar, Ejército, Policía y un grupo especial del Cuerpo Técnico de Investigaciones del nivel central de la Fiscalía General de la Nación que ya adelanta un trabajo riguroso en el sitio", agregó García.Le puede interesar:
Hay varios puntos que aún “no están claros” en el decreto que alista el Gobierno nacional para la subida en los precios de los combustibles para el próximo año, con un ajuste diferencial. Así lo aseguró Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, quien, además, habló sobre lo que implica este aumento para el sector.Cárdenas dijo que en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que esos sobrecostos en gasolina y diésel lo tendrían que asumir los conductores y empresas, que es el alrededor del 30 % del parque automotor que actualmente circula en Colombia.“Estamos en unas mesas de negociación, donde no se puede proponer cosas fuera de esa mesa. El miércoles tenemos otra vez una con el ministro de Hacienda donde discutiremos el tema para ver cuál es el objetivo de él”, precisó.Según señaló, otro factor que les preocupa son las “grandes industrias y concesionarios de vías” porque tienen programadas obras con precios ya establecidos en las licitaciones y, al cambiar los costos, hace “que no sea viable desarrollar” sus proyectos de infraestructura en el país.Sobre el tiempo y recorridos de los camiones y, por ende, el combustible que tendrían que usar, Cárdenas dijo que, si hay mucho trabajo, pueden andar hasta 10.000 kilómetros mensuales, es decir, consumir 1.600 galones por carro.“Nosotros estamos para transportar todo lo que necesita el país, pero para ponernos a hacer marruñas, no, ese no es el objetivo”, subrayó.Y es que, como lo recalcó el presidente de Fedetranscarga, este proyecto no aclara cómo van a identificar a los grandes consumidores y tampoco cómo sería ese cobro diferencial de acuerdo al tipo de vehículo.Según el documento que se conoció, los sistemas masivos de transporte en el país no se verán afectados por la medida: "Debito a que prestan sus servicios directamente a la población urbana, se excluyen estos sistemas de transporte del mecanismo diferencial con el fin de procurar estabilidad en la actividad", indica.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
El Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, adoptó la “estrategia de análisis y divulgación de las recomendaciones dispuestas en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad”, para lograr favorecer los procesos de recuperación y reconstrucción de la memoria histórica en los territorios.Esta estrategia fue presentada en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación y allí estuvo el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, entidad que ya terminó su mandato. De Roux se refirió a las recomendaciones que hicieron en el informe final, resaltando algunas de ellas, como la importancia de tener a un ministro de Paz en el gabinete.Por otro lado, se refirió a otras de las recomendaciones que hizo en su informe final la Comisión de la Verdad, algunas de ellas tampoco han sido acogidas por parte del Gobierno y diferentes entidades del Estado."Pedimos unas transformaciones en la Fiscalía, porque sentimos profundamente, Alejandro Valencia, que está aquí con nosotros, con mucha fuerza dirigió el volumen de la violación de los derechos humanos en Colombia, nos hizo sentir muy a fondo el problema de la impunidad en Colombia, que acrecienta tanto el dolor de las víctimas y por eso queríamos que para cuando se trate de crímenes de características internacionales, como pasa con el narcotráfico y otros crímenes de corrupción, que hubiera aquí una entidad donde hubiera no solamente colombianos, sino también juristas internacionales", señaló el expresidente de la Comisión de la Verdad.Le puede interesar:
