Comenzó la batalla jurídica tras la condena contra el expresidente Álvaro Uribe
De acuerdo con el magistrado Rogeles, la medida cautelar solicitada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, no cumple los estándares de urgencia, necesidad e impostergabilidad.
Comenzó en firme la batalla jurídica tras el fallo que condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de cárcel por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El Tribunal Superior de Bogotá comenzó el estudio de la tutela interpuesta por el abogado Jaime Granados con la que busca que se revoque la casa por cárcel a la que está sometido el expresidente Uribe, por decisión de la juez 44 penal de Bogotá,Sandra Heredia.
Lo primero que decidió el Tribunal, por medio del magistrado Leonel Rogeles Moreno, fue negar la medida provisional que había solicitado el abogado Granados, con la que pretendía que el expresidente Uribe recuperara su libertad, hasta tanto se fallara de fondo la tutela, que tiene la misma finalidad, hasta que se defina la segunda instancia del caso, alegando que la permanencia del expresidente Uribe en casa por cárcel, vulnera sus derechos fundamentales “a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad”.
De acuerdo con el magistrado Rogeles, la medida cautelar solicitada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, no cumple los estándares de urgencia, necesidad e impostergabilidad, sumado a que señala que “las decisiones de los jueces gozan de presunción de acierto y legalidad, hasta que las instancias superiores determinen lo contrario”. Hay que dejar claro que esta negativa no implica que esa sea la misma decisión de fondo sobre la tutela, puesto que apenas comenzó su estudio.
Este viernes, 1 de agosto, la jueza Sandra Heredia definirá cuántos años de condena recibirá el expresidente Uribe.
Foto: AFP
Por sorteo, el estudio de esa tutela le correspondió al magistrado Ramiro Riaño, quien había ordenado en febrero de 2025 la suspensión provisional del juicio contra el exjefe de Estado y luego se declaró impedido para participar del caso, porque su esposa fue nombrada como fiscal en Zipaquirá, Cundinamarca, en 2013, por el entonces Fiscal General, Eduardo Montealegre, quien fue acreditado como víctima en el caso.
Anoche, el senador Iván Cepeda liderando el grupo de víctimas en el proceso, aseguró que el magistrado Riaño está impedido para conocer y definir la tutela interpuesta por los abogados del expresidente Uribe, bajo el argumento de que el impedimento que había manifestado previamente, sigue vigente.
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Casi simultáneamente, el Centro Democrático, partido político al que pertenece el expresidente Álvaro Uribe, radicó una nueva tutela solicitando la revocatoria de la casa por cárcel contra el jefe de Estado.
Qué viene: el próximo lunes vence el plazo para que la Procuraduría sustente por escrito su apelación a la condena contra el expresidente Álvaro Uribe, el miércoles 13 de agosto la defensa del expresidente Uribe radicarán la sustentación de la apelación y en principio, el Tribunal Superior de Bogotá tiene como plazo el viernes 15 de agosto para fallar la tutela con la que se pide la libertad condicional del exjefe de Estado.
En materia política, el Centro Democrático dio a conocer anoche cuáles serán los sitios de concentración y la hora de la convocatoria para la manifestación que realizarán el jueves festivo siete de agosto, a la que llamaron “Gran Marcha Nacional en defensa de la democracia, las libertades y el Estado de Derecho”.