La imputación de cargos que anuncia la Fiscalía contra Ricardo Bonilla, quien hasta hace seis meses fue el ministro de Hacienda de Colombia, es el hecho más grave revelado hasta ahora por la justicia, que demostraría la vinculación del gobierno del presidente Gustavo Petro con el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo.
Bonilla es un académico de izquierda, de 75 años, muy cercano al presidente Petro incluso desde antes de su llegada a la alcaldía de Bogotá y quien según los documentos y los testimonios que están en poder de la Fiscalía, habría hecho acuerdos ilegales con seis congresistas a quienes les prometió tres contratos para mitigación de riesgos por 92 mil millones de pesos, presuntamente direccionados, a cambio de que emitieran concepto sobre empréstitos internacionales solicitados por Colombia.
Según los testimonios de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides, sumado a copias de conversaciones de Whatsapp y a los videos de cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda, el rol de Ricardo Bonilla fue determinante para “patinar” los contratos en Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, presuntamente con la intención de direccionarlos a los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz.
Durante los últimos meses, el presidente Gustavo Petro ha defendido a Ricardo Bonilla, incluso asegurando que fue víctima de la extorsión de congresistas, a quienes llamó “extorsionadores”, que, según dijo, pretendieron usarlo para hacer colapsar la política económica de su Gobierno. No menciona el presidente un detalle que es clave: siendo Ricardo Bonilla Ministro de Hacienda, avaló el traslado de 200 mil millones de pesos del presupuesto de la DIAN a la Unidad de Gestión de Riesgo, en pleno apogeo del escándalo de corrupción en el que participaron entre otros, Olmedo López.
Bonilla fue durante casi dos años el “timonel” de la economía colombiana, por eso es muy grave que la Fiscalía haya encontrado indicios que lo relacionan con delitos como tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Un año y medio después, la justicia ha confirmado que el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo terminó salpicando al círculo más cercano al presidente Gustavo Petro: su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ad portas de ser imputado, quien fuera su secretario general y director de inteligencia, Carlos Ramón González, cerca de ser prófugo de la justicia y ya imputado por haber cometido presuntamente varios delitos, su consejera para las regiones, Sandra Ortiz, detenida y ad portas de ir a juicio por haber entregado presuntamente maletines con dinero en efectivo a congresistas y otros investigados como Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.
Este panorama no parece ser el de un gobierno que llegó al poder con las banderas del cambio, incluso prometiendo cambiar las malas y delictivas costumbres que han caracterizado a la mayoría de la clase política en Colombia. En este punto también pareciera que el cambio quedó aplazado.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.