La intervención de las EPS Savia Salud y SOS por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro ha deteriorado la atención de sus millones de pacientes y ha producido un preocupante descalabro financiero cuyos responsables son los interventores nombrados por la Superintendencia de Salud.
Esa es la conclusión de dos decisiones de la Procuraduría que abrió investigación contra los ocho interventores y exinterventores nombrados para esas dos EPS en los últimos tres años, con un elemento adicional: el Ministerio Público decidió suspender provisionalmente a los actuales responsables de esas entidades, William Humberto Salgado de Savia Salud y Carlos Alberto Betancur de SOS.
La EPS Savia Salud, que atiende a cerca de 1 millón 700 mil pacientes principalmente en Antioquia, fue intervenida por la Supersalud el 16 de junio de 2023 con el fin de supuestamente corregir las condiciones económicas y administrativas de la entidad, fines que según la Procuraduría, no se cumplieron.
Según el Ministerio Público, el número de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de pacientes de Savia Salud pasó de 70 mil en 2023 a 93.500 en 2025, lo que significa que tuvieron un incremento del 33%. El motivo más frecuente de queja fue la falta de oportunidad en citas o consultas médicas, que creció un 485% en ese periodo.
Las acciones de tutela también aumentaron. En 2023 se interpusieron 18.662; en 2024 la cifra llegó a 23.546, un incremento del 26%. Para 2025 hubo una leve disminución hasta 22.001 acciones, pero aún 18% por encima del año de inicio de la intervención. En promedio, cada mes se radicaban 1.833 tutelas al cierre de 2025.
En el caso de la EPS SOS, que atiende a cerca de 750 mil pacientes en Valle del Cauca y Risaralda, la Procuraduría concluyó que durante los 20 meses de intervención forzosa, desde abril de 2024, la prestación del servicio de salud y la situación financiera se deterioraron de manera significativa.
En materia de acceso a los servicios de salud, el número de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes pasó de 66.611 en 2023 a 95.025 en 2024 —un incremento del 42%— y llegó a 114.910 en 2025, lo que representa un aumento del 71,5% frente al año previo a la intervención. Las principales causas de las quejas se concentran en la falta de atención integral, la negación de autorizaciones médicas y la ausencia oportuna de medicamentos.
Las acciones de tutela también crecieron de manera sostenida: de 6.406 en 2023 pasaron a 7.280 en 2024 y a 7.496 en 2025. Según el informe, cerca de 710 de estas acciones constitucionales permanecen sin resolución definitiva, y 3.633 generaron incidentes de desacato durante el período analizado.
La Procuraduría también advirtió que podrían evaluarse las responsabilidades de la propia Superintendencia Nacional de Salud en la selección de los perfiles de los interventores y en el seguimiento a su gestión. Del mismo modo, señaló que el Ministerio de Salud y Protección Social podría tener responsabilidades derivadas de su rol como órgano rector del sistema de salud y entidad de control de tutela sobre la Superintendencia.
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