La Corte Constitucional adoptó en las últimas horas una muy polémica decisión que cierra la puerta a la posibilidad de que los jueces envíen a la cárcel a los delincuentes con el único argumento de que son reincidentes.
Con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, la Corte tumbó un inciso del Código de Procedimiento Penal que había sido aprobado por el Congreso en 2017, que señalaba que si una persona era detenida o llevada a imputación de cargos y tres años antes había sido capturada, se podía entender que su libertad podría representar un peligro futuro para la sociedad.
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El fallo de la Corte dice que la detención preventiva debe valorarse en cada caso separadamente, sin tener en cuenta las circunstancias de otros procesos, es decir que la libertad de una persona debe evaluarse caso por caso y no se deben tener en cuenta sus antecedentes.
El asunto no es menor, porque de acuerdo con la Fiscalía, uno de los graves problemas que causa hoy altos índices de delincuencia, sobre todo relacionada con delitos de alto impacto es que los reincidentes difícilmente van a la cárcel y por eso sienten que tienen total libertad para seguir afectando a los ciudadanos.
La polémica está servida, porque mientras por un lado quienes promovieron la norma consideran que tumbarla puede afectar severamente los índices de delincuencia en el país, hay un sector de juristas que señalan que una captura no puede ser considerada como un antecedente judicial, toda vez que lo único que puede ser considerado como tal, es una condena ejecutoriada, es decir, que esté en firme.
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Según cifras oficiales, hay en las cárceles del país 23.570 reincidentes detenidos, cerca del 19 por ciento del total de reclusos que hay hoy en Colombia.
Sin duda este es un debate interesante, porque si bien es cierto que no se puede detener a una persona simplemente por su pasado, el Estado tiene que pensar con urgencia en planes alternativos para evitar que los reincidentes sigan cometiendo más de 56 mil delitos, de ellos 12.655 hurtos.
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