Este jueves la justicia colombiana afrontará uno de los retos más importantes de los últimos tiempos, finalmente se acabaron las excusas: hoy la Corte Suprema se reunirá en pleno por primera vez en el 2020 para evitar la desintegración de su Sala Plena y para elegir Fiscal general de la Nación.
Desde hace más de un año, los magistrados han sido incapaces de ponerse de acuerdo para elegir a quienes deben ocupar las vacantes que paulatinamente han venido quedando en la Corte por cumplimiento de periodo de sus integrantes o por otras circunstancias.
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Los rumores que dicen que detrás de ese “bloqueo” estarían intereses politiqueros de algunos sectores de la Corte, parecieron confirmarse con una dura carta del saliente magistrado Ariel Salazar, quien explicó por qué ha decidido votar en blanco en varias de esas elecciones internas, debido a que algunos de los postulados fueron recomendados por personas que, según él, se dedican a viajar o a aprovecharse indebidamente de su dignidad de togados.
Pero el tiempo para esas pequeñeces politiqueras terminó: si la Corte no ocupa las siete vacantes que tiene actualmente, corre el riesgo de quedar en algunas semanas sin el quorum mínimo para tomar decisiones trascendentales, como la elección de fiscal general de la Nación, que está enredada por la falta de magistrados.
Solamente una vez en la historia, la Corte Suprema se quedó sin quorum mínimo para decidir, luego del holocausto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, cuando la mayoría de sus magistrados fueron asesinados.
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Hoy por supuesto, las circunstancias son distintas y por eso la mejor manera que tienen hoy los magistrados de honrar el legado de Alfonso Reyes, Alfonso Patiño, Carlos Medellín y los demás juristas asesinados por la barbarie hace 35 años, es tomar el toro por los cuernos, buscar salidas a la crisis, llenar las vacantes actuales y proceder a elegir fiscal general.
La interinidad en siete despachos de la Corte Suprema afecta severamente la administración de justicia y la interinidad en la Fiscalía deja hondas preocupaciones sobre la forma en la que debe manejarse la política criminal en el país. Magistrados: más vale tarde que nunca.
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