Quedó planteada una dura confrontación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la Procuraduría General de la Nación, luego de una carta enviada por el jefe de Estado en la que explica por qué no acatará las órdenes para suspender a alcaldes y gobernadores sancionados, apelando a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El ”florero de Llorente” es el caso del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, que fue suspendido por tres meses, prorrogados hace pocos días, debido a las presuntas irregularidades en la contratación de diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.
El presidente Gustavo Petro envió una extensa carta a la procuradora Margarita Cabello, en la que dice que “no le asiste la obligación convencional de proferir los actos de cumplimiento o ejecución de la medida cautelar requerida”, porque de acuerdo con la jurisprudencia de la CIDH, con la expedición de dichas medidas por parte de la Procuraduría, “se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente”, que, según dice, pondría en riesgo a Colombia frente a eventuales reclamos de los sancionados.
La procuradora Margarita Cabello dijo tras conocer la carta, que el Presidente de la República debe dar ejemplo y respetar la Constitución y recordó que ella impulsó una reforma al Ministerio Público para adecuarse a lo requerido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ley que fue aprobada en el Congreso y que además, fue avalada por la Corte Constitucional, que además planteó dos cosas: uno, que para solucionar de fondo el tema de las sanciones a los elegidos por voto popular, el Congreso debe legislar y segundo, que para que queden en firme las sanciones de la Procuraduría, deben contar con el visto bueno del Consejo de Estado.
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Sobre esto último, ya se han presentado casos en los que el Consejo de Estado no se ha pronunciado sobre las peticiones de la Procuraduría, ante lo cual será clave conocer la próxima semana el fallo que publique la Corte Constitucional para conocer la minucia de los alcances de la decisión, pero por otro lado, se conoció que el gobierno prepara un proyecto para ser presentado al Congreso, con el fin de promover una profunda reforma al Ministerio Público.
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Mientras avanzan los diferentes caminos jurídicos y legislativos, este episodio deja dos grandes dudas: cuáles serán los efectos de la decisión del Presidente Gustavo Petro de no acatar decisiones judiciales con base en una ley aprobada por el Congreso, que a su vez recibió el visto bueno de la Corte Constitucional.
La segunda gran pregunta que deja este episodio es la incertidumbre sobre cuál será el mecanismo expedito que permitirá suspender a funcionarios corruptos para evitar que sigan cometiendo irregularidades, cuando ahora el mensaje del Gobierno pareciera ser que pese a que cometan cualquier falta, habrá que esperar a que ese funcionario sea capturado o condenado para sacarlo de su cargo.
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