Prueba ácida para la Justicia Especial de Paz: opinión de Ricardo Ospina
La audiencia del general (r) Henry Torres Escalante marcó el inicio de la jurisdicción, producto de los Acuerdos de Paz.
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En medio de las duras críticas que le han llovido y de las controversias por casos como el de la extradición de "Jesús Santrich", finalmente comenzó a funcionar la Jurisdicción Especial de Paz.
La prueba ácida ya comenzó, con la audiencia en la que ante cinco magistrados vestidos con toga, el general en retiro Henry Torres Escalante, investigado por ejecuciones extrajudiciales de dos campesinos en 2007 en Aguazul, Casanare, a quienes hicieron pasar como guerrilleros, se comprometió a decir toda la verdad.
Torres aceptó que hubo homicidios cometidos por el Ejército, pidió perdón a las familias pero negó responsabilidad en los hechos. Para las familias de las víctimas, el general Torres debería pagar 20 años de cárcel por no aceptar que participó en el crimen.
De manera paralela, se prepara todo para la audiencia del próximo viernes, en donde por primera vez los exintegrantes del secretariado de las Farc pondrán la cara ante la justicia, por los secuestros cometidos por esa guerrilla.
En las últimas horas, el órgano político de la Farc se reunió y concluyó que enviará una delegación para la diligencia del próximo viernes, un hecho sin duda histórico para Colombia.
Mientras esto sucede en la JEP, crece la polémica tras la revelación que hizo ayer BLU Radio, sobre la petición de la Comisión de la Verdad al Ministerio de Defensa de toda la información de inteligencia de la Fuerza Pública desde 1953.
El Ministerio de Defensa dijo que estudiará las implicaciones antes de enviar la información, mientras que la Comisión expidió un comunicado en el que dice que no busca perseguir a la Fuerza Pública y que está facultada para pedir dicha información.
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