Reunión fiscal - presidente: es necesaria colaboración armónica entre poderes contra narcotráfico

Luego de la tercera reunión del presidente Gustavo Petro con el fiscal general, Francisco Barbosa, en las últimas semanas, es clave como primera conclusión, la importancia del trabajo del Estado en la lucha contra el narcotráfico.

De igual manera, se logró avanzar hacia la posibilidad de evitar la eliminación de varios delitos que el ministerio de Justicia podía considerar menores, pero que en opinión de la Fiscalía, se deben seguir judicializando.

No puede ser letra muerta lo que dice la Constitución de 1991, en el sentido de que la independencia de poderes, en este caso el ejecutivo, en cabeza del presidente de la República, y la rama judicial, representada por el fiscal general, Francisco Barbosa, debe garantizar de igual manera una colaboración armónica.

Por eso es fundamental que en materia de lucha contra las drogas, no haya zonas grises en los proyectos de ley que forman parte del armazón jurídico de la “paz total” del presidente Gustavo Petro, en las que se terminen amparando los grandes capos, productores de drogas y grandes lavadores de activos, para legalizar sus actividades criminales, riesgo que había advertido el fiscal general.

En ese mismo sentido, el cambio de enfoque de la lucha antidrogas del Gobierno nacional a partir de ahora contará con mesas de trabajo en las que participará la Fiscalía, con el fin de trabajar conjuntamente y medir en tiempo real, los resultados en materia de incautación de drogas, nuevo termómetro de esa política, que es fundamental como lo advirtió Estados Unidos a Colombia, ahora que se adopta una política de mano extendida con los pequeños cultivadores de droga.

Esa colaboración armónica entre poderes que pareciera haber quedado sellada en la reunión de ayer entre el presidente y el fiscal, también se debería ver reflejada en la posibilidad de llegar a consensos en materia de política criminal, algo que quedaría plasmado en la posibilidad de que no se despenalicen en el marco de la ley de “humanización carcelaria”, delitos como la injuria, la calumnia, el incesto y la inasistencia alimentaria.