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La Corte Constitucional tomó una sabia decisión frente a las peticiones del procurador Fernando Carillo y del presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón.
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Aunque había un proyecto de respuesta muy duro, revelado en las últimas horas por BLU Radio, tras seis horas de discusión los magistrados decidieron por unanimidad declararse inhibidos. Es decir, por ahora no hacer revisión de las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley estatutaria de la JEP hasta tanto no concluya el trámite de las mismas en Senado y Cámara.
Lo más importante es que la Corte decidió irse por el camino institucional y de respeto a la independencia de poderes. Eso sí, sin entregar la facultad que tiene y que ejercerá para definir si la Ley estatutaria de la JEP que salga del Congreso es o no constitucional.
Esta decisión tiene elementos importantes: la Corte no dilata de manera indefinida el estudio del caso, ya que el Congreso solo tendrá hasta el próximo 20 de junio para decidir sobre las objeciones presidenciales; permite el funcionamiento del legislativo, mantiene su competencia automática para revisar el procedimiento de las objeciones, también mantiene la posibilidad de decidir posteriormente si el presidente Duque podía o no objetar y si las objeciones fueron por inconstitucionalidad o por inconveniencia.
En materia política, la Corte con esta decisión desactivó a los sectores radicales que veían en una eventual orden al presidente para sancionar la ley estatutaria de la JEP como una oportunidad de oro para reabrir toda la discusión sobre el acuerdo de paz e incluso la derogación de la justicia transicional, por medio de un nuevo plebiscito o de una peligrosa e incierta Asamblea Nacional Constituyente.
Ahora la lucha será a voto limpio en Senado y Cámara, en donde las cosas no son fáciles, porque sin los liberales, sin una parte de Cambio Radical y sin una parte de la U, el gobierno no tiene para nada garantizado el éxito de sus reparos a la espina dorsal del procedimiento de la JEP.
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