CNE fijó topes para las presidenciales de 2026: son $8.500 millones más en primera vuelta

El Consejo Nacional Electoral hizo pública la Resolución 204 del 22 de enero de 2025, mediante la cual se fijan los topes de gastos para las campañas electorales de los candidatos a la Presidencia de la República en primera y segunda vuelta, así como el valor de reposición por voto válido en las elecciones que se celebrarán en 2026.Para reajustar el valor de estos topes, el CNE se basó en la variación de los índices de precios al consumidor (IPC) en los años 2022 (13,12 %), 2023 (9,28 %) y 2024 (5,29 %), certificados por el Dane.Por ello, para la primera vuelta, los topes de ingresos y gastos pasarán de $28.536.520.492 a $37.110.502.954 pesos (treinta y siete mil ciento diez millones quinientos dos mil novecientos cincuenta y cuatro).Para la segunda vuelta, si la hubiere, el tope pasará de $13.347.457.427 a $17.357.787.485 pesos (diecisiete mil trescientos cincuenta y siete millones setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco).Los aportes estatales a los que podrán acceder los candidatos en forma de anticipos serán de $10.104.098.027 pesos para la primera vuelta, de los cuales $6.934.184.921 pesos estarán destinados a la financiación de la propaganda política de las campañas presidenciales. Para la segunda vuelta, los anticipos serán de $6.067.418.806 pesos, de los cuales el 50 % será destinado a propaganda y el saldo a otros gastos de campaña.El valor de reposición de votos para aquellos candidatos que accedan a anticipos estatales será de $4.225 pesos, y sin anticipo, de $8.613 pesos en la primera vuelta. Para la segunda vuelta, será de $2.109 pesos.Cabe señalar que, por la presunta violación de estos topes en 2022, actualmente el CNE adelanta una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro, su gerente de campaña Ricardo Roa, otros funcionarios de la campaña y los partidos que lo avalaron.Según la ley, la violación de estos topes puede acarrear sanciones administrativas del CNE y constituye un delito en el que tanto el gerente de campaña como el candidato, en calidad de responsable solidario, podrían enfrentar penas de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.