Corte Suprema halló irregularidades en cuentas de campaña de Petro y el Pacto Histórico

La financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y de la lista al Senado del Pacto Histórico vuelve a quedar bajo la lupa. Una investigación de la Revista Cambio reveló que la Corte Suprema de Justicia encontró maniobras contables utilizadas por Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa, ministro de Salud y presidente de Ecopetrol, respectivamente, para evitar que la candidatura del hoy presidente violara los topes de financiación establecidos por la ley.De acuerdo con los hallazgos que habría hecho el alto tribunal, los responsables de las campañas manipularon registros oficiales para trasladar gastos de vuelos privados de Petro a la campaña al Senado. En total, se identificaron 27 desplazamientos aéreos reportados inicialmente como gastos de la “Campaña Petro”, que luego aparecieron registrados bajo la contabilidad de la “Campaña Senado”. La Corte cuenta con testimonios, chats y bitácoras que demuestran que los vuelos eran solicitados por Laura Sarabia y usados exclusivamente por Petro, su familia, Armando Benedetti y algunos colaboradores.El mecanismo habría consistido en dividir los 1.215 millones de pesos de los vuelos entre los candidatos al Congreso del Pacto Histórico, quienes reportaron individualmente esos gastos como “tiquetes aéreos”. Ese registro fue firmado por los aspirantes, por el entonces gerente de la campaña al Senado, Guillermo Alfonso Jaramillo, y por el contador José Delfín Díaz. La consecuencia fue que el CNE terminó aprobando la reposición de esos gastos, lo que representó giros millonarios a favor de la coalición.La Corte Suprema advirtió que esa maniobra, además de inducir en error al Consejo Nacional Electoral, implica una violación de topes de al menos 1.215 millones de pesos en la consulta presidencial de 2022. Si esos gastos se sumaran a los casi 9.000 millones reportados por Petro, se sobrepasaría el límite legal permitido para esa contienda.Aunque la Sala de Instrucción archivó la investigación contra los 20 senadores elegidos del Pacto Histórico, cuestionó su falta de control al firmar reportes financieros sin verificar su contenido. Lo más grave, según el tribunal, es que sí se configuraron delitos como fraude procesal, falsedad en documento privado y posible desfalco al Estado.Ante ello, la Corte compulsaría copias a la Fiscalía para que se investigue la responsabilidad del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quienes, según los documentos revisados, fueron piezas centrales en la operación contable.El futuro del caso dependerá ahora de la Fiscalía y del Consejo Nacional Electoral. Ambos organismos deberán establecer si procede una investigación penal, una demanda civil para recuperar los recursos entregados en exceso por reposición de votos o nuevas sanciones por violación de la normatividad electoral.