¿Es legal bajar el sueldo a congresistas? Exmagistrado explica alcance del decreto de Petro

La eliminación de una prima salarial que redujo en cerca de 16 millones de pesos el ingreso mensual de los congresistas volvió a encender el debate sobre la remuneración de los altos funcionarios del Estado. Sin embargo, para el exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, la medida adoptada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra dentro del marco constitucional y legal.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Gómez Aranguren sostuvo que, aunque el decreto deberá ser revisado por el Consejo de Estado, “el análisis superficial del decreto producido por el Gobierno Nacional da a entender que dicha determinación se enmarca dentro de los cánones constitucionales y dentro de las facultades que tiene el Gobierno para producir decretos reglamentarios”. En su criterio, el Ejecutivo tiene competencia para modificar los salarios de los altos cargos del Estado, incluidos los congresistas.Uno de los puntos más discutidos es el impacto que esta reducción podría tener en otros funcionarios cuyos salarios están indexados al de los legisladores, como el presidente de la República y los magistrados de las altas cortes. Frente a esto, Gómez Aranguren explicó que “la fijación de los salarios de los servidores públicos en los cargos cúspide se limita en función de lo que devenga un congresista”, por lo que la medida sí podría implicar reducciones en esas otras remuneraciones, en un efecto que calificó como “colateral”.El exmagistrado también se refirió a la compleja estructura salarial de los altos funcionarios, donde el salario básico suele ser bajo frente al total que reciben por primas y reconocimientos. “El salario básico se fija más o menos en 11 o 12 millones, pero bajo la nomenclatura de primas y reconocimientos terminan ganando cerca de 55 millones de pesos”, indicó, aclarando que después de descuentos la cifra real disminuye alrededor de un 20 %.Sobre el trámite jurídico que seguirá el decreto, Gómez Aranguren explicó que, al estar potencialmente afectados los magistrados del Consejo de Estado, no serían ellos quienes decidan sobre su legalidad. “Existe una figura de conjueces, juristas independientes, que se encargarán de definir el estudio correspondiente cuando hay incompatibilidad”, precisó.Finalmente, recordó que la prima eliminada fue creada durante el Ggobierno de Juan Manuel Santos con el propósito de hacer competitiva la función pública frente al sector privado. No obstante, enfatizó que estos beneficios “no generan derechos adquiridos”, lo que permite al Gobierno ajustarlos de acuerdo con las condiciones fiscales y económicas del país.Así, el exmagistrado concluyó que la reducción salarial a los congresistas no solo es jurídicamente viable, sino que responde a una lógica de razonabilidad fiscal, en un contexto en el que la ciudadanía exige mayor austeridad en el gasto público.