Los detalles de la ponencia del CNE que pide sancionar la campaña Petro Presidente 2022

En la mañana de este martes, los magistrados Benjamín Ortíz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) radicaron ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), la ponencia con la que terminan la investigación formal por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.En el documento de 554 páginas, los magistrados resuelven el proceso en contra de varios integrantes de la campaña Petro Presidente 2022, entre ellos el gerente de la campaña, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aidée Mogollón; la auditora María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; así como los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.Aunque en la apertura de la investigación el 8 de octubre del año pasado se incluyó al presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato, cabe recordar que el 27 de junio pasado, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió una tutela en la que determinó que el Primer Mandatario sólo puede ser investigado, sancionado y juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por lo que no está incluído en el proyecto de resolución.Una de las cosas que resolvieron en primer lugar los magistrados tuvo que ver con la fecha de caducidad de la competencia y facultad administrativa del CNE para investigar y sancionar a la campaña.Aunque defensores del presidente Petro y del Pacto Histórico aseguraron que el proceso caducó en los meses de julio (primera vuelta) y agosto (segunda vuelta), los investigadores expusieron en la ponencia que por cuenta de las distintas recusaciones a los integrantes del CNE, así como el tiempo que se tomó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para dirimir el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusaciones, los términos se suspendieron durante 231 días, por lo que “la misma se configura el 16 de marzo de 2026 para la primera vuelta y el 7 de abril de 2026, para la segunda vuelta presidencial”.Entre los hallazgos hechos por los investigadores, se determinó que la campaña habría violado los topes por dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones quinientos sesenta y ocho mil ciento doce pesos ($2.459.568.112) y financiado con fuente prohibidas por mil quinientos cincuenta y dos millones ochocientos treinta y cuatro mil pesos ($1.552.834.000), en primera vuelta.En segunda vuelta, se presentó violación de topes por quinientos ochenta y tres millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos ochenta y nueve pesos ($583.428.989) y financiación de fuentes prohibidas por quinientos cincuenta y seis millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos once pesos ($556.699.511)Es por ello que los magistrados proponen sancionar a Roa, Mogollón y Soto en su calidad de responsables solidarios con una multa de $2.879 millones pesos y la devolución de los recursos pagados por reposición de votos por valor de $3.043 millones. En el caso de los partidos se les impondría una multa por $1.167 millones de pesos.Así mismo, los magistrados proponen dar traslado del expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, así como compulsar copias a la fiscalía para investigar las conductas del gerente Ricardo Roa.Con esta radicación, los magistrados ahora deberán debatir la ponencia y para que se adopte alguna decisión se deberá adoptar con seis votos, sin tener en cuenta que la magistrada Alba Lucía Velásquez fue apartada al haber sido aceptada su recusación por haber sido testigo electoral del Pacto Histórico.