Este martes fue radicada la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada en la que piden al Consejo Nacional Electoral (CNE), sancionar la campaña a la Presidencia de Gustavo Petro del 2022 por haber violado los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó al tema asegurando que no se superaron los topes permitidos durante la campaña.
“Habría que esperar el fallo donde se respeta el fuero del presidente si se hace extensivo a la campaña presidencial. Por otro lado, hay que dejar bien claro que los topes nunca fueron excedidos y que Ricardo Roa, aunque yo no estuve en la parte que tiene que ver con la recolección de dinero, estoy seguro que nunca jamás pasó o excedió esos montos”, señaló Benedetti.
Es importante recordar que la investigación, que se adelantó durante más de dos años y medio en los despachos de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, determinó que la campaña presidencial de Gustavo Petro habría gastado cifras superiores a las permitidas por la ley tanto en primera como en segunda vuelta.
Además, la ponencia no contempla sanciones de carácter político como la pérdida de personería jurídica de los partidos Colombia Humana o Unión Patriótica, aunque el CNE tendría facultades para hacerlo. La propuesta se concentra en sanciones económicas que obligarían a devolver recursos y pagar multas millonarias.
En el caso de Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña y actualmente es presidente de Ecopetrol, las sanciones podrían superar los 4.000 millones de pesos, entre devoluciones y pagos adicionales. La ponencia también incluye a otros directivos de la campaña y a los partidos que respaldaron la candidatura de Gustavo Petro.
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