Respaldo del Procurador a la política para la erradicación de cultivos ilícitos

En el desarrollo del estudio de los decretos para la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc que realiza la Corte Constitucional, la Procuraduría emitió un nuevo concepto respaldando el decreto 249 de 2017. Este decreto regula la contratación para la erradicación manual de cultivos ilícitos está a cargo del magistrado Aquiles Arrieta quien le solicitó al Gobierno explicar cómo se diseñó el decreto, si la norma desconoce o no los principios de contratación pública y si se adelantó un proceso de consulta previa. Ante esta solicitud, la Procuraduría envío un concepto de 28 páginas al Alto Tribunal en la que se respalda que la Policía podrá contratar la empresa para erradicación manual de cultivos ilícitos, pero le impone ciertos requisitos. Entre ellos, se debe realizar un estudio de mercado, evaluar la competencia de la persona natural y jurídica, justificar el valor del contrato; el plazo y el lugar de ejecución. Dice el documento que "deberá formular una solicitud de oferta como mínimo a dos personas naturales o jurídicas que estén en capacidad de ejecutar el proyecto para erradicar manualmente los cultivos ilícitos. Y deberán evaluar las condiciones de seguridad por ser una actividad riesgosa". En el desarrollo de estos estudios el ministerio Público pidió tumbar el Decreto de Paz 248 de 2017 que permite el uso de regalías para la financiación de proyectos de inversión en el postconflicto. La Procuraduría también pidió dejar en firme la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tendrá la responsabilidad de diseñar y hacerle seguimiento a la política criminal para el desmantelamiento de las organizaciones que “atenten o amenacen” a quienes participan de la implementación de los acuerdos de paz.