El presidente Juan Manuel Santos objetó las leyes "por medio de la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva" y "por medio de la cual establece normas de protección y garantías contra abusos hacia los usuarios de los servicios públicos domiciliarios".
El mandatario argumenta que los tratamientos de infertilidad para toda la población que los requiere puede llegar a costar cerca de 13 billones de pesos.
"El proyecto no dispuso una fuente adicional de recursos y desconoció los conceptos de impacto fiscal emitidos por el Ministerio de Hacienda durante el trámite legislativo", dice el informe de objeciones.
La Presidencia sostiene que es inconstitucional y viola la ley estatutaria de salud y el principio de democracia participativa.
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En cuanto al proyecto de protección a usuarios Santos aseguró que se vulnera el artículo 367 de la constitución "en el caso de usuarios residenciales de los estratos a los que no se les haya eliminado los cobros por reconexión del servicio solo podrán ser aplicados cobrados cuando el costo o el valor de los mismos sea menor al consumo facturado del servicio".
También asegura que dicha frase fomenta la cultura del no pago de los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6.
Además, la Presidencia señala que el presupuesto público no puede asumir el cargo por reconexión y reinstalación y que ese proyecto no hace explícito cuál es su impacto fiscal.
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