Demanda y medida cautelar para frenar cambios al presupuesto sin autorización del Congreso. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, presentará este lunes ante el Consejo de Estado una demanda para pedir la nulidad parcial de los artículos 4 y 5 del Decreto 802 de 2026, al considerar que estas disposiciones permiten al Gobierno modificar el Presupuesto General de la Nación sin la aprobación del Congreso.
Junto con la demanda, la congresista solicitará una medida cautelar de urgencia para suspender de manera inmediata los efectos de esos artículos mientras el alto tribunal estudia el caso.
Según explicó, la solicitud busca evitar que las facultades otorgadas por el decreto continúen aplicándose y generen consecuencias que posteriormente no puedan revertirse.
El Decreto 802 de 2026 fue expedido tras la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, la senadora Posada sostiene que esa situación no puede utilizarse para permitir que el Gobierno redistribuya recursos públicos sin los controles previstos en la Constitución, ya que considera que eso equivaldría a otorgarle un "cheque en blanco" sobre el manejo del presupuesto.
El día de hoy voy a radicar ante el Honorable Consejo de Estado una demanda de nulidad contra los artículos 4 y 5 del Decreto 802 de 2026. El cheque en blanco que quiere usar el Gobierno para modificar el presupuesto y ejecutar recursos a dedo en una feria de contratos hasta el 7… pic.twitter.com/LLuJujJDQw
— Maria Clara Posada (@MaclaPosada) July 27, 2026
La senadora explicó que los artículos demandados autorizan al Ministerio de Hacienda a realizar los traslados presupuestales que considere necesarios con motivo de la emergencia.
Según la senadora, esa facultad excede lo permitido por la Constitución, pues únicamente el Congreso puede aprobar o modificar el Presupuesto General de la Nación, salvo en las excepciones expresamente contempladas por la ley.
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En la demanda también se argumenta que existe un riesgo para los recursos públicos si estas normas continúan vigentes. Según la congresista, los cambios al presupuesto podrían ejecutarse rápidamente mediante mecanismos de contratación con menos controles, generando compromisos con terceros que no podrían deshacerse, incluso si el Consejo de Estado posteriormente declara la nulidad de los artículos.
Por esa razón, la solicitud de medida cautelar se fundamenta en la necesidad de prevenir un posible perjuicio grave e irreparable para las finanzas públicas. Por lo que sostiene que la suspensión inmediata es necesaria porque, de mantenerse las disposiciones, el Gobierno podría trasladar recursos entre diferentes entidades sin autorización del Congreso y antes de que exista una decisión definitiva de la justicia.
Con esta acción judicial, la senadora busca que el Consejo de Estado suspenda de forma provisional y posteriormente anule los apartes demandados del Decreto 802 de 2026.
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