En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Senado de la República, Lidio García, se pronunció de manera contundente sobre la reciente declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. García advirtió que el Congreso iniciará un riguroso control político a esta medida, la cual considera innecesaria y potencialmente perjudicial para las finanzas de los colombianos,.Control político a la emergencia económicaEl presidente del Legislativo informó que, aunque las sesiones extraordinarias estaban inicialmente programadas para debatir los ascensos de militares y policías, la agenda se extendió debido a la polémica que rodea el decreto de emergencia económica. "Vamos a empezar el control político de la emergencia económica", afirmó García, señalando que el país tiene derecho a conocer qué hay detrás de esta decisión.García explicó que el Congreso tiene la potestad legal de revisar este informe, a pesar de que el gobierno cuenta con un plazo de hasta 40 días para presentarlo formalmente. Según el senador, el debate es urgente porque existe la sospecha de que el Ejecutivo busca implementar, vía decreto, reformas o cargas tributarias que no fueron aprobadas previamente en el legislativo. "El país tiene que saber todo lo que está pasando", enfatizó el presidente del Senado."No más impuestos" y la baja ejecución presupuestalUno de los puntos más críticos de la intervención de Lidio García fue su rechazo a la posibilidad de que la emergencia económica derive en nuevos gravámenes. "Este país no aguanta un impuesto más", sentenció, argumentando que una emergencia de este tipo suele traer consigo nuevas cargas fiscales.Además, el senador cuestionó la justificación de la medida al señalar que el gobierno actual cuenta con una cantidad significativa de recursos sin ejecutar. Para García, resulta "inconcebible" que se hable de una emergencia económica cuando hay "tanta plata sin ejecutar" en las arcas del Estado, sugiriendo que el problema no es de falta de recursos, sino de gestión.Asamblea ConstituyenteGarcía no dudó en calificar estas movidas del Ejecutivo como una "jugada política" de cara a los próximos ciclos electorales. Según su visión, tanto la emergencia económica como la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente son herramientas para mantener la presencia del gobierno en las calles durante el debate electoral para el Congreso y la Presidencia.Escuche aquí la entrevista:
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó una denuncia a través de su cuenta de X en la que expuso los gastos oficiales de los viajes internacionales que ha realizado el Presidente Gustavo Petro durante todo su gobierno y con fecha de corte el pasado mes de noviembre.En total, la senadora expuso que se han invertido más de $20.000 millones en más de 58 viajes, el equivalente a más de $2 millones de dólares.Los gastos fueron divididos en diferentes apartados. Primeramente, la congresista enseñó los gastos de alojamiento, transporte y alimentación del Presidente, el cual es de un total de $22.128 millones de pesos colombianos o $5,6 millones de dólares.Las cifras se dividen en $82.018,22 dólares de alojamientos (aproximadamente $309 millones), $2.434.206,72 dólares de transporte (aproximadamente $9.000 mil millones) y 80.463,41 dólares en alimentación (aproximadamente $303 millones).En cuanto a gastos de combustible para el avión presidencial, la suma supera los 12 mil millones de pesos ($12.001.819.476). Adicionalmente, la cantidad de CO₂ emitida durante estos trayectos ha sido de 4.289,03 toneladas de dióxido de carbono.La senadora también comentó que Petro habría hecho más de un viaje cada tres semanas, siendo, según ella, el presidente que más viajes internacionales ha realizado.Por: Sebastián Martinelli
En una extensa entrevista radial, el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa confirmó oficialmente que irá a la contienda por la Presidencia de la República y que participará en la consulta de la centro-derecha. A lo largo del diálogo, Peñalosa expuso con claridad sus diferencias ideológicas con el gobierno actual y con el senador Iván Cepeda, a quien asocia directamente con el proyecto político de Gustavo Petro.“Totalmente. Claro que sí”, respondió Peñalosa cuando se le preguntó si finalmente aspirará a la Presidencia. Sin embargo, enfatizó que más allá de su candidatura personal, lo fundamental es que “va a salir solo un candidato de este lado para enfrentar a Cepeda”, buscando transmitir tranquilidad a los votantes que se oponen al actual rumbo del país.El exalcalde fue crítico con algunos de sus posibles competidores dentro de la coalición, al señalar que Colombia necesita un candidato “con una hoja de vida de verdad, de servicio al país” y con mayores posibilidades de ganar en segunda vuelta. Aunque aclaró que respetará el resultado de la consulta, manifestó que, de tener que elegir, considera que Sergio Fajardo es una mejor opción que Abelardo de la Espriella.Uno de los ejes centrales de su discurso fue la economía y la migración. Peñalosa alertó que en los últimos años “casi un millón cuatrocientos mil colombianos se han ido del país”, principalmente en busca de mejores ingresos. “Claramente no se han ido para Cuba o Venezuela… se van a países donde hay un ambiente favorable a la inversión privada”, afirmó, defendiendo un modelo económico basado en la participación empresarial.En ese sentido, criticó duramente la oposición del petrismo a sectores como la minería y la infraestructura. Puso como ejemplo el caso de la mina de cobre de Quebradona, en Antioquia, que —según dijo— podría generar más de 700.000 millones de pesos anuales para el Estado. “Con esos recursos se pueden hacer carreteras, vivienda y fortalecer la seguridad”, sostuvo, cuestionando que proyectos estratégicos estén bloqueados por razones ideológicas.Peñalosa también apeló a su experiencia como alcalde de Bogotá para contrastarse con Petro. “Yo ya recibí a Petro y recibí un desastre en la salud y en seguridad, y lo arreglamos”, afirmó, recordando la reducción de homicidios y el desmantelamiento de zonas criminales como el Bronx. Acusó además al petrismo de promover el odio y el populismo: “Todos los populistas de la historia siempre promueven el odio”, dijo, al tiempo que defendió el papel de los empresarios en el desarrollo del país.Para cerrar, Peñalosa resumió en tres razones por qué considera que debe ser elegido en la consulta: resultados comprobados, seguridad con carácter y mayor inversión para generar progreso. “Peñalosa ha demostrado que produce resultados que le mejoran de verdad la vida a los ciudadanos”, afirmó, citando como ejemplo a TransMilenio, que calificó como un proyecto que “construye igualdad”.
La estructura política sigue siendo determinante para llegar al Senado de la República. Así lo revela un análisis de Sonar, una herramienta de seguimiento a la rama ejecutiva y legislativa de la agencia Orza.El estudio evaluó entre 21 y 25 candidatos por partido o coalición, con opciones reales o parciales de elección, para un total de 204 aspirantes en nueve listas distintas. Cada candidato fue clasificado según su experiencia previa y el tipo de candidatura: de opinión, mixta o de maquinaria.Juliana Ocampo, socia de la agencia Orza, explicó que actualmente el 85 % de los curules en el Congreso están ocupados por siete partidos políticos, por lo que después del análisis estadísticos entre los votos disponibles y los escaños existentes se desprenden los resultados, tomando en cuenta los líderes locales que impulsan votación, alcaldes, concejales y diputados.Los resultados muestran que el 77% de los candidatos analizados están ligados a estructuras políticas.Además, 6 de cada 10 aspirantes cuentan con experiencia legislativa directa o reciente.Pero vayamos a los números. Según este análisis, el Pacto Histórico tendría una curul menos, al pasar de 20 a 19, el Centro Democrático subiría 6 y pasaría de 13 a 19 curules.El partido Conservador pasaría de 15 a 14, el Partido Liberal se mantendría en 14, Cambio Radical bajaría de 11 a 9, a la Alianza Verde-En Marcha le iría peor, pasaría de 13 a 8, Partido de La U de 10 a 8, Mira y Nuevo Liberalismo aumentaría de 4 a 5, mientras que Comunes quedaría sin ninguno.
Disturbios que terminaron en un incendio al interior de la institución el pasado 9 de Diciembre, hizo que la Procuraduría General de la Nación, en las últimas horas, anunciara que asumirá el indagar el manejo de procesos disciplinarios relacionados con temas de contenido sexual y acoso en el contexto laboral que se denunció en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín.A través de la circular 06 de 2025 expedida por la entidad, el jefe del Ministerio Público ejerció el poder preferente para tramitar este caso, que indicó se abordará de manera prioritaria y revisará posibles inconsistencias en el manejo de procesos de acoso en esta institución educativa pública.Y es que en su momento, incluso, circularon panfletos dentro del campus universitario señalando al presidente de Asinserpol, Juan Carlos Jaramillo, como quien estaría detrás de los señalamientos. Este se defendió, en ese entonces, indicando que las fuertes acusaciones que se están haciendo en su contra se trata de un "entrampamiento por parte de un sector de los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid".Algunos versiones conocidas de manera extraoficial dejan en evidencia que, al parecer, en la oficina en donde ocurrió el incendio era el lugar donde reposaban algunas de las pruebas como fotos de mujeres, material en donde habría menores de edad e, incluso, información relevante de varios estudiantes, por lo que en forma de protesta los encapuchados habrían encendido el fuego para quejarse por la supuesta poca respuesta institucional ante las denuncias.Por lo pronto, la Procuraduría solicitó información al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sobre la existencia de actuaciones disciplinarias en etapa de juzgamiento, confirmando que actualmente la institución de educación superior tramita un proceso que cumple los lineamientos y sobre el cual se profirió un fallo de primera instancia.Recompensa por desmanesEl hecho en donde 10 personas encapuchadas encendieron fuego dentro de una oficina del Politécnico no solo causó indignación en Antioquia, en su momento, sino que generó que el gobernador Andrés Julián Rendón anunciara una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar el paradero de los responsables de la conflagración y otras alteraciones al orden público en instituciones como la Universidad de Antioquia.En el cartel están las imágenes de encapuchados que ya han sido identificados por las autoridades con los alias de ‘Chiqui’, ‘More’, ‘Manu’, ‘Flaco’, ‘Ratón’, ‘Jhon’, entre otros.
Un juez envió a prisión a un hombre señalado de hacerse pasar por tramitador bancario para engañar a ciudadanos en el departamento del Tolima, principalmente en la ciudad de Ibagué, donde habría cometido múltiples estafas entre los años 2022 y 2023.De acuerdo con la investigación, el procesado fue identificado como Héctor Javier Martínez, quien se presentaba ante sus víctimas como un supuesto tramitador que tenía contactos directos en entidades financieras y acceso a créditos por altas sumas de dinero.Su modus operandi consistía en convencer a las personas de que debían mejorar su puntaje crediticio mediante la compra de celulares, televisores e incluso vehículos, utilizando tarjetas de crédito y débito, con la promesa de que así podrían obtener el préstamo que necesitaban.Uno de los casos conocidos involucra a un ciudadano que buscaba un crédito de 30 millones de pesos para adquirir un vehículo usado y poder generar ingresos tras quedar desempleado. Según las autoridades, Martínez lo persuadió para comprar un vehículo nuevo, asegurándole que tenía contactos en el banco y que podía gestionar un crédito mayor. A través de la aplicación bancaria logró la aprobación de un préstamo por 40 millones de pesos, dinero que posteriormente fue recibido por el presunto estafador.Sin embargo, el monto nunca fue entregado al concesionario ni se realizó el pago correspondiente. La Fiscalía señaló que el dinero fue apropiado de manera ilegal, al igual que los recursos obtenidos en otros casos similares de estafa. En total, el monto de las acciones de este sujeto superaría los 240 millones de pesos.Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas en Bogotá o en otras ciudades del país.Al presunto delincuente se le imputaron los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no aceptó. Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentra privado de la libertad por otros procesos penales en su contra.
Mientras muchas familias celebran unidas esta temporada decembrina, Camila Rapalino, una joven madre de 25 años, libra una batalla por su vida desde una habitación del Hospital Internacional de Colombia (HIC). Desde hace cinco años enfrenta la leucemia y hoy atraviesa una recaída que la mantiene hospitalizada desde hace más de tres meses. Su tratamiento, al igual que el de cientos de pacientes en Santander, depende de un recurso que no se puede fabricar, la sangre.Camila necesita transfusiones constantes, especialmente de plaquetas. Su hija de dos años la espera en Ocaña, Norte de Santander, y anhela estar con su mamá este fin de año y darle un fuerte abrazo, por lo que hace un llamado a los buenos corazones. “Cada donación me permite seguir adelante; en mi caso, son las plaquetas que se me bajan mucho, que se pongan la mano en el corazón y que en esta temporada que es tan difícil nos colaboren y nos den ese regalito porque es la única manera que lo podemos conseguir mi mayor motivación es poder estar con mi hija, volver a abrazarla”, afirmó. Como ella, niños, adultos y pacientes críticos necesitan una transfusión o la continuidad de sus tratamientos, en medio de una situación que se agrava en diciembre y enero, cuando las donaciones caen cerca del 50 %.El HIC requiere alrededor de 2.000 donantes mensuales para cubrir cirugías, tratamientos oncológicos y urgencias, y aun así realiza más de 2.500 transfusiones al mes entre sus sedes de Piedecuesta y Floridablanca, beneficiando directamente a más de 500 pacientes.A esta alerta se suma el Hospital Universitario de Santander (HUS), único hospital público de alta complejidad de la región y centro de referencia para pacientes provenientes de otros departamentos, que también advirtió una preocupante disminución en las reservas de sangre.“El problema es crítico porque la sangre no se fabrica, solo se obtiene gracias a la solidaridad de las personas”, explicó el doctor Cristian Daniel Sánchez Tapias, del Banco de Sangre del HIC. Actualmente se requieren todos los grupos sanguíneos, con especial urgencia A positivo y negativo, así como O y B, fundamentales para atender emergencias, cirugías y tratamientos oncológicos.Donar sangre es un proceso seguro, rápido y vital. El Banco de Sangre del HIC en Piedecuesta atiende 24 horas, mientras que la sede cardiovascular de Floridablanca recibe donantes de lunes a sábado. Una sola donación puede salvar hasta tres vidas. En estas fiestas, cuando los hospitales trabajan al límite, Camila y cientos de pacientes esperan un regalo que no se compra ni se envuelve la oportunidad de seguir viviendo.
El uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se ha vuelto parte del día a día de miles de personas en Colombia. Para muchos usuarios, estas plataformas representan una alternativa rápida y cómoda frente al transporte tradicional, además de una opción que, en algunos casos, resulta más económica. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe una alerta que no siempre se tiene en cuenta y que puede terminar en problemas tanto para conductores como para pasajeros.Y es que, aunque las aplicaciones operan de manera abierta y son ampliamente utilizadas, el uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte público sigue siendo ilegal en Colombia. Esa condición, que a veces pasa desapercibida, puede generar sanciones económicas, inmovilizaciones y situaciones incómodas en medio de operativos de tránsito.Conductores de aplicaciones pueden generar problemas legales a los usuariosPara muchos conductores, estas plataformas representan una fuente de ingresos adicional. No obstante, el Código Nacional de Tránsito es claro en señalar que prestar un servicio distinto al autorizado en la licencia del vehículo acarrea sanciones. De acuerdo con la norma, la multa puede llegar hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo.Según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, la sanción se incrementa en caso de reincidencia, con consecuencias que afectan directamente la operación del conductor y, en muchos casos, dejan al pasajero en una situación incómoda, en plena vía y sin posibilidad de continuar el viaje.El esquema de sanciones contempla:Primera infracción: inmovilización del vehículo por cinco días.Segunda infracción: inmovilización por veinte días.Tercera infracción: inmovilización por cuarenta días.En medio de un procedimiento de tránsito, el usuario queda expuesto a retrasos, cambios de ruta y a tener que buscar otra alternativa de transporte sin mayor explicación.Desde el Ministerio de Transporte se ha reiterado que las plataformas deben verificar que los conductores cuenten con la documentación al día, como licencia de conducción, SOAT y revisión tecnomecánica. Sin embargo, no existe una obligación clara de que el seguro cubra directamente a los pasajeros en caso de accidente durante un servicio contratado por aplicación.En ese escenario, la responsabilidad recae principalmente sobre el conductor. Incluso, algunas pólizas de seguros todo riesgo pueden negar la cobertura si se demuestra que el vehículo estaba siendo usado para una actividad no autorizada.Qué coberturas ofrecen plataformas como Uber en caso de accidenteAlgunas aplicaciones, como Uber, aseguran contar con pólizas activas mientras el servicio está en curso. Según la empresa, estas coberturas se activan desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo e incluyen:Responsabilidad civil para pasajeros y terceros.Accidentes personales para los ocupantes.Gastos médicos, incapacidad, auxilio exequial y fallecimiento accidental.Aun así, las autoridades insisten en que el servicio sigue siendo ilegal en Colombia y que, pese a las coberturas anunciadas por las plataformas, los riesgos legales y económicos continúan siendo una realidad tanto para quienes conducen como para quienes se suben a estos vehículos.
Las preocupaciones en el municipio de Anorí no solo pasan por el complejo panorama de seguridad que viven hace varios meses y que ha generado homicidios, desplazamientos y confinamientos. La misma problemática ahora también está afectando la inversión social.Así lo denunció el alcalde de esta localidad, Gustavo Silva, quien expresó su inquietud por la invasión que persiste de unas 300 familias de un predio en el sector Las Lomas, cerca a la Plaza de Ferias, donde está planeado construirse una pista de patinaje.Para esta obra la Gobernación de Antioquia ya tiene destinados 6.200 millones de pesos, que podrían perderse en caso de no ser ejecutados ante la negativa de estas personas provenientes del sector Anorí Dos Bocas para retirarse del lugar, reconociéndose como víctimas de desplazamiento forzado.El mandatario aseguró que tienen conocimiento sobre muchas personas que no requieren de un terreno y en muchos casos ni siquiera son del municipio."Nosotros que somos de acá del pueblo sabemos la realidad. Cuando hablo de realidad es que hay personas que tienen su casa, hay personas que tienen sus fincas, hay personas que habitan aquí en el pueblo, hay personas que no son ni del municipio, personas que no tienen esa condición de desplazados", indicó.De igual manera, Silva comentó la preocupación latente sobre la disponibilidad de recursos para la obra que, según reveló, solicitarán a la administración departamental que puedan continuar asegurando."Hemos pedido a la Gobernación que nos sostenga los recursos hasta el otro año, a ver si logramos llegar a algún acuerdo. En caso, el gobernador ya determinará si más adelante, al no lograr nada, ya tomen otra decisión con ese dinero, pero esperamos que la Gobernación nos lo está respetando en este momento", aseguró. Hay que recordar que sobre el terreno en disputa ya a inicios de octubre la Secretaría de Seguridad de Antioquia había ofrecido una recompensa de 1.000 millones de pesos para identificar a los promotores de esta acción ilegal, sobre la que no se descartó que estuvieran detrás las disidencias de las Farc.
El Senado eligió como nuevo magistrado de la Corte Constitucional al abogado Héctor Carvajal, ternado por el presidente Gustavo Petro junto a las abogadas Karena Caselles y Dídima Rico. Cercano al primer mandatario tras ejercer su defensa en varios casos de connotación nacional.Carvajal llegará a ocupar una silla en el alto tribunal en medio de discusiones clave para el Gobierno, como el futuro de la reforma pensional y la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro presidente de 2022.Varias cosas sucedieron en la plenaria del Senado en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, 10 minutos tuvieron Héctor Carvajal, Karena Caselles y Didima Rico los 3 abogados ternados por el presidente Gustavo Petro para reemplazar a Cristina Pardo.Luego de las intervenciones, la senadora Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, sugirió hacer una ronda de preguntas, petición a la que se unieron senadores como Carlos Motoa y Miguel Uribe.Fueron varias las preguntas, por ejemplo, sobre cómo cada uno iba a garantizar la independencia judicial que debe tener un magistrado de alta corte, preguntas sobre la posición que tendrían en términos medioambientales y la utilización de la inteligencia artificial en la justicia.La votaciónCon 66 votos, Héctor Carvajal se convirtió en el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pero su parte, la abogada Karena Caselles, obtuvo 26 votos y Dídima Rico un total de 2 votos. En la plenaria del Senado, hubo 7 votos en blanco para un total de 101.¿Quién es Héctor Carvajal?El abogado Héctor Carvajal, de 66 años, experto en derecho administrativo y civil. En su momento, asesoró al entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro en la destitución que le puso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez por el esquema de recolección de basuras en la ciudad y logró que el Consejo de Estado anulara esa decisión.Además, fue el abogado de Daniel Quintero durante el juicio disciplinario que tuvo el exalcalde de Medellín por participación en política tras el vídeo que se viralizó en redes sociales con la frase "el cambio en primera".Antes de la votación que resultó con el triunfo de Héctor Carvajal, hubo gran polémica porque la Defensora del Pueblo pedía que el Senado que tuviera en cuenta la paridad de género en las cortes refiriéndose a la elección de una mujer como magistrada.A su salida de la plenaria del Senado, Héctor Alfonso Carvajal, nuevo magistrado de la Corte Constitucional, aseguró que su elección demuestra que su cercanía con el presidente Gustavo Petro no compromete su independencia ni su compromiso con la defensa de la Constitución. “Con mi llegada a la Corte se pierde el temor de que vaya a llegar una persona que por ser cercana al presidente, no va gozar de una imparcialidad”, indicó.
El representante a la Cámara John Jairo Berrío, del partido Centro Democrático, radicó este martes una moción de censura contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez.La acción se da tras la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien denunció presiones e intentos de injerencia en su gestión.La exministra formalizó su renuncia argumentando que su decisión obedece a “profundas reflexiones personales y profesionales”, tras enfrentar supuestas presiones que habrían comprometido su autonomía. Buitrago señaló directamente a Benedetti y Rodríguez como responsables de intentar influir en decisiones clave dentro del Ministerio de Justicia.Según el documento presentado por los congresistas, dentro de los hechos más graves denunciados se encuentra la solicitud para la salida del director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Ludwing Valero, entidad con un presupuesto bastante alto. Según Buitrago, la presión vino con el objetivo de reacomodar cargos en función de apoyos políticos.También se mencionó una tentativa de nombrar a Marcela Tovar Thomas, filósofa sin experiencia técnica en el área, como directora de Política de Drogas del Ministerio. La exministra afirmó haber recibido su hoja de vida como parte de esa gestión.Otro episodio mencionado en la denuncia incluye un mensaje de WhatsApp de Angie Rodríguez, en el que pedía “suspender contratación de trajes del Inpec”, en relación con un contrato para uniformes de los dragoneantes de la cárcel La Picota.La moción de censura busca establecer responsabilidades políticas ante lo que se considera un posible abuso de poder y una vulneración a la independencia institucional. De prosperar en la Cámara, podría implicar la salida de Benedetti del gabinete. Este nuevo escándalo vuelve a poner en el centro del debate la transparencia y autonomía en la gestión pública del actual gobierno.
Por primera vez en Colombia, un ciudadano fue enviado a prisión por el delito de muerte agravada de un animal, gracias a la recién implementada Ley Ángel.El hombre, identificado como Alexander Parra Carrillo, fue capturado en Bucaramanga tras hacerse viral un video en el que presuntamente aparece asfixiando a un gato, llamado Michín."El hoy procesado es señalado de atar una cuerda en el cuello de un gato de nombre Michín, hasta causarle la muerte al felino el pasado 7 de mayo", indicó la Fiscalía.Por eso un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que ha sido celebrada por los defensores de derechos de los animales y la familia del pequeño gato, quien además, según Noticias Caracol, había denunciado amenazas por parte del hijo del capturado. Senadora Andrea Padilla explica la Ley Ángel La senadora Andrea Padilla, quien impulsó el proyecto de Ley Ángel, habló en entrevista con Mañanas Blu sobre lo que se establece en este tipo de casos. Según comentó, la muerte de un animal puede conllevar penas entre 32 y 56 meses de cárcel, pero si hay agravantes, como en este caso que el hecho ocurrió en vía pública y con sevicia, puede aumentar hasta 98 meses (más de 8 años).“Este caso marca un precedente. La Ley Ángel permite sancionar con cárcel efectiva a quienes cometan actos atroces contra los animales”, dijo Padilla.Además, aclaró que no todos los casos de maltrato terminan en prisión, pues la ley contempla un enfoque diferencial donde los casos leves pueden ser tratados por la vía administrativa o policiva, mientras que los graves como asesinatos con tortura, mutilación o abuso sexual sí ameritan sanción penal.Frente a los cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas, teniendo en cuenta el hacinamiento carcelario y la impunidad en otros delitos, la senadora respondió que no se trata de competir entre causas humanas y animales.“Hay un falso dilema. Los animales no tienen nada en Colombia, no hay institucionalidad, ni centros de atención, ni veterinarios públicos. Lo que se ha logrado es apenas lo mínimo”, defendió. También subrayó que muchos casos de violencia animal son indicadores de riesgo de violencia hacia seres humanos. “La indignación de la ciudadanía frente al maltrato animal habla bien de nuestra salud mental como sociedad”, concluyó.Padilla indicó que la ley es solo el primer paso en un camino que requiere educación, sensibilización y recursos adecuados para garantizar que la protección animal se vuelva una prioridad en la agenda pública. Es de recordar que esta ley tiene el nombre de Ángel en memoria de un pequeño perrito a quien en 2021 en Saboyá, Boyacá, un hombre lo atacó, presuntamente en venganza a conflictos personales que tenía con los dueños del canino, despellejando un 80 % de su piel.Escuche la entrevista completa aquí:
El Gobierno presentó este lunes al Senado una nueva propuesta para convocar a una consulta popular que busca impulsar la reforma laboral, esta vez con cuatro preguntas adicionales respecto a la propuesta que fue rechazada por el pleno de esta cámara la semana pasada."Ha querido el Presidente de la República (Gustavo Petro) que (....) radiquemos de nuevo la solicitud de consulta popular con las 12 preguntas que corresponden a los asuntos laborales y cuatro preguntas adicionales que corresponden a los asuntos de la salud de los colombianos y colombianas", afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en una rueda de prensa.El presidente Petro calificó la semana pasada de "fraude" la decisión del pleno del Senado de tumbar la convocatoria a una consulta popular sobre la reforma laboral, una de sus propuestas bandera, y llamó a movimientos sociales a reunirse para "dar el paso siguiente".En diálogo con Mañanas Blu, varios senadores dieron sus perspectivas de cómo creen que será el futuro de la resucitada reforma laboral y la consulta popular que se votará en el Senado.Reforma laboralLos senadores coinciden en que escuchar y entender la situación de las pequeñas empresas es crucial para no aumentar la informalidad.El senador del Partido Liberal Jhon Jairo Roldán aseguró que Y"a la Cámara de Representantes hizo su trabajo. Estudió el proyecto en su Comisión Séptima Constitucional, que es la encargada para estos efectos, lo discutió y aprobó sus 80 artículos en plenaria".Y agregó, "En todo caso quiero dejar esto claro: aquí no va a pasar ninguna de las dos cosas, ni vamos a aprobar una proposición de archivo, como ha sucedido en proyectos anteriores, ni vamos a adoptar de forma íntegra el proyecto tal como lo pasó la Cámara de Representantes". Por su parte, Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, aseguró que "esta es una oportunidad importante para identificar esos pequeños dolores que enfrenta la pequeña empresa en este país, la cual representa además el 86 % de la fuerza laboral. Por eso, creo que es fundamental que tengamos en cuenta sus realidades"."Si bien es cierto que muchas cosas en este país presentan dificultades en su aplicación, lo que indica la lógica es que ese debe ser el faro que guíe esta reforma", finalizó. Finalmente, el senador del Partido AICO Richard Fuelantala, manifestó la necesidad de un diálogo constante y constructivo con todos los sectores involucrados. "El compromiso es el de avanzar en las discusiones y cerrar la brecha entre las expectativas de los trabajadores y las necesidades de los empresarios". En ese sentido explicó: "Creo que hay un consenso general, especialmente en el tema de los estudiantes del Sena y el contrato de aprendizaje. Además, hay una propuesta para aumentar el valor de la fase electiva del 60% al 75%. Estas serán algunas de las propuestas que vamos a desarrollar". Consulta popularSin embargo, el panorama se complica con la reciente propuesta del Gobierno de realizar una nueva consulta popular que busca validar ciertas dinámicas de la reforma laboral. Roldán y otros senadores muestran su escepticismo frente a esta consulta, que ha sido vista como una estrategia política. "No le veo una razón lógica a la consulta, ya que estamos discutindo la reforma en el Senado. Esto solo incrementa la polarización entre los poderes del Estado", aseguró Roldán. Con una diferencia de solo dos votos, los senadores dijeron 'No' el miércoles pasado a la propuesta del mandatario de convocar a una consulta popular para reflotar su reforma laboral que ya había sido rechazada por el Congreso en marzo pasado y que, según él, habría impulsado un gran avance en derechos laborales.Este lunes, tal y como lo había anticipado Petro, sus ministros presentaron al Senado las 16 preguntas que quieren llevar a las urnas y que incluyen cuatro nuevos planteamientos relacionados con temas de salud."Cada una de las 16 preguntas busca corregir desigualdades estructurales en el mercado laboral, la seguridad social, el acceso a la pensión y poder contar con los medicamentos esenciales", declaró a los medios Sanguino, acompañado de otros ministros.Esta nueva consulta, dijo el titular del Interior, Armando Benedetti, "lo que quiere es volver otra vez a que el pueblo se pronuncie sobre los derechos laborales de la clase trabajadora y que por fin haya las bases para que los colombianos puedan acceder a sus medicinas y a un derecho universal que es el de la salud".Escuche aquí la entrevista:
A través de su cuenta de X el concejal Daniel Briceño denunció que la influencer conocida como Lalis viajó a China, con viáticos autorizado por el Gobierno nacional.Lalis ha sido abiertamente simpatizante del petrismo y ahora, de acuerdo con el concejal, también hace viajes de trabajo con ellos. Según el concejal, quien publicó el relacionado de viáticos, fueron autorizados $10.245.829, sin incluir los tiquetes aéreos.Laura Daniela Beltrán, su nombre de pila, tuvo los viáticos en el país asiáticos desde el 9 al 17 de mayo de 2025.“$10.245.829 le autorizó el Ministerio de Relaciones Exteriores a la influenciadora LALIS para pagar sus viáticos alojamiento y comida en su viaje China. Esta cifra no tiene incluido los tiquetes aéreos. La señora influenciadora es contratista”, denunció el concejal Briceño a través de sus redes sociales.Por medio de su cuenta de Instagram, la influencer, que, es contratista del Gobierno, publicó imágenes del viaje.“Que experiencia tan linda ha sido China. Creo que nunca pensé estar en este lugar y la vida ha sido muy linda conmigo. Trabajo y amor en lo que se hace, con eso siempre se sale adelante”, publicó en su red social.A la denuncia, la canciller Laura Sarabia le salió al paso y contestó a Briceño: “A(Lala) @smilelalis la conozco por su trabajo. Es comunicadora social, con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas, y ha contribuido a acercar la Cancillería a la gente con nuevos formatos e ideas. Me da orgullo que hoy haga parte de mi equipo de prensa digital”.Sin embargo, Briceño publicó la hoja de vida de la influenciadora, donde no registra tal prosgrado del que habla la canciller Laura Sarabia.Después de la respuesta de Briceño, desde la Cancillería no han confirmado más detalles sobre el perfil profesional, más allá de su labor como influencer. El hecho tiene en parte indignados a varios internautas que cuestionan el valor del contrato, viáticos y los viajes como parte de la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Colombia empieza a mover sus fichas rumbo a 2026 y una de las voces que irrumpe con fuerza es la de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del DANE, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y exconcejal, confirmó en entrevista con El Radar este 27 de diciembre de 2025 su aspiración a la Presidencia, con un discurso que busca marcar distancia de los extremos y golpear la improvisación en el poder.Con un tono técnico pero directo, Oviedo se presentó como una opción de centro que quiere “hacerlo sensato otra vez”. Desde el inicio dejó claro que su candidatura no nace del cálculo político tradicional, sino de una lectura crítica del momento que vive el país y de los riesgos que, según él, se están acumulando sin que el Gobierno actúe a tiempo.La frase más punzante llegó cuando habló del balance del actual mandato: “La corrupción no solo sucede por acción sino también por omisión”, una afirmación con la que cuestionó lo que calificó como falta de decisiones estructurales en temas clave para Colombia.Juan Daniel Oviedo y una candidatura de centroOviedo explicó que su paso por el gobierno de Iván Duque fue estrictamente técnico y defendió su permanencia en el DANE incluso cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia. “Más que un halago o un insulto, fue la oportunidad que me abrió la carrera política”, dijo, al recordar que Petro lo mantuvo en el cargo, generando curiosidad pública sobre su perfil.Esa experiencia, aseguró, lo convenció de que Colombia necesita gobernar lejos de las etiquetas ideológicas. “Yo soy de centro”, reiteró, con la idea de construir acuerdos desde la evidencia y no desde la confrontación.Propuestas presidenciales y advertencias económicasOviedo planteó tres ejes centrales de su propuesta. El primero, un “gobierno de estabilización” para enfrentar lo que llamó “las minas quiebrapatas de la economía”, entre ellas la insostenibilidad fiscal, la inseguridad energética y la baja inversión. “Hacer campaña con un apretón fiscal es difícil, pero necesario”, advirtió.El segundo eje es la seguridad, con un enfoque poco usual en el discurso político. “Tenemos que acabar con la extorsión en la calle y en la política”, afirmó, rechazando que la seguridad sea usada como arma ideológica o mecanismo de presión.Elecciones 2026 y consulta presidencialOviedo confirmó que su movimiento entregará cerca de 970.000 firmas para formalizar la candidatura y que apuesta por una consulta amplia en marzo. Su objetivo es unir sectores diversos alrededor de un propósito común: “Que el futuro de Colombia sea menos pobre, menos viejo, menos informal y menos violento”.Aunque reconoce que hoy no lidera las encuestas, cuestionó la lectura anticipada del escenario electoral. “La gente decide el voto el último mes”, señaló, convencido de que todavía hay espacio para una opción que, en sus palabras, le devuelva emoción y sensatez a la política colombiana.
Una nueva encuesta aplicada al interior del Congreso de la República midió la percepción de desempeño entre senadores y representantes durante el último periodo legislativo. Los resultados confirman el liderazgo del senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, y de la representante Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde, como las figuras con mayor reconocimiento entre sus pares.El estudio, realizado entre 264 congresistas —104 senadores y 160 representantes—, señala que ambos legisladores aspiran a continuar en el Congreso en las elecciones legislativas de 2026, en las que buscarán repetir curul.De acuerdo con la encuesta, Alejandro Carlos Chacón obtuvo el 14,4% de las menciones, la cifra más alta entre todos los senadores consultados. Su agenda legislativa se ha caracterizado por abarcar temas sociales, judiciales y de protección a poblaciones vulnerables.Entre los proyectos que mayor reconocimiento le otorgaron se destacan la Ley Sara Sofía, orientada a la defensa y protección de la niñez; la mesada 14 para maestros, considerada una reivindicación histórica del magisterio; y el reconocimiento del carácter salarial de la Bonificación Judicial, una medida largamente esperada por servidores de la Rama Judicial, la Fiscalía y la Justicia Penal Militar.También figuran iniciativas como Colegios sin madrugón, con impacto nacional en el bienestar y rendimiento de los estudiantes, y la inembargabilidad de animales de apoyo emocional, valorada por su alto contenido social. A esto se suman sus debates de control político, que fortalecieron su percepción de rigor, solidez técnica y compromiso institucional.Olga Lucía Velásquez, la representante más destacada del paísEn la Cámara de Representantes, Olga Lucía Velásquez lidera ampliamente con el 11,3%, el porcentaje más alto entre los 160 representantes encuestados. La congresista del Partido Verde se ha destacado por dos grandes pilares: su liderazgo nacional en la formulación y avance de la Ley de Salud Mental, uno de los temas más sensibles y urgentes para el país, y su acompañamiento técnico y político a la agenda económica y social del Gobierno.Su rol como voz de articulación, vigilancia y responsabilidad, sumado a su presencia constante en plenarias, capacidad de interlocución y solvencia técnica, la posicionan como una de las cartas fuertes de su partido de cara a las elecciones de 2026.La población objetivo de la encuesta fueron senadores y representantes a la Cámara, con un tamaño de muestra de 264 congresistas (104 senadores y 160 representantes. El trabajo de campo fue los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en comisiones y plenarias.El nivel de confianza de la medición es del 96 % y el margen de error de 2,6 %. La medición fue realizada por la firma encuestadora W.W.A. SAS.El senador Alejandro Carlos Chacón agradeció el reconocimiento dado por sus compañeros. “Agradezco al Congreso de la República y a mis colegas por la confianza depositada, que no asumo como un logro personal, sino como el resultado de un trabajo colectivo construido desde el debate serio, el respeto por las diferencias y la vocación de servicio al país”, expresó en un comunicado.El senador nortesantandereano afirmó que el reconocimiento “es de todos: de quienes creen en la democracia como camino, en la concertación como método y en el valor del diálogo aun en la discrepancia. Gracias por respetar las convicciones en las que creo y las banderas que defiendo, porque ese respeto fortalece las instituciones y dignifica la política. Como liberal, reafirmo mi compromiso con la justicia social, la defensa de las libertades y la protección de los más vulnerables”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente que está impulsando el Gobierno actual. Uribe aseguró que esta idea es una estrategia electoral.“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe.Otra de las reacciones llegó por parte de la senadora y precandidata Paloma Valencia, quien aseguró que hay que defender la Constitución de 1991.“Hoy más que nunca debemos defender la Constitución del 91 de quienes quieren imponer un proyecto constituyente para perpetuarse en el poder. La democracia se respeta, las reglas se cumplen. Colombia no cae”, aseguró Valencia.Es importante recordar que este viernes, con el acompañamiento del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se llevó a cabo la inscripción del comité.“Promover una Constituyente por sí no es bueno ni malo. Aquí el problema es que este Gobierno de Gustavo Petro la justifica en un supuesto bloqueo a sus reformas, cuando lo que ha hecho la institucionalidad, llámese Congreso o Cortes, es detener, de acuerdo con la ley, iniciativas inconvenientes o inviables financieramente”, señaló el representante a la Cámara Christian Garcés.Sin embargo, también hay sectores que defienden la iniciativa, especialmente la bancada del Pacto Histórico en el Congreso.“Hoy se activa un camino democrático para que el pueblo decida: se inscribió el Comité Promotor de la Asamblea Constituyente. No se trata de imponer, sino de deliberar colectivamente sobre el país que necesitamos”, señaló el representante a la Cámara Gabriel Becerra.Además, el presidente Gustavo Petro, al referirse al tema, dijo que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”.Por su parte, la senadora Angélica Lozano señaló que de esta manera se está siguiendo el camino de Chile.“A repetir el fracaso de Chile. Allá querían reemplazar la Constitución que sancionó Pinochet. No pudieron. Acá quieren reemplazar la Constitución que lideraron Antonio Navarro Wolff, Álvaro Gómez y Horacio Serpa. No pasarán. La Constitución del 91 se respeta”, agregó Lozano.Finalmente, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo aseguró que la Constituyente es una buena idea para el país, pues va a abordar temas como la corrupción y la reforma a la justicia.“No puede seguir pensándose que la justicia, y corriendo el rumor, falla según quien pague. Eso hay que eliminarlo. Necesitamos una justicia no solo que sea transparente, sino que dé la sensación de que es transparente. Además, el problema del narcotráfico y las drogas en Colombia pasa por una Constituyente”, señaló Ocampo.
El Polo Democrático se pronunció, por medio de un comunicado, sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno en los últimos días. Este partido asegura que la medida es constitucional, pues cumple con los criterios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad.Además, señala que la emergencia se origina por el desfinanciamiento del Presupuesto de 2026.“Esta falta de recursos pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales. Por ello, solicitamos a la Corte avalar la declaratoria y reafirmamos que el Gobierno no trasladará el ajuste fiscal a la ciudadanía”, señala el comunicado del Polo.Es importante recordar que la Corte Constitucional solo estudiará el decreto de la emergencia económica hasta el 13 de enero, cuando termina la vacancia judicial.