Valeria, Ana, Isabela y Manuela, cuatro estudiantes de Derecho de la Universidad de Antioquia, denunciaron desde 2022 a un profesor de esa facultad por acoso sexual y violencias basadas en género. Las jóvenes participaron en asambleas universitarias que derivaron en la apertura de una investigación disciplinaria dentro de la institución, lo que logró visibilizar múltiples denuncias similares.
Sin embargo, su caso quedó atrapado en un prolongado “peregrinaje institucional”. La investigación pasó de la Universidad a la Procuraduría Regional de Antioquia, luego a la Procuraduría Mixta 1 en Bogotá y de nuevo de regreso, en un proceso de remisiones que dilató la toma de decisiones durante más de dos años. Esa cadena de aplazamientos generó incertidumbre, aumentó el riesgo de revictimización y privó a las denunciantes de un trámite disciplinario oportuno y eficaz.
Ante esa situación, las estudiantes interpusieron una tutela que llegó a la Corte Constitucional. En la Sentencia T-235 de 2025, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, el alto tribunal reconoció que el “rebote” del expediente configuró violencia institucional y vulneró los derechos de las jóvenes a una vida libre de violencia, a la igualdad y al acceso a la justicia.
Laura Cortés Buitrago, coordinadora de Proyectos de la Colectiva Justicia Mujer, entidad que representó jurídicamente a las denunciantes, detalló en diálogo con Blu Radio las implicaciones de esta decisión, que toma como referencia la revictimización que evidencian por ejemplo quienes padecen el desplazamiento forzado, pues son enviadas de una entidad a otra sin obtener una solución o atención efectiva a su situación.
"Las afectaciones se ven profundizadas con esta violencia institucional llamada peregrinaje, en el que las mujeres deben recurrir a diferentes instancias en búsqueda de justicia, y esto es, sin duda, una forma de revictimización, evidenciar la falta de transversalización del enfoque de género, y se profundizan las afectaciones que que viven las mujeres", expuso.
La decisión
La Corte ordenó a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos continuar con el proceso y adoptar una decisión de fondo en un plazo máximo de seis meses, informando de manera oportuna a las víctimas sobre los avances. También solicitó al procurador general abrir espacios de formación para sus funcionarios y evaluar posibles sanciones disciplinarias contra quienes ocasionaron las dilaciones.
"El profesor ya no se encuentra en la Universidad de Antioquia porque era un docente de cátedra y sale de la universidad al terminarse su contrato, pero no tiene ninguna restricción para que exista otra contratación en otras universidades y esto pues continúa con la exposición a las estudiantes", indicó la defensora de derechos humanos.
La respuesta de la UdeA
De manera adicional, la Universidad de Antioquia deberá activar medidas de psicorientación y acompañamiento académico para las denunciantes, tres de las cuales aún no han logrado graduarse, a fin de garantizar que puedan avanzar o culminar sus estudios sin que las violencias sufridas afecten su vida académica y profesional. Blu Radio consultó a la alma máter sobre esta decisión y sus implicaciones y su director jurídico, José Agustín Vélez Upegui, defendió que vienen trabajando con los colectivos y en diferentes mesas sobre violencia de género.
"La universidad inició su trámite como le compete, para nosotros en ese momento veníamos de una implementación de una nueva estructura disciplinaria en la universidad y esa implementación también implicó crear un equipo especial para atender los temas de violencia basados en géneros y sexuales. Lo que hace la corte a la universidad es que la insta para que revise sus procedimientos para darse la mejor atención, pero nosotros lo venimos haciendo", indicó Vélez.
Un precedente jurídico
Con este pronunciamiento, el alto tribunal reiteró la obligación del Estado de investigar y sancionar con debida diligencia la violencia contra las mujeres, en particular cuando ocurre dentro de entornos educativos que deberían ser seguros. A la par, Justicia Mujer destacó que es un gran precedente para los casos de violencias basadas en género en universidades del país.
"Es muy importante que las instituciones de educación superior tomen en serio las denuncias por violencias basadas en género, piensen en el potencial transformador de las decisiones que toman y resuelvan de manera celera y efectiva para no generar mayores afectaciones al proyecto de vida de las víctimas y para que ese enfoque de género que la Corte Constitucional ha nombrado en esta y en anteriores sentencias en realidad sea implementado para lograr la transformación de las condiciones estructurales que en las universidades permiten estas violencias. Ojalá en un futuro no muy lejano todas las mujeres y personas que habitan las instituciones de educación superior puedan disfrutar entornos educativos libres de violencias basadas en género", concluyó Buitrago.
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