El Hospital San Vicente de Paúl de Caldas denuncia presunta cartelización de Anestesiar y alerta sobre riesgos para la atención de pacientes. Los especialistas, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones.
Dos versiones envuelven la situación que atraviesa el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, donde en las últimas horas dejó de tener contrato con el gremio de anestesiólogos en Antioquia por altas deudas.
Por un lado, a través de un comunicado, los especialistas de Anestesiar, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones. Por el otro, directivos de este centro asistencial público denunciaron ante las autoridades presuntas “prácticas de presión, exclusión y cartelización por parte del sindicato” las cuales, según la institución, estarían limitando la libre participación de especialistas que no pertenecen a esa agremiación en los procesos de contratación allí.
El gerente, Juan Carlos Sánchez Fernández, advirtió que esta situación podría comprometer la continuidad de los servicios de cirugía y poner en riesgo la atención de miles de pacientes, especialmente de la población más vulnerable de Antioquia. Además, manifestó su preocupación porque este tipo de prácticas podrían estar replicándose en otras instituciones de salud del país.
“Quiero denunciar ante el país las presuntas prácticas de presión, exclusión y cartelización que estaría promoviendo anestesia para impedir que a profesionales de anestesiología que no pertenecen a su agremiación participen libremente en el proceso de contratación de nuestra institución. Podrían paralizar los servicios de cirugía de un hospital público y poner en riesgo la salud y la vida de miles de ciudadanos, especialmente la población más vulnerable”, aseguró.
Frente a estos hechos, el directivo solicitó la intervención del Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que investiguen lo ocurrido, establezcan las responsabilidades correspondientes y adopten las medidas necesarias para proteger la libre competencia.
Ya en meses anteriores la misma organización había llegado a suspender por varias horas sus labores en esta institución por las mismas millonarias deudas y faltas de acuerdos en pago. La situación pone en riesgo procedimientos quirúrgicos para pacientes no solo de esa zona de la subregión metropolitana, sino también de otras localidades del Suroeste del departamento que acuden a este centro asistencial por su nivel de complejidad.
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