Tras una visita a esa zona del Bajo Cauca antioqueño, el senador Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, denunció que la extracción ilegal de oro en el río Nechí pasó de 20 a 200 dragas en los últimos cuatro años, solo entre los municipios de El Bagre y Nechí.
La situación viene siendo crítica, no solo porque registros fotográficos de la zona han mostrado la aplastante cantidad de dragas, sino que además se estima que en 2025 esta actividad dejó entre USD 5.000 y USD 7.000 millones en manos de estructuras criminales, una cifra equivalente al valor de toda la cosecha cafetera del país.
El senador pidió diferenciar a los pequeños y medianos mineros tradicionales, quienes desde hace años piden formalización al Estado, de las estructuras armadas al margen de la ley que operan las dragas industriales.
"Yo le hago un llamado al gobierno nacional y también al gobierno americano, porque aquí estamos ante un problema de seguridad nacional, donde esto tiene que ser realmente adoptado y abordado como se aborda el problema de los cultivos ilícitos de coca a nivel nacional", indicó.
Y es que según el senador, cada draga cuesta aproximadamente USD 200 millones, una inversión que descarta que se trate de minería artesanal.
Durante un laboratorio académico de liderazgo liderado por Proantioquia en el municipio de El Bagre, se adelantó una visita a la empresa Mineros S.A., empresa formal con un título de explotación de minería de aluvión de 50.000 hectáreas.
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"Encuentra uno la exploración y la explotación legal, y al frente del río, la extracción ilegal. Y creo que hay que dividir entre la formalización de nuestros pequeños y medianos mineros y mineros tradicionales, que llevan años rogándole al gobierno que lo legalice. Pero también ve 1 los que están explotando ilegalmente los recursos naturales", indicó.
Espinal le pidió al Gobierno nacional que los recursos de la minería formal lleguen al Sistema General de Regalías, para que los municipios y departamentos de la región se beneficien.