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Sigue la lucha contra la comercialización de celulares robados en Medellín: durante el más reciente megaoperativo fueron inspeccionados cinco mil teléfonos y se desmanteló una bodega clandestina donde los desarmaban para vender sus partes en el centro de la ciudad.
Aunque cifras oficiales indican una reducción del 28 % en el hurto de celulares en Medellín, bajo las modalidades de fleteo, halado o cosquilleo, sigue siendo uno de los delitos con mayor impacto entre los habitantes, por lo que las autoridades aumentan los controles.
Según el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa, en los últimos meses los esfuerzos se han concentrado no solo en prevenir los casos, sino también en la trazabilidad de los equipos en el mercado negro, que llegan principalmente al centro de la ciudad.
En estos lugares, precisamente, se han desarrollado cuatro megaoperativos para verificar dispositivos robados, pero al mismo tiempo otras piezas que son comercializadas de manera individual.
El funcionario reportó, durante la más reciente intervención, el registro de más de cinco mil celulares, de los cuales al menos 150 resultaron ser robados; además, se encontraron unas 10.000 partes que eran almacenadas en una bodega clandestina que funcionaba como ‘deshuesadero’.
"Ahí se encontró una bodega clandestina, donde almacenaban todas esas herramientas o todas esas partes de celulares que eran deshuesados, que después los iban a revender pero para pasar desapercibido, mientras que hacían todo ese proceso de deshuese, lo hacían ocultos, ahí en el Opera, en una bodega clandestina", indicó Villa.
Las piezas eran utilizadas para labores de mantenimiento y ensamblaje de nuevos equipos que eran introducidos al mercado bajo la figura de nuevos o repotenciados. El secretario Villa afirmó que los controles continuarán.
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"Algunos comerciantes que nos dicen, venga, pero es que por qué están aquí encima. Y nosotros se lo hemos dicho muy claro, necesitamos la corresponsabilidad de los que son legales. Estos operativos no le tienen por qué molestar a los que son buenos. Estos operativos no le tienen por qué molestar a los que son legales", agregó el funcionario.
El reciente operativo terminó con la captura de cuatro personas por el delito de receptación, que implica penas entre los 4 y 12 años de prisión, además del cierre del establecimiento comercial que incurra en estas prácticas.
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