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En diálogo con Blu Radio, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, se pronunció frente a la decisión de la Corte Constitucional de abrir un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud por el presunto incumplimiento de órdenes relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Vesga calificó la decisión como oportuna y necesaria y explicó que, desde enero de este año, cuando la Corte emitió el Auto 007 de 2025, el Ministerio tenía la obligación de revisar de forma retroactiva la UPC y ajustar la metodología de cálculo futuro, incorporando todos los costos reales del sistema de salud. Sin embargo, aseguró que durante el año no se realizó ni el ajuste ni el ejercicio técnico correspondiente.
Vesga señaló que la Corte ahora reconoce ese incumplimiento y advirtió que el momento es especialmente crítico, teniendo en cuenta que faltan pocos días para conocerse el cálculo de la UPC 2026: “Lo que no puede volver a ocurrir es que se haga un incremento que no sea suficiente y que profundiza el rezago y la enorme dificultad que están teniendo todos los actores para entregar servicios, para entregar medicamentos, para cumplirle a los pacientes", mencionó la presidenta de Acemi.
Vesga aseguró que la expectativa del gremio está puesta en que el Ministerio de Salud acate las órdenes de la Corte, realice el ejercicio técnico pendiente y defina un incremento suficiente de la UPC, para evitar que se siga profundizando la crisis financiera del sistema de salud.
Finalmente, alertó que el desacato a las órdenes judiciales podría tener consecuencias penales para el Ministerio y pidió que se atiendan de manera urgente: “Estamos frente a un fraude en resolución judicial. El Ejecutivo, a través del Ministro de Salud, de manera particular el Ministerio de Salud, las ha desacatado, entonces a lo que están abocados es al inicio de una acción penal que tiene arresto. Esperamos que en su sabia diligencia el ministro atienda.”, afirmó.inerales, lavado de activos y otros delitos relacionados con la actividad ilegal. Cuatro de los procesados aceptaron los cargos; sin embargo, los cinco imputados permanecerán privados de la libertad bajo la medida de arresto domiciliario.
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