La Defensoría del Pueblo se pronunció frente al paro armado anunciado por el ELN, el cual iniciará el próximo 14 de diciembre y se extenderá por 72 horas. La entidad hizo un llamado urgente a ese grupo armado para que se abstenga de ejecutar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad, la dignidad y los derechos de las comunidades que habitan en las zonas afectadas.
Asimismo, informó que ya fueron activados todos los mecanismos de seguimiento y monitoreo para vigilar el desarrollo del paro armado e identificar los momentos en los que la población civil pueda estar en mayor riesgo. A través de sus regionales, la Defensoría realizará un acompañamiento permanente y, de ser necesario, alertará a las autoridades locales para que adopten medidas de prevención y protección, garanticen la movilidad de las personas y aseguren el acceso a servicios básicos y atención humanitaria.
“Los denominados paros armados constituyen una forma de control territorial y poblacional ilegítimo que recae principalmente sobre la población civil: restringen la circulación, paralizan economías locales, obstaculizan el acceso a servicios de salud, educación y abastecimiento, e incrementan el riesgo de confinamientos, desplazamientos, amenazas, homicidios selectivos y violencia basada en género, entre otras afectaciones”, determinó la defensoría por medio de un comunicado.
La Defensoría recordó que este tipo de prácticas vulneran las normas del Derecho Internacional Humanitario, en particular las relacionadas con la protección de la población civil y la prohibición de actos o amenazas de violencia. En ese sentido, enfatizó que ningún grupo armado puede atribuirse funciones propias de la autoridad ni imponer restricciones colectivas a las comunidades.
“El ‘paro armado’ anunciado, lejos de afectar a quienes dice dirigirse, afectará a la población civil de los territorios bajo su influencia en Colombia”, señaló la defensoría, que también exhorto a las autoridades nacionales a adoptar medidas inmediatas, priorizando a las niñas, niños y adolescentes, lideres sociales, comunidades étnicas y personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad.