Tras la solicitud de la Fiscalía de que sea enviado a la cárcel Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la Alcaldía de Daniel Quintero y que se dicte medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla, tras cerca de cuatro horas, la audiencia fue suspendida para analizar los elementos presentados contra estos, y se retomará el lunes 2 de febrero.
Durante la segunda sesión de la diligencia este martes, quedó en firme la imputación contra estos tres exfuncionarios y el contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Henao, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público. Ninguno de los señalados aceptó su responsabilidad en los hechos.
De nuevo, en este proceso judicial salió a colación la injerencia de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero Calle, en la contratación directa que se adelantó al interior de la entidad. La Fiscalía concluyó que Juan David Palacio Cardona conocía las irregularidades en la contratación del AMVA, al acatar instrucciones de este tercero para nombrar funcionarios estratégicos. Además, habría participado en reuniones y coordinaciones donde se acordó el direccionamiento y la distribución de contratos dentro de la entidad.
Sobre el punto que más controversia generó en la primera parte de la audiencia, en la que la Fiscalía aseguró que los implicados en la investigación, que se esperan tenga una tercera tanda de imputados, deben ser tratados como un grupo de delincuencia organizada (GDO), el ente acusador hizo varias precisiones.
En cabeza del fiscal 40 para los delitos contra la administración pública, se indicó que aplazará el reconocimiento formal de un grupo delictivo organizado para la etapa de acusación y no lo solicitará en la audiencia de imputación. Según explicó el ente acusador, la decisión responde a razones procesales, entre ellas la necesidad de unificar la calificación jurídica frente a todos los investigados, ya que el proceso avanza por fases y aún se están vinculando nuevos presuntos integrantes. La Fiscalía aclaró que este aplazamiento no significa que se descarte esa figura, sino que será planteada formalmente más adelante, como lo permite la ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Los sobrecostos revelados por la Fiscalía
Según dio a conocer el fiscal 40 para los delitos contra la administración pública, el exdirector del AMVA, Juan David Palacio Cardona, registra posibles sobrecostos por $1.212.248.302 y bienes o servicios no entregados por $1.268.901.800, para un total de $2.481.150.102. Entre ellos figuran recargas de celular por cerca de 60 millones de pesos y servicios de transporte por 41.700.000 pesos.
En el mismo informe, la exsubdirectora ambiental Ana María Roldán Ortiz presenta presuntos sobrecostos por $251.915.280 y bienes no entregados por $474.441.800, mientras que Diana María Montoya Velilla acumula posibles sobrecostos por $960.333.022 y bienes no entregados por $794.460.000, alcanzando $1.754.793.022.
En el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, el representante legal Misael Alberto Cadavid Jaramillo y el tesorero Juan Alberto Cardona figuran cada uno con posibles sobrecostos por $1.212.248.302 y bienes no entregados por $1.268.901.800, para un total de $2.481.150.102. Además, el representante legal suplente Elkin de Jesús González Correa registra presuntos sobrecostos por $178.400.002, y la supervisora de contratos María Yaneth Rúa García aparece con los mismos valores atribuidos a Cadavid y Cardona.
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