La llegada de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia al Urabá requiere cerca de 58.000 millones de pesos de financiación. Mientras avanzan gestiones con recursos ante el Gobierno nacional, la iniciativa sigue bajo la lupa de la Procuraduría.
Sin fecha definitiva, pero tampoco en el olvido está la llegada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia a Urabá.
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En medio de las discusiones políticas y administrativas que, durante este año, enfrentaron al anterior Gobierno nacional y a la Gobernación de Antioquia, la iniciativa de crear en la subregión un gran polo académico alrededor de las Ciencias de la Vida continúa avanzando, aunque con varios obstáculos financieros y administrativos por resolver.
Así lo indicó el rector de la institución, Luquegi Gil, quien precisó que la propuesta ya no se limita exclusivamente a llevar medicina a Urabá, sino que busca consolidar un proyecto institucional de Ciencias de la Vida, articulando distintas unidades académicas y fortaleciendo la presencia que la universidad ya tiene en la región.
El directivo afirmó que la voluntad permanece, pero que para hacer realidad el proyecto se necesitan recursos. La estimación plantea alrededor de 27.000 millones para construir un nuevo bloque, con espacios adecuados para desarrollar los programas académicos, y otros 31.000 millones de incorporación a la base presupuestal de la Universidad, con el propósito de garantizar la estabilidad financiera necesaria para sostener la iniciativa en el tiempo.
“El programa de medicina, que es un programa que dura 13 semestres, nosotros tenemos que garantizar, no solamente que vamos con una cohorte, porque la inversión es muy alta, sino que tenemos que mantener el esfuerzo de formación de cortes, por ejemplo, en el caso de la facultad de medicina”, dijo el rector Gil.
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Precisamente, el componente económico estuvo en el centro de la controversia que rodeó al proyecto. Desde el Gobierno nacional se cuestionó la posición de la Gobernación y se llegó a señalar que la administración departamental estaba bloqueando la llegada de la facultad de medicina a la subregión.
La gobernación, por su parte, sostuvo que antes de asumir nuevas obligaciones debía atenderse la compleja situación financiera de la universidad, cuyo déficit acumulado fue situado entonces por la administración departamental en cerca de $680.000 millones. También planteó que construir infraestructura no era suficiente si no estaban garantizados los recursos para la operación, la dotación y la sostenibilidad de los programas.
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La iniciativa académica sigue bajo la lupa de los organismos de control. En junio, la Procuraduría General anunció una vigilancia preventiva luego de conocer alertas sobre posibles “interferencias ajenas a criterios académicos” en su cronograma de aprobación.
El Ministerio Público indicó que verificaría las actuaciones adelantadas por el Consejo Académico, debido a la importancia estratégica de la iniciativa para ampliar la oferta educativa y fortalecer la infraestructura universitaria en Urabá.