A los cuestionamientos de sectores políticos y sociales a la Gobernación de Antioquia tras el inicio de la liquidación a la Escuela contra la Drogadicción, ahora también se han sumado voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá que sostienen diálogos con el Gobierno nacional en la cárcel de Itagüí.
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Desde el espacio sociojurídico rechazaron la determinación de terminar con una institución que consideran clave para los procesos de resocialización y evasión del consumo de sustancias psicoactivas, uno de los principales motores financieros de las economías ilícitas en la subregión.
La senadora Isabel Zuleta, coordinadora de la Mesa de Paz, destacó que tratamientos de desintoxicación son costosos y lo que venía haciendo la entidad en materia de generar conocimiento y liderar las investigaciones era muy importante para avanzar en métodos alternativos y de mayor acceso para la población, muchos de ellos jóvenes expuestos a llegar a estos grupos criminales.
"Lamentar la decisión de liquidar el centro de desintoxicación que quedaba en Río Negro por parte de la gobernación porque sabemos los altos costos que tiene la desintoxicación que prácticamente es para los ricos que quieran salir de ese flagelo de las drogas", apuntó.
El vocero de las estructuras armadas, Sebastián Londoño, conocido como Lindolfo, fue más allá e, incluso, solicitó al presidente Gustavo Petro la implementación de casas de desintoxicación cercanas a la población que se busca intervenir.
"Pedirle al señor presidente Gustavo Petro unas casas de desintoxicación de droga para los jóvenes cerca de los barrios para que sientan un acompañamiento de sus familias y de la comunidad y rechazamos que se haya cerrado el único centro que había", dijo a su turno el vocero.
Según la Gobernación de Antioquia, la decisión de liquidar la Escuela contra drogadicción respondió a un estudio técnico que concluyó que sus funciones generaban duplicidad con el Hospital Mental y con la ESE Hospital Carisma.
Aún no se conoce cuál será la destinación del megalote de 74.000 metros cuadrados en Llanogrande, en el Oriente del departamento, que la Gobernación le compró a la Sociedad de Activos Especiales por casi 12 mil millones de pesos, de los cuales la Escuela ocupaba 20.000 metros cuadrados.
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