La estabilidad financiera de Metroplús S.A. encendió las alarmas en Medellín. Durante la presentación del más reciente informe de la Contraloría Distrital ante el Concejo, el organismo de control advirtió que la empresa del conglomerado público registró para 2025 un patrimonio negativo.
La cifra que ronda los 29.000 millones de pesos está estrechamente ligada, según la contralora de Medellín, Paula Ortega, con las millonarias reservas financieras con la que debe contar la entidad para hacer frente a una eventual condena judicial que podría superar los 38 mil millones.
El origen del litigio se remonta a la ejecución del proyecto Metroplús Itagüí – Quebrada Doña María, una obra clave para la expansión del sistema de transporte masivo en el sur del Valle de Aburrá.
La controversia enfrenta a Metroplús, como entidad contratante, con Guinovart Colombia S.A.S., firma responsable de la construcción. El contratista alegó incumplimientos relacionados con retrasos en la entrega de predios, ajustes en estudios y diseños, así como demoras que, según su posición, afectaron el desarrollo normal del contrato y generaron sobrecostos.
Tras varios años de diferencias, Guinovart dio por terminado el contrato el 4 de octubre de 2017, dando paso a un prolongado proceso judicial que ahora se encuentra ante el Consejo de Estado, pero que en caso de ser desfavorable a los intereses de Metroplus podría comprometer su operación, como lo advirtió la contralora Ortega.
Un millonario pleito jurídico de cerca de $ 40 mil millones podría poner en riesgo la operación del sistema público de buses de Medellín - Metroplús. En segunda instancia la empresa del conglomerado público del Distrito podría ser condenada por incumplimientos a contratistas. pic.twitter.com/ATqN71HyVa
— Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 29, 2026
"Si bien esos 38.000 millones de pesos aún no han salido de Metroplus porque se encuentra una demanda de nulidad de contra dicho laudo arbitral ante el Consejo de Estado, es claro que ellos, por el momento, lo tienen que tener reservado", explicó la funcionaria.
En el proceso judicial también figura el Consorcio TEAM-SATTEC, encargado de la interventoría y de ejercer las funciones de ingeniero del proyecto. Sus informes técnicos y actuaciones fueron analizados para establecer las responsabilidades de las partes frente a los incumplimientos denunciados.
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La Contraloría de Medellín destacó que este panorama exige un seguimiento permanente debido al riesgo que representa para la sostenibilidad financiera de la empresa y, en consecuencia, para la continuidad de los proyectos de infraestructura y del sistema de buses de tránsito rápido que presta servicio a miles de usuarios en Medellín y el Valle de Aburrá.
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