Por demoras en pago de servicios, Contraloría de Medellín investiga a 6 exfuncionarios de Quintero
Las demoras en esas cancelaciones de cuentas de colegios generaron intereses moratorios superiores a los 250 millones de pesos.
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La Contraloría de Medellín abrió proceso contra seis exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero por pagos irregulares de los servicios públicos en las instituciones educativas de la ciudad. Las demoras generaron intereses moratorios superiores a los 250 millones de pesos.
En un nuevo hecho relacionado con funcionarios de la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero, la Contraloría Municipal decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal por más de 250 millones de pesos luego de encontrar algunas irregularidades con los pagos de los servicios públicos en instituciones educativas de la ciudad entre el 2020 y 2023. Según la información conocida, desde la Secretaría de Educación hubo demoras en los pagos a EPM, lo que generó los millonarios intereses moratorios.
Las personas que están siendo investigadas por la Contraloría de Medellín son Marta Agudelo, exsecretaria de Educación; Alejandra Márquez, exsecretaria encargada de Educación; Juan David Agudelo, exsecretario de Educación; Alexander Arias, exsecretario de Educación; Ana García y Luz Tabares.
Según el proceso de responsabilidad fiscal, los pagos de los servicios públicos de las instituciones educativas de Medellín se realizaron de forma tardía en al menos cuatro años consecutivos, generando así intereses por mora que fueron posteriormente pagados a EPM con dineros públicos, lo que podría constituir un daño patrimonial.
Por ejemplo, en el auto se puede ver que solo los intereses para el 2022 fueron de 138 millones de pesos, siendo el año con mayor cobro por parte de EPM. Asimismo se logró corroborar los desembolsos tardíos en los registros de egresos del Distrito, así como en documentación aportada por las Empresas Públicas de Medellín.
Finalmente, se conoció que la situación fue detectada luego de realizar las auditorías financieras y de gestión, y que por ello se buscar establecer si las presuntas irregularidades son omisiones de los funcionarios involucrados.