La reasignación de plazas al interior de la Fiscalía tras un reciente concurso de méritos tiene en serias dificultades las labores de investigación y judicialización contra estructuras delincuenciales con injerencia en el Valle de Aburrá.
Esto, por cuenta del cierre de las unidades 70, 71, 73 y 76 que como consecuencia de los nuevos movimientos administrativos se quedaron sin fiscal.
El cierre de estas unidades especializadas llevó a reasignar un total de 267 procesos en seis fiscalías especializadas.
Para el exsecretario de Seguridad y concejal de Medellín, Andrés Tobón, la compleja situación se traduce no solo en sobrecarga de procesos, sino también en demora para abordarlos, aunque asegura que es preferible está situación a que no se aborden.
"Si un fiscal pasaba de tener aproximadamente 150 carpetas, 150 pruebas de investigación, y le resiguenan otros 50, otros 100 de los que se perdieron otras fiscalías porque se quedaron sin fiscal, pues le toca repartir el poquito tiempo que tenía en el doble de casos que ya tenía atendiendo. Evidentemente, esto ralentiza todo. No tiene ningún sentido que un fiscal tenga a su despacho más de 100 carpetas, más de 200 carpetas", sostuvo el concejal.
Aunque ya los casos fueron reasignados, el corporado insistió que desde la entidad judicial deben gestionarse los recursos necesarios vía presupuesto nacional para la llegada de nuevos fiscales que permitan continuar la lucha contra la criminalidad en Medellín y el Valle de Aburrá que adelantan autoridades de gobierno y la fuerza pública.
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Los movimientos en la Fiscalía se conocen pocos meses después que desde la Rama Judicial alertaran por el represamiento de más de 1.300 tutelas y 3.800 demandas por el implementación de un nuevo sistema de reparto y gestión de los recursos.