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Siguen las decisiones judiciales por casos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. El Tribunal Administrativo de Antioquia anuló la adjudicación de un contrato durante su gobierno por $70.000 millones para el mantenimiento de vías al determinar que había sido direccionado para favorecer a un consorcio. Distrito y exfuncionarios deberán indemnizar a los afectados.
A casos penales que avanzan en etapas de imputación, acusación y otros de tipo disciplinario que han producido la inhabilidad de algunos de sus exfuncionarios, se siguen conociendo decisiones judiciales que aumentan los ruidos de presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero en Medellín.
El más reciente está relacionado con el fallo de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que decidió anular un contrato que en 2023 se había adjudicado por 70.000 millones de pesos para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad.
Según la decisión del Tribunal, Evelyn Tatiana Beltrán, exsecretaria de Suministros y Servicios y Rubén Darío López, exdirector Técnico de la Secretaría de Infraestructura Física, manipularon el proceso de licitación para favorecer al Consorcio Construcciones C2023, pese a que otro, el Consorcio Génesis, había quedado en el primer puesto.
La judicatura concluyó que los funcionarios en nombre del distrito actuaron con motivaciones falsas y desatendieron las recomendaciones técnicas internas descartando las propuestas más económicas y eficientes e ignorando las normas de contratación. También se determinó que hubo requerimientos arbitrarios, injustificados e ilegales realizados al Consorcio Génesis.
La decisión de la justicia también implica la indemnización al entonces consorcio perdedor en la licitación por 2.358 millones de pesos, la suma que esperaban obtener de utilidades por el contrato, y de los cuales Beltrán y López deberán asumir 1.061 millones con su patrimonio personal por daño a titulo de dolo.
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Este no es el único caso con irregularidades en la administración pública que se salpica a Rubén Darío López Giraldo, pues el pasado 9 de abril fue imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por la suscripción de uno de ellos por más de 15.000 millones de pesos entre entre la Secretaría de Movilidad y Metroplús durante la vigencia de Ley de Garantías previa a las más recientes elecciones regionales.
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