La problemática derivada de la suspensión de servicios de transporte marítimo de migrantes y que ha generado el represamiento de por lo menos tres mil personas en playas de Turbo y Necoclí llevó a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse ante las graves consecuencias que puede traer la situación para el territorio.
Desde el Ministerio Público advirtieron las altas probabilidades que existen dadas las actuales condiciones de la entrada en crisis de servicios como los de salud, la recolección de residuos sólidos y el abastecimiento de alimentos que también pondría en riesgo a los mismos pobladores.
Ante la gravedad de la problemática, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pidió a las gobernaciones de Antioquia y Chocó reactivar las Mesas de Gobernanza Migratoria para que apoyen a las administraciones locales en materia de asistencia humanitaria.
"Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia lidere la implementación de la política integral migratoria contemplada en la ley 2136 del 2021 y que oriente a las entidades territoriales para la gestión migratoria", indicó Camargo.
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Se espera que este jueves con una reunión en el municipio de Turbo entidades del Gobierno nacional puedan llegar a acuerdos con prestadores de servicios de transporte de migrantes para así empezar a aliviar la situación.
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